Héctor Manuel Popoca Boone.
Lo
que aconteció el 1 de julio pasado fue una auténtica rebelión pacífica de la
mayoría del pueblo mexicano. Ante el hartazgo y enojo contenido durante más de
treinta años, por las funestas consecuencias sociales y económicas de los malos
gobiernos del PRI, PAN y PRD. El pueblo marco un nuevo hito histórico en México,
por su manifiesta voluntad de realizar un cambio profundo, por la vía legal, democrática
y pacífica.
El
tiempo que transcurre de triunfo electoral a la toma de posesión del cargo de
presidente de la república es de 6 meses. Ese tiempo es el que usa el
presidente electo y su equipo cercano de colaboradores para rediseñar la
estructura y los procesos de la administración pública federal; así como las
posibles modificaciones a las leyes, reglamentos y políticas públicas para el
mejor cumplimiento de sus compromisos de campaña. También lo dedica para la
selección definitiva de su equipo de gobierno; a la revisión del nuevo mapa
político nacional resultante de las elecciones; así como de las resistencias
que suscitaran en otras fuerzas políticas los cambios destinados a poner las
bases de una profunda transformación del país.
Anteriormente
esa preparación de acciones inmediatas para los tres primeros meses de
gobierno, el presidente electo la realizaba de la forma más discreta posible,
en sigilo y a espaldas del pueblo. Para no suscitar oposiciones, descontentos o
turbulencias indeseables, antes de asumir totalmente el poder presidencial. Un
día antes, daba a conocer algunas de ellas, otras en su discurso de toma de
posesión o en las semanas siguientes.
Estrategia
emblemática de lo anterior fue la seguida por el presidente Enrique Peña Nieto
y su cercano equipo de trabajo. Durante el interregno elaboraron todo lo
necesario para dar inicio a sus maltrechas reformas estructurales: energética, fiscal,
educativa y otras más. Las estaban “cocinando” tras bambalinas, con asesorías
extranjeras, sobre todo la reforma energética, porque sabía de antemano que
algunas iban a suscitar el rechazo popular.
Así,
las iniciativas sobre modificación de leyes para darles legalidad que no
legitimidad estuvieron preelaboradas antes de su envío al Congreso de la Unión,
sin faltar alguna coma o punto; para que los legisladores se concretaran
únicamente a cubrir la formalidad de aprobarlas, previo soborno de un millón de
pesos para cada uno que votara a favor de ellas por la vía del fast track. Todo a espaldas del pueblo.
Ahora,
de cara a la ciudadanía, el virtual presidente electo de México, Andrés M.
López Obrador, construye su agenda gubernamental de acciones e iniciativas
inmediatas. En forma diferente a la costumbre política priista. Las somete a la
opinión pública para su mayor legitimación. Como es natural están suscitando
aprobación, expectación o rechazo por parte de sectores o personajes de la
población, según los intereses que representan.
Por
ejemplo, los procesos de descentralización de las oficinas principales de
diversas secretarias, la concentración de facultades y recursos federales
otrora transferidos, la disminución de los altos sueldos de los funcionarios superiores,
las disposiciones para el combate de la corrupción e impunidad, las modificaciones
a la estructura de la administración pública y todo el numeroso bagaje de
intencionalidades que ha puesto en la palestra pública, pueden gustar o no.
Pueden apoyarse o no. Pueden ser rectificadas o no. Pero nadie duda que es un
buen ejercicio de información y transparencia democrática oportuna, en los
prolegómenos de un ejercicio del poder presidencial nunca antes visto.
PD1.
Ayutla será gobernado por personas indígenas que garantizaran verdadera
atención a sus comunidades, relegadas de antiguo por alcaldes que no miraban
más allá de la cabecera municipal.
PD2.
Al PRI y al PRD se les criticó acremente por usar los programas sociales del
gobierno con fines clientelares. Lo menos deseable para Morena es que se
convierta en un PRI o un PRD reciclado y con tribus políticas en ciernes. ¡Uf!
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