Héctor Manuel Popoca Boone.
El motivo principal de
ser candidato independiente a la gubernatura del Estado, surgió en mi mente en
el transcurso de la pandemia y de su crecimiento imparable; que hoy está fuera
de control gubernamental. Por mi experiencia política y profesional convencido estaba
que, para combatirla y reducirla a su mínima expresión, requeríamos con urgencia,
mayor consciencia y disciplina ciudadana; a la par de exigir a las autoridades
gubernamentales mayor responsabilidad y honestidad en sus deberes.
En otras palabras, necesitaba
contender electoralmente para realizar toda una pedagogía política-social,
liberadora de consciencias ciudadanas enajenadas o domesticadas; por medio de
la cual pudiera difundir ampliamente los principios, valores, comportamientos
ético-sociales, los obligados nuevos estilos de gobernar y las necesarias acciones
conjuntas a realizar, para salir del hoyo negro en que actualmente se encuentra
Guerrero.
En esta primera fase constaté
lo que ya sabía: en una democracia mercantilizada todos los electores tienen
derecho a elegir a sus gobernantes; no así a ser elegidos. La ley dice que sí,
pero la realidad es que no; al menos, no tan fácilmente. En los hechos, cumplir
con las condicionantes legales establecidas, solo lo pueden hacer, al margen de
los partidos políticos, ciudadanos que previamente cuenten con una organización
social operativa, consolidada regionalmente y contar con un poder económico particular,
que solo lo poseen alrededor de un 25 por ciento de los ciudadanos electores de
Guerrero. Eso es una discriminación tácita antidemocrática, a favor de la
partidocracia.
El instituto y el
tribunal electoral de nivel estatal, se han caracterizado por mantener una actitud
autista ante las grandes dificultades y graves riesgos de carácter mortal, que
embarga un proceso electoral atravesado por una inesperada e histórica pandemia,
oficialmente declarada como de “alto riesgo” para el caso de Guerrero y que
tiende a subir a la categoría de “riesgo máximo” Como ya es un hecho, en los
municipios de Iguala y Taxco. (Y que insensatamente las autoridades no lo hacen
para los municipios de Acapulco, Chilpancingo e Ixtapa-Zihuatanejo, siendo que
son los epicentros estatales de la pandemia).
Cierto es que los consejeros y magistrados actúan
apegados a una “realidad legal”, que en el caso que nos ocupa, está muy alejada
de la “realidad factual”. Prevalece la estrechez de criterio, cortedad de miras
y razonamientos encasillados; si no es que carencia de sentido común,
sensibilidad y lógica elemental. No olvidemos que su actuación puede estar
impregnada de un sesgo político-ideológico (a veces de manera espectacular), al
dictaminar los hechos electorales en función de los intereses de quienes políticamente
los respaldaron, tras bambalinas, para que ocuparan los puestos que
detentan; más allá de los muchos méritos profesionales que puedan tener y haber
requisitado debidamente las formas de rigor.
A la fecha, cumplí con
todos los requisitos que me exige la ley electoral estatal, excepto uno: me negué
a recabar el apoyo ciudadano de 75 400 electores, en no menos de 41 municipios,
con no menos del 3 por ciento de los ciudadanos contenidos en la lista nominal
oficial de electores de cada municipalidad; en un lapso de 60 días, en el marco
de la actual pandemia, que se encuentra imparable y creciente.
Lo hice basándome en mis principios
y razones bioéticas; ya que los protocolos sanitarios establecidos no evitan poner
en alto riesgo la vida y salud de miles de habitantes. Máxime que mi estrategia
de captura de firmas, en tan corto plazo, no fue autorizada por la Secretaria
de Salud Estatal; aunado a que cualesquier otra, conlleva también altos peligros,
al no poder física, ni materialmente, guardar la sana distancia y no poder de
prescindir manipular objetos posibles portadores del virus letal, como son los
teléfonos celulares, bolígrafos especiales y credenciales de elector; no se
diga de los formatos a llenar en lo que refiere a los municipios indígenas y de
extrema pobreza.
Solicitada que fue la
exención histórica de captura de firmas de apoyo ciudadano, las autoridades del
instituto y las del tribunal electoral estatal, la juzgaron improcedente. Carecieron
de una actitud proactiva para fortalecer la democracia, al no justipreciar
bien, en toda su dimensión y gravedad, las posibles consecuencias fatales que
provocaría el proceso de captura de firmas legalizado para operar en tiempos normales.
La duración, la expansión e intensidad de lo mortífero de la pandemia, me está
dando la razón; más no la legalidad electoral, que, en este caso, está
totalmente divorciada de una realidad de suyo anormal e históricamente
excepcional. Con mi desacato, antepuse la prevalencia constitucional de los
derechos humanos a la vida y a la salud de miles de guerrerenses.
Por razones de falta de
tiempo, movilidad, precaución sanitaria y dinero, no me es dable seguir
escalando a nivel federal esta litis, por demás interesante y de
trascendencia nacional. Termino esta primera jornada de mi candidatura independiente
a ser gobernador, haciéndole saber a mis simpatizantes (que son mucho más que
dos), que mis ideales y mi persona, estarán reflejados en la boleta electoral.
Addendum. Del
documento principal que contiene la sentencia del juicio, desfavorable a mi
solicitud, emitida por unanimidad por el pleno del Tribunal Estatal Electoral, pedí
que se subsanara y se repusiera, en términos formalmente correctos, ya que fue datada
la sentencia, con fecha inexacta e incorrecta. Reconocido que fue el error, por
acuerdo del Pleno y cuya causal fue un lapsus callamis y no un lapsus
mentis; no deja de ser notorio el descuido y comportamiento mecánico, de
los cinco magistrados estatales a la hora de firmar la sentencia; máxime si
perciben cada uno de ellos, 153 mil pesos de salario mensual. (25 por ciento
más, de lo que percibe el presidente de la República). Por lo demás, me entero
que seis de los siete magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación, se han contagiado de Covid-19 en los
últimos meses. ¡Uf! (El Sur, 22/01/21 pg.21)
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