Héctor Manuel Popoca Boone.
El apresuramiento por el bien informar, hizo que el Censo
de damnificados guerrerenses a causa del Huracán “John” (22 /septiembre/2024) esté
incompleto y con algunos visos de corrupción que generaron cierta irritación
popular.
El 27 de octubre pasado, la presidenta de la
República, Claudia Sheinbaum Pardo (CSP), en una visita al estado de Guerrero,
declaró enfáticamente que daba por concluida la etapa de la emergencia en la
atención a los estragos materiales y humanos causados por el Huracán “John”,
cuyo radio de acción embargó a las tres cuartas partes del territorio estatal.
CSP también informó el inicio de la segunda etapa designada específicamente: “Acapulco
se transforma contigo”.
De los informes rendidos por los titulares integrantes
de su gabinete de trabajo*, la mandataria destacó que el huracán John afectó a buena
parte de los municipios de Guerrero (51) donde se levantó un censo de
damnificados y ya se habían erogado, hasta esa fecha, seis mil 659
millones de pesos en gastos de la emergencia.
Por lo que respecta a los subsidios individuales
directos a las familias damnificadas, declaró que estaban dadas las condiciones
para distribuir los paquetes de enseres que determinara el censo levantado por
la Secretaría del Bienestar; consistentes en un refrigerador; una
estufa; licuadora; batería de cocina; un colchón matrimonial y un
ventilador.
A la fecha de ese primer informe presidencial sobre el
desastre causado por el meteoro, se dio a conocer que se había restablecido en
Guerrero, el 100 por ciento del servicio de energía eléctrica y “agua potable”;
el 97 por ciento de las escuelas ya habían regresado a clases presenciales y un
2 por ciento lo habían hecho vía internet; que todos los caminos y carreteras
estaban liberados en los municipios que habían sido censados.
Además, las Fuerzas Armadas de México desplegaron más
de 7 mil 500 elementos debidamente equipados y con diversa variedad de
transportes aéreos, terrestres, marinos y maquinaria pesada, comedores
comunitarios, plantas movibles, tanto de energía eléctrica como potabilizadoras
de agua.
La secretaria federal de Bienestar, Ariadna Montiel
Reyes, indicó que en Guerrero y Oaxaca se habían censado 66 municipios;
registrado 153 mil 723 viviendas dañadas, cuya identificación fue realizada por
2 mil 353 “servidoras y servidores de la nación”. Resaltó que se invertirán 6
mil 49 millones de pesos en subsidios directos a familias censadas. Detalló
que el apoyo de limpieza es de ocho mil pesos; para cubrir daños, un monto de
entre 15 mil a 35 mil pesos; para quienes tuvieron pérdida total de sus hogares,
se entregarían 60 mil pesos.
Precisó que en el caso de Acapulco la inversión es de 2
mil 960 millones de pesos para 90 por ciento de afectados, quienes ya reciben
el monto correspondiente y podían cobrarlo hasta el 1° de noviembre,
mientras que, en el resto del estado de Guerrero, el pago se haría
del 4 al 10 de noviembre.
Pronto se constató, por queja pública extendida, que finalizar
la etapa del auxilio directo a la población damnificada, en la etapa de la
emergencia, se había emitido apresuradamente; en virtud de que existía un significativo
número de comunidades de las regiones de la Montaña, Sierra, euCosta
Grande, Costa Chica y Acapulco que, -así lo manifestaron a los medios-, no
habían recibido ningún apoyo. Incluso, varios grupos de guerrerenses fueron
hasta la Ciudad de México con el propósito de hacerle de su conocimiento a la
presidenta, CSP, su exclusión del censo de damnificados levantado casa por casa,
por los “servidores y servidoras de la nación” adscritos a la Secretaria de
Bienestar..
Es más, algunos de los damnificados informaron que no
estaban incorporados en la lista de beneficiarios porque se negaron a dar la
clásica “mochada” en efectivo (promedio de 500 a mil pesos por persona censada)
exigida por algunos malos elementos que estaban levantando el padrón. A lo cual
la presidenta, CSP, inmediatamente respondió que eso no era cierto; aun cuando
posteriormente matizó su respuesta; informando que todo aquel ciudadano o
ciudadana que haya sentido vulnerado su derecho, hablara a un número telefónico
gratuito (Lada 01-800) de la CDMX para que en la capital del país analizaran su
caso individual.
En la reunión presidencial de información anteriormente
reseñada, también tomaron el micrófono la presidenta municipal y la gobernadora
estatal para no informar nada; concretándose a dar un reconocimiento a la
presidenta, CSP, de lo realizado por el gobierno federal en auxilio del Estado
de Guerrero. (La práctica del caudillismo y, por ende, del centralismo, como
estilo de gobierno sexenal, es una herencia fuerte vigente del expresidente AMLO).
PD. Ha quedado una vez más constatado que en Chilpancingo
y Acapulco son las pandillas delincuenciales las que anárquicamente gobiernan,
con suma violencia homicida e impunidad, sin estar necesariamente coludidas con
las actuales autoridades gubernamentales ineptas y autistas. ¡Uf!
*(Presidencia de la Republica / 27 de octubre de
2024 / Comunicado Oficial)
porelrescate@hotmail.com
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