Héctor Manuel Popoca Boone.
Como Gobernador
Moral de Guerrero deploro la capacidad gubernativa estatal que se encuentra menguada
y desgastada; agravando más aún la situación cuasi anárquica que padecemos en
el territorio estatal a causa del poderío predominante y avasallador de
carácter regional de la delincuencia organizada, desde tiempo atrás.
A tal grado
resulta nuestro infortunio que, continuamente somos nota nacional sobre lo peor
acontecido en el país en materia socioeconómica y seguridad pública. Es
razonable suponer entonces que la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum
Pardo (CSP), haya tomado la decisión de incrementar su injerencia,
especialmente en Acapulco, a efecto de detener el extravío y paulatino desmoronamiento
de un fallido gobierno estatal de su propio partido.
Es posiblemente
por eso que la presidenta, CSP, tomó el control gubernamental, directo y de
facto, de la principal y desastrada ciudad y puerto de Acapulco, a través de su
secretaria de turismo con facultades plenipotenciarias para coordinar los tres
niveles de gobierno: federal, estatal y municipal; en virtud de la grave
situación socioeconómica que atraviesa la ciudad y puerto por los desastres
naturales causados por los meteoros, Otis y John, que se sucedieron en corto
intervalo de tiempo dejando buena parte de la infraestructura turística en
ruinas y causando fuerte pérdida de empleos.
Otra causa es
quizás el hecho de que la gobernadora constitucional del estado, Evelyn Salgado
Pineda (ESP), haya mantenido tanto tiempo acéfala la Secretaría General de
Gobierno (poco más de 9 meses) que es la principal unidad administrativa del
mal parido “gabinete gubernamental estatal de tómbola” -estructurado por su
“Papá incómodo”- que no ha tenido la capacidad para otorgarle una mínima gobernabilidad
aceptable, hasta ahora imposible, al alicaído territorio sureño. El número de
cambios en diversas secretarías estatales de titulares en estos tres años ha sido
insólita; denotando mucha inestabilidad institucional.
Tal insensatez,
fuera de toda lógica elemental, se mantiene y ya es de comentario nacional
burlón en todos los círculos políticos, dentro y fuera de Guerrero. No en balde
la gobernadora de Guerrero está catalogada a nivel nacional como una de las
mandatarias estatales con reducida capacidad de gobierno.
Por natural
consecuencia, los índices de violencia, delincuencia y homicidios aumentaron en
los últimos tres años. Cuestión que fue de la mayor preocupación a nivel del
gobierno federal, por la proximidad de las fiestas de fin de año en Acapulco donde
actualmente priva un sistema de seguridad pública estatal totalmente colapsado. Darle seguridad pública a la tradicional
llegada y estancia masiva de miles de familias turistas del valle de México fue
el gran desafío. Felicitémonos todos porque no se presentaron numerosos
incidentes de violencia y homicidios. Para bien de todos, el resultado fue que
los festejos de término e inicio de año terminaron en paz y con alegría.
En otro tema: deploro
que el gobierno federal le haya restado al gobierno estatal la cantidad de 1,800
millones de pesos de aportaciones federales para el año 2025; originalmente
proyectados para la secretaría de salud estatal que se encuentra “colapsada”; a
causa de la corrupción e ineficiencia imperante. Las plagas del dengue y tétano
lo demuestran. Dicho presupuesto fue reorientado a fortalecer al organismo
federal: IMSS-Bienestar en Guerrero.
El Presupuesto de
egresos de este año 2025 aprobado por unanimidad por los “ínclitos” diputados
locales a partir de la iniciativa del poder ejecutivo estatal, asciende a 83
mil millones de pesos y se caracteriza por ser muy genérico, poco transparente,
sin guardar correspondencia y congruencia funcional con el cometido de cada una
de las dependencias de la administración pública del estado.
En términos
nominales no tiene incremento significativo. Por el contrario; es en términos
reales un presupuesto menor respecto al año anterior. El magro aumento es
anulado por el nivel de inflación y depreciación del peso; así como el pago de
la deuda pública estatal, tanto interna como externa, que está incrementada en
mucho a consecuencia del déficit fiscal tenido en la aplicación del presupuesto
del 2024. ¡Uf!
Además de lo
anterior, la lógica presupuestal en la administración pública recomienda que en
el poder ejecutivo y organismos autónomos se privilegie la asignación a las “dependencias
operativas” de obras, acciones y servicios públicos (salud, educación,
seguridad, obra pública, las promotoras de inversión productiva urbana y rural)
con una proporción porcentual no menor del 70 por ciento del total del
presupuesto programable. Y a las “dependencias normativas” otorgarles alrededor
del 30 por ciento restante (por ejemplo: gobernación, finanzas, planeación y oficinas de despacho de los asuntos de la
gobernadora).
El resultado es
que el congreso local aprobó un presupuesto por la vía del fast track (sin mayor discusión) totalmente enrevesado que
propiciará el ejercicio arbitrario y discrecional del mismo, con la posible corrupción
concomitante. Para mayor detalle en este tema recomiendo la lectura del reportaje
de equipo de El Tlacocol. Jesús Guerrero, Emiliano Tizapa Lucerna y Arturo de
Dios Palma. (30/12/ 2024).
porelrescate@outlook.com
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