Renovación moral del Congreso local.

Héctor Manuel Popoca Boone.

 

Con instituciones políticas y gubernamentales desgastadas y débiles, difícilmente podremos cimentar un nuevo tipo de gobierno que esté cerca del pueblo, atienda la demanda popular y haga valer verdaderamente la justicia y la legalidad.

Partamos del reconocimiento que los tres poderes estatales (ejecutivo, legislativo y judicial) requieren una fuerte sacudida ética y funcional, para que cumplan a cabalidad con el mandato constitucional republicano de ser contrapesos equilibrados y estar al servicio de los ciudadanos.El pueblo de Guerrero ha llegado al hartazgo del desempeño insuficiente, ineficientey tergiversado de la gobernanza que provoca a su vez ingobernabilidad regional, con reiteradas manifestaciones de descontento popular por la corrupción e impunidad reinante.

Si hay un poder corrupto, subordinado, holgazán y alejado de los intereses populares es, en términos generales, el legislativo. La siguiente radiografía somera de su funcionamiento sustenta tal afirmación, un tanto temeraria, pero al fin verídica. Empecemos por su estructura:

El número total de diputados federales son 13 por Guerrero. En el congreso local hay 46 diputados, es decir 3.5 veces más. Si tomamos el referente nacional de que los diputados que trabajan realmente no pasan del 15 %, tendremos que el tamaño del poder legislativo local sirve para subvencionar en buena forma a los políticos de los partidos, ya sea con diputaciones uninominales (representación popular) o plurinominales (representación partidaria).

Guerrero es el cuarto estado de la república que tiene más diputados locales, después de la Ciudad de México, el Estado de México y del estado de Veracruz. Los diputados uninominales (60% del total) cada vez se alejan más de los electores del distrito que representan. Los diputados plurinominales (40%  del total) no tienen obligatoriedad en una demarcación territorial específica. Se deben únicamente a los intereses de sus partidos.

En Guerrero, siendo un estado de los más pobres, los diputados locales ganan demasiado bien. En promedio se les paga, como sueldo integrado, 150 mil pesos mensuales, además de las canonjías (obras y empresas constructoras que promocionan) y los sobornos económicos subrepticios que obtienen a cambio de orientar su voto a modo del gobernante en turno. La aplicación del presupuesto anual autorizado al Congreso local acusa mucha opacidad y discrecionalidad. No hay rendición de cuentas de su ejercicio.

Veamos ahora el funcionamiento. Es dicho político que una diputación local es una jugosa beca económica sin prácticamente hacer nada durante tres años. Eso es constatable en el grave ausentismo e impuntualidad que caracterizan la mayoría de las sesiones de cada período legislativo. Dedican únicamente tres días efectivos de trabajo en su sede: martes, miércoles y jueves (en este último, parcialmente porque es día de pozole). El horario de sesión nunca es más temprano de la una de la tarde.

Una buena parte de los ciudadanos afirman que la mayoría de los políticos que conquistan una curul escasamente vuelven a visitar los pueblos y colonias de su distrito, si no es para visitar a sus familiares que en ella residen.

Los intereses últimos que tratan de hacer valer los diputados en el congreso no son los del pueblo sino los personales, los del gobernante o del partido al que están adscritos.Conciben el escaño como una plataforma de lanzamiento para posiciones más altas en sus carreras políticas.

De ahí su disciplina acrítica para votar como lo indica su fracción parlamentaria o el deseo del gobernador, principalmente en el nombramiento del Auditor General, del Fiscal General, del presidente de la Codehhum, del presidente de los organismos (supuestamente) ciudadanizados, de la aprobación de la cuenta púbica, etc, etc.

En cuanto al ambiente laboral dentro del congreso local, percibimos que ya disminuyó la tendencia a contratar edecanes y secretarias de doble propósito; en cambio, aumentó el gran zoco con alimentos que se forma desde las primeras horas de oficina.

PD1. Seguimos esperando, desesperadamente, que presenten con vida a los 43 estudiantes desaparecidos forzadamente.

h.popoca.b@gmail.com

Escamoteo de la consulta popular.

Héctor Manuel Popoca Boone.

 

Seguimos esperando que aparezcan los 43 normalistas con vida.

De nada sirvió todo el esfuerzo realizado para hacer valer el poder ciudadano a través de la consulta popular. El cual quedó plasmado en el artículo 135 de nuestra constitución política federal y en su ley reglamentaria. Ello es así porque el Congreso de la Unión aprobó mañosamente una especificidad legal donde quedó asentada la inconstitucionalidad en ciertos temas posibles a consulta; restringiendo severamente la posibilidad de ejercer tal derecho ciudadano. A saber: queda vedada toda consulta sobre cualquier tema que pueda impactar los ingresos y gastos del Estado.

No obstante haber cumplido en tiempo y forma la solicitud, respaldada por más de cuatro millones de firmas ciudadanas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional la petición de llevar a cabo una consulta popular sobre la recién aprobada reforma energética; así como conocer también la opinión ciudadana sobre el incremento al salario mínimo de la clase trabajadora.

Para la mayoría de los magistrados de la SCJN, la auscultación ciudadana sobre la reforma energética y sobre los salarios mínimos, tiene que ver con los ingresos y gastos del Estado y eso, de acuerdo a la nueva ley, queda prohibido realizarla.

Como está actualmente redactada la legislación referida, hace nugatorio el derecho a la consulta popular en prácticamente todos los temas económicos de interés nacional. Sobre todo cuando se trate de bienes y recursos patrimonio de la nación. Lamentablemente eso es debilitar aún más la endeble democracia directa participativa como sistema de vida y el respeto al sentir mayoritario del pueblo. 

En el marco de la subasta que se está haciendo del país, pongamos un ejemplo extremo: no será posible consultar al pueblo para saber su opinión acerca de vender o no a los gringos el estado de Baja California Sur, territorio que siempre han apetecido. La inconstitucionalidad de auscultar a la ciudadanía sobre ese tema residiría en que puede modificar los ingresos del estado. Lo mismo podemos decir acerca de la denegada consulta sobre el incremento a los salarios mínimos porque puede modificar el gasto gubernamental en materia del pago de nóminas.

Luis Carlos Ugalde lo expresa de esta forma: “El problema de la falta de precisión es que teóricamente cualquier tema de consulta puede eventualmente afectar los ingresos y gastos del Estado. Podría incluso argumentarse que todos los temas de una consulta están vedados por la simple razón de que cualquier política pública o legislación que emane de una consulta popular requiere de recursos públicos para ejecutarse.”

Modificar la actual redacción del artículo constitucional y su ley reglamentaria no será posible por el momento, hasta que la correlación de fuerzas políticas al interior del Congreso de la Unión haga prevalecer los intereses de la nación y no los intereses de los grandes empresarios, de dentro y fuera de nuestro país.

Finalizo con una reflexión de Leo Zuckermann: “La SCJN no mató a las consultas populares. Fueron los propios partidos, a través de sus legisladores, que lo hicieron al haberle puesto muchas restricciones y redactado mal sus posibles consecuencias”.

PD1. Fue un hecho grave y provocador el que un líder juvenil priista del Estado de México invocara públicamente el retorno del Presidente Díaz Ordaz, matador de jóvenes en el movimiento estudiantil del 68. No se olvida que el PRI también está teñido de sangre, como hoy lo está el PRD.

PD2. El jefe de jefes del PRD nacional, Jesús Ortega, dijo que está en contra de abrir una investigación interna sobre la vinculación de “los chuchos” con el narcotráfico. A confesión de parte, relevo de pruebas.

PD3. Bien por la remoción de Max Arturo López Hernández de la subsecretaria de educación básica. Era un títere del nefasto Raúl Salgado Leyva.

PD4. Clamemos y movámonos por la paz y justicia, pero que la justicia vaya por delante y la paz no sea la de las fosas.

h.popoca.b@gmail.com

Programa de reconciliación y reconstrucción estatal (II)

Héctor Manuel Popoca Boone.
 

Si la seguridad pública es una de las prioridades inmediatas, después de la aparición con vida de los 43 normalistas, entonces las institucionesestatales para garantizarla deben transformarse. La Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública son fundamentales en la prevención y procuración de justicia. Pero ambas están atravesadas por la corrupción y la impunidad.

La Fiscalía debe cambiar, ser profesional, honesta y expedita en su cometido, sin tergiversar o manipular los resultados que se deriven del cumplimiento de sus responsabilidades. Las averiguaciones que se lleven a cabo no deben de integrarse a modo del gobernante o del dinero emanado del soborno, porque además de acarrear mayor injusticia,conllevanpérdidafuerte de credibilidad ciudadana. Del total de delitos que se cometen en el país,a lo mucho,un 20 por cientollega como denuncia ante el ministerio público.

Certificación, respaldo científico y técnico,honestidad, el destierro de la tortura,la no complicidad con la delincuencia, la capacitación profesional, el adecuado equipamiento, así como espacios y sueldos, dignos y decorosos,son elementos a tomar en cuenta para no corromperse y proporcionar un servicio confiable y de calidad a la ciudadanía

Sucede lo mismo con la Secretaria de Seguridad Pública, agregando que sus funciones y sus protocolos de actuación debenser similares a los vigentes a nivel internacional. Comprobado está que la represión no tiene cabida como forma de contener la expresión popular. El presupuesto que opera la secretaríadebe aplicarse en forma transparente y con rendición de cuentas; sobre todo lo referente a nóminas y adquisiciones.

Es básica la estrecha relaciónque deben guardar entre sí, las estructuras deseguridad pública federal, estatal y municipal dentro de la alineación de acciones y homologación decertificaciones, para impedir la infiltración de la delincuencia e incrementar la eficacia en su combate.

Sabido es que la delincuencia ha desbordado o cooptado el funcionamiento yla capacidad de respuesta de las instituciones de seguridad pública en algunos municipios del estado. Eso explica el surgimiento de las autodefensas ciudadanas y un mayor activismo de las policías comunitarias ya existentes. Recomendable es respetar sus trabajos preventivos para fortalecerla seguridad pública.Todo dentro de un marco de coordinación y no de subordinación.

Las autodefensas ciudadanas dejarán de tener razón de ser, cuando los parámetros de seguridad de los ciudadanos seanacrecentadosy los delitos reducidos a su mínima expresión. Hoy, la activa participación del pueblo es imprescindible ante la gran penetración del hampa organizada.

No es buena la estrategiaque el Estadocombata el crimen organizado y a su vez reprima a las policías ciudadanas. Salvo que estas últimas estén seriamente infiltradas. Por esola necesidad de una adecuadoacoplamiento de esfuerzos sin provocar divisiones o corrupciones. La vigilancia recíproca de las fuerzas policiacas institucionales y ciudadanases saludable para evitar desviaciones de alguna de las partes.

Otro aspecto a reforzar es la comunicación de la ciudadaníacon los cuerpos de seguridad públicapara la pronta atención y acción ante actos que sean potencial o realmente delictivos. Esto es, hacer partícipes a la juntas de vecinos, colonias, barrios, zonas habitacionales, comunidades rurales, en programas como: Vecinovigilante, Alerta ciudadana u otros ya existentes en otras entidades. Claro está que se requiere de una  mayor confianza de la ciudadanía hacia la policía para que esto funcione.

PD1. “México es muy bonito pero el problema son sus gobernantes que no pueden brindar la seguridad a sus propios ciudadanos”, Raúl Liners, turista argentino que visita Zihuatanejo.

PD2. Un gobierno de nueve meses, inmerso en una crisis de gobernabilidad, con un cuerpo social lacerado profundamente, tiene estrecho margen de acción. Pero aún así, puede dejar buena huella de su corta administración, si se lo propone.

h.popoca.b@gmail.com

Renovación moral del Tribunal.

Héctor Manuel Popoca Boone.

El cinismo con el que algunos hombres públicos realizan sus acciones réprobas es sorprendente en Guerrero. El pasado 27 de octubre se realizó la ceremonia anual de entrega de preseas al mérito civil. Resulta que el correspondiente a la mujer, fue otorgado a Karenina Martínez Calvo, ¡hija! del que presidió el jurado calificador: Dr. Jesús Martínez Garnelo (JMG). Sin demérito de las prendas civiles que tenga la dama, tal resolución muestra la carencia de ética profesional del último secretario general de gobierno de la administración de Ángel Aguirre R.

Dicho funcionario público, es corresponsable, por omisión, negligencia y encubrimiento por favorecimiento, de la masacre de Iguala del 26 de septiembre pasado. Porque siendo el encargado de la política interior,  no garantizó la integridad física de los jóvenes normalistas, además de no retener a los que son presuntos responsables de la matanza: el ex presidente municipal  (hoy prófugo) de Iguala y a su señora esposa, entre otros.

Ahora JMG pretende regresar a su anterior responsabilidad pública de la cual pidió licencia, a saber: Magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Sin esperar a que se diluciden las responsabilidades de los trágicos sucesos y que aparezcan los normalistas desaparecidos forzadamente.

Es del dominio público que en el poder judicial, muchas veces, si no hay dinero de por medio, se estancan o se tuercen los expedientes judiciales, se emiten y ratifican sentencias sin sujeción al derecho o se liberan de la cárcel a auténticos delincuentes. Por lo que dicho poder requiere una renovación gradual de su cuerpo de magistrados, jueces y proyectistas, para dar paso a nuevas generaciones de abogados honestos que aspiran, infructuosamente hasta hoy, a una carrera en la magistratura judicial.

En la designación del magistrado presidente debe respetarse, de veras, la certificación propia de sus pares constituidos en pleno. Ya no permitir la injerencia de la voluntad del gobernador en los hechos y tras bambalinas. Práctica insana y perniciosa que somete al poder judicial a los designios del poder ejecutivo y que convierte al magistrado presidente en un subordinado lame suelas del gobernante en turno.

En el momento histórico excepcional que estamos viviendo, urge limpiar la institución para darle mayor certidumbre y confianza a la ciudadanía. El regreso de JMG como magistrado presidente, sería una afrenta a los guerrerenses, pues es conocido que durante su gestión, antes de pedir licencia, propició y cobijó la corrupción en varios frentes: En la construcción de obras, a través de su socio el Ing. Guerra. En las adquisiciones, a través de su sobrino Enrique B. Ortega Garnelo y en la práctica del nepotismo, al otorgar plazas laborales a sus sobrinos y otros familiares. Como ejemplo de favoritismo inmerecido, está el haber encumbrado como magistrado a Víctor Alejandro Arellano Justo, que tiene fama en el medio de ser un juez nefasto y corrupto. Un antecedente oscuro de JMG es haber sido inhabilitado durante seis años como magistrado, por liberar a un secuestrador.

En el seno del Tribunal Superior de Justicia hay capital humano de reconocido prestigio jurídico y comprobada honestidad para contar con una presidencia digna, como pueden ser los magistrados Adela Román Ocampo, Alberto López Celis, Vicente Rodríguez Martínez, Gabriela Ramos Bello, o la misma magistrada presidenta que funge en la actualidad, Lambertina Galeana Marín. En las tareas de transparencia y rendición de cuentas está la desaprovechada doctora y académica, Blanca Estrada Ortega, reconocida por su firmeza de carácter, disciplina, responsabilidad y conocimientos en la materia.

En conclusión: el magistrado o magistrada presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado debe ser aquel o aquella que cuente con un prestigio por su buen desempeño a efecto de recobrar la credibilidad de la ciudadanía, contribuir  a la reconciliación, la reconstrucción institucional y a la paz social que tanto necesitamos.

PD. No es cualquier cosa, son 43 jóvenes desaparecidos forzadamente desde hace más de un mes, de los cuales aún no se sabe nada. Que nadie de los culpables escape de pagar sus delitos.

h.popoca.b@gmail.com

Puro protagonismo.

Héctor Manuel Popoca Boone.

Además de la intrigante e integrante del gabinete estatal, Rosario Herrera, y del diputado federal, Sebastián de la Rosa, añada el nombre del diputado local, Bernardo Ortega Jiménez, como copartícipe conspicuo de la dirigencia estatal del grupo Nueva Izquierda del PRD, apodado “Los Chuchos” que, como ya sabemos, tal parece que dio cobertura institucional y apoyo político, al indiciado criminal, hoy todavía prófugo, ex presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca Velásquez y a su señora esposa, actual consejera nacional del PRD.

El diputado Bernardo Ortega, es y era presidente de la Comisión de Gobierno del congreso local. De él fue la frase descalificativa: “Es puro protagonismo”, espetada a la viuda de Arturo Hernández Cardona (AHC), como respuesta a la solicitud pedida a los diputados para que dieran una prórroga y poder así entregar un documento importante que serviría de respaldo para la revocación de mandato del hoy todavía ilocalizable gobernante municipal igualteco.

Dicha prueba adicional era el testimonio notariado de Nicolás Mendoza Villa donde señala a José Luis Abarca Velásquez, como autor intelectual y material del asesinato de AHC. El diputado local, Bernardo Ortega, muy orondo descalificaba a la regidora y denegaba la prórroga solicitada. Expresó que…. “dicha declaración no está ofrecida en el proceso de desafuero del edil igualteco aunado que la instrucción ya se cerró.”“Esta declaración desde mi punto de vista es tardía hubiera sido en el momento y ante las instancias correspondientes, antes de los medios, hubiera acudido a las instancias correspondientes investigadoras…”.

Acudió pero el resultado fue que el ministerio público abrió una averiguación previa pero ¡contra de los familiares de AHC y demás integrantes de la organización Unidad Popular! Con dicha averiguación previa, el estado mexicano arguyó ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos su imposibilidad de otorgar medidas cautelares a la familia del asesinado.

En Guerrero, la facción Nueva Izquierda del PRD, cubrió políticamente la espalda al actual gobernante municipal indiciado, para que el cártel, “Guerreros Unidos”, siguiera cometiendo graves atrocidades en toda la región norte de estado. En la barbarie acontecida el 26 de septiembre, hay responsables por comisión, omisión, indolencia y confabulación.

Muchos estamos convencidos que de haberse aplicado la ley en el crimen de AHC y de dos de sus compañeros, posiblemente la masacre de Iguala no hubiera acontecido. La raíz de esos asesinatos a sangre fría, fue la maldita impunidad que otorgaban los políticos cómplices, de la narco política, asentada en esa región.

 Siendo los“Los Chuchos”, una de las tribus predominantes del PRD en Guerrero, podemos aventurar la hipótesis de que ese partido está seriamente infiltrado y atravesado por la delincuencia organizada. A cambio de financiamiento subrepticio, ofrecía cobertura institucional y apoyo político a los gobernantes narcos, que entregaban las estructuras policiacas municipales, para ponerlas al servicio del crimen, como quedó constatado.

Los gobiernos, federal y estatal, no pueden decir que no sabían de la protección política que Los Chuchos de Guerrero daban indirectamente al cártel autodenominado “Guerreros Unidos”, desde sus puestos de alto nivel en el gobierno estatal, en las cámaras legislativas, y en el gobierno municipal de Iguala.

Lo cierto es que el PRD ha dejado de ser una alternativa viable para sacar de la postración económica, social y política al pueblo de Guerrero. El dinero, el poder y el narco pudrieron a sus dirigentes y gobernantes, de pies a cabeza.

PD1. A Abarca (presidente municipal tránsfuga de Iguala) “le levantamos la mano todos” en el PRD. Lázaro Mazón.

PD2. Según reportaje periodístico de aquel tiempo, Arturo Hernández Cardona acusó al presidente estatal del PRD, Carlos Reyes Torres, de haber vendido en millones de pesos la candidatura perredista a la alcaldía de Iguala a José Luis Abarca Velázquez, “por ser el mejor postor”.

PD3. “Las águilas vuelan solas, los ojetes en parvada” Titulo del libro de Héctor Suárez.

h.popoca.b@gmail.com

Repaso de una masacre anunciada.

Héctor Manuel Popoca Boone.

Nueva Izquierda, tribu política del PRD, apodada “los chuchos”  -comandada en Guerrero, entre otros, por el diputado Sebastián de la Rosa y la perversa secretaria estatal de la mujer y señora del glamour siniestro, Rosario Herrera-, siempre ha defendido políticamente, y en todo momento, al hoy prófugo presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca Velásquez.

El diputado Sebastián de la Rosa, además de cargar a cuestas su desafortunada declaración pública de otorgarle “todo el respaldo político de su grupo” al gobernante municipal malogrado; también lo apoyó en una ocasión crítica anterior. El reportaje periodístico de aquel entonces daba cuenta de lo que dijo en una reunión política: “Llamó a los actores políticos a no utilizar el asesinato del dirigente de Unidad Popular, Arturo Hernández Cardona, con fines políticos para afectar al presidente municipal (de Iguala) o al partido (PRD)”, pidiendo públicamente que “no se politizara el asunto”

Eso último lo expresó una vez conocido, por la opinión pública, el testimonio notariado de Nicolás Mendoza Villa, sobreviviente del grupo donde fue torturado y asesinado el dirigente campesino de la región que destacaba en la gestoría para conseguir fertilizante para sus agremiados. La testimonial denuncia explícitamente que el autor intelectual y material del crimen fue el principal edil igualteco.

Sobre la masacre de Iguala, el diputado federal mencionado, comentó también que “la responsabilidad de la policía municipal está bajo el Mando Único que depende del gobierno del estado encabezado por Ángel Aguirre Rivero, por lo que es responsable directo de estos hechos.”

Desnuda queda así, en la peor aberración criminal que como nunca antes había acontecido en Guerrero, la complicidad de una tribu perredista proclive a vender protección política a gobernantes para que estos actúen con toda impunidad. Afloró en este caso, la vinculación política estrecha entre el presidente municipal que se dio a la fuga y la tribu de los “chuchos”; teniendo como brazo ejecutor a la policía municipal y al sicariato regional.

De este inacabado repaso y de subsiguientes acontecimientos, se pueden hacer varias reflexiones: Por principio de cuentas, un antecedente importante fue la falta oportuna de investigación del gobierno estatal y federal de un crimen anterior, descrito en un testimonio notariado, en donde se denuncia al presidente municipal de Iguala como la persona que mató al líder campesino, Arturo Hernández Cardona, en el mes de marzo del año en curso.Si se hubiera efectuado en forma expedita la debida indagatoria judicial, quizás no hubiera ocurrido la masacre de Iguala, durante el 26-27 de septiembre pasado.

También existen fuertes indicios que hubo un compromiso y una coordinación para la acción, entre el presidente municipal  (ahora requerido por la ley), su estructura policiaca municipal y el presunto grupo de la delincuencia organizada denominado Guerreros Unidos. Este último, actuando en la región norte del estado, con total impunidad a lo largo de varios años.

Según testigos presenciales, el presidente municipal, intocable y ahora ilocalizable, también alardeaba cuando despachaba en su oficina, de su financiación a la campaña electoral del actual gobernador; y lo mismo decía ser uno de los soportes financieros de la tribu local “chuchinesca”. Por eso siempre, esta tribu salía en su apoyo público, automáticamente.

Existieron reacciones tardías de los dos órdenes de gobierno (federal y estatal), por estar discutiendo acerca de quién de ellos debía investigar la masacre; lo que provocó una fuerte llamada de atención presidencial al gobierno estatal, para que investigara prontamente las 6 ejecuciones extrajudiciales y los 25 heridos de bala.

Al transcurrir semanas sin saber nada de las 43 o más desapariciones forzadas, el gobierno federal atrajo las investigaciones de la masacre, con la instrucción presidencial de hacer una profunda investigación para esclarecer los hechos y aplicar la ley contra los responsables para que no haya “el más mínimo resquicio para la impunidad”. “Tope donde tope”

PD. En los contubernios de la narco política priva la consigna: “Todos para uno, uno para todos” Ah, también el que dice: “El que entra,… ya no sale”.

h.popoca.b@gmail.com

Dos desafíos nacionales.

Héctor Manuel Popoca Boone.

El primero tiene que ver con nuestra economía y su desenvolvimiento. Las reformas estructurales hoy vigentes, conllevan problemas que debemos enfrentar y afrontar. Merecen tomarse en cuenta. Los resultados positivos de las reformas no se verán a corto plazo, ya lo dijeron. Entre otros obstáculos están los siguientes:

Un debe, es la obligación de instrumentar y aplicar las modificaciones legislativas en los diversos ámbitos en que rápidamente fueron aprobadas: educativo, fiscal, energético, político, etcétera; teniendo ya a cuestas la insatisfacción de una parte de la sociedad, que se resiste a aceptarlas. Los bajos índices de popularidad presidencial así lo indican.

Este malestar ciudadano, obstruye y disuelve nexos de coordinación, de apoyo y de vasos comunicantes entre la sociedad y el gobierno. Eso también debilita la necesaria interlocución del gobierno, de la clase empresarial, la obrera y los trabajadores rurales; estos dos últimos exigen con perentoriedad, empleos estables, mayores salarios y precios justos a los productos del campo; a contra pelo, las empresas y el gobierno federal se oponen a otorgarlos.

Como dice el economista David Ibarra: “Otorgar libertad plena de contratación y reforzar los derechos de los más poderosos o mejor dotados no siempre es compatible con una vida digna, ni con el mejoramiento indispensable de las capacidades de trabajo de los grupos más débiles de la población”

El segundo desafío nacional es el que se refiere a la escasa vigencia del orden social y del estado de derecho. La llevamos a cuestas desde hace años, siendo el resultado más grave el desbordamiento de la delincuencia organizada en todas sus manifestaciones, a lo largo y ancho del país, con la mucha impunidad que han otorgado diversas autoridades en sus varios niveles.

Como contraparte, tenemos levantamientos armados de grupos de ciudadanos que están convencidos de la impotencia de los gobiernos para restablecer la seguridad pública, la patrimonial, de vidas humanas y la erradicación de la trata. Bajo esta situación, es imposible suturar las rupturas en el cuerpo social de nuestro país mientras la corrupción siga siendo moneda de cambio para cometer ilegalidades, enriquecimientos inexplicables, compra de voluntades o de silencios.

El gobierno federal está en un brete: por un lado combate y apresa a los mandones de las mafias delincuenciales; y por la otra, también encarcela a los líderes de las policías ciudadanas que resguardan el orden civil regional. Agréguese a lo anterior, la criminalización, el encarcelamiento, aislamiento y destierro de las y los luchadores sociales.

Este desafío también es estructural y de larga data. Parte de las policías de todos los niveles están compradas e infiltradas por la delincuencia. Cómo deshacerse de los malos elementos policíacos y militares, cómo blindar a los nuevos y no contaminados, de qué manera erradicar la complicidad delictiva de una runfla de políticos, funcionarios públicos y gobernantes.

Si no empezamos a resolver estos desafíos nacionales en serio, no tendremos una plataforma para negociar acuerdos básicos de normas, coordinaciones y trabajos, entre todos para el progreso de todos.

PD1. La masacre de estudiantes ocurrida en Tlatelolco el dos de octubre del 68, no se olvida. La del 26 de septiembre de este año en Iguala, tampoco se olvidará.

PD2. El diputado federal y líder estatal del PRD, Sebastián de la Rosa Peláez, declaró que el hoy prófugo presidente municipal de Iguala “tiene todo el respaldo político” de su tribu. ¡Ah! Pero también exige que se haga una investigación a fondo por parte de las autoridades responsables y se deslinden cuanto antes las responsabilidades. O sea, hay que “cantinflear” con lo uno y lo otro, a la vez. ¡Uf!

PD3. El presidente estatal del PRD, Carlos Reyes Torres, dijo que la postura de su partido es que se investigue y se castigue a los responsables de la masacre en Iguala. ¡Ah! Pero también dijo que sabe que fueron de la delincuencia organizada, los atentados y los asesinatos. O sea, ni sí ni no, sino todo lo contrario. Doble ¡Uf!

h.popoca.b@gmail.com