¿Quiénes son los culpables?

Héctor Manuel Popoca Boone.
 

Como si no tuviéramos suficientes problemas en Guerrero, con los sucesos lamentables del martes pasado (encuentro violento entre maestros y policías antimotines en Acapulco), hemos echado más gasolina al fuego, que ya nos tatema por su descontrol. Bastaba una pequeña chispa para que la pradera empezara a arder. Sucedió así y ahora nos preguntamos, ¿cómo la apagamos? O si en realidad, pretendemos atizarla más.

¿Quiénes fueron los culpables de esa confrontación?, ¿el gobierno o los maestros? La verdad -mi verdad- es que hemos tenido responsabilidad ambas partes. Los maestros, fueron responsables por avivar la hoguera, más allá de lo razonable. La gendarmería, al usar la fuerza bruta, para contener el enojo magisterial. 

Los maestros han ejercido reiteradamente presiones indebidas para la solución “a modo” de sus demandas, algunas de ellas improcedentes y que llaman conquistas laborables históricas de su corrupta lucha sindical. El gobierno, tiene responsabilidad por la demora en las respuestas puntuales, que no son suficientes, claras, ni a tiempo; desesperando con su tardanza, al ya de por sí exacerbado magisterio.

Los maestros, tienen culpa por llevar a cabo sus acciones y presiones, hasta el punto que lesionan, una y otra vez, a gente común y sencilla, como son los burócratas, los pequeños y medianos empresarios, periodistas, simples trabajadores o pasajeros, que no la deben y por tanto, no debían de temer y pasar por ninguna vejación.  

Los del gobierno también tenemos culpa, por ser la causa última de los malestares magisteriales, al crear irresponsablemente miles de plazas, sin el debido sustento presupuestal, autorizadas desde hace muchos años por los gobernantes y dirigentes sindicales en turno, con propósitos de lucro o de índole política. 

Tienen responsabilidad los maestros de la Ceteg y del Suspeg, al montar incorrectamente su manifestación sobre una exigencia que ya es de carácter mundial como lo es, aplicar justicia plena, sin impunidad alguna, a los responsables, directos e indirectos de la masacre de Iguala. Peor nos irá si persistimos en seguir diciendo verdades a medias a la ciudadanía del país y del mundo sobre los jóvenes con forzada desaparición.

También los del gobierno, no hemos cumplido con el deber de ejecutar la debida sanción a los presuntos culpables, por omisión e indolencia, localizados en el gobierno federal y estatal, para tan solo quedarnos varados en el nivel del gobierno municipal. Otra vez la maldita impunidad.

En mayor o menor grado, el Estado mexicano y los maestros adscritos al MPG hemos sido culpables de la situación de zozobra permanente en que tenemos inmersos a los guerrerenses. Estamos empecinados en vencer más que en convencer. Y a la fuerza, como decía mi abuela: “ni me bajo las bragas, ni me subo las enaguas”

Los normalistas y maestros han tenido comportamientos reprobables, por acciones vandálicas, que han lastimado a la ciudadanía con mucha impunidad; también los del gobierno, por su accionar injusto, apático y negligente, en torno a la masacre de Iguala y al impuntual pago quincenal de las plazas cuestionadas.

Hay que recalcar que Acapulco, es una ciudad de alrededor de un millón de habitantes, que viven, directa o  indirectamente, del turismo nacional. Es una estupidez, tratar de paralizar el funcionamiento del aeropuerto y de las carreteras, porque eso genera el ahorcamiento económico de buena parte de las familias que integran ese millón de habitantes. En Chilpancingo, la economía comercial está a punto del colapso. 

De seguir así las cosas y con más muertes y violaciones que pueden ser evitables, seguiremos viviendo en un Estado de chueco y no de derecho. Continuaremos dañando mucho a Guerrero.

PD1. En manifestaciones públicas donde hay probabilidad de violencia, no se vale y es repudiable, llevar y poner de parapeto a los niños.

PD2. El PRI y el PRD no merecen gobernar Guerrero. Ya demostraron que están teñidos de sangre, ahogados en corrupción, resguardados por la impunidad, doblegados por el narco y con una sobrada ineptitud para sacar de la pobreza y de la inseguridad pública a este noble y sufrido pueblo.

Capazgro.

Héctor Manuel Popoca Boone.

Fue cosa buena, como acto de gobierno cercano al pueblo, la reunión efectuada el domingo pasado en Ayutla, donde el gobernador del estado, Rogelio Ortega, se comprometió a crear la Comisión de la Armonía para la Construcción de la Paz y el Desarrollo Sustentable de Guerrero (Capazgro), “como una instancia de diálogo, de construcción de propuestas y acciones mancomunadas con un enfoque de gobernanza y democracia participativa”.* Todo ello en conjunto con las organizaciones sociales, sobre todo del medio rural, agrupadas en el Frente Popular para el Desarrollo de Guerrero (FPDG).

El surgimiento de este espacio plural, incluyente e interinstitucional, es un esfuerzo tripartito (FPDG, gobierno federal y el estatal) que surge del reconocimiento de que en este territorio suriano priva una “situación de inseguridad pública, injusticia, corrupción e impunidad gubernamental, acentuada en los últimos cinco años, (en donde) la ciudadanía ha reaccionado de diversas formas que van desde la gestión (infructuosa) de sus demandas por las vías institucionales, las protestas y toma de oficinas para ser escuchados, hasta la autodefensa armada, lo que ha creado un ambiente de inestabilidad social, económica y política en la entidad.”

Motor fundamental de este esfuerzo ha sido el FPDG, en su batallar por conjuntar y armonizar sus propuestas con las instituciones gubernamentales a través del diálogo y toma de acuerdos entre gobernantes y gobernados; así como buscar la participación directa de los ciudadanos en los asuntos públicos, construyendo consensos y acuerdos que contribuyan a resolver conflictos, a mejorar la atención gubernamental y a promover acciones en pro del progreso de Guerrero sin cohibir la lucha social, sin invadir competencias de atribución oficial y todo dentro de la ley.

La Capazgro tendrá como responsabilidades compartidas: “Coadyuvar  …a la formulación de políticas públicas y planes de desarrollo estatal y sectorial. Habilitar en los tres órdenes de gobierno, todas las estructuras de participación social legalmente reconocidas como son los consejos de desarrollo, comités de planeación, consejos consultivos, etc. Organizar acciones de monitoreo y contraloría social a fin de que el presupuesto público federal, estatal y municipal se aplique de manera honesta, transparente, justa, (equitativa), eficiente y oportuna. …Servir de enlace intra-institucional para que la demanda social, debidamente planteada, sea atendida con eficacia y sin burocratismo”.

Los propósitos enunciados son inobjetables y aplaudibles. Son cimientos para construir un cauce que contribuya a sacar a Guerrero de la profunda crisis en la que actualmente se encuentra sumergido. Pero los retos a superar y los desafíos a afrontar no son nimios, aun cuando si son salvables. Entre estos, está toparse con manías perniciosas arraigadas en los responsables institucionales y en uno que otro dirigente de organizaciones sociales. La mayoría de los perfiles profesionales de los servidores públicos dejan mucho que desear en cuanto a atención y servicio al pueblo.

Lo real es que la mayoría de las instancias oficiales muestran resistencia a trabajar en equipo y cada quién anda por su cuenta; aplicando programas y recursos públicos a su libre albedrío, asignados de manera discrecional, cuando no clientelar. Esta malograda sinergia pública causante de la inercia institucional provoca, más que una activa participación ciudadana, una inducida pasividad de las comunidades.

*Las frases entre comillas son tomadas del proyecto de reglamento interno de la Capazgro.

PD. Cuando la Auditoría Superior de la Federación revise la cuenta pública 2012, detectará que la ex secretaria, Rosario Herrera, no comprobó documentalmente, nueve millones cincuenta mil pesos, destinados a la construcción del Centro Comunitario de la Mujer Indígena en Ayutla. Por ello, el gobierno federal no ha aportado más presupuesto para su equipamiento y operación; violentando con eso, los derechos humanos de las mujeres indígenas de dicho municipio.

h.popoca.b@gmail.com

Los fertilizantes, corrupción y clientelismo.

Héctor Manuel Popoca Boone.

Hace poco más de 20 años, dio inicio el programa gubernamental de subsidio a la adquisición de fertilizantes en Guerrero, como un apoyo gubernamental a la siembra de maíz, frijol y calabaza. La instrumentación de este programa compensatorio, se debió al desplome del precio de esos granos básicos, a resultas de la apertura indiscriminada de las fronteras para su libre importación, lo que provocó una competencia desleal y ruinosa a campesinos de temporal.

Lamentablemente este programa nació teñido de corrupción. (¿Cuál no?)  Las buenas y malas lenguas decían que había intereses económicos del gobernante en turno (Rubén Figueroa Alcocer) que se auto compraba al ser, presuntamente, accionista (con prestanombres, por supuesto) de una de las dos fábricas nacionales. Por eso, entre otras causas, dispusimos su municipalización años después. Lamentablemente la corrupción centralizada, se descentralizó a la mayoría de los ayuntamientos. ¡Uf!

Hoy en día, en la adquisición del fertilizante, alrededor de un 70 por ciento de los presidentes y/o tesoreros municipales exigen a los proveedores un “moche” por la compra. La calidad del producto deja mucho que desear en algunos municipios. El programa también ha servido para el clientelismo político, practicado por parte importante de ediles y políticos en tiempos electorales; así como por algunos líderes de ciertas organizaciones campesinas que también lucran con él, año con año. En pos de mantener  la “gobernabilidad”, esta irregular situación ha sido tolerada y no enmendada.

Los ayuntamientos y líderes inscriben más hectáreas de las posibles en el programa; por ejemplo, en el 2013 el Inegi reportó 468 mil hectáreas elegibles, el programa atendió 551.6 mil has., es decir 83. 6 mil has., más; beneficiándose 33 440 “productores nylon” adicionales. De tal suerte que a más compra, mayor lucro en el “moche”; a través de la anómala y ficticia ampliación anual de hectáreas y beneficiarios. Indebidamente, el programa también se expandió a otros cultivos. Furtivamente apoya, incluso, la siembra de amapola y marihuana.

Con el pasar de los años, el financiamiento compartido quedó en el 2013 estructurado con 35 por ciento lo aporta el gobierno estatal (160 millones de pesos); 50 por ciento, los gobiernos municipales (650 millones de pesos) y 15 por ciento (193 millones de pesos), los productores.  El presupuesto total del programa de fertilizantes fue de 1 003 millones de pesos.

Los fondos para la compra de fertilizante por parte de los ayuntamientos, provienen de los  recursos federales del ramo presupuestal 33, que les son transferidos para realizar principalmente obra pública. Las reglas de operación de dicho ramo indican que solo pueden destinar hasta un 15 por ciento. La mayoría de los presidentes municipales no han respetado la norma y destinan una mayor cantidad de dinero. En promedio estatal destinan un 83 por ciento del total del ramo 33. Y lo seguirán haciendo en el 2015 que es “Año de Hidalgo” y a la vez de campañas electorales, no importándoles las amonestaciones o sanciones que puedan hacerles la Auditoría General del Estado y/o la Auditoría Superior de la Federación

Ante la necesaria disciplina presupuestal, es procedente sanear el programa de subsidios al fertilizante, realizando una verdadera depuración en el padrón de productores para que realmente queden los que son y también un ajuste a la baja en el número de hectáreas para que permanezcan las que verazmente se siembran con maíz, frijol y calabaza, en este ciclo primavera-verano.

PD1. En política importa mucho analizar cómo se ligan las cosas que aparentemente están inconexas, para no quedarse fuera de la jugada o para evitar que de repente le retiren la escalera.

PD2. El queso se reparte desde arriba. Los ratones hacen cola e intentan negociar; para después aceptar, sin patalear, lo que les toque.

PD3. De nuevo tengo que vivir permanentemente dentro de una tienda de campaña en las oficinas donde trabajo en el palacio de gobierno. Un novel secretario de despacho pretende desalojarme de ellas. ¡Para los seis meses que quedan de gobierno! ¡Uf! ¡Uf!

h.popoca.b@gmail.com

 

Similitudes y diferencias.

Héctor Manuel Popoca Boone.

México y Grecia son países que en la actualidad guardan ciertas similitudes en los problemas de sus economías, pero están diferenciándose en la manera de resolverlos. Los escollos son graves y profundos en ambas estructuras económicas. Son producto de más de 20 años de haber adoptado el mismo modelo de crecimiento capitalista neoliberal. Derrotero fracasado para que los países subdesarrollados salgan de la pobreza y se encaminen a la prosperidad y al bienestar de sus habitantes.

La primera semejanza es tener porciones importantes de su población en estado de desempleo. Principalmente los jóvenes se encuentran en tan desesperante situación. Empujándolos a la vagancia infructífera y ésta a la pobreza, convirtiéndose luego en delincuencia y violencia socialmente destructiva. Los griegos han decidido poner un alto a tales circunstancias. Empiezan a tomar distancia del modelo neoliberal al cual estaban subordinados, acatando directrices extranjeras a pie juntillas, a costa de su desventura y de su soberanía nacional.

La desigualdad social es aguda y contrastante en ambos países. El número de pobres rebasa la mitad de la población en cada nación. Los griegos modificaran ese patrón de distribución de la riqueza socialmente producida. El nuevo gobierno progresista decretó un incremento del ¡30 por ciento! al salario mínimo prevaleciente. Con eso se eleva sustancialmente el poder adquisitivo de la población, es decir, tendrá mayor capacidad de compra, misma que reactivará los mercados internos y micro-regionales que son abastecidos fundamentalmente por las pequeñas empresas, hoy semiparalizadas.

Las economías de los dos países se caracterizan por tener una gran deuda pública. Los grandes bancos internacionales les han estado exigiendo tomar medidas draconianas de austeridad económica, venta de sus industrias estratégicas y concesionar a empresas privadas sus servicios públicos y recursos naturales. Con esas políticas públicas, el pueblo está al término de la saturación de la indigencia para pasar al umbral de la miseria social.

Los dos países padecen fuerte merma en sus ingresos nacionales que los obligan a hacer recortes al gasto público, con las consecuentes limitaciones que se generan en los servicios y obra pública, así como en los programas de protección social. En México, con el desplome del presupuesto público por la baja drástica en el precio internacional del petróleo, empiezan a conocerse cancelaciones presupuestales a los servicios y a las obras públicas.

El nuevo gobierno helénico revertirá la privatización de su industria petrolera, eléctrica, aeroportuaria  y marítima, junto a la red de carreteras concesionadas, porque las consideran componentes estratégicos para moldear y modular su economía nacional. En otras palabras, están haciendo exactamente lo contrario que el Estado mexicano pretende realizar con sus recientes reformas privatizadoras.

A diferencia del gobierno mexicano, el nuevo gobierno progresista de Grecia reducirá la apertura indiscriminada de sus fronteras que provocó la desintegración de su economía interna, en aras de insertarse en la economía globalizada, controlada por las grandes corporaciones transnacionales. Impondrá regulaciones a su comercio internacional para que sea más balanceado, equitativo y menos dependiente.

En lo político, el acceso al poder en Grecia fue hecho sin derramamiento de sangre, haciendo uso de la democracia, es decir, del voto ciudadano. En fin, esa nación se ha atrevido a dar un paso significativo para su dignificación, desafiando un destino impuesto externamente que ha empobrecido a la mayoría de su población. En cambio, el gobierno de México persiste en permanecer sumiso y apátrida.

PD1. Si realmente nos decidiéramos a combatir la corrupción y la impunidad gubernamental, estaríamos en la necesidad forzosa de desplazar a toda nuestra clase política parasitaria, porque repudiada y calcinada ya está, desde hace buen tiempo.

PD2. La partidocracia en Guerrero es también una nepocracia con fuerte inclinación cleptocrática. ¿O no?

h.popoca.b@gmail.com

 

Visiones políticas.

Héctor Manuel Popoca Boone.

Desde una posición progresista, los protagonistas principales en la nominación de un candidato común viable para la gubernatura estatal, serán Ángel Aguirre Rivero (AAR) y Luis Walton Aburto (LWA), a partir de las negociaciones personales y privadas que lleven a cabo próximamente.

Aguirre Rivero presentará sus cartas, respaldado con la fuerza política y estructura electoral del PRD. En el otro lado de la mesa estará Luís Walton, con la fuerza política y estructura electoral del MC, que estarán armonizadas con las del PT y, de facto, con las del partido Morena (que llevará un novel candidato propio a gobernador para no perder su registro), además de un Frente Ciudadano en apoyo a Walton que está construyéndose.

La postura inicial de Aguirre Rivero será ofrecer a Luis Walton el refuerzo del PRD para construir su candidatura a la gubernatura, a cambio de la mayoría de las candidaturas comunes que pudieran definirse para conquistar presidencias municipales, cargos de representación popular y espacios en la administración pública. O sea, que Walton sea el gobernador pero el PRD detente el poder de la gobernanza.

Los acuerdos se construirán sobre la base de la distribución anticipada del pastel. Es decir, de los espacios o “huesos” que pretendan cada uno de ellos, amparados por el músculo electoral que ya están exhibiendo ante la opinión pública.

De entrada, algunas de las pretensiones importantes de Ángel Aguirre Rivero ya están a la vista en la precandidatura a la presidencia municipal de Acapulco, direccionada hacia su hijo; la de Chilpancingo, para su ahijado, Jorge Salgado Parra; y la de Ixtapa-Zihuatanejo, para la hermana de Jiménez Rumbo, más las que se acumulen en el transcurso de las “concerta-cesiones”.

Ángel Aguirre está consciente que el PRD participa en los comicios con varios, grandes y graves boquetes en su línea de flotación, causados por hechos de sangre, colusión, corrupción, indolencia, narco-política, omisión, impunidad, así como con el gran desapego con los intereses del pueblo. Agréguesele la salida de algunos de sus principales líderes fundadores y el desfonde causado por los militantes y simpatizantes que están migrando a Morena.

Al otro lado del ring, desde una posición centro-conservadora, está el PRI con cinco precandidatos: Manuel Añorve (respaldado por Manlio Fabio Ventrones), Cuauhtémoc Salgado (respaldado por Rubén Figueroa Alcocer y Emilio Chuayffet), Héctor Apreza (respaldado por René Juárez), además de Héctor Astudillo y Mario Moreno. De ellos, el gran dedo electivo nacional seleccionará al candidato para gobernador. Mismo que contará con todo el respaldo del poder federal. Los demás tendrán que alinearse y disciplinarse sin chistar. Así lo marcan los usos y costumbres priistas. Pero aún no sale el humo blanco del solio presidencial.

La fortaleza actual del PRI radica en que no está debilitada su estructura electoral, pero le pesan mucho los desaciertos que a nivel nacional ha cometido una vez que ha llegado de nueva cuenta al poder federal. Tales como la privatización de los recursos energéticos, escándalos de corrupción, tráfico y conflicto de intereses, fusilamientos de civiles en Tlatlaya, gobernantes narco-políticos, todo con sus respectivas dosis de impunidad descarada. En fin, nada de lo que no haya sido ajeno en su reprobable pasado.

PD1. El hecho de que el vocero de los padres de familia de los normalistas muertos y en desaparición forzada, no tenga paternidad directa con alguna de las víctimas, y en cambio sí sea activista de la Ceteg, despierta suspicacias sobre la manipulación de este noble y legítimo movimiento de indignación y protesta social.

PD2. Hecho insólito en los anales de la burocracia kafkiana, fue que pudimos diseñar y ejecutar un programa de empleo temporal para el mejoramiento de las viviendas indígenas de 4 062 familias, con una derrama de 26.4 millones de pesos, en 57 comunidades de los municipios de Ayutla y Ecatepec, en tan solo ¡dos meses! ¡Sin mochadas de por medio! Bien por la Sedesol federal y mi veintiúnico colaborador.

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Libertad a Nestora Salgado.

Héctor Manuel Popoca Boone.

Al existir antecedente de libertad otorgada lisa y llanamente por la Suprema Corte de Justicia, al no respetarse el debido proceso penal a la francesa Florence Cassez, deducimos que con el mismo fundamento legal, Nestora Salgado García, debiera de haber sido liberada del encarcelamiento que padece en la penitenciaría de máxima seguridad ubicada en el estado de Nayarit, desde hace más de un año.

Ésta mujer, oriunda del municipio de Olinalá, fue una de las principales protagonistas de la Coordinadora Regional de Autoridades Ciudadanas (CRAC) de esa región de la Montaña, cuyas comunidades tomaron las armas para auto-defenderse de la delincuencia organizada que había desbordado con creces a la policía municipal y estatal regional.

En el tiempo que actuó la CRAC en la zona de Olinalá, bajo la comandancia de Nestora y al amparo de la ley estatal 701, -que permite a los pueblos en las zonas indígenas auto organizarse para velar por la seguridad y justicia de sus habitantes- se constató una baja notable del índice de violencia y delitos de todo tipo, principalmente, extorción, secuestro, abigeato, rapto de muchachas con fines de trata y robo patrimonial, que eran el flagelo de la región, a manos de los maleantes organizados, presuntamente protegidos o en complicidad con autoridades municipales.

Más pronto que tarde, la CRAC se percató que empezaba a “pisar callos” tocando intereses inconfesables de políticos regionales, funcionarios municipales y gente caciquil. A los malhechores detenidos en flagrancia, la CRAC los  remitía para su rehabilitación a pueblos determinados por La Casa de Justicia de El Paraíso. Ahí, un consejo de notables de la CRAC les imponía una sanción de trabajo comunitario para su reeducación o bien el pago de alguna fianza. De todo eso existen muchos testimonios, sin dejar de reconocer que pudieron cometer excesos o abusos con algunas víctimas o detenidos.

Tan cierta fue su destacada labor, que el gobernador, en aquel entonces, llamó a Nestora heroína ciudadana, luchadora social por la seguridad pública y con un efusivo abrazo le autorizó recursos y una camioneta para su más eficaz desempeño.

De repente, el 21 de agosto del 2013, las fuerzas armadas federales la capturan y es remitida, ipso facto, al severo y riguroso penal de máxima seguridad de Nayarit. Ahí la someten a tortura física y mental recluyéndola en una celda hermética, de poco espacio, con aislamiento total, en donde los recluidos pronto pierden la noción del tiempo, del espacio y del acontecer. El desquiciamiento psíquico, con fuertes tendencias depresivas es atroz, provocándole grave deterioro corporal por inmovilidad, al decir de su hija. En pocas palabras, hubo extremada saña en su captura, un injusto destierro y sevicia en su encarcelamiento.

En un principio, el gobierno federal le fincó culpabilidad por supuestos delitos de extorción y secuestro agravado. Con el pasar del tiempo, un juez federal concluyó que el comportamiento de Nestora obedecía a un deber social ordenado por comunidades indígenas, bajo el amparo de ley estatal 701. En marzo del 2014 resolvió ordenar la libertad de Nestora. Incomprensiblemente no sucedió lo mismo con los cargos que le imputó la Fiscalía General del Estado. ¡Uf!

El pasado 8 de enero, el gobernador Rogelio Ortega hizo pública su solicitud a la fiscalía general estatal, para que analizara el desistimiento de la acción penal. Muchos creemos que los supuestos delitos que le imputan a Nestora Salgado son inconsistentes además de la inexistencia del debido proceso. Recientemente, la señora Miranda de Wallace y el Sr. Alejandro Martí, que presiden dos asociaciones civiles contra el secuestro, pidieron públicamente que siga encarcelada por secuestradora. Extraño comportamiento, ya que no abrieron la boca para protestar cuando el poder judicial federal la exoneró, hace casi un año.

PD. En tiempos electorales, abundan los acuerdos políticos entre politicastros que son vergonzosos e inconfesables. Por eso la canción preferida de la clase política guerrerense en estas semanas que trascurren es: “Vende caro tu amor, aventurera”.

h.popoca.b@gmail.com

Escalada

Héctor Manuel Popoca Boone*.
 

Recordemos que el movimiento estudiantil del 68 tuvo su origen en la Ciudadela de la capital de México, a partir de una riña callejera entre estudiantes de dos escuelas de enseñanza media superior, misma que fue detenida con suma rudeza por la policía capitalina. Los estudiantes pidieron como reparación de dicha represión, la suspensión del jefe de la policía. El regente de la ciudad y el presidente de la República de aquel entonces, desoyeron una y otra vez tal petición, amachándose en no removerlo. En los siguientes meses la inconformidad y protesta social tuvo un ascenso vertiginoso que fue frenada abruptamente con la matanza de Tlatelolco asumida como responsabilidad presidencial.

Por otra parte, sigue sin respuesta oficial de la Procuraduría General de la República (PGR), la pregunta pública que hiciera el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, “¿dónde estaban los tres niveles de gobierno cuando pasó lo de Iguala?”.

 

La afirmación tajante del senador Sofío Ramírez de que el gobierno estatal fue tan responsable como el gobierno federal en el conocimiento de lo que sucedía en Iguala, induce a pensar que no se quiere asumir responsabilidades por parte de institución federal alguna, ni afectar a sus funcionarios. A nivel estatal, el caso referido repercutió con el cese del secretario de salud, Lázaro Mazón, y la solicitud de licencia de Ángel Aguirre Rivero como gobernador de Guerrero.

Tal parece que hay un empecinamiento de la federación de no dar a conocer a los padres de los jóvenes desaparecidos, la información veraz, completa y detallada de lo que pasó con los estudiantes, desde que salieron de Ayotzinapa hasta el desenlace fatal ocurrido durante la noche-madrugada del 26-27 de septiembre del 2014 en Iguala y en sus inmediaciones. 

Sin esa información se dificulta en grado sumo resolver la desaparición forzada de 43 normalistas, el afincamiento de responsabilidades institucionales y el castigo ejemplar a que haya lugar a todos los involucrados. La versión dada por la PGR a la opinión pública causa incredulidad por no estar sólidamente sustentada. Mientras tanto, seguiremos sosteniendo que sin verdad no hay justicia y sin ésta no habrá paz duradera.

Faltan nueve días para que se cumplan cuatro meses del infausto evento; la protesta y la exigencia social no solo se ha mantenido sino que su escalada ya es más intensa y profunda, con acciones ilícitas de mayor gravedad, que tienen amplia resonancia nacional y mundial. 

En esta semana que finaliza, fue cosa de suyo grave el hecho de que el Movimiento Popular Guerrerense intentara abrir por la fuerza las puertas de algunos cuarteles militares en su reclamo de justicia. También lo es que a esta fecha, no haya suficiente y creíble información oficial sobre lo acontecido, de la presentación de los desaparecidos, así como la identificación de todos los causantes por comisión u omisión, directos e indirectos, de la tragedia.

No hay posibilidad de tener paz en Guerrero permaneciendo en esta situación de estancamiento oficial. Estamos en un punto de quiebre, que nos puede llevar a la solución represiva del conflicto o a tomar verdaderamente el sendero de la solución pacífica del mismo. 

PD1. El repudio legítimo de los ciudadanos de Acapulco (que estaban tramitando su credencial de elector) a la avanzada destructora del MPG, demuestra que no se pueden defender causas justas con actos que coarten los derechos de la cudadanía.

PD2. Convengo en que iniciemos con urgencia una cruzada vasta contra la corrupción, la impunidad, la pobreza y la injusticia en Guerrero. Seguramente todos los que estamos convencidos, nos encontraremos en el camino.

PD3. El gobernador del estado, Rogelio Ortega Martínez, ha dado instrucciones para mi recontratación a efecto de que coadyuve, entre otras cosas, a la mejor atención gubernamental de las demandas socioeconómicas que le han sido presentadas por algunas de las organizaciones sociales de la Red de Derechos Humanos, “Una década Sin Impunidad”, que preside el Obispo Raúl Vera López. Prometo no llevármela de a muertito.

*Asesor en Políticas Públicas del Ejecutivo Estatal.