Lo único seguro es la inseguridad (4).

Héctor Manuel Popoca Boone.

Las cárceles son los mejores centros de enseñanza que hay en nuestro país para ser delincuente de toda ralea. Tanto en la expansión como en la perfección de las peores artes de perjudicar, robar o asesinar al prójimo. El sistema judicial nacional funciona para procurar y administrar la justicia (supuestamente), pero uno de sus componentes, el subsistema penitenciario nacional (SPN), promueve todo lo contrario en los hechos. La inseguridad pública tiene en las cárceles mexicanas un manantial permanente donde abreva y nutre, manteniéndose vigente y desafiante.

Es redundante afirmar que los propósitos que marca la Constitución al SPN han sido trastocados por la delincuencia. Eso, en colusión con buena parte de las autoridades gubernamentales que tienen bajo su responsabilidad, directa o indirecta, la operación de dicho subsistema. Tomando como base datos estadísticos, las conclusiones a que llega, Juan Pablo García Moreno, en su ensayo “Las fallas del sistema penitenciario” son contundentes, a saber:

Su capacidad para alojar población procesada y sentenciada está sobresaturada. Existe un uso excesivo de la prisión preventiva, sin considerar desfogues con otras sanciones alternativas. La aberración es que un interno en prisión preventiva, después de esperar varios años por una sentencia, al final es declarado inocente. (Es el caso de los presos políticos de la CRAC que retiene el poder gubernamental de Guerrero.)

A principios del 2016, según datos de la Secretaria de Gobernación, personas que no contaban con una sentencia condenatoria sumaban el 42 por ciento de la población total recluida en las cárceles del país. En las cárceles de Guerrero más del 45 por ciento de la población no está sentenciada. Mejores reclutas no hay para entrenarse y desarrollarse en la criminalidad.

Un sistema penitenciario que aloja mayoritariamente delincuentes menores -que son materia prima para engrosar la delincuencia mayor-refleja además la débil capacidad gubernamental de persecución del crimen organizado. Como escuelas del delito, los Centros de Rehabilitación Social (CERESO) le resultan, en términos monetarios y de costo social, muy caros al país. Terminan produciendo seres deformados en la perversidad que atentaran contra la seguridad pública tan pronto pongan un pie en la calle.

“El paso por un centro penitenciario, por más corto que haya sido, tiene un largo efecto en la vida de los internos. La falta de oportunidades para ex reclusos, causada por el estigma de haber estado en prisión, aumenta la probabilidad de que vuelvan a cometer actos delictivos”.

Los centros carcelarios en su mayoría son auto-gobernados por la delincuencia organizada. De acuerdo con datos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el 59 por ciento de los CERESOS en México, se rigen por autoridad propia de los internos de facto. Eso trae como consecuencia que periódicamente existan motines sangrientos en la disputa por el poder. Hace poco más de tres meses, hubo en la penitenciaría de Las Cruces, Acapulco, uno muy connotado con un saldo de 28 internos muertos y tres heridos.

El SPN ha fracasado al no respetar los derechos humanos de los recluidos y no lograr la reinserción de los internos en forma adecuada y sana a la sociedad.La propensión a la criminalidad de las personas privadas de su libertad está en razón directa a la violación de su dignidad humana, a la inadecuada separación entre procesados y sentenciados, a la precaria atención a su salud, al aislamiento e incomunicación, a la indefensión de su integridad física, al hacinamiento, al regateo para la comunicación familiar y, sobre todo, a la colisión de autoridades carcelarias con criminales para realizar actividades delictivas: sobornos, extorsiones y tráfico de drogas de toda índole.

PD. El luchador político, Ranferi Hernández Acevedo y su familia, al igual que otros dirigentes progresistas, han sido vilmente asesinados en Guerrero en lo que va de esta administración estatal. ¿Cuál orden? ¿Cuál paz? ¿Cuántos más? La realidad desborda las ficciones y engañifas institucionales.

Plataforma Programática Común.

Héctor Manuel Popoca Boone.

Una de las principales finalidades de los partidos: PRD-MC-PAN, en la constitución del Frente Ciudadano por México -con propósitos no electorales- es elaborar una propuesta programática común para la posible conformación de una Coalición de carácter electoral. La plataforma programática pretende definirla el Frente a partir de la participación y conocimiento de las propuestas de la ciudadanía sobre los problemas que más nos aquejan como pueblo; mediante la realización de foros de consulta en las principales ciudades de las regiones de Guerrero.

En términos de la política formal, se parte del principio de que, con miras a julio de 2018, lo primero es tener el programa y después las candidaturas. Aun cuando la política real nos señale que la primerísima prioridad es la negociación y repartición de las posibles candidaturas a los puestos de presidentes municipales y diputados locales en lo que concierne al nivel estatal. El programa y las candidaturas federales para la Coalición -senadores y diputados federales por Guerrero- lo trataran en el nivel de las dirigencias partidarias nacionales, en la capital de la República. En Guerrero se tomará como marco de referencia el Frente que se constituyó a nivel nacional, pudiendo no guardar vinculación ambos esfuerzos en algunos tópicos.

El ejercicio programático no es del todo inútil, a pesar de que la experiencia nos indica que, al final de cuentas, en una versión pesimista, la propuesta de acción programática ira a parar al archivo muerto de cada partido. Pero con una visión optimista, representa una oportunidad de volver a remarcar los ingentes problemas ciudadanos que se afrontan en cada una de las regiones y en cada uno de los aspectos en que se desarrolla la vida regional. Los foros no pretenden ser de catarsis social solamente, sino de recopilación de propuestas ciudadanas para soluciones realistas.

Sin lugar a dudas el principal tema que atravesará todos los foros regionales es la inseguridad y la violencia; así como la revisión de todas las estrategias fallidas que se han usado sin dar mayor resultado. A lo mejor el problema no son las estrategias sino los elementos humanos encargados de aplicarlas. Consecuencia de lo anterior también aflorará el grado de mal gobierno imperante, su cuestionable eficacia en el cumplimiento de sus deberes constitucionales, el grado de transparencia y honestidad con que las cumplen, así como la veracidad en la rendición de resultados logrados. Todo eso, tamizado por el peso específico de los diversos niveles de corrupción e impunidad existentes así como de la presencia de mis “amigos organizados”.

No menor importancia tendrá el tratamiento de los problemas de desigualdad social, pobreza y carencia de oportunidades para el progreso familiar, con sus especificidades regionales. Es un hecho evidente que la economía guerrerense, en términos generales, tiene escaso crecimiento, inhibida está por la extorsión y cuasi paralizada por los altos índices de violencia que nos aquejan.

Resaltará también en estos foros, la situación deplorable de nuestra estructura educacional y de salud pública. Los graves faltantes en materia de calidad y el gran desperdicio de activos humanos y materiales en ambos sectores en las diversas regiones, que impactan negativamente en la formación básica del capital humano y su calidad de vida exigible para sacar de la postración a nuestro pueblo.

Seguramente en la Montaña y en la Costa Chica en estos espacios de participación ciudadana afloraran los agudos problemas de pobreza extrema -por así nombrarle elegantemente a la miseria- en que viven los pueblos indígenas que habitan esas regiones y se escuchará también la exigencia de respeto a los recursos naturales regionales, empezando por suspender la minería depredadora que realizan las empresas extractivas extranjeras.

PD. Construir una plataforma programática común no será difícil en Guerrero, porque somos un pueblo bíblico. Somos hijos de Job. ¡Casi todos estamos job-didos!

Lo único seguro es la inseguridad. (3)

Héctor Manuel Popoca Boone.

A la memoria de la eterna leyenda del Che Guevara.

La seguridad de la delincuencia organizada para hacer prevalecer la inseguridad pública se la otorga la política, entre otros factores. Los malandrines aprovechan la democracia mercantilizada de nuestro actual sistema electoral, donde la compra de voluntades de los electores es el pan de cada trienio.

El dinero de la delincuencia sirve al financiamiento de las campañas electorales de políticos de indistinta ideología; siempre y cuando, una vez conquistado el poder, pague el candidato (a) triunfador (a) lo previamente pactado, que generalmente se centra en ponerles a su disposición los sistemas policíacos, los registros públicos de la propiedad y otras concesiones de diverso tipo permitiéndoles expandir los tentáculos de sus criminales negocios a lo largo y ancho del tejido social.

Para disminuir la inseguridad pública no basta tan solo perseguir y capturar físicamente a sus principales protagonistas; sino también seguir el flujo de las grandes cantidades de dinero con que lo operan y acumulan, para confiscárselos inmediatamente. Disminuir esa fuerza monetaria que les permite tronchar la justicia y seguir operando; incluso encerrados en la cárcel o desde las oficinas de lujo de la delincuencia “de cuello blanco”.

En nuestro sistema democrático electoral existen espacios de financiamiento soterrado que ponen algunas estructuras gubernamentales bajo control de los capitostes de la delincuencia. Urge, por tanto, reforzar la vigilancia de las campañas políticas para que sean lo más transparente posible, sancionando con mayor rigor el financiamiento ilícito que se presenta durante la litis electoral.

Indispensable resulta la participación autocrítica y honesta de los partidos políticos para erradicar el financiamiento de los malosos con fines de clientelismo político. Es grave por deshonesta la actual demagogia de no querer el financiamiento público para su operación, cuando hasta la fecha viven de él, ya que recursos propios tienen en muy poca cuantía. Solamente les quedaría buscarlos con los barones del buen dinero o del malo.

Así, los mercados mundiales de la ilegalidad crecen y se desarrollan con la participación de la política y de los políticos en la órbita de la delincuencia, junto con la actuación también de un segmento empresarial, sobre todo de la rama financiera y la inmobiliaria. Esta trilogía multifacética de poder en torno al crimen, lo eleva a altos niveles de impunidad e inmunidad. Es la narco-política y el narco-emprendurismo empresarial.

Programas a implementarse por el gobierno para frenar la inseguridad pública y que no se aplican eficazmente son: a) Despenalización de las drogas suaves, tanto para fines farmacéuticos o lúdicos. b) Atender el problema del consumo de drogas como un asunto de salud pública y no meramente punitivo. c) Limpiar de corrupción, impunidad e ineptitud el sistema integral de justicia nacional, tanto a nivel de policías, ministerios, jueces y magistrados d) Mayor participación ciudadana y de los partidos políticos en acciones pro seguridad. e) Rediseño integral del sistema penitenciario nacional.

La juventud requiere un especial énfasis: Ningún joven quiere convertirse en sicario por deseo espontáneo. Su motivación parte de una “cultura narca” en la que está imbuido todos los días de la semana. De un subyugante poderío letal y monetario de fuerte aliciente seductivo, en un entorno de violencia extra e intrafamiliar, con pobreza circundante, sin empleo y con vías clausuradas para continuar sus estudios. Al contarse por cientos de miles, engrosan el ejército de la carne de cañón disponible del sicariato.

PD1. Si el Frente Ciudadano por México no explicita en su programa común la reversión de las concesiones de nuestros recursos energéticos y minerales, no marcara diferencia importante con el PRI.

PD2. El Frente-Coalición tendría un candidato muy competitivo para la presidencia municipal de Chilpancingo en la persona de Toño Gaspar.

Lo único seguro es la inseguridad (2)

Héctor Manuel Popoca Boone.

Resumiendo lo expresado en la anterior entrega: los verdaderos orígenes de la inseguridad pública se encuentran en las delincuencias violentas que tienen como caldos de cultivo: a)  Las complicidades criminales de una parte del sistema gubernamental, que las propicia y preserva; b) La pobreza y miseria material de la mayoría del pueblo, c) Los bajos niveles de educación, valores y principios de la población en general; d) La amplia e insultante brecha de desigualdad social existente en nuestro país; e) Un sistema de justicia puesto al mejor postor, d) La extendida corrupción e impunidad institucional, irradiada a lo social como sistema de vida cotidiana, e) El muy atrayente por rentable, mercado mundial de los estupefacientes y otros negocios criminales y f) Un futuro cancelado para el sano desarrollo de la mayoría de nuestra juventud.

Mientras la estructura gubernamental se auto proteja en la impunidad, no podrán reducirse las circunstancias que generan lo delincuencial y sus prácticas más agudas. En el caso de Guerrero ha habido más de un presidente municipal, diputado local, funcionario público, político o gobernador que han eludido la justicia gracias a ese blindaje legal que les permite transgredir y asociarse para tal fin, sin mayor sanción.

La incapacidad, corrupción e impunidad gubernamental son claves para explicarse por qué la inseguridad se mantiene y crece. Esa debilidad es explicada a su vez por la omisión, simulación o comisión ligada a la acción delictiva. Ese accionar soterrado también confirma su participación en el mercado de la ilegalidad y en la expansión de todo tipo de delincuencias. En ese contexto, las organizaciones delictivas aun cuando las descabecen, terminan por regenerarse y multiplicarse, no importando que sean de menor tamaño porque actúan con mayor letalidad.

La voluntad política gubernamental para enfrentar con éxito el problema de la inseguridad pública no se mantiene en forma constante y continua, lo que provoca una espiral del delito que ocasiona desfases o vacíos en las estrategias adoptadas para contenerla y disminuirla en el mediano plazo.

México, en algunos estados de la república, presenta una dramática, dolorosa y sangrienta realidad: La inseguridad pública prevaleciente es combatida por una parte del gobierno federal, los estatales y municipales, pero otra sección del mismo Estado, la fomenta y protege. Agreguemos a los anterior lo siguiente: 1) El sistema de justicia mexicano está colapsado, en el ámbito de la prevención y procuración de justicia, ejemplo es la exasperante lenidad en la certificación y depuración de las policías, así como la poca viosible erradicación de malos elementos incrustados en las fuerzas armadas. 2) El marco de opacidad que cubre las acciones y la rendición de cuentas gubernamentales, deviene pérdida de control de lo que es y lo que no es el Estado mexicano. Sobreviene la existencia de la delincuencia encarpetada dentro del gobierno, quedando el pueblo en la indefensión total. Por eso, algunos analistas del delito afirman que el Estado mexicano es en sí mismo la delincuencia organizada de cuello blanco.

En México, en términos generales, el crimen paga bien y no se castiga. El 96 por ciento de los casos queda impune. En la cotidianeidad somos una nación donde no se respeta la ley y en donde en el gobierno predomina la ilicitud como sello distintivo, perdiendo toda legitimidad y autoridad de exigir a otros, lo que a ellos no los distingue.

PD1. La balacera que dio inicio la masacre en Tlatelolco, el 2 de octubre del 68, fue provocada por soldados francotiradores camuflados, pertenecientes a un batallón del Estado Mayor Presidencial, cuyos disparos los dirigieron premeditadamente hacia soldados de batallones regulares del Ejército mexicano. Así lo dejo asentado, en sus memorias póstumas, el general de división Marcelino García Barragán, en ese entonces Secretario de la Defensa Nacional.

PD2. El clamor de una buena parte de la ciudadanía de Chilpancingo y Acapulco es decirles a sus respectivos alcaldes: ¡Ya váyanse ¡

Lo único seguro es la inseguridad. (1)

Héctor Manuel Popoca Boone.

El primer paso para resolver el problema de la inseguridad es reconocerlo en toda su intensidad y tratarlo en su completa magnitud. Cosa que, en Guerrero, los gobiernos no hacen. Grave equivocación ha sido tratar de minimizar la inseguridad para de esa forma eludir las responsabilidades institucionales inherentes.

Como botón de muestra, algunas frases públicas bobas de personajes encumbrados: “En Acapulco la gente está absolutamente segura”, “La violencia es solo un problema de percepción del pueblo”, “Los asesinatos se dan en las colonias populares, no en la Costera”, “Dificulta la confrontación de criminales, resolver la violencia”, “No al 100 por ciento, pero los homicidios dolosos se cometen entre criminales” o “Si hubiera inseguridad en Acapulco, no tendría los visitantes que hay”. Los datos duros dicen otra cosa: Guerrero como estado y Acapulco como municipio, son de los territorios donde más homicidios dolosos se dan en el país.

Mientras no haya honestidad y transparencia en la información oficial, será imposible disminuir la inseguridad. Lo correcto es visibilizarla. Solo con su pleno reconocimiento los gobernantes y la ciudadanía, podremos enfrentar las múltiples causas que dan vida a la variante criminalidad; y así cada cual, en su respectivo rol social, asumiremos el deber que nos corresponde.

El segundo paso es tomar consciencia que Guerrero es un mosaico de gran diversidad. Recuperar la seguridad requiere del conocimiento de particularidades, por lo que las estrategias deben de diseñarse a partir de realidades específicas, para saber las modalidades concretas de cómo actúan y mantienen presencia territorial las bandas y la naturaleza de sus vínculos con otros factores de poder.

Hay poca inteligencia institucional aplicada al detalle y no se estudian a fondo y en lo concreto los fenómenos de la violencia urbana y rural. Las acciones de los gobiernos las más de las veces son genéricas, mayormente reactivas que preventivas, muchas veces se dan palos de ciego con gran desperdicio de recursos. La omisión, comisión o simulación, son parte de la relación perversa entre algunas estructuras gubernamentales y las delincuenciales.

El tercer paso es aceptar que las causas de la inseguridad pública son multifactoriales y que la delincuencia organizada actúa en pirámide: Los que están arriba son pocos, poderosos y reducidos los que van a la cárcel o pierden la vida en su oficio criminal. Por otro lado, hay una gran base social disponible para lo delincuencial. Son jóvenes, sin dinero, sin educación, sin futuro, en un mundo incierto. Son los que mantienen repletas las prisiones, terminando casi siempre asesinados antes de cumplir los treinta años.

El cuarto paso es reconocer que sin seguridad pública no hay inversión empresarial que florezca. La génesis del delito preferentemente se da en lugares donde no hay trabajo y donde la extorción esquilma a quienes dedicados están a invertir y a trabajar. La delincuencia anida bien en un sistema socioeconómico y político de mucha exclusión, como el nuestro: los pocos ricos son muy ricos y los muchos pobres son cada vez más pobres.

¿De qué nos sirve tener seguridad pública, si la mayoría de las familias no tienen frijoles para darles de desayunar a sus hijos? De ahí la perentoriedad de las estrategias de amplio espectro social, reconstruyendo las condiciones y circunstancias favorables para que las familias puedan tener, en la paz y en la legalidad, una vida digna y decorosa.

PD1. Artículo de opinión hecho a partir de lo expuesto en el Foro Internacional sobre Seguridad, organizado por Ricardo Mejía Berdeja en la ciudad de Acapulco.

PD2. La diputada local del PRI, Pilar Vadillo Ruiz, espetó la siguiente barbaridad sobre la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa: “…no tenían entonces que andar deambulando por Iguala” Lo cierto es que, en esa infausta tragedia, salió a relucir, en toda su dimensión, la narco-política enraizada en el PRI y en el PRD.

PD3. Asesinan a mansalva en la ciudad de Chilpancingo a Ángel Vergara Chamú, coordinador municipal de Movimiento Ciudadano en Ajuchitlán. ¿Cuál orden? ¿Cuál paz?