Héctor Manuel Popoca Boone.
A
la memoria de la eterna leyenda del Che Guevara.
La seguridad de la
delincuencia organizada para hacer prevalecer la inseguridad pública se la
otorga la política, entre otros factores. Los malandrines aprovechan la
democracia mercantilizada de nuestro actual sistema electoral, donde la compra
de voluntades de los electores es el pan de cada trienio.
El dinero de la
delincuencia sirve al financiamiento de las campañas electorales de políticos
de indistinta ideología; siempre y cuando, una vez conquistado el poder, pague el
candidato (a) triunfador (a) lo previamente pactado, que generalmente se centra
en ponerles a su disposición los sistemas policíacos, los registros públicos de
la propiedad y otras concesiones de diverso tipo permitiéndoles expandir los
tentáculos de sus criminales negocios a lo largo y ancho del tejido social.
Para disminuir la
inseguridad pública no basta tan solo perseguir y capturar físicamente a sus
principales protagonistas; sino también seguir el flujo de las grandes
cantidades de dinero con que lo operan y acumulan, para confiscárselos
inmediatamente. Disminuir esa fuerza monetaria que les permite tronchar la
justicia y seguir operando; incluso encerrados en la cárcel o desde las
oficinas de lujo de la delincuencia “de cuello blanco”.
En nuestro sistema
democrático electoral existen espacios de financiamiento soterrado que ponen algunas
estructuras gubernamentales bajo control de los capitostes de la delincuencia.
Urge, por tanto, reforzar la vigilancia de las campañas políticas para que sean
lo más transparente posible, sancionando con mayor rigor el financiamiento
ilícito que se presenta durante la litis electoral.
Indispensable resulta la
participación autocrítica y honesta de los partidos políticos para erradicar el
financiamiento de los malosos con fines de clientelismo político. Es grave por
deshonesta la actual demagogia de no querer el financiamiento público para su
operación, cuando hasta la fecha viven de él, ya que recursos propios tienen en
muy poca cuantía. Solamente les quedaría buscarlos con los barones del buen dinero
o del malo.
Así, los mercados
mundiales de la ilegalidad crecen y se desarrollan con la participación de la
política y de los políticos en la órbita de la delincuencia, junto con la actuación
también de un segmento empresarial, sobre todo de la rama financiera y la
inmobiliaria. Esta trilogía multifacética de poder en torno al crimen, lo eleva
a altos niveles de impunidad e inmunidad. Es la narco-política y el
narco-emprendurismo empresarial.
Programas a implementarse
por el gobierno para frenar la inseguridad pública y que no se aplican
eficazmente son: a) Despenalización de las drogas suaves, tanto para fines
farmacéuticos o lúdicos. b) Atender el problema del consumo de drogas como un
asunto de salud pública y no meramente punitivo. c) Limpiar de corrupción,
impunidad e ineptitud el sistema integral de justicia nacional, tanto a nivel
de policías, ministerios, jueces y magistrados d) Mayor participación ciudadana
y de los partidos políticos en acciones pro seguridad. e) Rediseño integral del
sistema penitenciario nacional.
La juventud requiere un especial
énfasis: Ningún joven quiere convertirse en sicario por deseo espontáneo. Su
motivación parte de una “cultura narca” en la que está imbuido todos los días
de la semana. De un subyugante poderío letal y monetario de fuerte aliciente
seductivo, en un entorno de violencia extra e intrafamiliar, con pobreza
circundante, sin empleo y con vías clausuradas para continuar sus estudios. Al
contarse por cientos de miles, engrosan el ejército de la carne de cañón
disponible del sicariato.
PD1. Si el Frente
Ciudadano por México no explicita en su programa común la reversión de las
concesiones de nuestros recursos energéticos y minerales, no marcara diferencia
importante con el PRI.
PD2. El Frente-Coalición
tendría un candidato muy competitivo para la presidencia municipal de
Chilpancingo en la persona de Toño Gaspar.
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