Escamoteo de la consulta popular.

Héctor Manuel Popoca Boone.

 

Seguimos esperando que aparezcan los 43 normalistas con vida.

De nada sirvió todo el esfuerzo realizado para hacer valer el poder ciudadano a través de la consulta popular. El cual quedó plasmado en el artículo 135 de nuestra constitución política federal y en su ley reglamentaria. Ello es así porque el Congreso de la Unión aprobó mañosamente una especificidad legal donde quedó asentada la inconstitucionalidad en ciertos temas posibles a consulta; restringiendo severamente la posibilidad de ejercer tal derecho ciudadano. A saber: queda vedada toda consulta sobre cualquier tema que pueda impactar los ingresos y gastos del Estado.

No obstante haber cumplido en tiempo y forma la solicitud, respaldada por más de cuatro millones de firmas ciudadanas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional la petición de llevar a cabo una consulta popular sobre la recién aprobada reforma energética; así como conocer también la opinión ciudadana sobre el incremento al salario mínimo de la clase trabajadora.

Para la mayoría de los magistrados de la SCJN, la auscultación ciudadana sobre la reforma energética y sobre los salarios mínimos, tiene que ver con los ingresos y gastos del Estado y eso, de acuerdo a la nueva ley, queda prohibido realizarla.

Como está actualmente redactada la legislación referida, hace nugatorio el derecho a la consulta popular en prácticamente todos los temas económicos de interés nacional. Sobre todo cuando se trate de bienes y recursos patrimonio de la nación. Lamentablemente eso es debilitar aún más la endeble democracia directa participativa como sistema de vida y el respeto al sentir mayoritario del pueblo. 

En el marco de la subasta que se está haciendo del país, pongamos un ejemplo extremo: no será posible consultar al pueblo para saber su opinión acerca de vender o no a los gringos el estado de Baja California Sur, territorio que siempre han apetecido. La inconstitucionalidad de auscultar a la ciudadanía sobre ese tema residiría en que puede modificar los ingresos del estado. Lo mismo podemos decir acerca de la denegada consulta sobre el incremento a los salarios mínimos porque puede modificar el gasto gubernamental en materia del pago de nóminas.

Luis Carlos Ugalde lo expresa de esta forma: “El problema de la falta de precisión es que teóricamente cualquier tema de consulta puede eventualmente afectar los ingresos y gastos del Estado. Podría incluso argumentarse que todos los temas de una consulta están vedados por la simple razón de que cualquier política pública o legislación que emane de una consulta popular requiere de recursos públicos para ejecutarse.”

Modificar la actual redacción del artículo constitucional y su ley reglamentaria no será posible por el momento, hasta que la correlación de fuerzas políticas al interior del Congreso de la Unión haga prevalecer los intereses de la nación y no los intereses de los grandes empresarios, de dentro y fuera de nuestro país.

Finalizo con una reflexión de Leo Zuckermann: “La SCJN no mató a las consultas populares. Fueron los propios partidos, a través de sus legisladores, que lo hicieron al haberle puesto muchas restricciones y redactado mal sus posibles consecuencias”.

PD1. Fue un hecho grave y provocador el que un líder juvenil priista del Estado de México invocara públicamente el retorno del Presidente Díaz Ordaz, matador de jóvenes en el movimiento estudiantil del 68. No se olvida que el PRI también está teñido de sangre, como hoy lo está el PRD.

PD2. El jefe de jefes del PRD nacional, Jesús Ortega, dijo que está en contra de abrir una investigación interna sobre la vinculación de “los chuchos” con el narcotráfico. A confesión de parte, relevo de pruebas.

PD3. Bien por la remoción de Max Arturo López Hernández de la subsecretaria de educación básica. Era un títere del nefasto Raúl Salgado Leyva.

PD4. Clamemos y movámonos por la paz y justicia, pero que la justicia vaya por delante y la paz no sea la de las fosas.

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Programa de reconciliación y reconstrucción estatal (II)

Héctor Manuel Popoca Boone.
 

Si la seguridad pública es una de las prioridades inmediatas, después de la aparición con vida de los 43 normalistas, entonces las institucionesestatales para garantizarla deben transformarse. La Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública son fundamentales en la prevención y procuración de justicia. Pero ambas están atravesadas por la corrupción y la impunidad.

La Fiscalía debe cambiar, ser profesional, honesta y expedita en su cometido, sin tergiversar o manipular los resultados que se deriven del cumplimiento de sus responsabilidades. Las averiguaciones que se lleven a cabo no deben de integrarse a modo del gobernante o del dinero emanado del soborno, porque además de acarrear mayor injusticia,conllevanpérdidafuerte de credibilidad ciudadana. Del total de delitos que se cometen en el país,a lo mucho,un 20 por cientollega como denuncia ante el ministerio público.

Certificación, respaldo científico y técnico,honestidad, el destierro de la tortura,la no complicidad con la delincuencia, la capacitación profesional, el adecuado equipamiento, así como espacios y sueldos, dignos y decorosos,son elementos a tomar en cuenta para no corromperse y proporcionar un servicio confiable y de calidad a la ciudadanía

Sucede lo mismo con la Secretaria de Seguridad Pública, agregando que sus funciones y sus protocolos de actuación debenser similares a los vigentes a nivel internacional. Comprobado está que la represión no tiene cabida como forma de contener la expresión popular. El presupuesto que opera la secretaríadebe aplicarse en forma transparente y con rendición de cuentas; sobre todo lo referente a nóminas y adquisiciones.

Es básica la estrecha relaciónque deben guardar entre sí, las estructuras deseguridad pública federal, estatal y municipal dentro de la alineación de acciones y homologación decertificaciones, para impedir la infiltración de la delincuencia e incrementar la eficacia en su combate.

Sabido es que la delincuencia ha desbordado o cooptado el funcionamiento yla capacidad de respuesta de las instituciones de seguridad pública en algunos municipios del estado. Eso explica el surgimiento de las autodefensas ciudadanas y un mayor activismo de las policías comunitarias ya existentes. Recomendable es respetar sus trabajos preventivos para fortalecerla seguridad pública.Todo dentro de un marco de coordinación y no de subordinación.

Las autodefensas ciudadanas dejarán de tener razón de ser, cuando los parámetros de seguridad de los ciudadanos seanacrecentadosy los delitos reducidos a su mínima expresión. Hoy, la activa participación del pueblo es imprescindible ante la gran penetración del hampa organizada.

No es buena la estrategiaque el Estadocombata el crimen organizado y a su vez reprima a las policías ciudadanas. Salvo que estas últimas estén seriamente infiltradas. Por esola necesidad de una adecuadoacoplamiento de esfuerzos sin provocar divisiones o corrupciones. La vigilancia recíproca de las fuerzas policiacas institucionales y ciudadanases saludable para evitar desviaciones de alguna de las partes.

Otro aspecto a reforzar es la comunicación de la ciudadaníacon los cuerpos de seguridad públicapara la pronta atención y acción ante actos que sean potencial o realmente delictivos. Esto es, hacer partícipes a la juntas de vecinos, colonias, barrios, zonas habitacionales, comunidades rurales, en programas como: Vecinovigilante, Alerta ciudadana u otros ya existentes en otras entidades. Claro está que se requiere de una  mayor confianza de la ciudadanía hacia la policía para que esto funcione.

PD1. “México es muy bonito pero el problema son sus gobernantes que no pueden brindar la seguridad a sus propios ciudadanos”, Raúl Liners, turista argentino que visita Zihuatanejo.

PD2. Un gobierno de nueve meses, inmerso en una crisis de gobernabilidad, con un cuerpo social lacerado profundamente, tiene estrecho margen de acción. Pero aún así, puede dejar buena huella de su corta administración, si se lo propone.

h.popoca.b@gmail.com

Renovación moral del Tribunal.

Héctor Manuel Popoca Boone.

El cinismo con el que algunos hombres públicos realizan sus acciones réprobas es sorprendente en Guerrero. El pasado 27 de octubre se realizó la ceremonia anual de entrega de preseas al mérito civil. Resulta que el correspondiente a la mujer, fue otorgado a Karenina Martínez Calvo, ¡hija! del que presidió el jurado calificador: Dr. Jesús Martínez Garnelo (JMG). Sin demérito de las prendas civiles que tenga la dama, tal resolución muestra la carencia de ética profesional del último secretario general de gobierno de la administración de Ángel Aguirre R.

Dicho funcionario público, es corresponsable, por omisión, negligencia y encubrimiento por favorecimiento, de la masacre de Iguala del 26 de septiembre pasado. Porque siendo el encargado de la política interior,  no garantizó la integridad física de los jóvenes normalistas, además de no retener a los que son presuntos responsables de la matanza: el ex presidente municipal  (hoy prófugo) de Iguala y a su señora esposa, entre otros.

Ahora JMG pretende regresar a su anterior responsabilidad pública de la cual pidió licencia, a saber: Magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Sin esperar a que se diluciden las responsabilidades de los trágicos sucesos y que aparezcan los normalistas desaparecidos forzadamente.

Es del dominio público que en el poder judicial, muchas veces, si no hay dinero de por medio, se estancan o se tuercen los expedientes judiciales, se emiten y ratifican sentencias sin sujeción al derecho o se liberan de la cárcel a auténticos delincuentes. Por lo que dicho poder requiere una renovación gradual de su cuerpo de magistrados, jueces y proyectistas, para dar paso a nuevas generaciones de abogados honestos que aspiran, infructuosamente hasta hoy, a una carrera en la magistratura judicial.

En la designación del magistrado presidente debe respetarse, de veras, la certificación propia de sus pares constituidos en pleno. Ya no permitir la injerencia de la voluntad del gobernador en los hechos y tras bambalinas. Práctica insana y perniciosa que somete al poder judicial a los designios del poder ejecutivo y que convierte al magistrado presidente en un subordinado lame suelas del gobernante en turno.

En el momento histórico excepcional que estamos viviendo, urge limpiar la institución para darle mayor certidumbre y confianza a la ciudadanía. El regreso de JMG como magistrado presidente, sería una afrenta a los guerrerenses, pues es conocido que durante su gestión, antes de pedir licencia, propició y cobijó la corrupción en varios frentes: En la construcción de obras, a través de su socio el Ing. Guerra. En las adquisiciones, a través de su sobrino Enrique B. Ortega Garnelo y en la práctica del nepotismo, al otorgar plazas laborales a sus sobrinos y otros familiares. Como ejemplo de favoritismo inmerecido, está el haber encumbrado como magistrado a Víctor Alejandro Arellano Justo, que tiene fama en el medio de ser un juez nefasto y corrupto. Un antecedente oscuro de JMG es haber sido inhabilitado durante seis años como magistrado, por liberar a un secuestrador.

En el seno del Tribunal Superior de Justicia hay capital humano de reconocido prestigio jurídico y comprobada honestidad para contar con una presidencia digna, como pueden ser los magistrados Adela Román Ocampo, Alberto López Celis, Vicente Rodríguez Martínez, Gabriela Ramos Bello, o la misma magistrada presidenta que funge en la actualidad, Lambertina Galeana Marín. En las tareas de transparencia y rendición de cuentas está la desaprovechada doctora y académica, Blanca Estrada Ortega, reconocida por su firmeza de carácter, disciplina, responsabilidad y conocimientos en la materia.

En conclusión: el magistrado o magistrada presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado debe ser aquel o aquella que cuente con un prestigio por su buen desempeño a efecto de recobrar la credibilidad de la ciudadanía, contribuir  a la reconciliación, la reconstrucción institucional y a la paz social que tanto necesitamos.

PD. No es cualquier cosa, son 43 jóvenes desaparecidos forzadamente desde hace más de un mes, de los cuales aún no se sabe nada. Que nadie de los culpables escape de pagar sus delitos.

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Puro protagonismo.

Héctor Manuel Popoca Boone.

Además de la intrigante e integrante del gabinete estatal, Rosario Herrera, y del diputado federal, Sebastián de la Rosa, añada el nombre del diputado local, Bernardo Ortega Jiménez, como copartícipe conspicuo de la dirigencia estatal del grupo Nueva Izquierda del PRD, apodado “Los Chuchos” que, como ya sabemos, tal parece que dio cobertura institucional y apoyo político, al indiciado criminal, hoy todavía prófugo, ex presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca Velásquez y a su señora esposa, actual consejera nacional del PRD.

El diputado Bernardo Ortega, es y era presidente de la Comisión de Gobierno del congreso local. De él fue la frase descalificativa: “Es puro protagonismo”, espetada a la viuda de Arturo Hernández Cardona (AHC), como respuesta a la solicitud pedida a los diputados para que dieran una prórroga y poder así entregar un documento importante que serviría de respaldo para la revocación de mandato del hoy todavía ilocalizable gobernante municipal igualteco.

Dicha prueba adicional era el testimonio notariado de Nicolás Mendoza Villa donde señala a José Luis Abarca Velásquez, como autor intelectual y material del asesinato de AHC. El diputado local, Bernardo Ortega, muy orondo descalificaba a la regidora y denegaba la prórroga solicitada. Expresó que…. “dicha declaración no está ofrecida en el proceso de desafuero del edil igualteco aunado que la instrucción ya se cerró.”“Esta declaración desde mi punto de vista es tardía hubiera sido en el momento y ante las instancias correspondientes, antes de los medios, hubiera acudido a las instancias correspondientes investigadoras…”.

Acudió pero el resultado fue que el ministerio público abrió una averiguación previa pero ¡contra de los familiares de AHC y demás integrantes de la organización Unidad Popular! Con dicha averiguación previa, el estado mexicano arguyó ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos su imposibilidad de otorgar medidas cautelares a la familia del asesinado.

En Guerrero, la facción Nueva Izquierda del PRD, cubrió políticamente la espalda al actual gobernante municipal indiciado, para que el cártel, “Guerreros Unidos”, siguiera cometiendo graves atrocidades en toda la región norte de estado. En la barbarie acontecida el 26 de septiembre, hay responsables por comisión, omisión, indolencia y confabulación.

Muchos estamos convencidos que de haberse aplicado la ley en el crimen de AHC y de dos de sus compañeros, posiblemente la masacre de Iguala no hubiera acontecido. La raíz de esos asesinatos a sangre fría, fue la maldita impunidad que otorgaban los políticos cómplices, de la narco política, asentada en esa región.

 Siendo los“Los Chuchos”, una de las tribus predominantes del PRD en Guerrero, podemos aventurar la hipótesis de que ese partido está seriamente infiltrado y atravesado por la delincuencia organizada. A cambio de financiamiento subrepticio, ofrecía cobertura institucional y apoyo político a los gobernantes narcos, que entregaban las estructuras policiacas municipales, para ponerlas al servicio del crimen, como quedó constatado.

Los gobiernos, federal y estatal, no pueden decir que no sabían de la protección política que Los Chuchos de Guerrero daban indirectamente al cártel autodenominado “Guerreros Unidos”, desde sus puestos de alto nivel en el gobierno estatal, en las cámaras legislativas, y en el gobierno municipal de Iguala.

Lo cierto es que el PRD ha dejado de ser una alternativa viable para sacar de la postración económica, social y política al pueblo de Guerrero. El dinero, el poder y el narco pudrieron a sus dirigentes y gobernantes, de pies a cabeza.

PD1. A Abarca (presidente municipal tránsfuga de Iguala) “le levantamos la mano todos” en el PRD. Lázaro Mazón.

PD2. Según reportaje periodístico de aquel tiempo, Arturo Hernández Cardona acusó al presidente estatal del PRD, Carlos Reyes Torres, de haber vendido en millones de pesos la candidatura perredista a la alcaldía de Iguala a José Luis Abarca Velázquez, “por ser el mejor postor”.

PD3. “Las águilas vuelan solas, los ojetes en parvada” Titulo del libro de Héctor Suárez.

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Repaso de una masacre anunciada.

Héctor Manuel Popoca Boone.

Nueva Izquierda, tribu política del PRD, apodada “los chuchos”  -comandada en Guerrero, entre otros, por el diputado Sebastián de la Rosa y la perversa secretaria estatal de la mujer y señora del glamour siniestro, Rosario Herrera-, siempre ha defendido políticamente, y en todo momento, al hoy prófugo presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca Velásquez.

El diputado Sebastián de la Rosa, además de cargar a cuestas su desafortunada declaración pública de otorgarle “todo el respaldo político de su grupo” al gobernante municipal malogrado; también lo apoyó en una ocasión crítica anterior. El reportaje periodístico de aquel entonces daba cuenta de lo que dijo en una reunión política: “Llamó a los actores políticos a no utilizar el asesinato del dirigente de Unidad Popular, Arturo Hernández Cardona, con fines políticos para afectar al presidente municipal (de Iguala) o al partido (PRD)”, pidiendo públicamente que “no se politizara el asunto”

Eso último lo expresó una vez conocido, por la opinión pública, el testimonio notariado de Nicolás Mendoza Villa, sobreviviente del grupo donde fue torturado y asesinado el dirigente campesino de la región que destacaba en la gestoría para conseguir fertilizante para sus agremiados. La testimonial denuncia explícitamente que el autor intelectual y material del crimen fue el principal edil igualteco.

Sobre la masacre de Iguala, el diputado federal mencionado, comentó también que “la responsabilidad de la policía municipal está bajo el Mando Único que depende del gobierno del estado encabezado por Ángel Aguirre Rivero, por lo que es responsable directo de estos hechos.”

Desnuda queda así, en la peor aberración criminal que como nunca antes había acontecido en Guerrero, la complicidad de una tribu perredista proclive a vender protección política a gobernantes para que estos actúen con toda impunidad. Afloró en este caso, la vinculación política estrecha entre el presidente municipal que se dio a la fuga y la tribu de los “chuchos”; teniendo como brazo ejecutor a la policía municipal y al sicariato regional.

De este inacabado repaso y de subsiguientes acontecimientos, se pueden hacer varias reflexiones: Por principio de cuentas, un antecedente importante fue la falta oportuna de investigación del gobierno estatal y federal de un crimen anterior, descrito en un testimonio notariado, en donde se denuncia al presidente municipal de Iguala como la persona que mató al líder campesino, Arturo Hernández Cardona, en el mes de marzo del año en curso.Si se hubiera efectuado en forma expedita la debida indagatoria judicial, quizás no hubiera ocurrido la masacre de Iguala, durante el 26-27 de septiembre pasado.

También existen fuertes indicios que hubo un compromiso y una coordinación para la acción, entre el presidente municipal  (ahora requerido por la ley), su estructura policiaca municipal y el presunto grupo de la delincuencia organizada denominado Guerreros Unidos. Este último, actuando en la región norte del estado, con total impunidad a lo largo de varios años.

Según testigos presenciales, el presidente municipal, intocable y ahora ilocalizable, también alardeaba cuando despachaba en su oficina, de su financiación a la campaña electoral del actual gobernador; y lo mismo decía ser uno de los soportes financieros de la tribu local “chuchinesca”. Por eso siempre, esta tribu salía en su apoyo público, automáticamente.

Existieron reacciones tardías de los dos órdenes de gobierno (federal y estatal), por estar discutiendo acerca de quién de ellos debía investigar la masacre; lo que provocó una fuerte llamada de atención presidencial al gobierno estatal, para que investigara prontamente las 6 ejecuciones extrajudiciales y los 25 heridos de bala.

Al transcurrir semanas sin saber nada de las 43 o más desapariciones forzadas, el gobierno federal atrajo las investigaciones de la masacre, con la instrucción presidencial de hacer una profunda investigación para esclarecer los hechos y aplicar la ley contra los responsables para que no haya “el más mínimo resquicio para la impunidad”. “Tope donde tope”

PD. En los contubernios de la narco política priva la consigna: “Todos para uno, uno para todos” Ah, también el que dice: “El que entra,… ya no sale”.

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Dos desafíos nacionales.

Héctor Manuel Popoca Boone.

El primero tiene que ver con nuestra economía y su desenvolvimiento. Las reformas estructurales hoy vigentes, conllevan problemas que debemos enfrentar y afrontar. Merecen tomarse en cuenta. Los resultados positivos de las reformas no se verán a corto plazo, ya lo dijeron. Entre otros obstáculos están los siguientes:

Un debe, es la obligación de instrumentar y aplicar las modificaciones legislativas en los diversos ámbitos en que rápidamente fueron aprobadas: educativo, fiscal, energético, político, etcétera; teniendo ya a cuestas la insatisfacción de una parte de la sociedad, que se resiste a aceptarlas. Los bajos índices de popularidad presidencial así lo indican.

Este malestar ciudadano, obstruye y disuelve nexos de coordinación, de apoyo y de vasos comunicantes entre la sociedad y el gobierno. Eso también debilita la necesaria interlocución del gobierno, de la clase empresarial, la obrera y los trabajadores rurales; estos dos últimos exigen con perentoriedad, empleos estables, mayores salarios y precios justos a los productos del campo; a contra pelo, las empresas y el gobierno federal se oponen a otorgarlos.

Como dice el economista David Ibarra: “Otorgar libertad plena de contratación y reforzar los derechos de los más poderosos o mejor dotados no siempre es compatible con una vida digna, ni con el mejoramiento indispensable de las capacidades de trabajo de los grupos más débiles de la población”

El segundo desafío nacional es el que se refiere a la escasa vigencia del orden social y del estado de derecho. La llevamos a cuestas desde hace años, siendo el resultado más grave el desbordamiento de la delincuencia organizada en todas sus manifestaciones, a lo largo y ancho del país, con la mucha impunidad que han otorgado diversas autoridades en sus varios niveles.

Como contraparte, tenemos levantamientos armados de grupos de ciudadanos que están convencidos de la impotencia de los gobiernos para restablecer la seguridad pública, la patrimonial, de vidas humanas y la erradicación de la trata. Bajo esta situación, es imposible suturar las rupturas en el cuerpo social de nuestro país mientras la corrupción siga siendo moneda de cambio para cometer ilegalidades, enriquecimientos inexplicables, compra de voluntades o de silencios.

El gobierno federal está en un brete: por un lado combate y apresa a los mandones de las mafias delincuenciales; y por la otra, también encarcela a los líderes de las policías ciudadanas que resguardan el orden civil regional. Agréguese a lo anterior, la criminalización, el encarcelamiento, aislamiento y destierro de las y los luchadores sociales.

Este desafío también es estructural y de larga data. Parte de las policías de todos los niveles están compradas e infiltradas por la delincuencia. Cómo deshacerse de los malos elementos policíacos y militares, cómo blindar a los nuevos y no contaminados, de qué manera erradicar la complicidad delictiva de una runfla de políticos, funcionarios públicos y gobernantes.

Si no empezamos a resolver estos desafíos nacionales en serio, no tendremos una plataforma para negociar acuerdos básicos de normas, coordinaciones y trabajos, entre todos para el progreso de todos.

PD1. La masacre de estudiantes ocurrida en Tlatelolco el dos de octubre del 68, no se olvida. La del 26 de septiembre de este año en Iguala, tampoco se olvidará.

PD2. El diputado federal y líder estatal del PRD, Sebastián de la Rosa Peláez, declaró que el hoy prófugo presidente municipal de Iguala “tiene todo el respaldo político” de su tribu. ¡Ah! Pero también exige que se haga una investigación a fondo por parte de las autoridades responsables y se deslinden cuanto antes las responsabilidades. O sea, hay que “cantinflear” con lo uno y lo otro, a la vez. ¡Uf!

PD3. El presidente estatal del PRD, Carlos Reyes Torres, dijo que la postura de su partido es que se investigue y se castigue a los responsables de la masacre en Iguala. ¡Ah! Pero también dijo que sabe que fueron de la delincuencia organizada, los atentados y los asesinatos. O sea, ni sí ni no, sino todo lo contrario. Doble ¡Uf!

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Un gran empresario neoliberal.

Héctor Manuel Popoca Boone.

Para llegar a ser exitosamente uno de los hombres más ricos del mundo, German Larrea Mota-Velasco (GL), no tuvo necesidad de incursionar por los fatigosos senderos del esfuerzo, de la austeridad, del ahorro y la constancia. Él es de la generación de empresarios crecidos y protegidos a la sombra de los gobiernos mexicanos neoliberales, con los típicos resultados de ser un potentado corrupto, rapaz, inescrupuloso, insensible, frívolo y depredador.

Con origen de pañales de seda, su padre le heredó empresas mineras que logró engrandecerlas gracias a los contubernios hechos, a cambio de redituables favores, con los políticos y funcionarios públicos neoliberales de alto nivel, que tuvieron que ver con las concesiones, permisos y toda clase de trámites para que fluyeran con la mayor rapidez y sin obstáculo alguno la buena marcha de sus múltiples negocios.

La economía neoliberal marcaba el camino: Allanado estaba el sendero para la adquisición de muchas empresas privatizadas que eran antaño propiedad del estado mexicano y que los regímenes neoliberales las subastaron a precios de remate, entre una tercera o cuarta parte de su valor real.

Ha sido este maridaje impúdico, esta alianza entre gobernantes, políticos, tecnócratas y empresarios neoliberales, lo que ha permitido la acumulación de desorbitantes fortunas empresariales en tan poco tiempo, al poner el poder y disponer del patrimonio público al servicio discriminado de los intereses económicos de grandes empresas particulares. Mientras la mayoría del pueblo languidece en su pobreza incontenible.

Hoy, GL es el segundo hombre más adinerado de México, con una fortuna estimada en 15 mil 700 millones de dólares. Sus intereses empresariales están fincados a partir de privatizaciones gubernamentales como ferrocarriles, bancos, minería, cines,... Ahora, lo que absorbe su atención es ser concesionario de uno de los dos canales de televisión pública de alcance nacional, que próximamente el gobierno federal licitará.

Pero es en el negocio minero donde GL posee en mayor cuantía sus activos. Y es donde en forma más descarnada han salido a la luz pública las condiciones precarias y peligrosas, en cuanto a seguridad laboral e infraestructura minera, en las que trabajan los mineros de sus consorcios.

Quién no recuerda la tragedia acaecida en las minas de carbón de Pasta de Conchos, en el estado de Coahuila, donde en un derrumbe quedaron enterrados 65 mineros en el año 2006. De los cuales se rescataron solo 2 cadáveres, porque resultaba incosteable seguir localizando más cuerpos. En ese funesto accidente, las autoridades federales solaparon incumplimientos en las normas de seguridad laboral por parte de la empresa propietaria de la concesión: Grupo México, cuyo socio mayoritario es GL.

El pasado 6 de agosto, nos sorprende de nueva cuenta el consorcio minero Grupo México con la tragedia sucedida en su mina de cobre, a cielo abierto, de Cananea, estado de Sonora; provocando lo que oficialmente se ha denominado “el peor desastre ambiental en la industria minera del país de los tiempos modernos”. Por un descuido criminal de la empresa, se vertieron más de 40 000 metros cúbicos de sulfato de cobre acidulados a los ríos Sonora y Bacanuchi, contaminando, aguas abajo, toda manifestación de vida a lo largo de esas dos cuencas hidrológicas.

En los inicios de este sexenio, el gobierno federal trató de imponer nuevos gravámenes a la explotación de minas a cielo abierto, con el fin de reinvertirlos en la prevención en comunidades con probabilidades de afectación, pero el gran empresario neoliberal GL amenazó con trasladar las inversiones de su poderosa empresa Grupo México a sus concesiones en Perú. ¡Uf!

PD. “Los mineros de Taxco cumplieron ayer siete años en huelga frente a la empresa minera del Grupo México en demanda de mejoras salariales y seguridad, lo que durante todo este tiempo ha sido una lucha de resistencia, una lección ejemplar de dignidad.” (Claudio Viveros Hernández). …“la causa que originó la huelga, tanto aquí en Taxco como en Sombrerete y Cananea, fueron las pésimas condiciones de seguridad e higiene que tenían las minas” (Óscar Alzaga). El Sur, 31/julio/2014. 

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La corrupción en México.

Héctor Manuel Popoca Boone.

Al seguir analizando los resultados de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental del Inegi (2013), se desprende que prácticamente la mitad de la población (49 por ciento) considera la corrupción como el principal problema que padece hoy en día nuestro quehacer nacional. Aclarando, de nueva cuenta, que esta encuesta no toma en cuenta la corrupción que se presenta en las áreas de adquisiciones gubernamentales, ni en la esfera de las obras públicas.

La percepción de la corrupción, como forma de vida (correspondiente a la suma de muy frecuente o frecuente), la tiene el 88 por ciento de la población encuestada; en Guerrero la posee el 90 por ciento. La corrupción se siente y está en casi todas partes. Las medidas gubernamentales para combatirla todavía dejan mucho que desear y la transparencia de las acciones institucionales brilla por su ausencia, si no es que está atrofiada, tanto en su función auditora como en la rendición pública de cuentas.

La corrupción es de función dual: mientras haya corruptores habrá corruptos y viceversa. Las hay materiales, corporales, de voluntades, de concesiones y de consciencias. Estas últimas son las peores porque corroen el espíritu de un pueblo. Una sociedad corrupta queda varada en el barrizal de la desconfianza, incredulidad, inseguridad, incertidumbre e impotencia, por la impunidad imperante.

En términos generales, la corrupción del sector privado va al parejo a la del sector público y no se explica una sin la otra. Son fenómenos siameses. Lo que pasa es que una es vislumbrada y ventilada a la luz del día, la otra en la penumbra y con sigilo.

La corrupción varía según el tipo de gobierno (correspondiente a la suma de muy frecuente o frecuente), la gente considera que los gobiernos estatales es en donde más se anida (77 por ciento), inmediatamente seguida de los municipales y el federal (76 por ciento, en ambos casos).

La encuesta arroja que por cada cien mil personas, 24 mil tuvieron experiencias de actos de corrupción en materia de trámites y servicios. Siendo las entidades federales con mayor tasa de incidencia: Chihuahua (44 006), Morelos (41 501) y Puebla (39 890).

El 88 por ciento de los encuestados considera que es intensa su práctica; siendo el área de la policía donde se da más (90 por ciento), seguida por los partidos políticos (84 por ciento), después el ministerio público (78 por ciento), ocupando el cuarto lugar, los diputados y senadores (77 por ciento); y en quinto lugar, los institutos electorales (67 por ciento).

Por primera vez es calculada la percepción ciudadana sobre la deshonestidad en el comportamiento de los partidos políticos y de las instituciones electorales. Las proporciones obtenidas son preocupantes en un país que pregona tener una democracia aseada, inclusiva, sólida, veraz, objetiva y transparente. Tanto en el acto de la votación (por cuanto a la compra de voluntades y de dignidades al emitir el voto); como en las transas económicas al interior de los partidos políticos, así como por sus muchos soportes externos ilícitos con los detentadores del poder político y económico, que son origen, casi siempre, de dispendios extralegales durante las campañas electorales y poco antes de la votación.

La mencionada encuesta ha provocado diversas opiniones: El presidente de la república, Enrique Peña Nieto, aseveró que la causa de la corrupción es eminentemente cultural. Por su parte, intelectuales como Silva Herzog y León Krause, consideran que no es intrínseca a la idiosincrasia del mexicano, puesto que residiendo y trabajando en un medio no corrupto, no somos corruptos. En otras palabras, el corrupto y el corruptor no nacen, se hacen dentro de un régimen político, económico y social específico “fincado en la propiedad privada de las funciones públicas.”, como afirma Gabriel Said.

PD. Difusa, sinuosa y amplia es la especulación política. Clara, directa y cortante es la verdad del poder, en tiempo real.

h.popoca.b@gmail.com

Guerrero, una economía extractiva.

Héctor Manuel Popoca Boone.

A partir del postulado teórico de Paul Baran, donde afirma que el progreso de los pueblos está en razón directa a la manera en que se reparte y es utilizado el excedente económico social generado, es cómo podemos denominar economías extractivas, a aquellas en donde la riqueza social producida es acaparada por unos cuantos y no la revierten para el mayor beneficio de los que la produjeron.

Otros economistas denominan a esto, una inequitativa distribución del ingreso social que deriva en una mayor desigualdad económica entre los entes productivos. El progreso se ve constreñido al pasar por un embudo donde lo socialmente producido es individualmente apropiado.

A grueso modo, la historia de Guerrero podemos caracterizarla por tener desde siempre una economía extractiva. Donde el progreso ha sido extremadamente lento, porque sus excedentes económicos han sido transferidos y aplicados fuera del Estado.

Desde los tiempos prehispánicos, los pueblos establecidos en estas tierras del sur rendían tributos económicos a los aztecas y lo hacían así para el engrandecimiento de los nahuas y evitar con ello el sometimiento total.

Después, en la época de la Colonia, los españoles ampliaron y profundizaron la economía extractiva. Sobresalió la minería en la zona norte, con la explotación de la plata que se enviaba a España. En otras regiones, la Encomienda sustraía la riqueza generada en su ámbito para transferirla a la metrópoli.  La economía extractiva colonial fue parcialmente establecida en la región de la Montaña. Ésta sirvió como zona de refugio de los pueblos indígenas. Por su parte, Acapulco sobresalió como puerto de trasiego de mercancías con otros virreinatos.

Con la independencia nacional y con el establecimiento de un capitalismo liberal, en Guerrero se forman las haciendas micro-regionales, generadoras de productos agropecuarios cuyos excedentes económicos eran transferidos a las principales ciudades para engrandecer las edificaciones urbanas.

La hacienda porfirista también proporcionó el capital semilla para los procesos de agro industrialización, a partir de la molienda de la caña de azúcar en los trapiches e ingenios y la industrialización textil, hoy desaparecida. En el siglo pasado, comienza el saqueo de los recursos forestales del estado. Salían al por mayor los troncones, puesto que las plantas de aserrío eran escazas. Estimaciones arrojan que el 50 % del macizo forestal original se ha perdido. Los intentos por poner industrias forestales fracasaron.

En la época de los 40´se inicia el establecimiento de las plantaciones de cafetales en las zonas serranas y la palma de coco en las regiones costeras. Sus productos: el café, copra  y otros frutales, prácticamente son transferidos a otras latitudes sin mayor procesamiento agro industrial. En la Tierra Caliente, los sistemas de riego son rentados por agricultores comerciales externos, para dedicarlos a la agricultura de exportación; dejando las tierras, en poco tiempo, inservibles por el uso intensivo de fertilizantes y plaguicidas.

Los 50´son el inicio del crecimiento turístico focalizado en tres lugares: Acapulco, Ixtapa-Zihuatanejo y Taxco. Más que polos de desarrollo con capacidad irradiadora regional, se desenvolvieron como enclaves donde el excedente económico generado se traslada a las sedes matrices de los grandes hoteles.

La generación de electricidad es otro ejemplo de industria extractiva en Guerrero. Las presas hidroeléctricas y termoeléctricas no han dejado mayor beneficio socioeconómico permanente. Son enclaves que abastecen del fluido eléctrico a las urbes e industrias del altiplano del país.

Con los casos anteriores podemos asentar que Guerrero no tendrá mayor progreso hasta que no tenga una economía inclusiva, aquella donde el excedente se reinvierta y distribuya, equitativamente, entre los que participan en la generación de la riqueza social.

PD. No es posible imponer que los ricos puedan sobrevivir con seguridad en un mundo de miserables. Horacio Flores de la Peña.

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Obras corruptas y faraónicas.

Héctor Manuel Popoca Boone.

La educación básica pública en Guerrero tiene un gran reto, que es disminuir su déficit enorme en infraestructura física y equipamiento escolar. Ocupamos el segundo lugar a nivel nacional en escuelas precarias y sin terminar, donde también carecen de mesas para el maestro, pizarrón o pintarrón y mesa-bancos. Dicho rezago perjudica la educación de los infantes escolares, redundando las circunstancias adversas para el buen aprendizaje de los contenidos educativos.

Que yo recuerde, en estas sufridas tierras del sur, no ha habido los suficientes dineros públicos para abatir tal carencia de aulas dignas, pero también me consta que se ha dedicado una buena parte del erario a obras o servicios que no han sido prioritarios y tampoco han tenido gran impacto o beneficio social, por ejemplo, el recientemente construido y destruido: Puente Bicentenario de Acapulco.

Desde que los tiempos son tiempos, algunos gobernantes en la faz de la tierra, han querido inmortalizarse. No precisamente porque hayan hecho prosperar a sus pueblos, puesto que eso, les ha importado un comino. Se han inclinado por dejar obras “faraónicas o de relumbrón” en las principales metrópolis, sin mayor trascendencia social. Afanosos han estado en construirlas porque les permiten lucirse ante todo el mundo y pretender dejar una huella imperecedera en el tiempo, aun cuando su contenido sea mera tierra, ladrillo, cemento y fierro.

Así, algunos gobernantes emprenden la erección en vida de grandes monumentos, mausoleos, palacios, edificios u obras suntuosas. Mínimamente, en vida, propugnan porque escuelas, calles, avenidas, colonias populares, unidades deportivas, sitios de taxis y demás, lleven su nombre, por los siglos de los siglos.

El finado, Don Alejandro Cervantes Delgado, que fue buen gobernante de Guerrero y que goza de la gran estimación del pueblo, comentaba que él prefería, en lugar de hacer obras faraónicas, orientar los recursos públicos, a las pequeñas y modestas obras comunitarias de gran impacto social, diseminadas por todo el estado. Llámense aulas, agua entubada, alcantarillado, caminos de terracería, centros de salud, canchas deportivas, etc.

Ahora tenemos que hay gobernantes que erigen tremendos edificios de gran costo que ni siquiera los terminan. Los dejan inconclusos. Concretamente me estoy refiriendo al imponente edificio que albergará las oficinas administrativas gubernamentales en la ciudad de Acapulco.

El caso es que la administración de Zeferino Torreblanca, lo dejó a medio construir, con un avance del 60 % y con una inversión aplicada de ¡mil cien millones de pesos! Y para que no quedara como un elefante blanco sin terminar, el actual gobierno estatal se ha visto en el imperativo de comprometer, aproximadamente, quinientos millones de pesos más. Total que el costo de ese armatoste de acero, costará la friolera de ¡mil 600 millones de pesos!, sino es que más.

No debemos dejar de tener en cuenta que las grandes obras públicas pueden también permitir a algunos gobernantes allegarse dineros públicos en forma ilegítima para sus bolsillos particulares, a través de la clásica comisión subrepticia al asignar la construcción de tal o cual obra, a tal o cual compañía constructora, con previa licitación a modo.

Dicha mochada que deben dar las empresas constructoras por debajo del agua, dicen en los corrillos de café que anda alrededor del 20 por ciento del costo total de la obra. Por lo que las obra faraónicas permiten que los montos a sustraer sean significativos y concretados a corto plazo. Ahí está una de las fuentes de la riqueza millonaria “inexplicable” de ciertos políticos y gobernantes.

Ahora bien, si se hubieran aplicado esos 1 600 millones de pesos (sin mochada) a la construcción de dignas aulas, y disminuir las miles que existen de piso de tierra, con techumbres de láminas de cartón y con tres ladrillos como mesa bancos; habríamos dotado a Guerrero de 8,000 aulas escolares nuevas, que estarían dando un buen servicio educativo al menos a 240 000 infantes guerrerenses.

PD. Parafraseando la frase del drama de Hamlet: “Hay algo podrido en Guerrero”

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Insatisfacción

Héctor Manuel Popoca Boone.

Del análisis de la segunda Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental del Inegi (2013), hecha a  diversos ciudadanos de 18 años en adelante, en varias ciudades mayores de cien mil habitantes de México, sobre la apreciación y/o percepción de la calidad con que reciben -los mexicanos en general y los guerrerenses en particular- los servicios básicos gubernamentales, se pueden obtener los siguientes resultados, entre otros.

De los problemas que más le preocupan al mexicano, el primero destacable es que el 70 por ciento no está satisfecho con el nivel de seguridad pública que tenemos y con la delincuencia que padecemos. Además, el 74 por ciento manifestó descontento con el servicio de policía. Lo cual no es ninguna sorpresa, sobretodo en Guerrero

Sólo los grandes en la política y en las empresas están satisfechos. ¡Y cómo no! ya que llevan, adonde vayan, no menos de cuatro guaruras con armas de alto calibre, en no menos de dos coches blindados. (Conjetura mía, no es dato del Inegi).

El segundo gran problema es el que 51 por ciento de los connacionales dicen estar inconformes con el desempleo imperante, siendo los jóvenes la mayoría de los sin trabajo

En tercer lugar, está el problema de la corrupción (sin contar la que se realiza a través de las adquisiciones y obras públicas). El 49 por ciento de los mexicanos están descontentos con la existencia de este cáncer. Es grave, que la mitad más uno de la población considere como un hecho normal, untarle la mano a un funcionario público -y no precisamente de mantequilla-, para que más o menos atienda la demanda requerida, brinde el servicio ciudadano o haga caso omiso de la infracción cometida. En otras palabras, uno de cada dos ciudadanos, da por hecho que la corrupción es el aceite que mueve todo el engranaje burocrático de la atención gubernamental en tratándose de los servicios públicos.

A nivel nacional la encuesta nos arroja que, en materia de educación pública básica, un 38 por ciento de los ciudadanos perciben como no satisfactorio los servicios proporcionados. En Guerrero, asciende al 48 por ciento.

El 45 por ciento de los encuestados, consideran cierta decepción en los servicios estatales de salud pública o del seguro popular. Preocupante es que poco menos de la mitad de los paisanos lo aprecien así.

Por lo que respecta al servicio de agua potable, el 69 por ciento de los pobladores manifestó su beneplácito por la constancia en el suministro, pero solo un 26 por ciento considera que el agua es potable. De los guerrerenses, únicamente el tres por ciento lo cree así. En materia de calles y avenidas, el 78 por ciento de los conciudadanos mostró su malestar por el mal estado que guardan éstas. En el alumbrado público, los quejosos ascendieron a 65 por ciento. En el suministro y el servicio de la luz del hogar, es el que tiene mas satisfechos a los habitantes de México, con un 78 por ciento de aprobación; claro está, sin tomar en cuenta los frecuentes recibos de pago altos.

Se estima que el 70 de la población usuaria de los servicios públicos de carácter federal, se siente muy satisfecha o satisfecha simplemente. Con los estatales, el 46 por ciento, y con los servicios municipales, baja al 42 por ciento.

En conclusión, podemos decir que el 51 por ciento de la población a nivel nacional, -un poquito más de la mitad del pueblo censado- muestra inconformidad con la calidad de los servicios públicos prestados; y en el caso de Guerrero, aumenta el disgusto al 66 por ciento.  En ambos, los gobernantes, funcionarios públicos y burócratas en general estamos mal parados y peor vistos por la ciudadanía.

PD. En la ciencia política, hay un principio básico que dice: no basta con que los de abajo quieran, sino que también los de arriba no puedan. Hoy, los de abajo no se movilizaron; y los de arriba sí pudieron, a sus anchas, realizar el infame atraco privatizador de los recursos energéticos que teníamos como nación.

h.popoca.b@gmail.com