Resolutivos campesinos

Héctor Manuel Popoca Boone.

El primer Congreso Estatal del Movimiento Campesino Plan de Ayala Siglo 21 (que en la pasada contienda electoral tuvo una destacada participación a favor del Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador) efectuado en la ciudad de Acapulco, el pasado 21 de noviembre, tuvo una amplia y representativa asistencia: 950 hombres y mujeres del campo de las diversas regiones del Estado.

El ánimo común de los ahí reunidos giró en torno a la necesaria transformación requerida en el medio rural guerrerense; a partir de su rescate del abandono y postración, económica y social, que durante más de treinta años sufrió por parte de los malos gobiernos neoliberales, priistas y panistas, que padeció permanentemente nuestro país.

Hubo un pronunciamiento claro y contundente del compromiso para devolverle a México su soberanía alimentaria con la revalorización plena de la clase campesina, de los pueblos indígenas y de las comunidades afro-mexicanas. Eso, mediante un pacto político con el Presidente de la república que conduzca al reconocimiento pleno de los derechos de los hombres, mujeres y jóvenes a la tierra y a sus productos; al trabajo asalariado rural digno y decoroso; a la alimentación y a la  buena nutrición; al legítimo usufructo de los recursos naturales localizados en sus territorios y hábitats; a una ecología y prácticas productivas sanas y respetuosas de la vida; a una política de apoyo gubernamental integral al campo; a la vida misma con seguridad pública; a los derechos a la libertad y a la verdadera democracia.

Se acordó que el verdadero cambio rural lo haremos desde abajo y no a partir de las cúpulas; realizado con la activa participación organizada de la sociedad rural a través de sus asambleas comunitarias para no seguir siendo meros objetos de dádivas institucionales con fines de clientelismo político.

Se pretende construir organización y propuestas, para y con la comunidad rural. Que ésta sea crisol de confluencia de las acciones y políticas públicas municipales, estatales y federales; coordinadas en una misma sintonía de rehabilitación del campo guerrerense.

Hubo clamor de los asistentes para exigirle a todos los niveles de gobierno acciones decisivas de desarrollo económico y social, a fin de lograr la pacificación y reconciliación en todo el estado. Con atención especial a la región de la Sierra. De lo que se trata es de devolverle a los núcleos agrarios (ejidos, bienes comunales, posesionarios y avecindados organizados) sus funciones de cohesión social, de autogestión del desarrollo y entes morales necesarios para el progreso social de sus pueblos.

Fue expresado un unánime respaldo al proyecto de procuración y administración de justicia indígena; que ha ido construyendo desde décadas atrás la CRAC-PC de la Montaña y Costa Chica y que adquirió estatus legal en la ley estatal 701; así mismo se demandó al gobierno y al Congreso estatal la aprobación de la iniciativa de actualización de dicha ley presentada por los pueblos originarios, basada en el respeto constitucional explícito a sus derechos de ejercer usos y costumbres propios. No faltó un claro reclamo exigiendo la libertad de los dirigentes campesinos e indígenas que están encarcelados por motivos políticos y de represión social.

Por último, pero no menos importante, el movimiento campesino Plan de Ayala, Siglo XXI, expresó su repudio a la corrupción imperante en el campo. No más “moches” y no más apoyos gubernamentales “rasurados”.

PD1. Aún no se ha puesto en operación el Centro Comunitario contra la Violencia a la Mujer Indígena ubicado en Ayutla, cuyo costo ascendió a más de 20 millones de pesos y que hoy sigue cerrado. Un hecho, dice más que mil dichos.

PD2. Para recuperar nuestra autosuficiencia alimentaria nacional, el Presidente de la República se comprometió a apoyar con fertilizante gratis a los productores de granos básicos de Guerrero. Sin padrones súper inflados, clientelares o corruptos. Que cada cual asuma sus responsabilidades institucionales.

Palo, zanahoria o creencias.

Héctor Manuel Popoca Boone.

John Kenneth Galbraith, finado ilustre intelectual “orgánico” (economista y político) de nuestro vecino país de norte América, en su análisis sobre el ejercicio del poder que aplican los seres humanos (mandatarios) para efectos de subordinación de sus semejantes (mandatados) y que lo han venido haciendo a lo largo de la historia contemporánea, distingue esencialmente tres instrumentos: la penalización, la compensación y la creencia.

No se presentan puros en su aplicación, sino generalmente son una combinación, con cierta predominancia de alguno de ellos. En nuestro tiempo y en países con democracias vulnerables, el más socorrido en su uso es el instrumento de la compensación que es aquel con el cual doblegamos la voluntad o consciencia de nuestros semejantes con una retribución material, monetaria o privilegio económico, de carácter súbito y extraordinario, destinado a acrecentar fortunas personales. Según sea el grado de resistencia u oposición a vencer, será el monto compensatorio a ofrecer.

El otro ejercicio de poder es el que acude a la vía autoritaria y vertical del gobernante; usando la fuerza institucionalizada que en su exceso genera represión, violencia e inseguridad social, además de ser conculcadora de la libertad humana. Esta modalidad punitiva y penalizadora es propia de las dictaduras, ejercida en forma unipersonal o por una oligocracia. El término de su duración es incierto e indefinido, generalmente su inicio y final acontece con derramamiento de sangre o por abdicación o muerte natural de quien lo detenta. Se presentan con mayor frecuencia en democracias incipientes donde no existe la revocación de mandato.

Escasos son los que llegan al poder por medio del pregón de sus principios, valores e ideales, en torno a la reivindicación y emancipación del ser humano en lo colectivo. Son portadores de las creencias recabadas desde lo más hondo del sentir popular. Son ejemplo de esas personalidades, según el politólogo, Juan María Aponte, los “libertadores de consciencias” como lo fueron Emiliano Zapata, Francisco Madero, Gandhi, Ernesto “Che Guevara”, Camilo Torres, Salvador Allende, Patricio Lumumba o Mandela, entre otros individuos emblemáticos e históricos.

En Guerrero, durante los últimos cincuenta años, hemos tenido gobernantes que han hecho uso preponderante de algunas de las modalidades anteriormente mencionadas. Con ellas, han dejado su impronta personal. Por ejemplo, Rubén Figueroa Figueroa privilegió “el garrote”. Alejandro Cervantes Delgado, “los ideales”, Francisco Ruiz Massieu, una combinación de “convicciones y palo”, René Juárez Cisneros “trabajo con excesiva compensación”, Rubén Figueroa Alcocer “palo focalizado y acciones compensatorias”, Zeferino Torreblanca “administrador con palo focalizado”, Ángel Aguirre Rivero, “sometimiento a través de procedimientos compensatorios”. 

         En cualesquiera de esas modalidades, el sustrato en el ejercicio del poder ha sido la corrupción y la impunidad, que ha permeado el quehacer gubernamental en diversa intensidad según el gobernante en turno; dando como resultante que ha Guerrero lo han gobernado mal y por eso en la actualidad estamos como estamos.

PD1. En política como en la guerra, las batallas son ganadas por los generales o dirigentes que se conocen entre sí, pero no se matan. En cambio, las derrotas son imputables a los seguidores y a las tropas que no se conocen, pero que se matan entre sí.

PD2. Para lograr la unidad entre pueblo y gobierno del estado, es necesario que se liberen a los presos políticos; firmar un pacto de respeto y colaboración con la policía comunitaria indígena de la Montaña y Costa Chica, así como con las verdaderas autodefensas ciudadanas y erradicar la corrupción e impunidad que permea las estructuras institucionales desde los más altos puestos de gobierno.

    PD3. Si el Guerrero volcánico hace erupción. La lava vertida nos alcanzará a todos y nos reducirá a cenizas. Aún estamos a tiempo de enmendar el camino.

Presupuesto 2019

Héctor Manuel Popoca Boone.

Conjugar es el verbo que predominó -para bien de Guerrero- en la reunión celebrada el pasado martes en la Ciudad de México, entre el presidente de la Comisión de presupuesto de la cámara de diputados federal y el gobernador estatal, junto con el Coordinador estatal de programas federales para el desarrollo y otros integrantes de la clase política guerrerense: legisladores, gobernantes municipales y servidores públicos. Versó sobre los fondos extraordinarios demandados por el gobierno del estado, dentro del presupuesto de egresos federal 2019.

Fue un frente común el que presentaron los guerrerenses; así como un consenso en la intensión de determinar conjuntamente las prioridades que deben contener los presupuestos de los tres niveles de gobierno. Se pretende sea un ejercicio de participación de cuatro actores fundamentales: La ciudadanía demandante y los tres órdenes gubernamentales constitucionales establecidos.

El mandatario estatal mencionó que la propuesta de presupuesto que presentó al congreso local -de poco más de 57 mil millones de pesos- es por mucho insuficiente para darle cobertura al mayor número de habitantes en los programas estratégicos que se ejecutaran el próximo año. De lo que se infiere que un primer esfuerzo de coordinación y austeridad será identificar la duplicidad o triplicidad del gasto en programas similares, como son los de seguridad pública, agropecuarios, adultos mayores, becas para jóvenes estudiantes, becas para capacitación laboral, para la mujer y equidad de género, entre otros. Lo que no quiere decir que pueda existir complementación, mezcla o concurrencia de recursos pactada en algunos de ellos. 

Otra tarea será programar los superávits presupuestales que son del orden de los 12 mil millones de pesos en promedio al año, de acuerdo a la cuenta pública que se presenta. También es pertinente identificar aquellos programas en donde hubo subejercicio presupuestal como, por ejemplo, no ejercer por parte del gobierno estatal, 8 millones de pesos federales destinados a combatir la violencia hacia las mujeres o los 100 millones destinados al rescate del Acapulco tradicional, en el primer semestre de este año (El Sur 29/10/2018). Adquiere relevancia también el grado de honestidad con el que se operan los recursos públicos.

Ahora bien, la Comisión de presupuesto y cuenta pública del Congreso local todavía no cuenta con los elementos necesarios para ese análisis, ya que carece de la información desglosada de la propuesta del presupuesto estatal 2019; y mucho menos se conoce lo contemplado en el presupuesto de egresos del gobierno federal, ya no digamos de los municipios. Por lo que la intención de conjugar puede quedar en buen deseo solamente. Habida cuenta que estamos en la segunda mitad de noviembre; habiendo transcurrido la mitad del plazo fijado a la Comisión de referencia para elaborar el dictamen correspondiente y su envío al pleno de la cámara.

Sin información oportuna no puede haber participación certera y propositiva. Sin transparencia no habrá buena conjunción de esfuerzos. Sin adecuada coordinación, resultados positivos. Sin tiempo suficiente no pueden dictaminarse presupuestos que guarden lógica, racionalidad, alineación y congruencia entre la federación, el estado y los municipios. El peor escenario que se vislumbra es que cada uno de los gobiernos ande cada cual por su lado.

PD1. La dura, terca y amarga realidad del Guerrero bronco volvió a imponerse por encima de cualquier apreciación edulcorante hecha para estas sometidas y ensangrentadas tierras del sur.

PD2. ¡Cómo es posible que diputados vividores del PRD hagan subir a la tribuna legislativa a una joven legisladora para que presentara una propuesta de iniciativa reeleccionista, absurda y trasnochada, que sandeces es lo único que exuda!

PD3. El próximo miércoles, 21 de noviembre, en el Centro Internacional de Convenciones Acapulco, se realizará el 1er. Congreso Estatal del Movimiento Campesino, Plan de Ayala Siglo XXI, a partir de las 10 am. ¡Vamos por la IV transformación del país!

El poder para transformar

Héctor Manuel Popoca Boone.

Lo peor que le puede pasar a un gobernante que desea colocarse en un buen lugar de los recuerdos de los gobernados es usar el poder para meras banalidades; sobrellevar la situación con farsas y dedicarse al gozo y enriquecimiento personal que de él se derivan. Será un gobernante corrupto, indolente, mendaz y simulador; mandatario de la inmediatez y de la intrascendencia.

Por el contrario, aquel que aspira a ir más allá de su circunstancia y colocarse en el estrado de los estadistas, normará sus acciones de tal suerte que tengan claridad, visión de largo alcance y destino preciso; con el fin de atender y resolver de raíz aquellos tópicos que laceran e irritan a los gobernados.

Los problemas no resueltos de inseguridad, violencia, desigualdad, desempleo, pobreza, corrupción e impunidad; así como las necesidades no satisfechas de alimentación, salud, educación, vivienda, empleo y protección social,cuestionan la capacidad de los gobernantes para dirigir a sus pueblos y conducirlos por una ruta de bienestar, paz y estabilidad social.

No es un problema menor, máxime si esos políticos ponen en situación límite la gobernabilidad y gobernanza exigible. A tal punto sucede eso que empiezan a predominar regionalmente otros poderes de facto (económicos o delincuenciales), por encima de los poderes institucionales establecidos.

Romper esos círculos viciosos de latrocinios, insuficiencias e ineptitudes impone acciones gubernamentales contundentes y perentorias. En eso estriba la trascendencia o no de los gobernantes: Hacer los cambios verdaderos que lleven a las transformaciones sociales de gran calado vinculantes con las necesidades de la gente.

Las modificaciones en los estilos de gobernar importan mucho para llevar a la ciudadanía a una situación mejor de la que actualmente está; bajo la premisa que los gobernantes no podrán hacerlo solos o con sus reducidos grupos de allegados. La buena huella en el uso del poder estriba en la capacidad transformadora generada con la participación de la mayoría de la población e implementada en conjunto; y con autoridad moral.

Por eso son bienvenidas las declaraciones hechas por el gobernador, Héctor Astudillo Flores, en el pasado Congreso Nacional de la Justicia Administrativa en México, donde dijo “tener plenas coincidencias con los principios básicos del Presidente electo de la república, Andrés Manuel López Obrador (AMLO): No robar, no mentir y no traicionar”; que “el mensaje de los electores es que quieren mejores gobernadores, mejores legisladores, mejores magistrados y mejores alcaldes”. Dijo estar convencido de que “será muy buen tiempo el que viene y que trata de entender y aceptar lo que la gente mandó: los nuevos usos del poder”

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Aseveró que “todos los niveles (de gobierno) deben atender y escuchar los señalamientos constantes hacia la corrupción en el gobierno y los excesos de los poderes. Finalizó diciendo: “El mensaje es que debemos estar más comprometidos con la sociedad que comprometidos con lo que nos pueda interesar a nosotros en lo particular o en lo familiar.” (Daniel Velázquez. El Sur. Septiembre 07/10/2018).

En palabras de Eduardo Robledo Rincón: “Hay que caminar hacia una nueva práctica política/gubernativa eficaz, en el marco de una sociedad cada vez más democrática, donde las necesarias transformaciones requieren la participación activa de los actores sociales. Es decir, tener la capacidad de co-decidir cuáles son las demandas más importantes de hoy en día, bajo la égida de una gobernanza eficaz.”

PD1. Dicen que todos los males que padecemos son heredados del pasado. Pero al estar vigentes y no tener disminución significativa, los gobernantes actuales acusan también responsabilidad.

PD2. Fue de escándalo público el que catedráticos de la UAGRO dobletearan sueldos al incorporarse a la administración pública, durante el período del ex gobernador Rogelio Ortega; quién declaró, junto con el rector Javier Saldaña, que se cruzarían nóminas, pero lo único que hicieron fue cruzarse de brazos. Ojalá no pase lo mismo hoy, ante la denuncia que en el mismo sentido ha hecho la presidenta municipal de Acapulco en relación a la nómina del Ayuntamiento de Acapulco.

La desigualdad social.

Héctor Manuel Popoca Boone.

Elemento subversivo y generador de violencia es la desigualdad social prevaleciente en México. Es caldo de cultivo, de irritación y frustración colectiva, generada por el contraste, cotidiano e insultante, de los muchos que casi nada tienen, frente a los pocos que lo tienen todo; provocando la floración de desesperación y ambición humana, desmedida y rapaz, por poseer riquezas materiales a costa de lo que sea.

México en lo general, Guerrero en lo regional y Acapulco en lo local, están atravesados por una desigualdad ciudadana cada vez más aguda y grosera, revestida de inseguridad pública, corrupción e impunidad; que no permite tener circunstancias propicias y favorables para el sano desarrollo humano. Por el contrario, la situación actual constriñe cada vez más nuestra libertad de ser, trabajar y transitar; a causa de un temor que llega al horror; provocado por un terror delincuencial exacerbado, que embarga de incertidumbre y angustia total nuestro presente y porvenir, individual y colectivo.

La desigualdad social es generada por la distribución inequitativa de la riqueza material producida por una sociedad a lo largo de un período de tiempo. En otras palabras, por la acentuada disparidad en el reparto del ingreso nacional que, en nuestro caso, es gerenciado por la plutocracia que ha detentado el poder económico y político durante muchos años, liderada por los dos Carlos de triste fama: Salinas de Gortari y Slim.

Hoy, los barones del dinero junto con sus gobernantes incondicionales, medios de comunicación y partidos afines (PRI-PAN-PRD), se desgarran las vestiduras porque se puso un hasta aquí a uno de sus múltiples pingües negocios privados: el nuevo aeropuerto y terrenos aledaños en Texcoco, financiado en buena parte con dineros del pueblo. Recordemos el latrocinio multimillonario cometido con el FOBAPROA para rescatar de la quiebra a los banqueros. Fue instrumentado décadas atrás. Todo el pueblo mexicano sigue pagando su costosa e inaudita instrumentación.

México es distintivo entre las naciones de América Latina por la gran desigualdad social que existe entre sus habitantes. Ocupa el lugar 18 de 25 países. Muy por debajo de Argentina, Chile, Costa Rica,… entre otros.

Es posible comenzar a reducir la brutal brecha que separa a los ricos (minoría) de los pobres (mayoría abrumadora), al empezar a elevar los índices de bienestar colectivo, de paz y de seguridad pública; provocando con eso la reducción sustancial de la criminalidad, discriminación  y la corrupción ampliamente arraigadas a lo largo y ancho del territorio nacional. También contribuirá, la aplicación de diversas políticas públicas al unísono, como es construir un sistema fiscal progresivo (donde mayormente sean gravados los que más tienen, y no como ahora, donde las grandes empresas son las primeras que eluden, sistemáticamente, el pago de sus responsabilidades tributarias).

También es conveniente, incrementar el poder adquisitivo de la clase trabajadora; transitando de un esquema de salario mínimo a otro de salario digno; haciendo valer los derechos económicos de las mujeres y jóvenes.

Concomitante, es requisito ampliar en cantidad y calidad, de forma universal y gratuita, el acceso a los servicios de salud, educación y vivienda, además de otros programas de protección social dirigidos a la población con pobreza extrema.

El incremento de los presupuestos adicionales requeridos puede ser cubierto con la recaudación de los impuestos progresivos. Como dice Peter Townsend: Para erradicar la pobreza extrema hay que terminar con la riqueza extrema.

PD1. En el nuevo gobierno federal, no tendrán cabida los presos políticos, la corrupción, la impunidad, ni las ilegales intervenciones telefónicas con fines de espionaje político. Dichos temas siguen vigentes en Guerrero, lamentablemente.

PD2. “Se acabó el gobierno al servicio de una minoría”. El Estado mexicano no puede estar “supeditado a mercados financieros”. Así lo dijo el Presidente electo de México. La bolsa mexicana de valores está controlada y manipulada por los grandes accionistas de las grandes empresas que ahí cotizan.

Los coordinadores estatales.

Héctor Manuel Popoca Boone.

            Cuando anunció el presidente de la República su intención de suprimir los delegados federales en los Estados para dejar un solo coordinador provocó irritación mayúscula de varios gobernantes estatales. Por cuanto a que esa medida, suponen la supresión de la interlocución de ellos con el presidente de la República o con los secretarios federales. A la par, temen la disminución en la asignación de recursos federales -adicionales a sus participaciones fiscales- cuyo control sería transferido a los eufemísticamente hablando, virreyes federales de nuevo cuño.

La extinción de la figura de delegado federal es motivada por razones de adelgazamiento de puestos de mandos medios y superiores al adoptarse una fisonomía de gobierno republicano y austero, en un contexto de erradicación de la corrupción, el clientelismo político y las intervenciones ilícitas de los delegados federales en las campañas electorales para apoyar a los candidatos de tal o cual partido político.

La iniciativa de ley para realizar las modificaciones a la estructura de la administración pública federal da más luz sobre el asunto que nos ocupa. Por principio de cuentas, habrá un “Delegado federal de Programas para el Desarrollo” y la unidad administrativa a su cargo se denominará “Delegación de Programas para el Desarrollo”. Dicha unidad tendrá como función principal las tareas de: a) coordinación entre las autoridades federales, estatales y municipales con la presidencia de la República, b) la supervisión en la prestación de servicios y de la tramitología a cargo de las hasta hoy delegaciones federales; además, c) coordinar las acciones para la concreción de las prioridades presidenciales; así como del establecimiento de los mecanismos para una mayor vinculación presidencial con la ciudadanía.

El coordinador estatal será designado por el presidente de la República y dependerá de un coordinador general de “Programas para el Desarrollo” a nivel nacional, mismo que dependerá de la Oficina de la Presidencia.

Las actuales delegaciones federales serán a partir de diciembre denominadas “Oficinas de Representación” de las diversas secretarias. Estarán jerárquica y funcionalmente adscritas a los respectivos secretarios designados, con el objeto de que los actos de autoridad que de ellas emanen sigan ejerciéndose de manera regular. O sea, seguirán ejerciendo las facultades y atribuciones que por materia hoy atienden.

Algunas dependencias federales desaparecerán, otras se mantendrán y algunas se fortalecerán; dependiendo del rol que jueguen en la instrumentación de los 25 programas estratégicos señalados por el presidente electo. Para eso se hará una revisión a fondo de sus respectivos funcionamientos; estimando el costo-beneficio de seguir operando y la manera en que entregan resultados.

PD1. Un productor rural de la región de Tierra Caliente hace la siguiente denuncia a través de las redes sociales: “Es imposible quedarse callado, están asaltando a los campesinos en el Distrito de Desarrollo Rural de la SAGARPA en Ciudad Altamirano; en estos momentos están entregando cheques de S 4 500.00 por productor, les hacen firmarlos y les quieren dar solamente tres mil pesos en productos agroquímicos y el que no quiera dichos líquidos, le van a dar solo mil trescientos pesos”. Otro productor de Atoyac también dice que “en el caso del café, el paquete tecnológico tiene un valor comercial de $ 1 118.00 y el proveedor le factura a la SAGARPA con monto alterado que asciende a $ 2 500.00” ¡Uf!

PD2. Que quede claro, los “amigos organizados” no se entronizarán en el ayuntamiento de Acapulco. Todos estamos con la presidenta municipal, Adela Román Ocampo.

PD3. Hay que poner las barbas a remojar: No habrá incremento al presupuesto de las universidades públicas en el 2019 sino se obligan a rendir cuentas públicas y de resultados, en forma honesta y transparente. Así lo indicó el presidente electo de la república.

           

Tiempos de cambios.

Héctor Manuel Popoca

La democracia no es un decreto múltiple de felicidad, como asienta Eduardo Robledo Rincón en su libro: Poder, ¿para qué?  Sobre todo, cuando su acceso va cargado de las exigencias de una ciudadanía esperanzada, que reclama acciones y resultados inmediatos. Por eso, hay que caminar hacia una nueva práctica gubernativa eficaz, donde el poder esté al servicio de la causa ciudadana y sea manejado con humildad y sencillez.

El gobernante que accede al poder para administrar la cosa pública puede ir más allá; puede trascender su circunstancia en función de su capacidad para innovar en su actuación, identificando la génesis de los verdaderos problemas que irritan colectivamente a los gobernados. Por ejemplo, ingobernabilidad, inseguridad, desigualdad e injusticia, entre otros, son obstáculos que cuestionan la capacidad para dirigir al colectivo por una ruta adecuada en la consecución del bienestar y paz a corto plazo.

Para hacer viable una agenda para el cambio se requiere sumar fuerzas. De ahí la importancia de hacer alianzas políticas hasta el límite que nos señalen nuestros principios y valores ideológicos. El ceder y negociar en lo secundario para avanzar en lo sustantivo se vuelve destreza clave en el proceso del ejercicio y administración del poder; para así convertir la energía social en instrumento transformador dentro de un escenario nacional que exige mayor visión, compromiso y transparencia. Estamos en una situación de retos y desafíos de un mundo globalizado más cambiante que en otros tiempos; tanto para bien como para mal.

“Ahora los gobernantes no pueden hacerlo todo y solos”; no hay cabida para gobiernos autoritarios, verticales y poco interactuantes con las organizaciones civiles. Cualquier decisión o propuesta en la democracia tiene que conciliarse y negociarse civilizadamente. Se requiere construir consensos con diferentes actores sociales, económicos y políticos antes de llevarlas a cabo. Quedaron atrás las hegemonías y las prepotencias. La transformación democrática de la sociedad solo se hace con la participación de la mayoría del pueblo.

El poder, en un contexto democrático, hace irremplazable la necesidad de que las agendas de los diferentes actores políticos se tomen en cuenta, según el peso político específico que tienen sus protagonistas. La responsabilidad de un gobernante es ser incluyente y proceder a la articulación, para así lograr la cooperación de todos en la consecución de los fines comunes.

El prometer en política, entusiasma; el no cumplir, desacredita. Una cosa es acceder al poder y otra es aplicarlo, su realización debe de ser de tal manera que los ciudadanos tengan la certeza que habrá progresos importantes en la solución de sus ingentes problemas.

En las últimas tres décadas los gobernantes y sus equipos de trabajo arribaron al poder con el propósito del gozo personal y del disfrute de los privilegios que de él se derivan y que van desde los económicos y políticos hasta los meramente egocéntricos que motivan la rapaz participación en la política.

En ese marco, el poder se entiende para muchos gobernantes y políticos como una unión de falso prestigio, de mando sobrevaluado y obtención de canonjías de toda naturaleza. Un gobierno con ese tipo de políticos será un gobierno mediocre, sin altura de miras o rumbo. A los más, podrá hacer obras y acciones buenas de pequeña envergadura, pero no serán de trascendencia.

Hay procesos gubernamentales donde es perentorio socializar su operación; en virtud de que la unilateralidad genera poca credibilidad y escaza participación popular. Hay que insistir en que la democracia en sí misma no da resultados positivos inmediatos y es un sistema de gobierno exigente, en lo mucho y en lo pronto.

PD. Reconozco la deferencia del presidente de la comisión de presupuesto y cuenta pública del congreso local, Alfredo Sánchez, para invitarme a participar como asesor en la misma; en el mismo tenor al Dr. Víctor Villalobos Arambula, futuro secretario de la SAGARPA, en su equipo de transición.

Los cambios para transformar.

Héctor Manuel Popoca Boone.

Bien para Guerrero tuvo el encuentro del presidente electo de la República, López Obrador, con el gobernador del estado, Astudillo Flores. Hubo un mayor conocimiento personal mutuo, en un marco de respeto y de reconocimiento a la jerarquía institucional que nuestra democracia federal les otorga a cada cual.

De buenos gobernantes fue anteponer los intereses superiores de Guerrero, a sus diferencias en el estilo de gobernar. La mayoría de los mexicanos demandamos nuevas formas de usar el poder; es decir, de cómo ponerlo al servicio y beneficio de todos; y no de unos pocos.

Es un imperativo popular, exigido democráticamente. Hay aceptación e intención del presidente de la república y del gobernador estatal para responder a las expectativas sociales por los cambios y transformaciones demandadas por los mexicanos en general y los guerrerenses en particular.

“Primero los pobres.” “Nadie por fuera o por encima de la ley.” “No robar. No mentir. No traicionar.” De consignas de campaña política se convertirán en normas para la acción gubernamental federal, que regirán en los próximos seis años. El gobierno estatal, así como el gobierno municipal de Acapulco, encabezado por Adela Román Ocampo, consintieron allanarse a los mismos para el cambio en el ejercicio de gobierno.

En otras palabras, la semana pasada en Acapulco, los tres gobernantes declararon públicamente sumar esfuerzos para elaborar la agenda del cambio y concretar las acciones conjuntas para realizarlo. De esa conjunción de intencionalidades políticas, el mayor beneficiario será Guerrero.

No será fácil, porque afloraran las resistencias de aquellos beneficiarios de lo que hasta ahora se trata de transformar de manera trascendental. No será sencillo, porque habrá vicios de poder enquistados antaño que representan serios obstáculos, como lo son; la deshonestidad, la impunidad, el desapego social, el usufrutuo del poder visto como un fin para el beneficio personal o de grupo y no como un medio para lograr el bienestar social. Se opondrán todas las viejas formas de ejercer el poder público que nos han llevado al empantanamiento y a la degradación de la convivencia pacífica en las últimas tres décadas.

Enrique Peña Nieto en el plano nacional, Javier Duarte en Veracruz y Evodio Velásquez en Acapulco, son prístinos ejemplos de lo aquí asentado. Por eso, no será del todo inmediato el desprenderse de erróneos y enraizados hábitos que permean el ejercicio de gobernar, como lo son: la simulación, la farsa, la mendacidad, la ineptitud, la omisión premeditada, el cinismo, la hipocresía o la frivolidad entre otro tipo de excesos.

La primera oposición política soterrada será la de los políticos conservadores. Aquellos que quieren que se preserve el statu quo gubernamental del cual se han inflado y enriquecido sin medida. Como buenos zorros fingirán cambiar para que todo permanezca igual, a pesar de los malos resultados institucionales a lo largo de las tres últimas décadas y que están a la vista de todos: inseguridad, pobreza, falta de empleos, ingobernabilidades regionales, despojo de territorios y recursos naturales, además del malestar generalizado de la ciudadanía por el estado actual de las cosas.

A lo anterior hay que agregar una mayor desigualdad e injusticia social, endeudamiento público y desgobierno regionalizado. Por eso son urgentes los cambios para las transformaciones estructurales que reviertan esos perniciosos y agravados resultados que han clausurado los senderos para logar bienestar social, paz y certidumbre colectiva en el futuro.

Por último, pero no menos importante es la actuación de los “amigos organizados” que representan también otro fuerte obstáculo para la gobernabilidad, para la paz, y la cohesión social, tanto a nivel estatal como nacional.

PD. No obstante que no hay mella en la inversión y el empleo, en los últimos tres años no se ha podido cumplir con la principal consigna gubernamental: orden y paz.

Las guerrilleras urbanas.

Héctor Manuel Popoca Boone.

Para Lourdes Quiñones Trevizo.

A partir del año de 1968 y como consecuencia de la brutal represión gubernamental a los jóvenes estudiantes, se intensificó la participación de la mujer en el seno de los grupos guerrilleros urbanos. Dicha actuación emancipadora en pos de un México mejor, no es recordada en todo su valor histórico, tal como lo es la participación masculina.

Si bien es cierto que la motivación principal que tuvieron para tomar las armas fue de índole político-ideológico, al buscar por la vía violenta un cambio estructural en el país orientado al socialismo, también en algunas de ellas hubo causas motivacionales de índole existencial, ya sea por convocatoria directa de sus amistades, por vínculos familiares o de repudio a la represión gubernamental contra el movimiento estudiantil del año 1968 y de la marcha de 1971.

Las guerrilleras urbanas tenían de 17 a 25 años de edad promedio, de clase media, en su mayoría con estudios de nivel medio y superior, en el marco de la efervescencia política-ideológica universitaria, donde el personaje paradigmático era el Che Guevara y la saga de la revolución cubana y de la guerra antimperialista en Vietnam. Sus terrenos de combate fueron de carácter regional; siendo los estados de Chihuahua, Sinaloa, Jalisco, Nuevo León, Sonora y la Ciudad de México.

Generalmente no rebasaban un 30 por ciento del total de participantes, en no menos de 20 grupos de guerrilla urbana; pero a diferencia de las que actuaron en el medio rural que fungieron más como bases de apoyo y salvaguarda, las guerrilleras urbanas tuvieron un papel más protagónico en los eventos armados, bien fueran éstos, asaltos a bancos, secuestros o de plano enfrentamientos directos con cuerpos militares, policíacos y paramilitares adiestrados en contrainsurgencia. Algunos de sus compañeros sobrevivientes resaltan de ellas la valentía, el arrojo, la templanza, la capacidad organizativa y la habilidad con las armas, cualidades siempre asociadas a lo masculino.

La toma de las armas les dio un insólito empoderamiento en la lucha por la emancipación de la mujer; representando un tipo de feminismo empírico más allá de lo teorizante que, desde la perspectiva de género, les valió el respeto, el compañerismo y la equidad en la distribución de las faenas, entre hombres y mujeres al interior de los grupos guerrilleros.

La represión desatada contra ellas, por la policía y milicia antiguerrilla, estuvo impregnada de mucha saña. El machismo exacerbado llevaba a los represores al más abyecto sadismo en los tratos crueles que culminaban en el asesinato y la desaparición forzada; habiendo sido previamente torturadas en forma atroz y denigrante para que delataran a compañeros e informaran la localización de casas de seguridad. Los datos disponibles (no certificados) de ese horror y terror dan cuenta de al menos 53 mujeres guerrilleras desaparecidas forzadamente o muertas en combate directo; 14 asesinadas, 70 encarceladas, 7 exiliadas y 19 detenidas y liberadas posteriormente.

La brutal represión contra la guerrilla urbana dio origen a su vez a la toma de conciencia de las madres en la búsqueda de sus hijos guerrilleros, desaparecidos por los cuerpos policíacos o militares. El activismo emblemático de esa modalidad persistente de protesta y lucha social fue el Comité Eureka, pionero de las organizaciones ciudadanas que actualmente exigen la presentación de los desaparecidos y el respeto de todos los derechos humanos.

Las guerrilleras urbanas y rurales mexicanas del siglo XX, al empeñar y ofrendar su libertad y vidas por la causa del socialismo, fueron factores importantes para el empoderamiento y la mayor participación de la mujer en las actividades políticas democráticas del México actual; logrando lo que, en aquel entonces, era impensable: la igualdad con el hombre en el número de candidaturas a puestos de elección popular.

PD. A partir de la lectura del ensayo: Mujeres, guerrilla y terror de Estado en la época de la revoltura en México. Adela Cedillo.

El campo calentano.

Héctor Manuel Popoca Boone.

Pudiendo ser un gran emporio agropecuario la región de Tierra Caliente de Guerrero es actualmente un preclaro ejemplo del abandono de campo mexicano. Producto de la nefasta política económica que los gobiernos federales emanados del PRI y el PAN implantaron en México desde hace más de treinta años

Fue reafirmada tal aseveración en el foro organizado por el Movimiento Campesino Plan de Ayala. Siglo XXI en Ciudad Altamirano donde se expusieron propuestas de desarrollo rural para la región. El evento estuvo bajo la coordinación del ingeniero agrónomo, Rosalío Damián Navarrete.

Los productores y profesionistas rurales del municipio de Cutzamala presentaron, a través del Ing. Sánchez Mireles, una ponencia que refuerza mi apreciación inicial; a saber, un agudo deterioro en que se encuentra la grande infraestructura hidroagrícola y pecuaria del que debiera de ser por antonomasia el principal granero alimenticio de la zona sur de México.

Manifestaron que más de quince mil hectáreas de riego y otras extensiones de tierras de temporal no tienen ningún uso productivo en la actualidad. A pesar de los miles de millones de pesos que el General Lázaro Cárdenas logró que el gobierno federal invirtiera para la construcción de varias presas hidroagrícolas y sistemas de riego, cuando era Vocal Ejecutivo de la Comisión del Rio Balsas. Hoy se encuentran convertidos en sistemas de “riesgo”, por la inseguridad pública imperante.

Si el nuevo gobierno federal del cambio verdadero pretende la autosuficiencia alimentaria nacional, (al producir a mediano plazo los granos básicos para más de 125 millones de mexicanos y dejar de importar alrededor de 10 millones de toneladas anuales de maíz de las que somos deficitarios) entonces, la región de Tierra Caliente debe de ser una zona de atención estratégica nacional para tal fin

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Dijeron que, a consecuencia de la pérdida de rentabilidad del campo calentano, existe fuerte migración de la fuerza productiva laboral de la región hacia las grandes ciudades o a los campos de EUA y Canadá, en el mejor de los casos. “Más del 50 por ciento de los agricultores y ganaderos han abandonado dichas actividades; provocando que la producción agrícola (maíz, sorgo, ajonjolí, etc.) y ganadera (bovinos, ovinos, porcinos, aves, etc.) haya disminuido en más del 40 por ciento durante este último sexenio.”

Hicieron énfasis que el declive del campo mexicano se debió a la apertura indiscriminada y libre importación de granos de otros países, así como al retiro abrupto de subsidios a la producción y comercialización agropecuaria que el gobierno federal adoptó como política pública transexenal; lo que distorsionó hacia la baja los precios de los granos en el mercado en virtud que los alimentos importados sí recibían fuertes subsidios en sus países de origen; originándose una competencia económica desleal y desventajosa para nuestra actividad económica primaria.

Aciertan mis amigos calentanos cuando dicen: “Los programas del campo del régimen gubernamental que está a punto de concluir, se caracterizan por ser excluyentes del sector campesino y productores a pequeña y mediana escala y los proyectos productivos, en un gran porcentaje, son simulación e incubadoras de actos de corrupción. Los profesionistas-asesores de los productores laboran bajo condiciones de salarios precarios, inseguridad en el empleo, sin las mínimas prestaciones que por ley les corresponden, lo que conlleva a cometer actos deshonestos en estas áreas de trabajo.”

Finalmente coincidí con los productores rurales de Tierra Caliente sobre la necesidad retomar proyectos de gran aliento para incrementar significativamente la producción de granos básicos y no solo seguir con los programas para la distribución de “chácharas productivas”, dentro de los cánones imperantes en mochelandia.

            PD1. Bonitos ejemplos dan los legisladores locales al ser los primeros en violar las normas establecidas. ¡ Uf !

            PD2. Una vez más ha quedado constatado que la corrupción es prohijada y practicada, ejemplarmente, desde los más altos niveles de gobierno.

Cruzados ante el hambre.

A la memoria de Don Alejandro Cervantes Delgado. Como él, ninguno mejor.

Héctor Manuel Popoca Boone.

A inicios del 2013, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, dio inicio a la estrategia denominada, “Cruzada Nacional contra el Hambre”, que, en su primer año, pretendía atender a 7.4 millones de mexicanos que padecían pobreza y desnutrición extrema en 400 municipios del país. El gobierno federal tomó en Guerrero, como casos prototipos de arranque nacional, un municipio rural (Mártir de Cuilapan-Apango) y una colonia sub-urbana del municipio de Acapulco (Simón Bolívar).

La estrategia implicaba un giro estructural en el combate a la pobreza. Intervendrían los gobiernos, federal, estatal y municipal, a la par que las comunidades; conjuntando y conjugando esfuerzos para garantizar salud, educación, vivienda, una mejor economía y servicios públicos básicos eficientes como caminos, calles, agua, luz, drenaje, entre otros. Inclusión y bienestar social, fue la consigna de la cruzada. Se pretendía elevar la calidad de vida de quienes nunca la han tenido aceptable y que son, hasta la fecha, decenas de millones de mexicanos.

La cruzada estuvo dirigida por la SEDESOL federal. Era una política pública de “corresponsabilidad y de coordinación interinstitucional”, la cual no sólo buscaba erradicar el hambre, sino las circunstancias que la rodean. Otros componentes de la misma eran fortalecer las capacidades productivas locales junto con la acción comunitaria; es decir, que los beneficiarios fueran no sólo sujetos pasivos, sino activos para lograr el progreso sustancial de sus familias y hábitats.

Los objetivos eran lograr la meta “hambre cero”; eliminar la desnutrición infantil aguda, con mejores alimentos, cocinas y comedores comunitarios; diversificar los mecanismos de abasto popular; incrementar empleos y microcréditos; aumentar las capacidades productivas de los productores y trabajadores, capacitar y apoyar a jóvenes emprendedores y amainar la grande desigualdad social.

La estrategia sexenal duró solo un año. Fue fallida, onerosa y tronchada. Careció de suficiente información y transparencia; se estima que en el año inicial se invirtieron alrededor de 110 millones de pesos en las dos comunidades piloto, con resultados intrascendentales.

 Analizando este fracaso gubernamental con el maestro en ciencias territoriales de la UAGRO, Iván Sánchez Ignacio, coincidíamos en las siguientes causas: Falta de coordinación interinstitucional; ausencia de un plan territorial que guiara las acciones y recursos, lo que ocasionó que cada dependencia anduviera por su lado, aplicando sus tradicionales programas, con reglas de operación engorrosas e inflexibles; ausencia de la participación social en el diseño, gestión, operación y evaluación de la estrategia; lo que condujo a una falta de continuidad multianual. Después del año inicial, los programas y proyectos entraron en la etapa del abandono acelerado y disminución de la participación comunitaria.

Fueron también causa de la ineptitud institucional, la falta de capacidad de los gobiernos, estatal y municipal, de hacer suya la estrategia; desconociendo la información básica de las comunidades seleccionadas y la carencia de acompañamiento técnico a los proyectos productivos que las instituciones impusieron unilateralmente,

Conclusión: la Cruzada contra el hambre, resultó una añagaza que solo hizo ricos a unos cuantos vivales, con una gran cantidad proyectos fracasados. Mientras tanto, los gobernantes y servidores públicos siguen cruzados de brazos ante el hambre de los pueblos de Guerrero.

PD1. Una faceta del ejercicio de la política es llegar a acuerdos entre las partes, siempre y cuando no se traicionen los principios y valores ideológicos que sustentan cada cual. Lo contrario es pura tranza tracalera, realizada en lo oscurito.

PD2. Mañana domingo, en el Centro Cultural, Antonio Villela, de Ciudad Altamirano, se efectuará la reunión del Movimiento Nacional Campesino Siglo XXI-Guerrero, en la región Tierra Caliente. A las diez de la mañana. Allá estaremos.

Bancarrotas municipales.

Héctor Manuel Popoca Boone.

Buena parte de los presidentes municipales salientes entregarán la administración de sus comunas peor de como las recibieron; ya de por sí algo o mucho deterioradas. Principalmente tocante a las finanzas públicas, entre otros activos. La mala administración es consecuencia de un desordenado estilo de gobernar, en mucho impregnado de corrupción e impunidad que culmina en rapiña descarada.

Los déficits financieros son de consideración y deberían de estar reflejados en las actas de entrega-recepción elaboradas en forma previa y oportuna antes de la entrega del poder municipal. Lamentablemente no es así, debido a que en dichas actas no queda plasmada toda la problemática, ni todos los pendientes, ya que son elaboradas apresuradamente, con datos poco transparentes y a la vez maquillados. Una previa auditoría realizada por un despacho contable profesional externo y aceptado por las partes, sería lo recomendable.

Lo primero que enfrentará un presidente municipal entrante son todas las deudas de corto plazo, en materia de sueldos y salarios devengados, así como los correspondientes aguinaldos del personal; los adeudos reales o ficticios de empresas proveedoras de bienes y servicios que el gobierno saliente no pago; los débitos a compañías constructoras por obra pública realizada y no pagada total o parcialmente; además de detectar las “obras fantasmas” o de mala calidad cobradas en su totalidad. Seguramente hará falta dinero para darle continuidad al suministro de agua, recolección de basura, pagos de electricidad, luminarias y gasolinas entre otros servicios públicos municipales.

Qué decir de la deuda pública de mediano plazo que no ha sido amortizada en los plazos correspondientes; donde la deuda se va heredando en forma acumulada de una administración a otra, rebasando la capacidad de pago que tiene el erario público municipal y que compromete seriamente la operación eficaz de los nuevos ayuntamientos.

No menores adeudos pueden encontrarse en laudos laborales ganados por trabajadores que no se han solventado; corriendo los riesgos de embargo de bienes muebles e inmuebles del ayuntamiento. También es de fijarse la abultada nómina de personal que no va a laborar; o si asiste, simula trabajar. Buena parte de las policías municipales continúan sin certificación. Es común que, en las postrimerías de las administraciones públicas, haya venta de nuevas plazas de base, al mejor postor o a la mejor conveniencia.

Los que se van, prácticamente se llevan todo y dejan tan solo lo inservible y con archivos desvalijados. Arrasan con todo aquello que sea transportable. Coches, computadoras, artículos eléctricos, aires acondicionados, refacciones e inventarios y, en el peor de los casos, armas de fuego asignadas a la seguridad pública municipal, cuyo destino final es la delincuencia. Físicamente no se llevan el palacio municipal, nada más porque no pueden hacerlo, pero la voracidad en el latrocinio no tiene límites.

Hasta ahora, han sido penosas e intrascendentes las actuaciones de las Auditorías, federal y estatal, en los procesos de entrega-recepción de ayuntamientos; por cuanto a sancionar toda la corrupción que emana de ellos; no existiendo voluntad verdadera de extinguir la impunidad que la enmarca. Veremos ahora sus comportamientos en el presente proceso porque, sin lugar a dudas, buena parte de los ayuntamientos de Guerrero están enladronados.

PD1. De escándalo la corrupción imperante en la UAGRO. Los jóvenes para ser admitidos en ciertas unidades académicas, tienen que “dar moche” o “pagar arancel” por derecho a entrar. Por ejemplo: En la de nutrición, se les pidió 5 mil pesos. En la de enfermería, 40 mil pesos y en la de medicina 130 mil pesos. Estamos integrando, a través del correo-e, h.popoca.b@gmail.com, un expediente documentado de estas corruptelas para entregárselo a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y también a AMLO en su próxima visita a Guerrero.

PD2. “¿Cual inseguridad en Acapulco? ¡por favor!” Exclamación del empresario, Juan Antonio Hernández, dueño del Fórum Imperial en Acapulco, ante pregunta de reporteros, hace nueve meses (El Sur. 29/12/ 2017).

Impunidad S. A.

Héctor Manuel Popoca Boone.

En este mes se cumplen cinco años de que el huracán Ingrid y la tormenta tropical Manuel impactaron el territorio nacional (15/sept/2013), con saldo de 150 muertos, 68 desaparecidos, un millón 200 mil damnificados, 36 mil 961 casas afectadas y daños estimados en 75 mil millones de pesos (la mayor parte en Guerrero); a la fecha, no hay responsables sancionados por el otorgamiento de permisos de construcción en zonas de alto riesgo en donde se presentan, de vez en vez, desbordamientos e inundaciones naturales como lo fue en el área de Acapulco-Diamante; provocando pérdidas humanas y materiales.

“Esto implicará conocer cuáles fueron las zonas en las que, de manera inapropiada y con permisos, seguramente también sin sustento legal, se otorgaron y donde se edificaron construcciones, lo que impidió que se drenara adecuadamente el agua que se acumula por los ríos en esta región y que, a partir de ello, se realice la investigación correspondiente”, expresó el Presidente de la república, Enrique Peña Nieto (EPN), durante una reunión de evaluación de daños ocasionados por Ingrid y Manuel, efectuada en Acapulco

La identificación de responsables de actuaciones presuntamente ilícitas fue ordenada por EPN a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), en ese entonces a cargo de Jorge C. Ramírez Marín, quien debió realizar un informe y presentarlo tres semanas después. Han pasado 5 años desde entonces y el informe sigue sin conocerse públicamente, si es que existe.

En el ámbito local, la Fiscalía del estado de Guerrero, por instrucciones del entonces gobernador, Ángel Aguirre Rivero, inició su propia investigación a través de la averiguación previa 1179 en el Ministerio Público de Costa Azul, donde fue solicitada la presentación de 27 ex funcionarios públicos, incluidos ex alcaldes municipales; pero hasta el momento no se sabe nada del curso que tuvo el expediente aludido. Lo mismo pasó con la información requerida a ocho grandes inmobiliarias involucradas, en diferentes tiempos, en la construcción de casas de carácter social en esa zona inundable.

Posteriormente, la Sedatu por insistencia de información de reporteros, respondió con inverecundia: “Las licencias y permisos fueron otorgados aproximadamente hace 10 años, por lo cual, aparentemente, las acciones para presentar denuncias penales o administrativas, podrían estar prescritas”.

En ese mismo lapso, EPN instruyó la formulación de un programa para la reconstrucción del estado, mismo que se instrumentaría con todas las dependencias federales coordinadas por la secretaria de la SEDESOL, Rosario Robles Berlanga. Así nació el Plan Nuevo Guerrero, que se dio a conocer al público el 7 de noviembre del 2013, contemplando 37 mil 715 millones de pesos, para el ejercicio fiscal 2014. Dicho plan en algunos programas puestos en operación no tuvo metas precisas, mucho menos plazos de finiquito. Los recursos se operaron y dieron a conocer con poca información detallada.

Se pretendió darle participación a la sociedad civil para monitorear el Plan a través de un “Consejo Estatal para la Reconstrucción de Guerrero”, que fue presidido por el político y empresario, Miguel Alemán Velazco. Estaba integrado por destacados personajes del sector privado, social, universitario y eclesiástico, tanto del nivel estatal como nacional. La actuación de dicho Consejo fue decorativa y no rindió informe alguno de evaluación de los resultados obtenidos, por no contar con la suficiente información. Fue tan solo una faramalla, ya que no fue autónomo ni tuvo recursos independientes para su cometido. No logró transparentar la operación de los recursos federales del Plan Nuevo Guerrero.

A finales de abril 2015, se realizó la última sesión protocolaria del fallido Consejo, donde como conclusión irónicamente se comentó tras bambalinas: “Todo lo que entró, salió; y no hay más información” Corrupción e impunidad S.A. de R.L.

PD1. Bajaran o subirán los homicidios, pero no hay región del estado donde no haya pobladores alzados en armas para defender sus vidas y patrimonios.