Erario 2019

Héctor Manuel Popoca Boone.

La discusión en la cámara de diputados federal sobre el presupuesto de egresos (PEF) 2019 ha iniciado con gran fragor, por las partes que en él intervienen. Sobresale la cuarteta PRI-PAN-PRD-MC donde con nitidez digna de mejor causa, suman sus voluntades contrarias a la iniciativa que sobre el tema presentó el titular del Poder Ejecutivo Nacional.

         El pleito acalorado brinda la oportunidad, a la opinión pública, de saber lo que antes se ocultaba dentro de la opacidad; o sea, los pormenores con que se formulaba y aprobaba el erario federal de nuestra nación. Tal apertura fortalece la transparencia en la cosa pública.

         Por lo hasta ahora discutido y debatido, conocemos lo dicho en la defensa de esa iniciativa, tanto del Secretario de Hacienda y Crédito Público, Carlos Urzúa, como del presidente de la Comisión de Presupuesto de la cámara baja, Ramírez Cuellar. Ambos señalan que por lo menos de seis años a la fecha, la Presidencia de la República y el Congreso de la Unión estimaban y aprobaban, a la baja, los ingresos reales que iban a recaudar; a fin de que no aparecieran desde el inicio en el PEF autorizado y así “tener la manga ancha” para su gasto discrecional y sin control según lo dispusiera, unilateralmente, el presidente de la República en turno. No es un monto menor del que estamos hablando: son cerca de 80 mil millones de pesos promedio anuales.

Tema parecido pasa en Guerrero. El Presupuesto de Egresos Estatal se proponía y autorizaba a partir de una similar engañifa. De 2015 a 2017 fueron, en promedio, 12 mil millones de pesos anuales, los que escapaban de su registro y solo se venían a reflejarse, ya ejercidos, en la cuenta púbica final del año fiscal correspondiente. No es un monto despreciable para su gasto opaco.

         Regresando al PEF 2019, éste presenta reducciones en diversas partidas. Fundamentalmente en lo programado para gastos de operación (sueldos, compensaciones, viajes, viáticos, etc.) los cuales antaño se aplicaban invariablemente con poca transparencia, escaza eficacia y buena parte en forma superflua, cuando no corrupta; El derroche crecía desmedidamente en el marco de “Mochelandia. S.A. de C.V.”, año con año.

         Por otra parte ya fue corregida la iniciativa de reducción de presupuesto a universidades estratégicas del país. Pero no se escapa el saber que otras universidades públicas realizan gastos desordenados, despilfarradores y a veces con fines políticos, como los de la “La Gran Estafa”, a través de la cual el PRI recibió financiamiento ilícito encubierto de trámites legaloides; o aquellas universidades que han declarado públicamente sostener alianzas políticas estratégicas con el PRI y sus gobernantes.

         También hay incrementos de 6.4 por ciento real destinado a la inversión pública para crear infraestructura básica para el progreso de la nación: caminos, escuelas, hospitales, plantas de energía, vías ferroviarias, etc.). El incremento para los estados será de 8.3 por ciento real, dentro de sus participaciones fiscales. Ninguno tendrá disminución alguna.

Los aumentos serán de acuerdo con lo que estipula la Ley General de Coordinación Fiscal, que indica otorgar montos adicionales a aquellas entidades federativas que demuestren, cuantitativamente, mayores esfuerzos de recaudación fiscal local.

PD1. La desgraciadez actual del puerto no es imputable tan solo a “los amigos organizados”. De tiempo atrás, la delincuencia burocrática organizada de cuello blanco a saqueado y endeudado Acapulco con saña, alevosía y con la total impunidad.

PD2. Por supuesto que es lamentable que en el PEF 2019 haya una reducción del 20.5 por ciento para el año 2019 respecto al año que corre; pero también es lamentable que la Iniciativa de Presupuesto de Egresos Estatal contenga una reducción al agro guerrerense del 56.6 por ciento.

Resistencia a dejar privilegios.

Héctor Manuel Popoca Boone.

En estos quince días de nuevo gobierno federal, han resultado muy nítidos los tajantes rechazos de aquellos que se resisten a dejar privilegios económicos que sin parangón alguno han gozado desde décadas atrás. Su resistencia exhibe su desnudez de avaricia y egoísmo material; defendiendo hasta con las uñas afiladas y pulcramente barnizadas, las altas percepciones económicas burocráticas que reciben.

Aquellos que han contribuido a que reducidos plutócratas se hayan beneficiado desde antiguo con la mayor parte de la riqueza nacional, políticamente se resisten a dejar de hacerlo y llevarse su parte; usando una y mil argucias y artilugios legaloides, para defender lo que éticamente no les corresponde en una sociedad que quiere vivir con auténtica justicia social, sin pronunciada desigualdad.

En un país en donde la mayoría de su población tiene un ingreso personal insuficiente para adquirir la canasta básica alimentaria familiar, los gobernantes y legisladores, magistrados y funcionarios públicos, que supuestamente representan a la mayoría de la ciudadanía y cuya misión es velar por ellos, tienen salarios extra superavitarios, que rebasan por mucho lo requerido para llevar una vida satisfactoria, digna y decorosa. Guardan mucha incongruencia con el estatus económico de un pueblo exánime en el contexto de una democracia republicana.

Algunos magistrados y jueces; ciertos senadores y diputados; determinados presidentes y directores de órganos autónomos como el electoral, el de los derechos humanos, el de la información y transparencia, por mencionar los más conspicuos; dan cuenta de la aberración que postula que entre más paga tengan, más honestos serán. Circunscriben el mérito de ganar dinero a temas que son ajenos a los ámbitos axiológicos y deontológicos; a los de la ética y la moral.

Esos expoliadores de un exangüe presupuesto público aún no quieren percatarse de la brutal desigualdad social imperante en nuestro país; mantenedora de más de 60 millones de mexicanos en la pobreza -en sus diversas modalidades- que exigen una perentoria transformación, so pena que siga expandiéndose la ingobernabilidad, la violencia y delincuencia regional; escudándose estos altos burócratas en un marco de laxa y simuladora legalidad que ejemplifica la mala distribución del gasto público, sobre todo en lo concerniente a salarios y remuneraciones de los servidores públicos. Viven estos señores en sus “Palacios de Versalles”, saboreando sus pastelillos favoritos; mientras que la mayoría del pueblo en las calles grita de hambre y exige pan.

PD1. Guerrero nos necesita a todos. A los pobres, a los presos políticos, a las víctimas de la represión social, a los golpeados y torturados, a los indígenas encarcelados con incorrectos procesos judiciales, a los desposeídos y extorsionados, a los desamparados de la justicia puesta al mejor postor, a los que sin dinero son discriminados e ignorados, a los sin voz, a las dolientes y agredidas por género, a los desaparecidos, a los desplazados, a todos los jóvenes sin futuro. De lo contrario, la convocatoria oficial a la unidad seguirá siendo una frase lanzada al vacío, huera y por tanto de farsa.

PD2. Los partidos políticos, PRI, PAN, PRD y MC se unen para frenar la ley que reduce el sueldo de los altos funcionarios federales. Del PRI y del PAN se entiende; pero el PRD y el MC muestran que no tienen un gajo de mandarina.

PD3. Persiste la irresponsabilidad de la Secretaria de finanzas del gobierno estatal de no enviar al Congreso local el desglose del proyecto de presupuesto de egresos 2019. Parece que no quieren que se analice a detalle y tan solo se apruebe al vapor, previa intentona de “mochada”. Empezando por los acostumbrados a ella.

PD4. En febrero próximo, el presidente de la república, López Obrador, vendrá a Guerrero a dar el arranque del programa federal de fertilizante 2019, para productores de granos básicos.

Corrupción (R.I.P)

Héctor Manuel Popoca Boone

Desconozco si el presidente de la república se inspiró en la lamentable realidad de Guerrero para lanzar sus lapidarias y nada retóricas frases contra la corrupción y la inmunidad, vertidas el pasado sábado 1 de diciembre del año en curso. Pero vergonzantemente nos quedó el saco a la medida.

Una de las características distintivas de los gobiernos de Guerrero -en esta terminal época neoliberal- ha sido la corrupción y la impunidad, como “la principal función del poder público”; extendida a tal grado que “el sistema en su conjunto ha operado para ejercer esas prácticas” corrosivas del tejido social. Los gobiernos estatales y municipales, emanados del PRI como del PRD, las usaron para hacerse del poder y enriquecerse a costa de un pueblo que se crece en medio de la aguda pobreza y la extrema desigualdad social.

El presidente de la república, López Obrador, dijo enfáticamente: “El gobierno ya no será un simple facilitador del saqueo, ni será un comité al servicio de una minoría rapaz” Quizás estaba pensando en la empresa minera extranjera que actualmente explota uno de los más ricos yacimientos nacionales de oro, localizado en el fundo “Media Luna” en la zona de Mezcala. Cuyos concesionarios suelen venir a México, de vez en vez, a jalarle las orejas al gobierno federal y estatal cuando considera que no están defendiendo adecuadamente sus intereses patronales.

Recordemos que, en Guerrero, en las páginas de la ignominia, quedó plasmado el impune saqueo legalizado que sucesivos gobiernos federales y estatales realizaron de las tierras ejidales de lo que hoy es “La Zona Diamante”. Fue a través de PROTUR (la fraccionadora oficial-estatal) que, incluso, regaló terrenos de alta densidad económica a connotados políticos priistas de nivel nacional; convirtiéndose así en una gran fuente de corrupción de los gobernantes en turno. No se diga del desarrollo turístico de Ixtapa-Zihuatanejo, por medio de la inmobiliaria oficial-federal: FONATUR.

Ahora pretenden seguir haciéndolo con la venta de los terrenos que quedan de la expropiación por causa de interés público (¡Club de golf!) del ejido de Icacos, en la Zona Dorada de Acapulco, realizada hace décadas atrás. Todas esas extensiones territoriales, con gran vocación turística, fueron adquiridas mediante la indemnización a sus antiguos usufructuarios rurales a precios de cuentas de cristal para luego, construida la infraestructura básica de fraccionamiento, revenderlas a precio de oro.

El presidente, López Obrador, afirmó que el gobierno federal recuperará su papel que le corresponde en la disminución de la desigualdad social; calificando de inhumano utilizar al gobierno para defender intereses particulares y desvanecerlo cuando se trata de proteger a las mayorías.  Al respecto, si hay una ciudad donde es patente, con mayor claridad, los mayores contrastes sociales, alentados por los gobiernos corruptos neoliberales del PRI-PAN y PRD, es, sin lugar a duda: Acapulco.

Vale en todo lo que cabe esta otra consideración presidencial: “Nada ha dañado más a México que la deshonestidad de los gobernantes y de la pequeña minoría que ha lucrado con el influyentísmo”.

Los sureños debemos aprovechar esta oportunidad histórica que se nos abre para empezar a emanciparnos de la pobreza y la desigualdad social, a través de la “regeneración verdadera y radical de la vida pública” de Guerrero. Será imperdonable -nuestros hijos y nietos nos lo recriminarían acremente- no limpiar de raíz el ejercicio de la administración pública, en todos los órdenes gubernamentales.

En fin, en México terminó la era de 36 años de duración de neoliberalismo económico, donde predominó “la más inmunda corrupción pública y privada”. Por supuesto que habremos de enfrentarnos con la clase política conservadora de viejo cuño. No hay que pecar de ingenuos, todavía son muchos los corruptos y están en todas partes. Defenderán con viejas y nuevas artimañas sus intereses inconfesables, pero recordemos que “solo el pueblo, salva al pueblo”.

Resolutivos campesinos

Héctor Manuel Popoca Boone.

El primer Congreso Estatal del Movimiento Campesino Plan de Ayala Siglo 21 (que en la pasada contienda electoral tuvo una destacada participación a favor del Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador) efectuado en la ciudad de Acapulco, el pasado 21 de noviembre, tuvo una amplia y representativa asistencia: 950 hombres y mujeres del campo de las diversas regiones del Estado.

El ánimo común de los ahí reunidos giró en torno a la necesaria transformación requerida en el medio rural guerrerense; a partir de su rescate del abandono y postración, económica y social, que durante más de treinta años sufrió por parte de los malos gobiernos neoliberales, priistas y panistas, que padeció permanentemente nuestro país.

Hubo un pronunciamiento claro y contundente del compromiso para devolverle a México su soberanía alimentaria con la revalorización plena de la clase campesina, de los pueblos indígenas y de las comunidades afro-mexicanas. Eso, mediante un pacto político con el Presidente de la república que conduzca al reconocimiento pleno de los derechos de los hombres, mujeres y jóvenes a la tierra y a sus productos; al trabajo asalariado rural digno y decoroso; a la alimentación y a la  buena nutrición; al legítimo usufructo de los recursos naturales localizados en sus territorios y hábitats; a una ecología y prácticas productivas sanas y respetuosas de la vida; a una política de apoyo gubernamental integral al campo; a la vida misma con seguridad pública; a los derechos a la libertad y a la verdadera democracia.

Se acordó que el verdadero cambio rural lo haremos desde abajo y no a partir de las cúpulas; realizado con la activa participación organizada de la sociedad rural a través de sus asambleas comunitarias para no seguir siendo meros objetos de dádivas institucionales con fines de clientelismo político.

Se pretende construir organización y propuestas, para y con la comunidad rural. Que ésta sea crisol de confluencia de las acciones y políticas públicas municipales, estatales y federales; coordinadas en una misma sintonía de rehabilitación del campo guerrerense.

Hubo clamor de los asistentes para exigirle a todos los niveles de gobierno acciones decisivas de desarrollo económico y social, a fin de lograr la pacificación y reconciliación en todo el estado. Con atención especial a la región de la Sierra. De lo que se trata es de devolverle a los núcleos agrarios (ejidos, bienes comunales, posesionarios y avecindados organizados) sus funciones de cohesión social, de autogestión del desarrollo y entes morales necesarios para el progreso social de sus pueblos.

Fue expresado un unánime respaldo al proyecto de procuración y administración de justicia indígena; que ha ido construyendo desde décadas atrás la CRAC-PC de la Montaña y Costa Chica y que adquirió estatus legal en la ley estatal 701; así mismo se demandó al gobierno y al Congreso estatal la aprobación de la iniciativa de actualización de dicha ley presentada por los pueblos originarios, basada en el respeto constitucional explícito a sus derechos de ejercer usos y costumbres propios. No faltó un claro reclamo exigiendo la libertad de los dirigentes campesinos e indígenas que están encarcelados por motivos políticos y de represión social.

Por último, pero no menos importante, el movimiento campesino Plan de Ayala, Siglo XXI, expresó su repudio a la corrupción imperante en el campo. No más “moches” y no más apoyos gubernamentales “rasurados”.

PD1. Aún no se ha puesto en operación el Centro Comunitario contra la Violencia a la Mujer Indígena ubicado en Ayutla, cuyo costo ascendió a más de 20 millones de pesos y que hoy sigue cerrado. Un hecho, dice más que mil dichos.

PD2. Para recuperar nuestra autosuficiencia alimentaria nacional, el Presidente de la República se comprometió a apoyar con fertilizante gratis a los productores de granos básicos de Guerrero. Sin padrones súper inflados, clientelares o corruptos. Que cada cual asuma sus responsabilidades institucionales.

Palo, zanahoria o creencias.

Héctor Manuel Popoca Boone.

John Kenneth Galbraith, finado ilustre intelectual “orgánico” (economista y político) de nuestro vecino país de norte América, en su análisis sobre el ejercicio del poder que aplican los seres humanos (mandatarios) para efectos de subordinación de sus semejantes (mandatados) y que lo han venido haciendo a lo largo de la historia contemporánea, distingue esencialmente tres instrumentos: la penalización, la compensación y la creencia.

No se presentan puros en su aplicación, sino generalmente son una combinación, con cierta predominancia de alguno de ellos. En nuestro tiempo y en países con democracias vulnerables, el más socorrido en su uso es el instrumento de la compensación que es aquel con el cual doblegamos la voluntad o consciencia de nuestros semejantes con una retribución material, monetaria o privilegio económico, de carácter súbito y extraordinario, destinado a acrecentar fortunas personales. Según sea el grado de resistencia u oposición a vencer, será el monto compensatorio a ofrecer.

El otro ejercicio de poder es el que acude a la vía autoritaria y vertical del gobernante; usando la fuerza institucionalizada que en su exceso genera represión, violencia e inseguridad social, además de ser conculcadora de la libertad humana. Esta modalidad punitiva y penalizadora es propia de las dictaduras, ejercida en forma unipersonal o por una oligocracia. El término de su duración es incierto e indefinido, generalmente su inicio y final acontece con derramamiento de sangre o por abdicación o muerte natural de quien lo detenta. Se presentan con mayor frecuencia en democracias incipientes donde no existe la revocación de mandato.

Escasos son los que llegan al poder por medio del pregón de sus principios, valores e ideales, en torno a la reivindicación y emancipación del ser humano en lo colectivo. Son portadores de las creencias recabadas desde lo más hondo del sentir popular. Son ejemplo de esas personalidades, según el politólogo, Juan María Aponte, los “libertadores de consciencias” como lo fueron Emiliano Zapata, Francisco Madero, Gandhi, Ernesto “Che Guevara”, Camilo Torres, Salvador Allende, Patricio Lumumba o Mandela, entre otros individuos emblemáticos e históricos.

En Guerrero, durante los últimos cincuenta años, hemos tenido gobernantes que han hecho uso preponderante de algunas de las modalidades anteriormente mencionadas. Con ellas, han dejado su impronta personal. Por ejemplo, Rubén Figueroa Figueroa privilegió “el garrote”. Alejandro Cervantes Delgado, “los ideales”, Francisco Ruiz Massieu, una combinación de “convicciones y palo”, René Juárez Cisneros “trabajo con excesiva compensación”, Rubén Figueroa Alcocer “palo focalizado y acciones compensatorias”, Zeferino Torreblanca “administrador con palo focalizado”, Ángel Aguirre Rivero, “sometimiento a través de procedimientos compensatorios”. 

         En cualesquiera de esas modalidades, el sustrato en el ejercicio del poder ha sido la corrupción y la impunidad, que ha permeado el quehacer gubernamental en diversa intensidad según el gobernante en turno; dando como resultante que ha Guerrero lo han gobernado mal y por eso en la actualidad estamos como estamos.

PD1. En política como en la guerra, las batallas son ganadas por los generales o dirigentes que se conocen entre sí, pero no se matan. En cambio, las derrotas son imputables a los seguidores y a las tropas que no se conocen, pero que se matan entre sí.

PD2. Para lograr la unidad entre pueblo y gobierno del estado, es necesario que se liberen a los presos políticos; firmar un pacto de respeto y colaboración con la policía comunitaria indígena de la Montaña y Costa Chica, así como con las verdaderas autodefensas ciudadanas y erradicar la corrupción e impunidad que permea las estructuras institucionales desde los más altos puestos de gobierno.

    PD3. Si el Guerrero volcánico hace erupción. La lava vertida nos alcanzará a todos y nos reducirá a cenizas. Aún estamos a tiempo de enmendar el camino.

Presupuesto 2019

Héctor Manuel Popoca Boone.

Conjugar es el verbo que predominó -para bien de Guerrero- en la reunión celebrada el pasado martes en la Ciudad de México, entre el presidente de la Comisión de presupuesto de la cámara de diputados federal y el gobernador estatal, junto con el Coordinador estatal de programas federales para el desarrollo y otros integrantes de la clase política guerrerense: legisladores, gobernantes municipales y servidores públicos. Versó sobre los fondos extraordinarios demandados por el gobierno del estado, dentro del presupuesto de egresos federal 2019.

Fue un frente común el que presentaron los guerrerenses; así como un consenso en la intensión de determinar conjuntamente las prioridades que deben contener los presupuestos de los tres niveles de gobierno. Se pretende sea un ejercicio de participación de cuatro actores fundamentales: La ciudadanía demandante y los tres órdenes gubernamentales constitucionales establecidos.

El mandatario estatal mencionó que la propuesta de presupuesto que presentó al congreso local -de poco más de 57 mil millones de pesos- es por mucho insuficiente para darle cobertura al mayor número de habitantes en los programas estratégicos que se ejecutaran el próximo año. De lo que se infiere que un primer esfuerzo de coordinación y austeridad será identificar la duplicidad o triplicidad del gasto en programas similares, como son los de seguridad pública, agropecuarios, adultos mayores, becas para jóvenes estudiantes, becas para capacitación laboral, para la mujer y equidad de género, entre otros. Lo que no quiere decir que pueda existir complementación, mezcla o concurrencia de recursos pactada en algunos de ellos. 

Otra tarea será programar los superávits presupuestales que son del orden de los 12 mil millones de pesos en promedio al año, de acuerdo a la cuenta pública que se presenta. También es pertinente identificar aquellos programas en donde hubo subejercicio presupuestal como, por ejemplo, no ejercer por parte del gobierno estatal, 8 millones de pesos federales destinados a combatir la violencia hacia las mujeres o los 100 millones destinados al rescate del Acapulco tradicional, en el primer semestre de este año (El Sur 29/10/2018). Adquiere relevancia también el grado de honestidad con el que se operan los recursos públicos.

Ahora bien, la Comisión de presupuesto y cuenta pública del Congreso local todavía no cuenta con los elementos necesarios para ese análisis, ya que carece de la información desglosada de la propuesta del presupuesto estatal 2019; y mucho menos se conoce lo contemplado en el presupuesto de egresos del gobierno federal, ya no digamos de los municipios. Por lo que la intención de conjugar puede quedar en buen deseo solamente. Habida cuenta que estamos en la segunda mitad de noviembre; habiendo transcurrido la mitad del plazo fijado a la Comisión de referencia para elaborar el dictamen correspondiente y su envío al pleno de la cámara.

Sin información oportuna no puede haber participación certera y propositiva. Sin transparencia no habrá buena conjunción de esfuerzos. Sin adecuada coordinación, resultados positivos. Sin tiempo suficiente no pueden dictaminarse presupuestos que guarden lógica, racionalidad, alineación y congruencia entre la federación, el estado y los municipios. El peor escenario que se vislumbra es que cada uno de los gobiernos ande cada cual por su lado.

PD1. La dura, terca y amarga realidad del Guerrero bronco volvió a imponerse por encima de cualquier apreciación edulcorante hecha para estas sometidas y ensangrentadas tierras del sur.

PD2. ¡Cómo es posible que diputados vividores del PRD hagan subir a la tribuna legislativa a una joven legisladora para que presentara una propuesta de iniciativa reeleccionista, absurda y trasnochada, que sandeces es lo único que exuda!

PD3. El próximo miércoles, 21 de noviembre, en el Centro Internacional de Convenciones Acapulco, se realizará el 1er. Congreso Estatal del Movimiento Campesino, Plan de Ayala Siglo XXI, a partir de las 10 am. ¡Vamos por la IV transformación del país!

El poder para transformar

Héctor Manuel Popoca Boone.

Lo peor que le puede pasar a un gobernante que desea colocarse en un buen lugar de los recuerdos de los gobernados es usar el poder para meras banalidades; sobrellevar la situación con farsas y dedicarse al gozo y enriquecimiento personal que de él se derivan. Será un gobernante corrupto, indolente, mendaz y simulador; mandatario de la inmediatez y de la intrascendencia.

Por el contrario, aquel que aspira a ir más allá de su circunstancia y colocarse en el estrado de los estadistas, normará sus acciones de tal suerte que tengan claridad, visión de largo alcance y destino preciso; con el fin de atender y resolver de raíz aquellos tópicos que laceran e irritan a los gobernados.

Los problemas no resueltos de inseguridad, violencia, desigualdad, desempleo, pobreza, corrupción e impunidad; así como las necesidades no satisfechas de alimentación, salud, educación, vivienda, empleo y protección social,cuestionan la capacidad de los gobernantes para dirigir a sus pueblos y conducirlos por una ruta de bienestar, paz y estabilidad social.

No es un problema menor, máxime si esos políticos ponen en situación límite la gobernabilidad y gobernanza exigible. A tal punto sucede eso que empiezan a predominar regionalmente otros poderes de facto (económicos o delincuenciales), por encima de los poderes institucionales establecidos.

Romper esos círculos viciosos de latrocinios, insuficiencias e ineptitudes impone acciones gubernamentales contundentes y perentorias. En eso estriba la trascendencia o no de los gobernantes: Hacer los cambios verdaderos que lleven a las transformaciones sociales de gran calado vinculantes con las necesidades de la gente.

Las modificaciones en los estilos de gobernar importan mucho para llevar a la ciudadanía a una situación mejor de la que actualmente está; bajo la premisa que los gobernantes no podrán hacerlo solos o con sus reducidos grupos de allegados. La buena huella en el uso del poder estriba en la capacidad transformadora generada con la participación de la mayoría de la población e implementada en conjunto; y con autoridad moral.

Por eso son bienvenidas las declaraciones hechas por el gobernador, Héctor Astudillo Flores, en el pasado Congreso Nacional de la Justicia Administrativa en México, donde dijo “tener plenas coincidencias con los principios básicos del Presidente electo de la república, Andrés Manuel López Obrador (AMLO): No robar, no mentir y no traicionar”; que “el mensaje de los electores es que quieren mejores gobernadores, mejores legisladores, mejores magistrados y mejores alcaldes”. Dijo estar convencido de que “será muy buen tiempo el que viene y que trata de entender y aceptar lo que la gente mandó: los nuevos usos del poder”

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Aseveró que “todos los niveles (de gobierno) deben atender y escuchar los señalamientos constantes hacia la corrupción en el gobierno y los excesos de los poderes. Finalizó diciendo: “El mensaje es que debemos estar más comprometidos con la sociedad que comprometidos con lo que nos pueda interesar a nosotros en lo particular o en lo familiar.” (Daniel Velázquez. El Sur. Septiembre 07/10/2018).

En palabras de Eduardo Robledo Rincón: “Hay que caminar hacia una nueva práctica política/gubernativa eficaz, en el marco de una sociedad cada vez más democrática, donde las necesarias transformaciones requieren la participación activa de los actores sociales. Es decir, tener la capacidad de co-decidir cuáles son las demandas más importantes de hoy en día, bajo la égida de una gobernanza eficaz.”

PD1. Dicen que todos los males que padecemos son heredados del pasado. Pero al estar vigentes y no tener disminución significativa, los gobernantes actuales acusan también responsabilidad.

PD2. Fue de escándalo público el que catedráticos de la UAGRO dobletearan sueldos al incorporarse a la administración pública, durante el período del ex gobernador Rogelio Ortega; quién declaró, junto con el rector Javier Saldaña, que se cruzarían nóminas, pero lo único que hicieron fue cruzarse de brazos. Ojalá no pase lo mismo hoy, ante la denuncia que en el mismo sentido ha hecho la presidenta municipal de Acapulco en relación a la nómina del Ayuntamiento de Acapulco.

La desigualdad social.

Héctor Manuel Popoca Boone.

Elemento subversivo y generador de violencia es la desigualdad social prevaleciente en México. Es caldo de cultivo, de irritación y frustración colectiva, generada por el contraste, cotidiano e insultante, de los muchos que casi nada tienen, frente a los pocos que lo tienen todo; provocando la floración de desesperación y ambición humana, desmedida y rapaz, por poseer riquezas materiales a costa de lo que sea.

México en lo general, Guerrero en lo regional y Acapulco en lo local, están atravesados por una desigualdad ciudadana cada vez más aguda y grosera, revestida de inseguridad pública, corrupción e impunidad; que no permite tener circunstancias propicias y favorables para el sano desarrollo humano. Por el contrario, la situación actual constriñe cada vez más nuestra libertad de ser, trabajar y transitar; a causa de un temor que llega al horror; provocado por un terror delincuencial exacerbado, que embarga de incertidumbre y angustia total nuestro presente y porvenir, individual y colectivo.

La desigualdad social es generada por la distribución inequitativa de la riqueza material producida por una sociedad a lo largo de un período de tiempo. En otras palabras, por la acentuada disparidad en el reparto del ingreso nacional que, en nuestro caso, es gerenciado por la plutocracia que ha detentado el poder económico y político durante muchos años, liderada por los dos Carlos de triste fama: Salinas de Gortari y Slim.

Hoy, los barones del dinero junto con sus gobernantes incondicionales, medios de comunicación y partidos afines (PRI-PAN-PRD), se desgarran las vestiduras porque se puso un hasta aquí a uno de sus múltiples pingües negocios privados: el nuevo aeropuerto y terrenos aledaños en Texcoco, financiado en buena parte con dineros del pueblo. Recordemos el latrocinio multimillonario cometido con el FOBAPROA para rescatar de la quiebra a los banqueros. Fue instrumentado décadas atrás. Todo el pueblo mexicano sigue pagando su costosa e inaudita instrumentación.

México es distintivo entre las naciones de América Latina por la gran desigualdad social que existe entre sus habitantes. Ocupa el lugar 18 de 25 países. Muy por debajo de Argentina, Chile, Costa Rica,… entre otros.

Es posible comenzar a reducir la brutal brecha que separa a los ricos (minoría) de los pobres (mayoría abrumadora), al empezar a elevar los índices de bienestar colectivo, de paz y de seguridad pública; provocando con eso la reducción sustancial de la criminalidad, discriminación  y la corrupción ampliamente arraigadas a lo largo y ancho del territorio nacional. También contribuirá, la aplicación de diversas políticas públicas al unísono, como es construir un sistema fiscal progresivo (donde mayormente sean gravados los que más tienen, y no como ahora, donde las grandes empresas son las primeras que eluden, sistemáticamente, el pago de sus responsabilidades tributarias).

También es conveniente, incrementar el poder adquisitivo de la clase trabajadora; transitando de un esquema de salario mínimo a otro de salario digno; haciendo valer los derechos económicos de las mujeres y jóvenes.

Concomitante, es requisito ampliar en cantidad y calidad, de forma universal y gratuita, el acceso a los servicios de salud, educación y vivienda, además de otros programas de protección social dirigidos a la población con pobreza extrema.

El incremento de los presupuestos adicionales requeridos puede ser cubierto con la recaudación de los impuestos progresivos. Como dice Peter Townsend: Para erradicar la pobreza extrema hay que terminar con la riqueza extrema.

PD1. En el nuevo gobierno federal, no tendrán cabida los presos políticos, la corrupción, la impunidad, ni las ilegales intervenciones telefónicas con fines de espionaje político. Dichos temas siguen vigentes en Guerrero, lamentablemente.

PD2. “Se acabó el gobierno al servicio de una minoría”. El Estado mexicano no puede estar “supeditado a mercados financieros”. Así lo dijo el Presidente electo de México. La bolsa mexicana de valores está controlada y manipulada por los grandes accionistas de las grandes empresas que ahí cotizan.

Los coordinadores estatales.

Héctor Manuel Popoca Boone.

            Cuando anunció el presidente de la República su intención de suprimir los delegados federales en los Estados para dejar un solo coordinador provocó irritación mayúscula de varios gobernantes estatales. Por cuanto a que esa medida, suponen la supresión de la interlocución de ellos con el presidente de la República o con los secretarios federales. A la par, temen la disminución en la asignación de recursos federales -adicionales a sus participaciones fiscales- cuyo control sería transferido a los eufemísticamente hablando, virreyes federales de nuevo cuño.

La extinción de la figura de delegado federal es motivada por razones de adelgazamiento de puestos de mandos medios y superiores al adoptarse una fisonomía de gobierno republicano y austero, en un contexto de erradicación de la corrupción, el clientelismo político y las intervenciones ilícitas de los delegados federales en las campañas electorales para apoyar a los candidatos de tal o cual partido político.

La iniciativa de ley para realizar las modificaciones a la estructura de la administración pública federal da más luz sobre el asunto que nos ocupa. Por principio de cuentas, habrá un “Delegado federal de Programas para el Desarrollo” y la unidad administrativa a su cargo se denominará “Delegación de Programas para el Desarrollo”. Dicha unidad tendrá como función principal las tareas de: a) coordinación entre las autoridades federales, estatales y municipales con la presidencia de la República, b) la supervisión en la prestación de servicios y de la tramitología a cargo de las hasta hoy delegaciones federales; además, c) coordinar las acciones para la concreción de las prioridades presidenciales; así como del establecimiento de los mecanismos para una mayor vinculación presidencial con la ciudadanía.

El coordinador estatal será designado por el presidente de la República y dependerá de un coordinador general de “Programas para el Desarrollo” a nivel nacional, mismo que dependerá de la Oficina de la Presidencia.

Las actuales delegaciones federales serán a partir de diciembre denominadas “Oficinas de Representación” de las diversas secretarias. Estarán jerárquica y funcionalmente adscritas a los respectivos secretarios designados, con el objeto de que los actos de autoridad que de ellas emanen sigan ejerciéndose de manera regular. O sea, seguirán ejerciendo las facultades y atribuciones que por materia hoy atienden.

Algunas dependencias federales desaparecerán, otras se mantendrán y algunas se fortalecerán; dependiendo del rol que jueguen en la instrumentación de los 25 programas estratégicos señalados por el presidente electo. Para eso se hará una revisión a fondo de sus respectivos funcionamientos; estimando el costo-beneficio de seguir operando y la manera en que entregan resultados.

PD1. Un productor rural de la región de Tierra Caliente hace la siguiente denuncia a través de las redes sociales: “Es imposible quedarse callado, están asaltando a los campesinos en el Distrito de Desarrollo Rural de la SAGARPA en Ciudad Altamirano; en estos momentos están entregando cheques de S 4 500.00 por productor, les hacen firmarlos y les quieren dar solamente tres mil pesos en productos agroquímicos y el que no quiera dichos líquidos, le van a dar solo mil trescientos pesos”. Otro productor de Atoyac también dice que “en el caso del café, el paquete tecnológico tiene un valor comercial de $ 1 118.00 y el proveedor le factura a la SAGARPA con monto alterado que asciende a $ 2 500.00” ¡Uf!

PD2. Que quede claro, los “amigos organizados” no se entronizarán en el ayuntamiento de Acapulco. Todos estamos con la presidenta municipal, Adela Román Ocampo.

PD3. Hay que poner las barbas a remojar: No habrá incremento al presupuesto de las universidades públicas en el 2019 sino se obligan a rendir cuentas públicas y de resultados, en forma honesta y transparente. Así lo indicó el presidente electo de la república.

           

Tiempos de cambios.

Héctor Manuel Popoca

La democracia no es un decreto múltiple de felicidad, como asienta Eduardo Robledo Rincón en su libro: Poder, ¿para qué?  Sobre todo, cuando su acceso va cargado de las exigencias de una ciudadanía esperanzada, que reclama acciones y resultados inmediatos. Por eso, hay que caminar hacia una nueva práctica gubernativa eficaz, donde el poder esté al servicio de la causa ciudadana y sea manejado con humildad y sencillez.

El gobernante que accede al poder para administrar la cosa pública puede ir más allá; puede trascender su circunstancia en función de su capacidad para innovar en su actuación, identificando la génesis de los verdaderos problemas que irritan colectivamente a los gobernados. Por ejemplo, ingobernabilidad, inseguridad, desigualdad e injusticia, entre otros, son obstáculos que cuestionan la capacidad para dirigir al colectivo por una ruta adecuada en la consecución del bienestar y paz a corto plazo.

Para hacer viable una agenda para el cambio se requiere sumar fuerzas. De ahí la importancia de hacer alianzas políticas hasta el límite que nos señalen nuestros principios y valores ideológicos. El ceder y negociar en lo secundario para avanzar en lo sustantivo se vuelve destreza clave en el proceso del ejercicio y administración del poder; para así convertir la energía social en instrumento transformador dentro de un escenario nacional que exige mayor visión, compromiso y transparencia. Estamos en una situación de retos y desafíos de un mundo globalizado más cambiante que en otros tiempos; tanto para bien como para mal.

“Ahora los gobernantes no pueden hacerlo todo y solos”; no hay cabida para gobiernos autoritarios, verticales y poco interactuantes con las organizaciones civiles. Cualquier decisión o propuesta en la democracia tiene que conciliarse y negociarse civilizadamente. Se requiere construir consensos con diferentes actores sociales, económicos y políticos antes de llevarlas a cabo. Quedaron atrás las hegemonías y las prepotencias. La transformación democrática de la sociedad solo se hace con la participación de la mayoría del pueblo.

El poder, en un contexto democrático, hace irremplazable la necesidad de que las agendas de los diferentes actores políticos se tomen en cuenta, según el peso político específico que tienen sus protagonistas. La responsabilidad de un gobernante es ser incluyente y proceder a la articulación, para así lograr la cooperación de todos en la consecución de los fines comunes.

El prometer en política, entusiasma; el no cumplir, desacredita. Una cosa es acceder al poder y otra es aplicarlo, su realización debe de ser de tal manera que los ciudadanos tengan la certeza que habrá progresos importantes en la solución de sus ingentes problemas.

En las últimas tres décadas los gobernantes y sus equipos de trabajo arribaron al poder con el propósito del gozo personal y del disfrute de los privilegios que de él se derivan y que van desde los económicos y políticos hasta los meramente egocéntricos que motivan la rapaz participación en la política.

En ese marco, el poder se entiende para muchos gobernantes y políticos como una unión de falso prestigio, de mando sobrevaluado y obtención de canonjías de toda naturaleza. Un gobierno con ese tipo de políticos será un gobierno mediocre, sin altura de miras o rumbo. A los más, podrá hacer obras y acciones buenas de pequeña envergadura, pero no serán de trascendencia.

Hay procesos gubernamentales donde es perentorio socializar su operación; en virtud de que la unilateralidad genera poca credibilidad y escaza participación popular. Hay que insistir en que la democracia en sí misma no da resultados positivos inmediatos y es un sistema de gobierno exigente, en lo mucho y en lo pronto.

PD. Reconozco la deferencia del presidente de la comisión de presupuesto y cuenta pública del congreso local, Alfredo Sánchez, para invitarme a participar como asesor en la misma; en el mismo tenor al Dr. Víctor Villalobos Arambula, futuro secretario de la SAGARPA, en su equipo de transición.

Los cambios para transformar.

Héctor Manuel Popoca Boone.

Bien para Guerrero tuvo el encuentro del presidente electo de la República, López Obrador, con el gobernador del estado, Astudillo Flores. Hubo un mayor conocimiento personal mutuo, en un marco de respeto y de reconocimiento a la jerarquía institucional que nuestra democracia federal les otorga a cada cual.

De buenos gobernantes fue anteponer los intereses superiores de Guerrero, a sus diferencias en el estilo de gobernar. La mayoría de los mexicanos demandamos nuevas formas de usar el poder; es decir, de cómo ponerlo al servicio y beneficio de todos; y no de unos pocos.

Es un imperativo popular, exigido democráticamente. Hay aceptación e intención del presidente de la república y del gobernador estatal para responder a las expectativas sociales por los cambios y transformaciones demandadas por los mexicanos en general y los guerrerenses en particular.

“Primero los pobres.” “Nadie por fuera o por encima de la ley.” “No robar. No mentir. No traicionar.” De consignas de campaña política se convertirán en normas para la acción gubernamental federal, que regirán en los próximos seis años. El gobierno estatal, así como el gobierno municipal de Acapulco, encabezado por Adela Román Ocampo, consintieron allanarse a los mismos para el cambio en el ejercicio de gobierno.

En otras palabras, la semana pasada en Acapulco, los tres gobernantes declararon públicamente sumar esfuerzos para elaborar la agenda del cambio y concretar las acciones conjuntas para realizarlo. De esa conjunción de intencionalidades políticas, el mayor beneficiario será Guerrero.

No será fácil, porque afloraran las resistencias de aquellos beneficiarios de lo que hasta ahora se trata de transformar de manera trascendental. No será sencillo, porque habrá vicios de poder enquistados antaño que representan serios obstáculos, como lo son; la deshonestidad, la impunidad, el desapego social, el usufrutuo del poder visto como un fin para el beneficio personal o de grupo y no como un medio para lograr el bienestar social. Se opondrán todas las viejas formas de ejercer el poder público que nos han llevado al empantanamiento y a la degradación de la convivencia pacífica en las últimas tres décadas.

Enrique Peña Nieto en el plano nacional, Javier Duarte en Veracruz y Evodio Velásquez en Acapulco, son prístinos ejemplos de lo aquí asentado. Por eso, no será del todo inmediato el desprenderse de erróneos y enraizados hábitos que permean el ejercicio de gobernar, como lo son: la simulación, la farsa, la mendacidad, la ineptitud, la omisión premeditada, el cinismo, la hipocresía o la frivolidad entre otro tipo de excesos.

La primera oposición política soterrada será la de los políticos conservadores. Aquellos que quieren que se preserve el statu quo gubernamental del cual se han inflado y enriquecido sin medida. Como buenos zorros fingirán cambiar para que todo permanezca igual, a pesar de los malos resultados institucionales a lo largo de las tres últimas décadas y que están a la vista de todos: inseguridad, pobreza, falta de empleos, ingobernabilidades regionales, despojo de territorios y recursos naturales, además del malestar generalizado de la ciudadanía por el estado actual de las cosas.

A lo anterior hay que agregar una mayor desigualdad e injusticia social, endeudamiento público y desgobierno regionalizado. Por eso son urgentes los cambios para las transformaciones estructurales que reviertan esos perniciosos y agravados resultados que han clausurado los senderos para logar bienestar social, paz y certidumbre colectiva en el futuro.

Por último, pero no menos importante es la actuación de los “amigos organizados” que representan también otro fuerte obstáculo para la gobernabilidad, para la paz, y la cohesión social, tanto a nivel estatal como nacional.

PD. No obstante que no hay mella en la inversión y el empleo, en los últimos tres años no se ha podido cumplir con la principal consigna gubernamental: orden y paz.

Las guerrilleras urbanas.

Héctor Manuel Popoca Boone.

Para Lourdes Quiñones Trevizo.

A partir del año de 1968 y como consecuencia de la brutal represión gubernamental a los jóvenes estudiantes, se intensificó la participación de la mujer en el seno de los grupos guerrilleros urbanos. Dicha actuación emancipadora en pos de un México mejor, no es recordada en todo su valor histórico, tal como lo es la participación masculina.

Si bien es cierto que la motivación principal que tuvieron para tomar las armas fue de índole político-ideológico, al buscar por la vía violenta un cambio estructural en el país orientado al socialismo, también en algunas de ellas hubo causas motivacionales de índole existencial, ya sea por convocatoria directa de sus amistades, por vínculos familiares o de repudio a la represión gubernamental contra el movimiento estudiantil del año 1968 y de la marcha de 1971.

Las guerrilleras urbanas tenían de 17 a 25 años de edad promedio, de clase media, en su mayoría con estudios de nivel medio y superior, en el marco de la efervescencia política-ideológica universitaria, donde el personaje paradigmático era el Che Guevara y la saga de la revolución cubana y de la guerra antimperialista en Vietnam. Sus terrenos de combate fueron de carácter regional; siendo los estados de Chihuahua, Sinaloa, Jalisco, Nuevo León, Sonora y la Ciudad de México.

Generalmente no rebasaban un 30 por ciento del total de participantes, en no menos de 20 grupos de guerrilla urbana; pero a diferencia de las que actuaron en el medio rural que fungieron más como bases de apoyo y salvaguarda, las guerrilleras urbanas tuvieron un papel más protagónico en los eventos armados, bien fueran éstos, asaltos a bancos, secuestros o de plano enfrentamientos directos con cuerpos militares, policíacos y paramilitares adiestrados en contrainsurgencia. Algunos de sus compañeros sobrevivientes resaltan de ellas la valentía, el arrojo, la templanza, la capacidad organizativa y la habilidad con las armas, cualidades siempre asociadas a lo masculino.

La toma de las armas les dio un insólito empoderamiento en la lucha por la emancipación de la mujer; representando un tipo de feminismo empírico más allá de lo teorizante que, desde la perspectiva de género, les valió el respeto, el compañerismo y la equidad en la distribución de las faenas, entre hombres y mujeres al interior de los grupos guerrilleros.

La represión desatada contra ellas, por la policía y milicia antiguerrilla, estuvo impregnada de mucha saña. El machismo exacerbado llevaba a los represores al más abyecto sadismo en los tratos crueles que culminaban en el asesinato y la desaparición forzada; habiendo sido previamente torturadas en forma atroz y denigrante para que delataran a compañeros e informaran la localización de casas de seguridad. Los datos disponibles (no certificados) de ese horror y terror dan cuenta de al menos 53 mujeres guerrilleras desaparecidas forzadamente o muertas en combate directo; 14 asesinadas, 70 encarceladas, 7 exiliadas y 19 detenidas y liberadas posteriormente.

La brutal represión contra la guerrilla urbana dio origen a su vez a la toma de conciencia de las madres en la búsqueda de sus hijos guerrilleros, desaparecidos por los cuerpos policíacos o militares. El activismo emblemático de esa modalidad persistente de protesta y lucha social fue el Comité Eureka, pionero de las organizaciones ciudadanas que actualmente exigen la presentación de los desaparecidos y el respeto de todos los derechos humanos.

Las guerrilleras urbanas y rurales mexicanas del siglo XX, al empeñar y ofrendar su libertad y vidas por la causa del socialismo, fueron factores importantes para el empoderamiento y la mayor participación de la mujer en las actividades políticas democráticas del México actual; logrando lo que, en aquel entonces, era impensable: la igualdad con el hombre en el número de candidaturas a puestos de elección popular.

PD. A partir de la lectura del ensayo: Mujeres, guerrilla y terror de Estado en la época de la revoltura en México. Adela Cedillo.

El campo calentano.

Héctor Manuel Popoca Boone.

Pudiendo ser un gran emporio agropecuario la región de Tierra Caliente de Guerrero es actualmente un preclaro ejemplo del abandono de campo mexicano. Producto de la nefasta política económica que los gobiernos federales emanados del PRI y el PAN implantaron en México desde hace más de treinta años

Fue reafirmada tal aseveración en el foro organizado por el Movimiento Campesino Plan de Ayala. Siglo XXI en Ciudad Altamirano donde se expusieron propuestas de desarrollo rural para la región. El evento estuvo bajo la coordinación del ingeniero agrónomo, Rosalío Damián Navarrete.

Los productores y profesionistas rurales del municipio de Cutzamala presentaron, a través del Ing. Sánchez Mireles, una ponencia que refuerza mi apreciación inicial; a saber, un agudo deterioro en que se encuentra la grande infraestructura hidroagrícola y pecuaria del que debiera de ser por antonomasia el principal granero alimenticio de la zona sur de México.

Manifestaron que más de quince mil hectáreas de riego y otras extensiones de tierras de temporal no tienen ningún uso productivo en la actualidad. A pesar de los miles de millones de pesos que el General Lázaro Cárdenas logró que el gobierno federal invirtiera para la construcción de varias presas hidroagrícolas y sistemas de riego, cuando era Vocal Ejecutivo de la Comisión del Rio Balsas. Hoy se encuentran convertidos en sistemas de “riesgo”, por la inseguridad pública imperante.

Si el nuevo gobierno federal del cambio verdadero pretende la autosuficiencia alimentaria nacional, (al producir a mediano plazo los granos básicos para más de 125 millones de mexicanos y dejar de importar alrededor de 10 millones de toneladas anuales de maíz de las que somos deficitarios) entonces, la región de Tierra Caliente debe de ser una zona de atención estratégica nacional para tal fin

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Dijeron que, a consecuencia de la pérdida de rentabilidad del campo calentano, existe fuerte migración de la fuerza productiva laboral de la región hacia las grandes ciudades o a los campos de EUA y Canadá, en el mejor de los casos. “Más del 50 por ciento de los agricultores y ganaderos han abandonado dichas actividades; provocando que la producción agrícola (maíz, sorgo, ajonjolí, etc.) y ganadera (bovinos, ovinos, porcinos, aves, etc.) haya disminuido en más del 40 por ciento durante este último sexenio.”

Hicieron énfasis que el declive del campo mexicano se debió a la apertura indiscriminada y libre importación de granos de otros países, así como al retiro abrupto de subsidios a la producción y comercialización agropecuaria que el gobierno federal adoptó como política pública transexenal; lo que distorsionó hacia la baja los precios de los granos en el mercado en virtud que los alimentos importados sí recibían fuertes subsidios en sus países de origen; originándose una competencia económica desleal y desventajosa para nuestra actividad económica primaria.

Aciertan mis amigos calentanos cuando dicen: “Los programas del campo del régimen gubernamental que está a punto de concluir, se caracterizan por ser excluyentes del sector campesino y productores a pequeña y mediana escala y los proyectos productivos, en un gran porcentaje, son simulación e incubadoras de actos de corrupción. Los profesionistas-asesores de los productores laboran bajo condiciones de salarios precarios, inseguridad en el empleo, sin las mínimas prestaciones que por ley les corresponden, lo que conlleva a cometer actos deshonestos en estas áreas de trabajo.”

Finalmente coincidí con los productores rurales de Tierra Caliente sobre la necesidad retomar proyectos de gran aliento para incrementar significativamente la producción de granos básicos y no solo seguir con los programas para la distribución de “chácharas productivas”, dentro de los cánones imperantes en mochelandia.

            PD1. Bonitos ejemplos dan los legisladores locales al ser los primeros en violar las normas establecidas. ¡ Uf !

            PD2. Una vez más ha quedado constatado que la corrupción es prohijada y practicada, ejemplarmente, desde los más altos niveles de gobierno.