Sainete político.

Héctor Manuel Popoca Boone.

Una vez reunidos a nivel estatal los tres partidos que conforman el capítulo local del Frente Ciudadano por México (MC-PAN-PRD), sus respectivas dirigencias acordaron trabajar en dos tareas en forma paralela: La construcción de una propuesta programática ciudadana que dé pie a una plataforma electoral común para que, como coalición, sea registrada legalmente, con vista a las elecciones del 2018; y analizar e identificar los criterios de selección para posibles candidaturas comunes y de coalición parcial para fines electorales.

Luis Walton, coordinador estatal del MC-Guerrero, me invitó a ser, en mi calidad de ciudadano simpatizante, uno de los tres coordinadores de su partido para que, junto con los del PRD y del PAN, nos responsabilizáramos de llevar a cabo ocho foros regionales temáticos, para captar las propuestas de la sociedad civil organizada e incorporarlas a la plataforma programática del Frente.

Para la buena realización de dichos eventos, la coordinadora estatal tomó los siguientes acuerdos de operación: 1) al MC, le correspondería organizar dos foros: Chilpancingo y Ometepec. 2) al PAN, Cdad. Altamirano e Iguala. 3) al PRD, Tlapa, Ixtapa-Zihuatanejo y Acapulco. Dichos foros organizados por el Frente, deberían ser espacios de expresión eminentemente ciudadana y no de militantes.

Los foros se desarrollarían bajo el formato de un panel, con la intervención inicial de tres panelistas ciudadanos (as) versados sobre el tema a tratar, cuidando de que no fueran militantes o directivos de ningún partico político; para luego dar paso a las intervenciones preferentemente de representantes de organizaciones civiles asistentes al foro, otorgándole la palabra a no más de diez, por razones de tiempo, y así honrar la denominación del Frente. Es decir, cuidar que la tribuna no fuera acaparada por militantes, políticos o dirigentes partidarios, que buscaran afanosamente su proyección personal pública. Máxime en estos tiempos electorales.

El primer foro realizado en Chilpancingo salió bien, con buenos panelistas y buenas intervenciones ciudadanas; aun cuando dos políticos tomaron el micrófono para participar desde el auditorio, haciendo caso omiso del formato acordado. El segundo foro efectuado en Ciudad Altamirano fue mejor, porque todas las participaciones fueron predominantemente de la sociedad civil organizada. El tercer foro realizado en Iguala resultó malogrado. Por un desaguisado protagonizado por el MC, debido a la terquedad de la diputada local, Magdalena Camacho Díaz, de tratar de imponer como panelista a un directivo del MC.

Al no acceder a la exigencia de la susodicha, por quien escribe esto, montó en contrariedad; llegando al foro con los principales personajes de su “grupo político” para que todos (seis), a una orden suya, tomaran consecutivamente el micrófono y usaran la tribuna, respaldados por enardecidos militantes del MC que fueron trasladados ex profeso para fungir como paleros, violando flagrantemente el pacto inter partidario establecido con antelación. Hay videos y grabaciones de ese suceso.

Por tener corresponsabilidad en la coordinación de dichos foros, traté de impedirlo, arrebatándoles el micrófono quienes indebida y vergonzosamente estaban utilizando. No fue sino la cordura y sensatez del PAN, partido organizador del evento, lo que me hizo ceder y retirarme del acto. Al foro de Tlapa, de plano ya no fui.

Espero que en los siguientes foros no vuelva a cometerse semejante torpeza, complotista de fuego amigo. La referida dama de glamour perverso, acostumbra esconder la mano cuando de golpear se trata; y según ella, no da un paso sin la aquiescencia de Luís Walton.

Por lo pronto, yo ya me zafé de los foros, para preservarme en la honestidad y alejarme de la simulación política que carcome al MC. Para colmo, ahora encubre corrupción, desvío de recursos y nepotismo en algunos de sus correligionarios (as). Cualquier esfuerzo de buena capacitación política cae en terreno yermo.

PD. Agresión e intento de secuestro contra Zacarías Cervantes, reportero de El Sur. ¿Cuál orden? ¿Cuál paz? ¿Cuántos más?

Buen gobierno transparencia y rendición de cuentas.

Héctor Manuel Popoca Boone.

No se puede ocultar la gran desconfianza y el poco aprecio que los ciudadanos tienen actualmente sobre los políticos y gobernantes. No hay credibilidad porque buena parte de ellos solo atienden los negocios privados que hacen al amparo del erario público. Es necesario acabar la insana pretensión de apropiarse, en chapucera forma y con impunidad, de los dineros y de los recursos naturales que son del pueblo. Existe hartazgo civil por la corrupción gubernamental, por la impunidad con la que se da y el cinismo con la que se exhibe. En eso, como en otras muchas cosas, hemos tocado fondo.

La ciudadanía está cansada de las formas de gobernar basadas en “la cultura del moche” y en las complicidades vergonzantes, entre determinadas empresas privadas con la administración pública. Repudian la disposición de la ley al mejor postor. En la narco-política. Donde solo se auto-favorecen algunos, en detrimento de los muchos.

Será la pulcra honestidad en el decir y en el hacer público, lo que permitirá que todos volvamos a creer que es posible la salvación de nuestro país. Es menester que el gobierno sea honrado, para tener la suficiente autoridad moral ante la sociedad y convocar su mayor participación en los solución de los problemas que le conciernen.  

Requerimos una auténtica y eficaz contraloría social, integrada por ciudadanos honorables, con recursos autónomos para su operación, para que vigilen la correcta aplicación del presupuesto público y de las metas esperadas.

No podemos inventar cada seis años al país, a los estados o cada tres a los municipios. Es menester desechar lo que no sirve, mejorar lo que ha dado resultados y poner en marcha otras propuestas para “sacar al buey de la barranca”. Los programas de desarrollo urbano, fomento rural y los de protección social, deben de contener participación directa de la ciudadanía. Las actuales políticas públicas de corte neo liberal concitan angustia, desesperación y zozobra.

 Recalco, los programas y presupuestos requieren de la participación de la ciudadanía organizada en su elaboración y aplicación; y no solo sean por determinación unilateral de los poderes ejecutivo y legislativo, (federal, estatales y municipales).

No más parentela, formal o informal, dentro de la nómina del gobierno. No más tolerancia a comisionados y aviadores. No más nominas abultadas. No más recomendados en puestos claves sin perfil adecuado. No más servidores públicos insensibles a la petición o al reclamo social. Ya no más divorcio del gobierno con la ciudadanía.

No necesitamos un gobierno de privilegios particulares en medio de la mendacidad y la simulación. Requerimos una clase política cuya distinción sea la honradez, el trabajo y el compromiso social. Ya no queremos un gobierno que atienda a los mismos preferidos de siempre, a costa de los marginados y ninguneados de toda la vida.

La transparencia, entrega de resultados y rendición periódica de cuentas, deben ser instrumentos fijos en la práctica gubernamental. No más excesos de gastos publicitarios de los actos del gobernante. La realidad impone austeridad, orden administrativo y prioridades definidas por todos.

Hay un clamor del pueblo por tener gobiernos de nuevo tipo. Gobiernos que, en verdad, y no solo en palabras, estén cercanos a la gente. Que den respuestas efectivas y no se queden en promesas, en farsas o engaños.

Únicamente trabajando juntos, gobierno y ciudadanos, lograremos más y mejores resultados. Actualmente el gobierno ha sido desbordado de pé a pá, por los problemas históricos acumulados. Desatendidos por el perenne autismo institucional.

Logremos tener un Guerrero inclusivo y no excluyente. Donde el gobierno ponga el ejemplo, sin hipocresías de por medio. Solo así habrá credibilidad y confianza para salir del sangriento hoyo negro en el que estamos inmersos.

PD1. El Frente Ciudadano por México, prosigue sus foros temáticos regionales para recabar las propuestas de la sociedad. Mañana domingo, en la ciudad de Iguala, en el salón Antares, se llevará a cabo el tercer foro, abordando el tema: Mujeres, jóvenes y población vulnerable.

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¿Pacto ficto?

Héctor Manuel Popoca Boone.

En su segundo informe anual de gobierno, Héctor Astudillo Flores, convocó al poder legislativo, judicial y a los presidentes municipales de Guerrero, a firmar un pacto por la seguridad, para, de nueva cuenta, intentar enfrentar con mayor eficacia la violencia que predomina en estas tierras del sur. Hacerlo entre poderes y gobiernos de Guerrero es redundante. Es deber y responsabilidad de ellos, por encomienda libremente aceptada, combatir la delincuencia e inseguridad que nos aquejan. Para eso voluntariamente participaron en los comisos y por eso fueron electos: para enfrentar lo que se hereda y lo que se sigue generando, sin eludir responsabilidades. Lo mismo acontece con la instancia federal que tampoco por si misma ha podido frenarlas.

El pacto dejaría de ser ficto y elemento distractor, si también contemplara la participación de la sociedad organizada, en específico: policías comunitarios indígenas, partidos políticos, organizaciones no gubernamentales, asociaciones civiles y religiosas, gremios, empresarios, centros de educación superior, pueblos indígenas, etc., quienes padecen directamente el flagelo interminable de la violencia.

Para que el pacto por la seguridad de Guerrero pueda tener visos de veracidad, certidumbre y eficacia, el convocante debe de estar revestido de la suficiente autoridad moral y política para encabezarlo. Es menester que el gobernador predique con el ejemplo y empiece a dar los primeros pasos concretos sin necesidad de la firma de referencia. Haciendo uso de sus facultades formales y de facto; tiene que recuperar la confianza ciudadana perdida en su gobierno. Sobre todo, cuando la ciudadanía muestra suma incredulidad y hartazgo ante la enésima estrategia que sobre seguridad se pretenda implementar a partir del susodicho pacto.

Sería poco creíble al pueblo la convocatoria gubernamental, si antes no libera a los presos políticos indígenas de la CRAC-PC de la Región de la Montaña. Mantenerlos recluidos en la cárcel y no haber respetado el debido proceso legal es factor que contribuye al resquemor social. Patentiza la ilegalidad que revisten todavía ciertos actos gubernamentales.

Otro acto que está en sus manos realizar sin pacto alguno, es indicarle a la fiscalía estatal termine, de una vez por todas, la investigación a fondo del suceso protagonizado por policías federales, presuntos asesinos de 2 normalistas de Ayotzinapa, en la Autopista del Sol, el 12 de diciembre del 2012. Similar es el caso del crimen del diputado local Armando Chavarría, en el último cuarto del año 2009, en donde la fiscalía estatal no solo se ha vuelto omisa, sino posiblemente encubridora, al señalar como posible culpable intelectual al ERPI, cuando todos los indicios que tiene en su poder señalan que no fue así. O el asesinato irresoluto  del joven maestro y luchador social, Antonio Vivar Diaz, presuntamente a manos de un policía federal en la Colonia Tepeyac, en la región de la Montaña, el 7 de junio del 2015     

Sería baladí que nos dijera el gobernador Astudillo la reiterada y socorrida refutación de que el fiscal estatal goza de autonomía en sus acciones. Cuando es de todos sabido que él, haciendo uso de su poder de facto, fue quien realmente lo designó, por medio de la fracción mayoritaria de diputados locales del PRI, de la cual es el jefe político. Aseverar lo contrario es entrar en el mundo de la simulación política formal que se practica desde siempre en Guerrero y que tanto daño ha causado funcionar a doble cara.

PD1. El Frente Ciudadano por México, inicia sus foros temáticos para recabar las propuestas de la sociedad en Chilpancingo, el próximo martes, en el Salón Diamante, abordando el tema: Buen Gobierno, Transparencia y Rendición de Cuentas.

PD2. ¿Por qué se empeña López Obrador en destrozar la democracia interna de su partido Morena? ¿Quiere ser el émulo del Padrecito Josif Vissariónovich?

PD3. El PRI, a través de Jorge Meade ya dijo que, en el próximo sexenio, ¡Más de lo mismo! Entonces yo digo: ¡Sálvese quien pueda!

Lo único seguro es la inseguridad (4).

Héctor Manuel Popoca Boone.

Las cárceles son los mejores centros de enseñanza que hay en nuestro país para ser delincuente de toda ralea. Tanto en la expansión como en la perfección de las peores artes de perjudicar, robar o asesinar al prójimo. El sistema judicial nacional funciona para procurar y administrar la justicia (supuestamente), pero uno de sus componentes, el subsistema penitenciario nacional (SPN), promueve todo lo contrario en los hechos. La inseguridad pública tiene en las cárceles mexicanas un manantial permanente donde abreva y nutre, manteniéndose vigente y desafiante.

Es redundante afirmar que los propósitos que marca la Constitución al SPN han sido trastocados por la delincuencia. Eso, en colusión con buena parte de las autoridades gubernamentales que tienen bajo su responsabilidad, directa o indirecta, la operación de dicho subsistema. Tomando como base datos estadísticos, las conclusiones a que llega, Juan Pablo García Moreno, en su ensayo “Las fallas del sistema penitenciario” son contundentes, a saber:

Su capacidad para alojar población procesada y sentenciada está sobresaturada. Existe un uso excesivo de la prisión preventiva, sin considerar desfogues con otras sanciones alternativas. La aberración es que un interno en prisión preventiva, después de esperar varios años por una sentencia, al final es declarado inocente. (Es el caso de los presos políticos de la CRAC que retiene el poder gubernamental de Guerrero.)

A principios del 2016, según datos de la Secretaria de Gobernación, personas que no contaban con una sentencia condenatoria sumaban el 42 por ciento de la población total recluida en las cárceles del país. En las cárceles de Guerrero más del 45 por ciento de la población no está sentenciada. Mejores reclutas no hay para entrenarse y desarrollarse en la criminalidad.

Un sistema penitenciario que aloja mayoritariamente delincuentes menores -que son materia prima para engrosar la delincuencia mayor-refleja además la débil capacidad gubernamental de persecución del crimen organizado. Como escuelas del delito, los Centros de Rehabilitación Social (CERESO) le resultan, en términos monetarios y de costo social, muy caros al país. Terminan produciendo seres deformados en la perversidad que atentaran contra la seguridad pública tan pronto pongan un pie en la calle.

“El paso por un centro penitenciario, por más corto que haya sido, tiene un largo efecto en la vida de los internos. La falta de oportunidades para ex reclusos, causada por el estigma de haber estado en prisión, aumenta la probabilidad de que vuelvan a cometer actos delictivos”.

Los centros carcelarios en su mayoría son auto-gobernados por la delincuencia organizada. De acuerdo con datos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el 59 por ciento de los CERESOS en México, se rigen por autoridad propia de los internos de facto. Eso trae como consecuencia que periódicamente existan motines sangrientos en la disputa por el poder. Hace poco más de tres meses, hubo en la penitenciaría de Las Cruces, Acapulco, uno muy connotado con un saldo de 28 internos muertos y tres heridos.

El SPN ha fracasado al no respetar los derechos humanos de los recluidos y no lograr la reinserción de los internos en forma adecuada y sana a la sociedad.La propensión a la criminalidad de las personas privadas de su libertad está en razón directa a la violación de su dignidad humana, a la inadecuada separación entre procesados y sentenciados, a la precaria atención a su salud, al aislamiento e incomunicación, a la indefensión de su integridad física, al hacinamiento, al regateo para la comunicación familiar y, sobre todo, a la colisión de autoridades carcelarias con criminales para realizar actividades delictivas: sobornos, extorsiones y tráfico de drogas de toda índole.

PD. El luchador político, Ranferi Hernández Acevedo y su familia, al igual que otros dirigentes progresistas, han sido vilmente asesinados en Guerrero en lo que va de esta administración estatal. ¿Cuál orden? ¿Cuál paz? ¿Cuántos más? La realidad desborda las ficciones y engañifas institucionales.

Plataforma Programática Común.

Héctor Manuel Popoca Boone.

Una de las principales finalidades de los partidos: PRD-MC-PAN, en la constitución del Frente Ciudadano por México -con propósitos no electorales- es elaborar una propuesta programática común para la posible conformación de una Coalición de carácter electoral. La plataforma programática pretende definirla el Frente a partir de la participación y conocimiento de las propuestas de la ciudadanía sobre los problemas que más nos aquejan como pueblo; mediante la realización de foros de consulta en las principales ciudades de las regiones de Guerrero.

En términos de la política formal, se parte del principio de que, con miras a julio de 2018, lo primero es tener el programa y después las candidaturas. Aun cuando la política real nos señale que la primerísima prioridad es la negociación y repartición de las posibles candidaturas a los puestos de presidentes municipales y diputados locales en lo que concierne al nivel estatal. El programa y las candidaturas federales para la Coalición -senadores y diputados federales por Guerrero- lo trataran en el nivel de las dirigencias partidarias nacionales, en la capital de la República. En Guerrero se tomará como marco de referencia el Frente que se constituyó a nivel nacional, pudiendo no guardar vinculación ambos esfuerzos en algunos tópicos.

El ejercicio programático no es del todo inútil, a pesar de que la experiencia nos indica que, al final de cuentas, en una versión pesimista, la propuesta de acción programática ira a parar al archivo muerto de cada partido. Pero con una visión optimista, representa una oportunidad de volver a remarcar los ingentes problemas ciudadanos que se afrontan en cada una de las regiones y en cada uno de los aspectos en que se desarrolla la vida regional. Los foros no pretenden ser de catarsis social solamente, sino de recopilación de propuestas ciudadanas para soluciones realistas.

Sin lugar a dudas el principal tema que atravesará todos los foros regionales es la inseguridad y la violencia; así como la revisión de todas las estrategias fallidas que se han usado sin dar mayor resultado. A lo mejor el problema no son las estrategias sino los elementos humanos encargados de aplicarlas. Consecuencia de lo anterior también aflorará el grado de mal gobierno imperante, su cuestionable eficacia en el cumplimiento de sus deberes constitucionales, el grado de transparencia y honestidad con que las cumplen, así como la veracidad en la rendición de resultados logrados. Todo eso, tamizado por el peso específico de los diversos niveles de corrupción e impunidad existentes así como de la presencia de mis “amigos organizados”.

No menor importancia tendrá el tratamiento de los problemas de desigualdad social, pobreza y carencia de oportunidades para el progreso familiar, con sus especificidades regionales. Es un hecho evidente que la economía guerrerense, en términos generales, tiene escaso crecimiento, inhibida está por la extorsión y cuasi paralizada por los altos índices de violencia que nos aquejan.

Resaltará también en estos foros, la situación deplorable de nuestra estructura educacional y de salud pública. Los graves faltantes en materia de calidad y el gran desperdicio de activos humanos y materiales en ambos sectores en las diversas regiones, que impactan negativamente en la formación básica del capital humano y su calidad de vida exigible para sacar de la postración a nuestro pueblo.

Seguramente en la Montaña y en la Costa Chica en estos espacios de participación ciudadana afloraran los agudos problemas de pobreza extrema -por así nombrarle elegantemente a la miseria- en que viven los pueblos indígenas que habitan esas regiones y se escuchará también la exigencia de respeto a los recursos naturales regionales, empezando por suspender la minería depredadora que realizan las empresas extractivas extranjeras.

PD. Construir una plataforma programática común no será difícil en Guerrero, porque somos un pueblo bíblico. Somos hijos de Job. ¡Casi todos estamos job-didos!

Lo único seguro es la inseguridad. (3)

Héctor Manuel Popoca Boone.

A la memoria de la eterna leyenda del Che Guevara.

La seguridad de la delincuencia organizada para hacer prevalecer la inseguridad pública se la otorga la política, entre otros factores. Los malandrines aprovechan la democracia mercantilizada de nuestro actual sistema electoral, donde la compra de voluntades de los electores es el pan de cada trienio.

El dinero de la delincuencia sirve al financiamiento de las campañas electorales de políticos de indistinta ideología; siempre y cuando, una vez conquistado el poder, pague el candidato (a) triunfador (a) lo previamente pactado, que generalmente se centra en ponerles a su disposición los sistemas policíacos, los registros públicos de la propiedad y otras concesiones de diverso tipo permitiéndoles expandir los tentáculos de sus criminales negocios a lo largo y ancho del tejido social.

Para disminuir la inseguridad pública no basta tan solo perseguir y capturar físicamente a sus principales protagonistas; sino también seguir el flujo de las grandes cantidades de dinero con que lo operan y acumulan, para confiscárselos inmediatamente. Disminuir esa fuerza monetaria que les permite tronchar la justicia y seguir operando; incluso encerrados en la cárcel o desde las oficinas de lujo de la delincuencia “de cuello blanco”.

En nuestro sistema democrático electoral existen espacios de financiamiento soterrado que ponen algunas estructuras gubernamentales bajo control de los capitostes de la delincuencia. Urge, por tanto, reforzar la vigilancia de las campañas políticas para que sean lo más transparente posible, sancionando con mayor rigor el financiamiento ilícito que se presenta durante la litis electoral.

Indispensable resulta la participación autocrítica y honesta de los partidos políticos para erradicar el financiamiento de los malosos con fines de clientelismo político. Es grave por deshonesta la actual demagogia de no querer el financiamiento público para su operación, cuando hasta la fecha viven de él, ya que recursos propios tienen en muy poca cuantía. Solamente les quedaría buscarlos con los barones del buen dinero o del malo.

Así, los mercados mundiales de la ilegalidad crecen y se desarrollan con la participación de la política y de los políticos en la órbita de la delincuencia, junto con la actuación también de un segmento empresarial, sobre todo de la rama financiera y la inmobiliaria. Esta trilogía multifacética de poder en torno al crimen, lo eleva a altos niveles de impunidad e inmunidad. Es la narco-política y el narco-emprendurismo empresarial.

Programas a implementarse por el gobierno para frenar la inseguridad pública y que no se aplican eficazmente son: a) Despenalización de las drogas suaves, tanto para fines farmacéuticos o lúdicos. b) Atender el problema del consumo de drogas como un asunto de salud pública y no meramente punitivo. c) Limpiar de corrupción, impunidad e ineptitud el sistema integral de justicia nacional, tanto a nivel de policías, ministerios, jueces y magistrados d) Mayor participación ciudadana y de los partidos políticos en acciones pro seguridad. e) Rediseño integral del sistema penitenciario nacional.

La juventud requiere un especial énfasis: Ningún joven quiere convertirse en sicario por deseo espontáneo. Su motivación parte de una “cultura narca” en la que está imbuido todos los días de la semana. De un subyugante poderío letal y monetario de fuerte aliciente seductivo, en un entorno de violencia extra e intrafamiliar, con pobreza circundante, sin empleo y con vías clausuradas para continuar sus estudios. Al contarse por cientos de miles, engrosan el ejército de la carne de cañón disponible del sicariato.

PD1. Si el Frente Ciudadano por México no explicita en su programa común la reversión de las concesiones de nuestros recursos energéticos y minerales, no marcara diferencia importante con el PRI.

PD2. El Frente-Coalición tendría un candidato muy competitivo para la presidencia municipal de Chilpancingo en la persona de Toño Gaspar.

Lo único seguro es la inseguridad (2)

Héctor Manuel Popoca Boone.

Resumiendo lo expresado en la anterior entrega: los verdaderos orígenes de la inseguridad pública se encuentran en las delincuencias violentas que tienen como caldos de cultivo: a)  Las complicidades criminales de una parte del sistema gubernamental, que las propicia y preserva; b) La pobreza y miseria material de la mayoría del pueblo, c) Los bajos niveles de educación, valores y principios de la población en general; d) La amplia e insultante brecha de desigualdad social existente en nuestro país; e) Un sistema de justicia puesto al mejor postor, d) La extendida corrupción e impunidad institucional, irradiada a lo social como sistema de vida cotidiana, e) El muy atrayente por rentable, mercado mundial de los estupefacientes y otros negocios criminales y f) Un futuro cancelado para el sano desarrollo de la mayoría de nuestra juventud.

Mientras la estructura gubernamental se auto proteja en la impunidad, no podrán reducirse las circunstancias que generan lo delincuencial y sus prácticas más agudas. En el caso de Guerrero ha habido más de un presidente municipal, diputado local, funcionario público, político o gobernador que han eludido la justicia gracias a ese blindaje legal que les permite transgredir y asociarse para tal fin, sin mayor sanción.

La incapacidad, corrupción e impunidad gubernamental son claves para explicarse por qué la inseguridad se mantiene y crece. Esa debilidad es explicada a su vez por la omisión, simulación o comisión ligada a la acción delictiva. Ese accionar soterrado también confirma su participación en el mercado de la ilegalidad y en la expansión de todo tipo de delincuencias. En ese contexto, las organizaciones delictivas aun cuando las descabecen, terminan por regenerarse y multiplicarse, no importando que sean de menor tamaño porque actúan con mayor letalidad.

La voluntad política gubernamental para enfrentar con éxito el problema de la inseguridad pública no se mantiene en forma constante y continua, lo que provoca una espiral del delito que ocasiona desfases o vacíos en las estrategias adoptadas para contenerla y disminuirla en el mediano plazo.

México, en algunos estados de la república, presenta una dramática, dolorosa y sangrienta realidad: La inseguridad pública prevaleciente es combatida por una parte del gobierno federal, los estatales y municipales, pero otra sección del mismo Estado, la fomenta y protege. Agreguemos a los anterior lo siguiente: 1) El sistema de justicia mexicano está colapsado, en el ámbito de la prevención y procuración de justicia, ejemplo es la exasperante lenidad en la certificación y depuración de las policías, así como la poca viosible erradicación de malos elementos incrustados en las fuerzas armadas. 2) El marco de opacidad que cubre las acciones y la rendición de cuentas gubernamentales, deviene pérdida de control de lo que es y lo que no es el Estado mexicano. Sobreviene la existencia de la delincuencia encarpetada dentro del gobierno, quedando el pueblo en la indefensión total. Por eso, algunos analistas del delito afirman que el Estado mexicano es en sí mismo la delincuencia organizada de cuello blanco.

En México, en términos generales, el crimen paga bien y no se castiga. El 96 por ciento de los casos queda impune. En la cotidianeidad somos una nación donde no se respeta la ley y en donde en el gobierno predomina la ilicitud como sello distintivo, perdiendo toda legitimidad y autoridad de exigir a otros, lo que a ellos no los distingue.

PD1. La balacera que dio inicio la masacre en Tlatelolco, el 2 de octubre del 68, fue provocada por soldados francotiradores camuflados, pertenecientes a un batallón del Estado Mayor Presidencial, cuyos disparos los dirigieron premeditadamente hacia soldados de batallones regulares del Ejército mexicano. Así lo dejo asentado, en sus memorias póstumas, el general de división Marcelino García Barragán, en ese entonces Secretario de la Defensa Nacional.

PD2. El clamor de una buena parte de la ciudadanía de Chilpancingo y Acapulco es decirles a sus respectivos alcaldes: ¡Ya váyanse ¡

Lo único seguro es la inseguridad. (1)

Héctor Manuel Popoca Boone.

El primer paso para resolver el problema de la inseguridad es reconocerlo en toda su intensidad y tratarlo en su completa magnitud. Cosa que, en Guerrero, los gobiernos no hacen. Grave equivocación ha sido tratar de minimizar la inseguridad para de esa forma eludir las responsabilidades institucionales inherentes.

Como botón de muestra, algunas frases públicas bobas de personajes encumbrados: “En Acapulco la gente está absolutamente segura”, “La violencia es solo un problema de percepción del pueblo”, “Los asesinatos se dan en las colonias populares, no en la Costera”, “Dificulta la confrontación de criminales, resolver la violencia”, “No al 100 por ciento, pero los homicidios dolosos se cometen entre criminales” o “Si hubiera inseguridad en Acapulco, no tendría los visitantes que hay”. Los datos duros dicen otra cosa: Guerrero como estado y Acapulco como municipio, son de los territorios donde más homicidios dolosos se dan en el país.

Mientras no haya honestidad y transparencia en la información oficial, será imposible disminuir la inseguridad. Lo correcto es visibilizarla. Solo con su pleno reconocimiento los gobernantes y la ciudadanía, podremos enfrentar las múltiples causas que dan vida a la variante criminalidad; y así cada cual, en su respectivo rol social, asumiremos el deber que nos corresponde.

El segundo paso es tomar consciencia que Guerrero es un mosaico de gran diversidad. Recuperar la seguridad requiere del conocimiento de particularidades, por lo que las estrategias deben de diseñarse a partir de realidades específicas, para saber las modalidades concretas de cómo actúan y mantienen presencia territorial las bandas y la naturaleza de sus vínculos con otros factores de poder.

Hay poca inteligencia institucional aplicada al detalle y no se estudian a fondo y en lo concreto los fenómenos de la violencia urbana y rural. Las acciones de los gobiernos las más de las veces son genéricas, mayormente reactivas que preventivas, muchas veces se dan palos de ciego con gran desperdicio de recursos. La omisión, comisión o simulación, son parte de la relación perversa entre algunas estructuras gubernamentales y las delincuenciales.

El tercer paso es aceptar que las causas de la inseguridad pública son multifactoriales y que la delincuencia organizada actúa en pirámide: Los que están arriba son pocos, poderosos y reducidos los que van a la cárcel o pierden la vida en su oficio criminal. Por otro lado, hay una gran base social disponible para lo delincuencial. Son jóvenes, sin dinero, sin educación, sin futuro, en un mundo incierto. Son los que mantienen repletas las prisiones, terminando casi siempre asesinados antes de cumplir los treinta años.

El cuarto paso es reconocer que sin seguridad pública no hay inversión empresarial que florezca. La génesis del delito preferentemente se da en lugares donde no hay trabajo y donde la extorción esquilma a quienes dedicados están a invertir y a trabajar. La delincuencia anida bien en un sistema socioeconómico y político de mucha exclusión, como el nuestro: los pocos ricos son muy ricos y los muchos pobres son cada vez más pobres.

¿De qué nos sirve tener seguridad pública, si la mayoría de las familias no tienen frijoles para darles de desayunar a sus hijos? De ahí la perentoriedad de las estrategias de amplio espectro social, reconstruyendo las condiciones y circunstancias favorables para que las familias puedan tener, en la paz y en la legalidad, una vida digna y decorosa.

PD1. Artículo de opinión hecho a partir de lo expuesto en el Foro Internacional sobre Seguridad, organizado por Ricardo Mejía Berdeja en la ciudad de Acapulco.

PD2. La diputada local del PRI, Pilar Vadillo Ruiz, espetó la siguiente barbaridad sobre la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa: “…no tenían entonces que andar deambulando por Iguala” Lo cierto es que, en esa infausta tragedia, salió a relucir, en toda su dimensión, la narco-política enraizada en el PRI y en el PRD.

PD3. Asesinan a mansalva en la ciudad de Chilpancingo a Ángel Vergara Chamú, coordinador municipal de Movimiento Ciudadano en Ajuchitlán. ¿Cuál orden? ¿Cuál paz?

Carta abierta al gobernador.

Héctor Manuel Popoca Boone.

Sr. Gobernador, Héctor Astudillo: Con motivo del Día Internacional de la Mujer Indígena, establecido el 5 de septiembre de cada año, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió un pronunciamiento -que es el antecedente a una recomendación- donde demanda al Estado mexicano (en sus tres niveles de gobierno),estrategias preventivas para combatir y erradicarla violencia y la discriminación contra mujeres indígenas que impiden ejerzan plenamente sus derechos humanos, de género, interculturales y de justicia.

Requiere la CNDH la realización de transformaciones estructurales y procesos institucionales adecuados, que destierren toda forma de rechazo y maltrato a la mujer indígena por razón de género, condición social u origen étnico. Además, afirma el deber de sensibilizar y capacitar a los servidores públicos sobre los contenidos que deben tener los programas gubernamentales orientados a ellas; tomando en cuenta su cosmovisión e identidad cultural.

La CNDH enfatiza que ninguna mujer debe de ser tratada injustamente por pertenecer a una comunidad o hablar una lengua indígena; por lo que reiteró su misión de proteger y defender sus derechos fundamentales en nuestro país. De primordial importancia es la promoción de políticas de igualdad y de equidad, de acceso a la justicia, a la educación, a la atención médica, asistencia legal, …entre otros aspectos, para su mejor y mayor posicionamiento social en sus comunidades.

Pero he aquí que su gobierno, camina en sentido contrario a lo indicado por la CNDH. Usted mantiene cerrado y en el abandono total el Centro Comunitario contra la Violencia a la Mujer Indígena en Ayutla; cuyo costo ascendió a más de veinte millones de pesos del erario público. Todo, a consecuencia de un capricho personal de su “maestro”, que le ha resultado demasiado incómodo, al dejarlo mal parado en diferentes asuntos delicados, sobre todo en materia de violencia de género.Tal y como aconteció con el patético y vergonzoso caso de la renuencia contumaz a declarar la alerta de género en Guerrero, para después tener que hacerla,forzadamente, un día antes que la emitiera el gobierno federal.

Usted ha dicho falsamente en público que la puesta en operación de dicho Centro es competencia de la Secretaría de Gobernación; cuando hay documentos legales que acreditan que dicha responsabilidad recae en el gobierno del estado de Guerrero.Así lo mandata el Acuerdo del Ejecutivo Estatal, del 11 de mayo del 2012, publicado en el Periódico Oficial del Estado, en donde se establecen los propósitos y las formas de operar que tendrá dicho Centro y que están en plena congruencia con lo que establece la CNDH en su recién pronunciamiento.

Cabe resaltar que el referido Acuerdo, fue exigido por la misma Secretaría de Gobernación para transferirle al gobierno del estado, diez millones de pesos, para la construcción de dicho Centro.

Ante la obstinada resistencia de su “maestro incómodo” para echar a andar el susodicho Centro, le pido encarecidamente lo abra usted para que cumpla con las funciones para lo que fue construido y evitar que continúe deteriorándose físicamente, al no usarlo para nada y mantenerlo como un elefante blanco.

En sus manos está, Sr. Gobernador, que el Centro funcione. Al menos para que en estos tiempos aciagos, sirva como albergue y lugar de acopio, auxiliando a las mujeres indígenas que han resultado damnificadas con los últimos desastres naturales acaecidos en estas tierras del sur.

PD1. Vivos estaban. ¡Vivos tienen que seguir estando¡ (los 43 normalistas de Ayotzinapa).

PD2. Le pedí a la Tesorería de Movimiento Ciudadano-Guerrero se me descontara el 30 por ciento del sueldo que recibo como capacitador y destinarlo a los dañados guerrerenses del terremoto o de la tormenta tropical, próximos pasados. Si la normatividad del INE no lo permitiera, se me informe para mandar mucho a la chin… ampas de Xochimilco a sus miopes directivos. ¡Uf¡

De bajezas y sumisiones.

Héctor Manuel Popoca Boone.

Si ha habido un gobierno mexicano destacado por su servilismo con el gobierno de EU, en lo que va de este siglo, es el del presidente, Enrique Peña Nieto (EPN). A cada ofensa proveniente del patán de Donald Trump, responde EPN con mayor sumisión, echando por la borda toda una historia patria de dignidad y soberanía nacional. Tiene afectación de entreguismo frente a las reiteradas majaderías, humillaciones, intervencionismos vilipendiosos (plenos de racismo) del gobernante anglosajón, que a cada rato reitera que siempre nos va a contemplar como el indeseado patio trasero de su Great America.

La abyección de ésta diplomacia mexicana rastrera, no da para más. Primero fue la actitud pasiva, dócil y de autismo, ante las invectivas del presidente de EUA hacia todo lo mexicano y hacia nuestros hermanos indocumentados que trabajan allende las fronteras del norte. Después lanzó su deplorable e insultante iniciativa presidencial de construir el muro de la ignominia fronteriza, como copia grotesca del desaparecido muro de Berlín. Con el agravante que dicha determinación la publicitó a los cuatro vientos mundiales, justificándola por la “necesidad” de parar la invasión silenciosa latinoamericana, “quita-empleos de los blancos”.

Por si fuera poco, no deja de exclamar que los mexicanos tendremos que pagar a guevo los costos de su edificación. La posición del gobierno mexicano ante tamaña ofensa fue de estupor y pasmo, con nula reacción digna, para luego asumir una tardía posición de rechazo disminuida. Más sin embargo, el proyecto del muro de Trump avanza con presupuesto ya autorizado y contratos asignados.

No para ahí la cosa, poco después, anuncia este émulo de Darth Vader, su intención de modificar de raíz el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, signado por Canadá, EU y México, en virtud que el saldo comercial de su país con respecto a México es desfavorable. Lo que él quiere es un tratado, a modo, para favorecer los intereses económicos de su país. Echa por la borda los postulados básicos de la economía neoliberal plasmados en los “Consensos de Washington”, los cuales, durante décadas, impuso EUA a la mayoría de los países del mundo, a través del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, dando como resultado a escala mundial una brutal desigualdad social y pobreza sin par.

Ahora, desde la Casa Blanca en Washington, el presidente Trump se vuelve nacionalista y rechaza la apertura de las fronteras (sin aranceles) en el comercio mundial. Defiende lo que le conviene. Es decir, suprime los programas gubernamentales de protección social, pero alienta la privatización de las empresas estratégicas de otros países a favor de las grandes corporaciones transnacionales de EUA. Los estudiantes dreamers mexicanos se despertaron con tremenda pesadilla provocada por Trump: los deportarán.

A pesar de todo lo anterior, EPN persiste en quedar bien y utiliza a Luís Videgaray como vulgar diplomático-sicario, para que desde su cargo de canciller, vitupere a Venezuela en la OEA, tratando de darle lecciones de democracia, cosa que no tenemos en nuestro país. Recordemos el bochornoso proceso electoral del Estado de México. Esa lamentable posición mexicana concitó el repudio de buena parte de los países de América Latina.

Además, EPN ordena que expulsen del país al embajador de Corea del Norte, por violar acuerdos establecidos por la ONU sobre la prohibición de lanzamientos de misiles, posibles portadores de cabezas nucleares. Desacato similar también lo han realizado, en el pasado, Israel, India, Pakistán e Irán, sin contar a los 5 más poderosos del mundo, en donde México ni siquiera se inmutó.

PD. Hace más de tres años, el presidente priista Enrique Peña Nieto ordenó realizar una investigación sobre la responsabilidad por los daños ocurridos durante el huracán Ingrid y la tormenta tropical Manuel, en el municipio de Acapulco. El objetivo era identificar a los responsables de autorizar obras en zonas vulnerables a inundaciones o deslaves. A la fecha, no se ha dado a conocer los resultados de dicha investigación, ni tampoco se ha emitido sanción alguna a nadie. (Impunidad. S.A. de C.V.)

De impunidades y de Frentes.

De impunidades y de Frentes.

Héctor Manuel Popoca Boone.

La impunidad es la circunstancia de no recibir castigo un delincuente por cometer un delito. Es hacer algo fuera de la ley sin afrontar ninguna responsabilidad o penalidad. Es actuar por encima de la misma sin que pase nada.

Pero en nuestro país, la impunidad reina a todas sus anchas. Ha sido el caldo de cultivo donde se ha desarrollado y expandido la corrupción. La cual ha gangrenado seriamente el cuerpo social e institucional mexicano. A tal grado llega la descomposición sufrida a causa de la corrupción, que se antoja punto menos que imposible tratar de erradicarla si no combatimos a la par la impunidad, que es su hermana siamesa. Y si no cambiamos verdaderamente el estilo de gobernar, actualmente imperante.

Es el propio régimen político de gobierno: gobernantes, funcionarios, legisladores, jueces, políticos y policías, los primeros en practicarlas y los últimos en ser sancionados, si eso llegara a acontecer. Cuando debieran ser los primeros en el deber de erradicarlas y también los primeros en ser castigados si se les descubriesen sus haberes mal adquiridos, así como prohibir las mañas a las que echaron uso para obtenerlos.

Como no recibe castigo o sanción alguna por gozar de impunidad, el rufián puede seguir actuando y lo peor: ser imitado por otros potenciales malandrines. Esta inmunidad ilícita expande la corrupción y a un sin número más de otros delitos. La atracción suscitada para delinquir gracias a la impunidad es enorme y de alta redituabilidad. Provoca una espiral perversa sin fin.

La alta corrupción con impunidad es practicada por quienes no nada más tienen suficiente poder para hacerlo, sino también aquellos que poseen el suficiente dinero para hacer más dinero, como compulsión insaciable a lo que son proclives algunos pillines de la clase empresarial. No olvidar que “tanto peca el que mata la vaca, como el que le agarra la pata”.

Pintorescas, son las frases que algunos gobernantes y políticos cínicamente dicen en público para justificar la impunidad: “Para seguir avanzando, no removamos el pasado”. “No miremos hacia atrás, veamos hacia adelante”. “No gobernaré con espejo retrovisor”. “Solamente con pruebas fehacientes, procederemos”. “No busquemos culpables, encontremos soluciones”… y así sucesivamente. No quieren dejar sin vigencia la consigna existente en esas cofradías mafiosas: “Yo los cubro, para que después ustedes me cubran”.

Por último, tanto la corrupción como la impunidad, no reconocen ideologías para actuar. Actúan bajo el principio de que: “todo individuo tiene un precio; la cuestión es saber llegarle, para proceder a entregar el billullo  o la concesión correspondiente.

Pasando al otro tema que nos ocupa en esta entrega. Se acaba de constituir un “Frente Ciudadano por México” (FCM), integrado por los partidos políticos: MC-PRD-PAN. Dicho frente manifiesta una voluntad política conjunta, pero no para fines electorales. De acuerdo al artículo 85 de la Ley General de Partidos Políticos que así lo estipula. Pero de hecho, es la antesala para constituir una Coalición para 2018, que esa sí tiene en las elecciones su principal razón de ser.

El FCM tendrá como finalidad elaborar los propósitos generales, específicos y líneas de acción necesarias para construir un nuevo proyecto de nación, que resuelva “la grave crisis de inseguridad y pobreza que padecemos los mexicanos”, de acuerdo a lo declarado por los dirigentes nacionales de dichos partidos. Pretende definir las bases para un nuevo régimen político para el país, en donde se coloque al ciudadano, a sus demandas y causas; como ejes centrales para la toma de decisiones. El frente tendrá una duración de seis años.

Veamos ahora, cómo harán los frentistas para conciliar la visión de nación que ha enarbolado el PAN (proyecto conservador) con aquellas que tienen el PRD y el MC (al menos en documentos y que es un proyecto de transformación). O quizás, el FCM es el primer paso de ayuntarse para acceder al poder por el poder mismo.

PD. Convengamos que Acapulco no es Disneylandia, pero tampoco es Evodiolandia.

irregularidad que requiere reposición..

Héctor Manuel Popoca Boone.

No me explico el porqué del error cometido por Andrés Manuel López Obrador (AMLO), líder máximo de Morena, en el proceso de designación de la persona que será responsable de la coordinación de organización de su partido en la Ciudad de México; que es la antesala para obtener la candidatura partidaria y poder contender en las elecciones del 2018 para, de salir triunfante, asumir la máxima responsabilidad de gobernar la capital del país.

El yerro mayúsculo cometido fue dar a conocer públicamente a la ciudadanía el proceso interno de selección que se pretendía democrático, transparente, limpio y veraz. Con plena certidumbre para todos. Y fue todo lo contrario. Acusó graves contenidos antidemocráticos, con un gran engaño a la ciudadanía capitalina y del país (por no actuar con congruencia con lo que previamente se pregonó) y en donde afloraron visos de un caudillismo exacerbado, encausado a dar primacía al proyecto de contar con un gabinete de trabajo gubernamental de suma incondicionalidad a AMLO.

Resultado de lo anterior es que no hay credibilidad de buena parte de la ciudadanía por cuanto a lo democrático en la recién designación de la flamante coordinadora Claudia Sheinbaum. Según, tuvo presuntamente las mayores preferencias ciudadanas en una encuesta con reducido tamaño de muestra.

Nadie pone en duda las capacidades de la favorecida, como distinguida investigadora universitaria que es, así como el buen sabor de boca que ha dejado en sus primeros pasos en la política y en el bien gobernar. Se cuestiona el proceso en que estuvo involucrada; no su condición de mujer.

También se pone en tela de juicio la honestidad de quienes tuvieron a su cargo el análisis de los resultados de la encuesta, al enviar al tercer lugar de las preferencias a un prestigiado político de carrera, con buena aceptación de su oficio de gobierno y en los diversos cargos de representación popular que ha tenido. Me refiero a Ricardo Monreal. Una mayoría de ciudadanos creemos que no hubo juego limpio y por lo tanto carece de legitimidad ese nombramiento.

Se acrecienta lo inverosímil de la pulcritud del proceso cuando lo envolvieron en la opacidad. Es decir, los resultados finales de la encuesta se cocinaron en lo más oscuro de lo oscurito. Por lo tanto fueron “cuchareados” (expresión que usa AMLO cuando se refiere a encuestas políticas manoseadas y con resultados alterados).

Con el uso del antidemocrático “dedo flamígero” y el engaño burdo al pueblo, afloró también un desdoblamiento preocupante de la personalidad de AMLO; a saber, su reluctancia a que entre las personas cercanas que integran su equipo de trabajo, exista alguien que en lo futuro le haga sombra o emita alguna duda o cuestionamiento sobre sus decisiones personales. En otras palabras quiere rodearse de incondicionales, donde al igual que el rey Luís IV de Francia, el “Rey Sol”, máximo exponente de la monarquía absoluta, pueda decir parafraseándolo:”El Estado mexicano soy yo”. Lo que representaría un grave retroceso en el fortalecimiento de nuestra aún endeble cultura democrática.

Sabido es que a todo político encumbrado, gobernante o alto funcionario, se nos sube el poder inevitablemente y perdemos piso más temprano que tarde. Está dentro de la condición humana. Pero es nuestro deber, como ciudadanía libre de militancias partidarias, hacerlo notar y en la medida de lo posible, presionar, para frenar el exceso que deriva desvarío.

A tiempo está AMLO, y su partido Morena, para reponer el debido proceso de designación, según sus propias reglas. De lo contrario, serán de imprevisible magnitud, los costos políticos y electorales de su candidatura presidencial.

PD1. Buena carta a jugar tiene Movimiento Ciudadano para la presidencia municipal de Acapulco en la persona de Ricardo Mejía Berdeja. El diputado local se ha destacado por su tenaz lucha para lograr seguridad pública, honestidad y buen gobierno, que tanta falta hacen a este lacerado puerto.

PD2. El presidente municipal de Atoyac resultó ser todo un violador de los derechos humanos en materia laboral. Desde el pasado 15 de junio ha retenido inconstitucionalmente los salarios a 60 empleados municipales.

Rara sanción.

Héctor Manuel Popoca Boone.

            El domingo 13 de agosto pasado, el ex gobernador defenestrado, Rubén Figueroa Alcocer, declaró que el PRI se modernizaba, pero la designación del candidato presidencial era de la sola incumbencia del primer priista del país: el presidente, Enrique Peña Nieto. O sea, que todo aparentemente cambiaba, para que todo igual siguiera en ese partido.

Cinco días después, intempestivamente, se da a conocer a través de los medios de comunicación que, la Secretaría de la Función Pública (SFP) del gobierno federal, inhabilitaba para trabajar por un período de diez años en la administración pública, al más cercano discípulo político de Figueroa Alcocer, el diputado local: Héctor Vicario Castrejón, por “negligencia administrativa” cuando tuvo bajo su responsabilidad la delegación federal de la Sedatu en Guerrero.

Ese mismo viernes, el presidente estatal del PRI y el Gobernador del Estado, otorgaron públicamente su respaldo político a Vicario Castrejón. Ante preguntas de algunos reporteros, señalaron ambos que el veredicto de inhabilitación todavía no era un caso concluido. Que su naturaleza era exclusivamente de carácter administrativo y que tenía todo el derecho a defenderse. Antier, el actual delegado de la Sedatu precisó que la sanción fue por pagar una obra no realizada. Y eso, es sencillamente corrupción.

Sea de ello lo que fuere, nunca citaron a Vicario para hacer de su conocimiento formal la irregularidad imputada. No se le entregó un pliego de responsabilidades a solventar. Por lo tanto, en la penalización no se observó el debido proceso.

Una posible conjetura política es que esa sanción fue producto de una consigna superior. Bien pudo ser un mensaje del mandamás nacional del PRI a Rubén Figueroa Alcocer, para que no ande de boquiflojo al hacer declaraciones públicas inoportunas que en esta ocasión menearon el andamiaje que Enrique Peña Nieto y el PRI están tratando de construir, para enfilarse cohesionados al proceso electoral más importante del país -la renovación sexenal del poder presidencial- que se realizará en julio del 2018.

Hubo posible molestia en Los Pinos, cuando el “ave de las tempestades políticas de Huitzuco” declaró que Enrique Peña Nieto, en su carácter de presidente de la República, hará uso de la otrora facultad presidencial (meta-constitucional) de designar, por la vía de los hechos, a su sucesor en la silla presidencial.  

Cierto es que el “dedo presidencial”, desde Plutarco Elías Calles hasta Miguel de la Madrid, fue un factor de unidad, disciplina y cohesión priista, además de estabilidad nacional que brindó el sistema gubernamental denominado dictablanda, por el premio nobel de literatura, Mario Vargas Llosa. Luego, Cuauhtémoc Cárdenas Solorzano desafió con éxito esa afamada regla no escrita de la política mexicana. Sin embargo, le escamotearon con gran fraude electoral su legítimo triunfo en su primera campaña (fuera del PRI) para llegar a ser presidente de la República. El fenómeno político suscitado permitió, años después, la apertura de nuestra imperfecta democracia electoral. Dando entrada a la alternancia en el poder presidencial. Concretándose ésta, con el tristemente célebre expresidente y comediante panista, Vicente Fox. Sería una pena democrática y perdición de López Obrador que empezara hacer uso político del dedo decisional.

PD1. La política mexicana está plagada de caudillos, incertidumbres y circunstancias, donde la consciencia, organización y voluntad de los pueblos definen, al final de las cuentas, el verdadero derrotero del país, tarde que temprano.

PD2.- Con su equipo estatal de espionaje político, (que dijeron “desaparecido”), el gobierno de Guerrero interviene ilícitamente (en forma por demás burda, atolondrada y cuasi misteriosa) los teléfonos celulares de aquellos que criticamos el actual estilo de gobernar.

PD3.- La ilegal violencia gubernamental retoñó sobre la persona de la reportera indígena de El Sur, Antonia Ramírez. Siguen las impunes agresiones contra el derecho de informar y opinar. De sobra conocemos el carácter irascible del “maestro incómodo” contra los trabajadores de los medios.

Minería certificada.

Héctor Manuel Popoca Boone.

No podemos negar la importancia del aprovechamiento de los recursos minerales, metálicos y no metálicos, para el progreso de un país y su economía. Sin embargo, en algunos minerales su valor es dado por su escasez, que lo convierte en objeto monetario y de adorno, ejemplo lo son el oro, la plata y los diamantes. Resaltan porque su valor está dado por lo lucrativo, especulativo y ornamental, más que por su utilidad productiva.

También desde siempre la explotación económica de recursos no renovables es caracterizada por ser eminentemente extractiva, sin mayor retribución al entorno alterado donde se encuentran los fundos, así como la concomitante expoliación de los trabajadores manuales que en ella intervienen.

El renacimiento de la minería en Guerrero se debe a la aplicación de nuevos métodos de extracción que reducen los costos por valor de mineral extraído. Son tecnologías muy agresivas con el medio ambiente. La extracción ya no es por horadación interna, sino a tajo abierto. Rebanando los montes y suelos; contaminando los ríos con los ácidos usados en el proceso de beneficiado de los minerales.

La costosa maquinaria y tecnología usada, hace que las únicas aptas sean las grandes corporaciones extranjeras o empresas nacionales que, en la mayoría de los casos, por su poderío y capacidad de soborno, son insensibles a las pérdidas de hábitats, a las desintegraciones sociales y a la contaminación de mantos y vertientes acuíferas; retirándose de las zonas explotadas una vez agotadas las vetas, sin contribuir a crear polos de desarrollo diversificado. Tan solo son enclaves de inversión foránea temporal con alta alteración ambiental y social.

Lo anterior explica el porqué de la resistencia de los pueblos indígenas de la Montaña y Costa Chica para que las empresas mineras aprovechen los subsuelos de los terrenos que la nación les dio en usufructo como bienes comunales o ejidales de esos pueblos. Los países de origen de estas corporaciones han prohibido usar dichos métodos de extracción minera en sus territorios, trasladando sus tecnologías a aquellos países cuyas leyes son laxas en la materia.

Tal es el rechazo que dichas empresas mineras suscitan a nivel mundial que organizaciones internacionales protectoras de los derechos humanos y de los recursos naturales planetarios presionan para que observen procesos extractivos que minimicen los trastornos y perjuicios posibles a la sustentabilidad de la naturaleza y a la salud de los seres humanos; tomando como base la observancia de estándares acordados internacionalmente.

En la actualidad ya existen consultoras como: Iniciativa Internacional para Garantizar la Minería Responsable (IRMA), que es una certificadora a nivel mundial, promotora de la minería responsable. Impulsada conjuntamente por sindicatos mineros, organizaciones ambientalistas, comunidades afectadas, compañías mineras, así como consumidores finales.

La certificación de las empresas mineras conlleva la observancia de mínimos exigibles en materia de: cuantificación, monitoreo y evaluación del daño ecológico integral que es provocado a causa de la actividad. Estimaciones y determinaciones de reparación de daños al conjunto de los elementos alterados y de inversiones adicionales para conservar la sustentabilidad del hábitat. Establecimiento de políticas de mejora continua en los procesos extractivos. El tipo de gobernanza que es generada en la colectividad regional en donde se desarrolla la minería. Los impactos en materia de asentamientos humanos y desplazamientos sociales. La contribución de la minería como factor detonador de un desarrollo regional de tipo integral e inclusivo. Establecimiento de auditorías periódicas por terceros autónomos. En cada caso, la libre y democrática aceptación de los pueblos para la operación minera en sus territorios.

Exigir por todos la certificación de una minería responsable -principalmente los gobiernos en sus distintos niveles- garantizará evitar la presencia de empresas mineras que traigan a Guerrero una mentalidad e intencionalidad depredadora y de rapacidad económica.

Huellas gubernamentales.

Héctor Manuel Popoca Boone.

            Al presidente municipal perredista de Acapulco, Evodio Velázquez, le resalta la ausencia de buena huella en el oficio de gobernar. Comparado con la administración municipal pasada el contraste es cada vez más notorio, por cuanto a niveles de corrupción, opacidad, inseguridad, endeudamiento y obra pública se refiere.

            A estas alturas del partido es infructuoso seguir culpando de su fallido quehacer público al gobierno de Movimiento Ciudadano que le antecedió. Buena parte de los problemas y fracasos que ha tenido Evodio son por la ineficiencia, irresponsabilidad y opacidad en el manejo del dinero público, entre otras cosas.

La inseguridad pública no ha disminuido, todo lo contrario. La policía municipal sin certificar mantiene la lógica desconfianza ciudadana. Es más, policías ya dados de baja los volvieron a dar de alta, con el consecuente aumento en los delitos citadinos. Memorable es la frase pública de Rubén Figueroa Stmuny: “Evodio vendió la plaza”, que jamás fue desmentida contundentemente por el edil acapulqueño.

            En materia de finanzas públicas municipales hubo una reversión. Ahora el gobierno de Acapulco tiene una calificación internacional de tendencia negativa. Nulificando así, la calificación de tendencia positiva lograda por la administración de Walton. La opacidad, discrecionalidad, endeudamiento y descontrol en el manejo del gasto público caracteriza el gobierno de Evodio. La variable e incierta cuantía de los préstamos bancarios recibidos -algunos con la falta de autorización del cabildo-, dan pie a conjeturar que se ha disparado la deuda pública.  

La capacidad de pago del ayuntamiento está seriamente disminuida. Sin posibilidad de que se le otorguen financiamientos bancarios adicionales. Dicho recientemente por Evodio: las finanzas públicas están en quiebra y, por ende, insolventes para enfrentar las principales responsabilidades laborales y deberes de servicios públicos (agua, luz, etc.) para la población acapulqueña.

            También la obra pública municipal del trienio 2015-2018 resplandece por su escaza realización. Difícilmente podrá equipararse con la realizada en la administración de Walton-Uruñuela que, si bien es cierto, en su momento, causó fuerte irritación ciudadana en su construcción, ahora es apreciada por su funcionalidad y calidad, valiendo la pena las molestias generadas. Con el tiempo pues, la obra pública municipal realizada por el gobierno del partido naranja sigue acreditándose.

            Por otra parte, la nefasta triple alianza, integrada por el PRI-PAN-PRD, hace gala de denostar, una y otra vez, todos los días de la semana, a toda hora y por todos los medios posibles a Andrés Manel López Obrador. Tratan de pararlo -a como dé lugar- por ser el más aventajado en las preferencias ciudadanas para triunfar en la contienda democrática (¿) por la presidencia de la república, en las elecciones federales del próximo año.  

Ese mismo trío político, no dice que sus gobiernos copiaron las políticas públicas exitosas establecidas por López Obrador cuando fue gobernante de la ciudad de México, como fueron: el programa universal de apoyo económico a las personas de la tercera edad, a las madres solteras, así como las becas estudiantiles y la creación de instituciones de educación media y superior, para no dejar sin oportunidad a los jóvenes de seguir preparándose, entre otras.

Eso, sin contar con las múltiples obras de infraestructura urbana realizadas para resolver los problemas de agua, drenaje y movilidad vehicular de la gran megalópolis; además de dar oportunidades de negocios a los grupos empresariales, a partir de la buena orientación y ejercicio de la inversión pública como detonadora de la inversión privada. O sea, de que sabe gobernar, lo sabe hacer.

PD. Que quede claro: Por sí solos, de partido a partido, Morena le ganó al PRI en el Estado de México, por una diferencia de 56 mil votos, a pesar del enorme e ilícito cochinero electoral que el gobierno federal, estatal y municipales de extracción priistas y demás partidos coludidos orquestaron.

México y sus gobiernos.

Héctor Manuel Popoca Boone.

En el año de 1964, en plena Guerra Fría, el gobierno de Estados Unidos mandató a todos los gobernantes de los países de América a romper relaciones diplomáticas con Cuba, gobernada por Fidel Castro. Todas las naciones acataron la instrucción imperial, excepto una: México, gobernado por Adolfo López Mateos. Con esa postura, nuestro país alcanzó gran prestigio y reconocimiento mundial por la muestra de dignidad y soberanía nacional demostrada.

Hoy, México, gobernado por Enrique Peña Nieto, se comporta como comparsa servil del gobierno de EUA, presidido por Donald Trump, al obedecer la instrucción de intervenir impúdicamente en los asuntos internos de Venezuela. Con esa posición, el gobierno mexicano abona en mucho al gran desprestigio mundial que ya tenemos como país amapolero, donde reinan las delincuencias, sicarios y crímenes de todo tipo.

En días anteriores, el Secretario de Relaciones Exteriores mexicano, Luís Videgaray, respondió a las palabras ofensivas dirigidas a Peña Nieto por el presidente Venezolano, Nicolás Maduro:  “Cobarde es quien usa el poder para desmantelar la democracia” Seguramente Videgaray no se acordó cuando recientemente el PRI usó a plenitud el poder gubernamental para joder a nuestra democracia electoral en el Estado de México y en otras entidades federativas.

Por otra parte, dice el dicho popular que “el que calla, otorga”. El Estado Mexicano no respondió al requerimiento solicitado por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, que estudia el caso de la masacre realizada por malos elementos del ejército mexicano en la comunidad indígena de El Charco, municipio de Ayutla, el 7 de junio de 1998. Ante tal incumplimiento, se abre la puerta para que la demanda de justicia pase a la Corte Interamericana de Derechos humanos para efectuar el juicio correspondiente. ¡Uf! Ya de por sí cargamos con muchas vergüenzas internacionales y ahora se añade otra.

En Guerrero, tanto el mal gobierno (en ciertas áreas) de Héctor Astudillo, como el de Evodio Velázquez en Acapulco (en casi todas las áreas), se declaran en quiebra financiera y con las arcas públicas vacías a causa de la mala administración de sus antecesores. Pero ellos, como autoridades que son, no han hecho absolutamente nada para aplicar las responsabilidades a aquellos ex gobernantes que lo ameritan. Eso demuestra que mientras siga la corrupción y la impunidad como formas de gobernar, permaneceremos en el hoyo negro en donde los malos gobiernos nos han colocado y no hay para cuando salir.

La oficina de gobierno a cargo del “maestro incómodo”, aduce ahora que no hay presupuesto público para instrumentar los componentes institucionales que integran la Alerta de violencia de Género, promulgada por el gobierno federal para Guerrero. En verdad que hay mucho de hipocresía al declarar lo anterior cuando transcurridos más de casi dos años no han querido iniciar, por ejemplo, la operación del Centro Comunitario contra la Violencia a la Mujer Indígena en el municipio de Ayutla, cuyo costo ascendió a más de dos decenas de millones de pesos. Y luego piden que les tengamos confianza; que Guerrero nos necesita a todos. Puras farsas y patrañas publicitarias.

Palabras de Evodio Velásquez, alcalde de Acapulco, sobre el grave problema de inseguridad pública que padecemos: “…es un problema estructural que dejamos avanzar muchos años atrás, y no echo culpas a un gobierno ni a otro,  ni a un color ni a otro, más bien se ha descuidado la política pública que pueda combatir la delincuencia y la inseguridad” O sea, digo yo recordando otra afamada frase predilecta de algunos políticos: “Ni sí ni no, sino todo lo contrario”.

PD. Chilpancingo, la capital del estado, prácticamente esta cercada por los malosos: Ocotito-Petaquillas, Chilapa-Tixtla, Chichihualco, Tlacotepec-Zumpango, Quechultenango-Mochitlan. Por donde usted quiera evitarla, ahí se presentan. Solo es cuestión de meses para que nos coloquen en un verdadero estado de sitio. ¡Sálvese quien pueda!