Cruzados ante el hambre.

A la memoria de Don Alejandro Cervantes Delgado. Como él, ninguno mejor.

Héctor Manuel Popoca Boone.

A inicios del 2013, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, dio inicio a la estrategia denominada, “Cruzada Nacional contra el Hambre”, que, en su primer año, pretendía atender a 7.4 millones de mexicanos que padecían pobreza y desnutrición extrema en 400 municipios del país. El gobierno federal tomó en Guerrero, como casos prototipos de arranque nacional, un municipio rural (Mártir de Cuilapan-Apango) y una colonia sub-urbana del municipio de Acapulco (Simón Bolívar).

La estrategia implicaba un giro estructural en el combate a la pobreza. Intervendrían los gobiernos, federal, estatal y municipal, a la par que las comunidades; conjuntando y conjugando esfuerzos para garantizar salud, educación, vivienda, una mejor economía y servicios públicos básicos eficientes como caminos, calles, agua, luz, drenaje, entre otros. Inclusión y bienestar social, fue la consigna de la cruzada. Se pretendía elevar la calidad de vida de quienes nunca la han tenido aceptable y que son, hasta la fecha, decenas de millones de mexicanos.

La cruzada estuvo dirigida por la SEDESOL federal. Era una política pública de “corresponsabilidad y de coordinación interinstitucional”, la cual no sólo buscaba erradicar el hambre, sino las circunstancias que la rodean. Otros componentes de la misma eran fortalecer las capacidades productivas locales junto con la acción comunitaria; es decir, que los beneficiarios fueran no sólo sujetos pasivos, sino activos para lograr el progreso sustancial de sus familias y hábitats.

Los objetivos eran lograr la meta “hambre cero”; eliminar la desnutrición infantil aguda, con mejores alimentos, cocinas y comedores comunitarios; diversificar los mecanismos de abasto popular; incrementar empleos y microcréditos; aumentar las capacidades productivas de los productores y trabajadores, capacitar y apoyar a jóvenes emprendedores y amainar la grande desigualdad social.

La estrategia sexenal duró solo un año. Fue fallida, onerosa y tronchada. Careció de suficiente información y transparencia; se estima que en el año inicial se invirtieron alrededor de 110 millones de pesos en las dos comunidades piloto, con resultados intrascendentales.

 Analizando este fracaso gubernamental con el maestro en ciencias territoriales de la UAGRO, Iván Sánchez Ignacio, coincidíamos en las siguientes causas: Falta de coordinación interinstitucional; ausencia de un plan territorial que guiara las acciones y recursos, lo que ocasionó que cada dependencia anduviera por su lado, aplicando sus tradicionales programas, con reglas de operación engorrosas e inflexibles; ausencia de la participación social en el diseño, gestión, operación y evaluación de la estrategia; lo que condujo a una falta de continuidad multianual. Después del año inicial, los programas y proyectos entraron en la etapa del abandono acelerado y disminución de la participación comunitaria.

Fueron también causa de la ineptitud institucional, la falta de capacidad de los gobiernos, estatal y municipal, de hacer suya la estrategia; desconociendo la información básica de las comunidades seleccionadas y la carencia de acompañamiento técnico a los proyectos productivos que las instituciones impusieron unilateralmente,

Conclusión: la Cruzada contra el hambre, resultó una añagaza que solo hizo ricos a unos cuantos vivales, con una gran cantidad proyectos fracasados. Mientras tanto, los gobernantes y servidores públicos siguen cruzados de brazos ante el hambre de los pueblos de Guerrero.

PD1. Una faceta del ejercicio de la política es llegar a acuerdos entre las partes, siempre y cuando no se traicionen los principios y valores ideológicos que sustentan cada cual. Lo contrario es pura tranza tracalera, realizada en lo oscurito.

PD2. Mañana domingo, en el Centro Cultural, Antonio Villela, de Ciudad Altamirano, se efectuará la reunión del Movimiento Nacional Campesino Siglo XXI-Guerrero, en la región Tierra Caliente. A las diez de la mañana. Allá estaremos.

Bancarrotas municipales.

Héctor Manuel Popoca Boone.

Buena parte de los presidentes municipales salientes entregarán la administración de sus comunas peor de como las recibieron; ya de por sí algo o mucho deterioradas. Principalmente tocante a las finanzas públicas, entre otros activos. La mala administración es consecuencia de un desordenado estilo de gobernar, en mucho impregnado de corrupción e impunidad que culmina en rapiña descarada.

Los déficits financieros son de consideración y deberían de estar reflejados en las actas de entrega-recepción elaboradas en forma previa y oportuna antes de la entrega del poder municipal. Lamentablemente no es así, debido a que en dichas actas no queda plasmada toda la problemática, ni todos los pendientes, ya que son elaboradas apresuradamente, con datos poco transparentes y a la vez maquillados. Una previa auditoría realizada por un despacho contable profesional externo y aceptado por las partes, sería lo recomendable.

Lo primero que enfrentará un presidente municipal entrante son todas las deudas de corto plazo, en materia de sueldos y salarios devengados, así como los correspondientes aguinaldos del personal; los adeudos reales o ficticios de empresas proveedoras de bienes y servicios que el gobierno saliente no pago; los débitos a compañías constructoras por obra pública realizada y no pagada total o parcialmente; además de detectar las “obras fantasmas” o de mala calidad cobradas en su totalidad. Seguramente hará falta dinero para darle continuidad al suministro de agua, recolección de basura, pagos de electricidad, luminarias y gasolinas entre otros servicios públicos municipales.

Qué decir de la deuda pública de mediano plazo que no ha sido amortizada en los plazos correspondientes; donde la deuda se va heredando en forma acumulada de una administración a otra, rebasando la capacidad de pago que tiene el erario público municipal y que compromete seriamente la operación eficaz de los nuevos ayuntamientos.

No menores adeudos pueden encontrarse en laudos laborales ganados por trabajadores que no se han solventado; corriendo los riesgos de embargo de bienes muebles e inmuebles del ayuntamiento. También es de fijarse la abultada nómina de personal que no va a laborar; o si asiste, simula trabajar. Buena parte de las policías municipales continúan sin certificación. Es común que, en las postrimerías de las administraciones públicas, haya venta de nuevas plazas de base, al mejor postor o a la mejor conveniencia.

Los que se van, prácticamente se llevan todo y dejan tan solo lo inservible y con archivos desvalijados. Arrasan con todo aquello que sea transportable. Coches, computadoras, artículos eléctricos, aires acondicionados, refacciones e inventarios y, en el peor de los casos, armas de fuego asignadas a la seguridad pública municipal, cuyo destino final es la delincuencia. Físicamente no se llevan el palacio municipal, nada más porque no pueden hacerlo, pero la voracidad en el latrocinio no tiene límites.

Hasta ahora, han sido penosas e intrascendentes las actuaciones de las Auditorías, federal y estatal, en los procesos de entrega-recepción de ayuntamientos; por cuanto a sancionar toda la corrupción que emana de ellos; no existiendo voluntad verdadera de extinguir la impunidad que la enmarca. Veremos ahora sus comportamientos en el presente proceso porque, sin lugar a dudas, buena parte de los ayuntamientos de Guerrero están enladronados.

PD1. De escándalo la corrupción imperante en la UAGRO. Los jóvenes para ser admitidos en ciertas unidades académicas, tienen que “dar moche” o “pagar arancel” por derecho a entrar. Por ejemplo: En la de nutrición, se les pidió 5 mil pesos. En la de enfermería, 40 mil pesos y en la de medicina 130 mil pesos. Estamos integrando, a través del correo-e, h.popoca.b@gmail.com, un expediente documentado de estas corruptelas para entregárselo a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y también a AMLO en su próxima visita a Guerrero.

PD2. “¿Cual inseguridad en Acapulco? ¡por favor!” Exclamación del empresario, Juan Antonio Hernández, dueño del Fórum Imperial en Acapulco, ante pregunta de reporteros, hace nueve meses (El Sur. 29/12/ 2017).

Impunidad S. A.

Héctor Manuel Popoca Boone.

En este mes se cumplen cinco años de que el huracán Ingrid y la tormenta tropical Manuel impactaron el territorio nacional (15/sept/2013), con saldo de 150 muertos, 68 desaparecidos, un millón 200 mil damnificados, 36 mil 961 casas afectadas y daños estimados en 75 mil millones de pesos (la mayor parte en Guerrero); a la fecha, no hay responsables sancionados por el otorgamiento de permisos de construcción en zonas de alto riesgo en donde se presentan, de vez en vez, desbordamientos e inundaciones naturales como lo fue en el área de Acapulco-Diamante; provocando pérdidas humanas y materiales.

“Esto implicará conocer cuáles fueron las zonas en las que, de manera inapropiada y con permisos, seguramente también sin sustento legal, se otorgaron y donde se edificaron construcciones, lo que impidió que se drenara adecuadamente el agua que se acumula por los ríos en esta región y que, a partir de ello, se realice la investigación correspondiente”, expresó el Presidente de la república, Enrique Peña Nieto (EPN), durante una reunión de evaluación de daños ocasionados por Ingrid y Manuel, efectuada en Acapulco

La identificación de responsables de actuaciones presuntamente ilícitas fue ordenada por EPN a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), en ese entonces a cargo de Jorge C. Ramírez Marín, quien debió realizar un informe y presentarlo tres semanas después. Han pasado 5 años desde entonces y el informe sigue sin conocerse públicamente, si es que existe.

En el ámbito local, la Fiscalía del estado de Guerrero, por instrucciones del entonces gobernador, Ángel Aguirre Rivero, inició su propia investigación a través de la averiguación previa 1179 en el Ministerio Público de Costa Azul, donde fue solicitada la presentación de 27 ex funcionarios públicos, incluidos ex alcaldes municipales; pero hasta el momento no se sabe nada del curso que tuvo el expediente aludido. Lo mismo pasó con la información requerida a ocho grandes inmobiliarias involucradas, en diferentes tiempos, en la construcción de casas de carácter social en esa zona inundable.

Posteriormente, la Sedatu por insistencia de información de reporteros, respondió con inverecundia: “Las licencias y permisos fueron otorgados aproximadamente hace 10 años, por lo cual, aparentemente, las acciones para presentar denuncias penales o administrativas, podrían estar prescritas”.

En ese mismo lapso, EPN instruyó la formulación de un programa para la reconstrucción del estado, mismo que se instrumentaría con todas las dependencias federales coordinadas por la secretaria de la SEDESOL, Rosario Robles Berlanga. Así nació el Plan Nuevo Guerrero, que se dio a conocer al público el 7 de noviembre del 2013, contemplando 37 mil 715 millones de pesos, para el ejercicio fiscal 2014. Dicho plan en algunos programas puestos en operación no tuvo metas precisas, mucho menos plazos de finiquito. Los recursos se operaron y dieron a conocer con poca información detallada.

Se pretendió darle participación a la sociedad civil para monitorear el Plan a través de un “Consejo Estatal para la Reconstrucción de Guerrero”, que fue presidido por el político y empresario, Miguel Alemán Velazco. Estaba integrado por destacados personajes del sector privado, social, universitario y eclesiástico, tanto del nivel estatal como nacional. La actuación de dicho Consejo fue decorativa y no rindió informe alguno de evaluación de los resultados obtenidos, por no contar con la suficiente información. Fue tan solo una faramalla, ya que no fue autónomo ni tuvo recursos independientes para su cometido. No logró transparentar la operación de los recursos federales del Plan Nuevo Guerrero.

A finales de abril 2015, se realizó la última sesión protocolaria del fallido Consejo, donde como conclusión irónicamente se comentó tras bambalinas: “Todo lo que entró, salió; y no hay más información” Corrupción e impunidad S.A. de R.L.

PD1. Bajaran o subirán los homicidios, pero no hay región del estado donde no haya pobladores alzados en armas para defender sus vidas y patrimonios.

Construyendo la paz.

Héctor Manuel Popoca Boone.

Ante un gobierno desbordado por la violencia, la pacificación podrá lograrse reconociendo las limitaciones y posibilidades que tienen las partes involucradas, en el fenómeno de suyo polifacético, pluridimensional y de multiniveles; además de la aceptación inicial que solo se saldrá adelante de este criminal e indefinido impasse, con acciones efectivas e inmediatas de todos, convenidas en la mesa de los encuentros, diálogos y con la derivada agenda de trabajo.

Son tres los protagonistas principales en la actual tragedia mexicana: el Estado, el pueblo y la delincuencia organizada. Imprescindible es la toma de consciencia que sin la participación de alguna de ellas continuará la degradación social que padecemos en forma creciente. Máxime, al saber que nadie hasta ahora ha triunfado en este combate diario, donde fallecen miles de jóvenes en forma deshumanizada y pueblos enteros sufren desplazamiento interno forzado.

Para iniciar la pacificación entendida como proceso y responsabilidad de todos, menester es reconocerse, para posibilitar el encuentro y el diálogo; reafirmar la voluntad de conocer la verdad total por todos y por encima de todo; tener certeza de la magnitud y naturaleza de los delitos y del número de las víctimas y victimarios; establecer los juicios correspondientes para definir las culpabilidades de los transgresores de la ley; emitir las sentencias judiciales correspondientes, junto con los reparos necesarios y la garantía de no repetición. Después, aplicar la justicia transicional bajo la aprobación de las víctimas y la indispensable contrición de los victimarios de bajo perfil, que pudieran ser sujetos de una amnistía casuística y dar pie a un pacto social de avenimiento gradual hacia la paz

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Tomemos en cuenta, a guisa de ejemplo que, en lo más álgido de la guerra entre Vietnam y Estados Unidos, los contendientes sostuvieron diálogos secretos, para sopesar las posibilidades del cese de las hostilidades armadas. Mismas que dieron como resultado el retiro paulatino del cuerpo armado norteamericano.

La pérdida de la paz y la incrementada delincuencia se han agravado a lo largo de los años y la violencia se ha enseñoreado en todo México; padeciéndola principalmente la población pobre como si fuera su pan de cada día, ante un Estado mexicano infiltrado y abúlico. Existe una real crisis de seguridad pública a nivel nacional. La violación contumaz de todos los derechos humanos, en esta auténtica guerra de baja intensidad, corroe cualquier proceso de reconstrucción de la paz nacional y el alcance de la misma sería a mediano plazo.

Es imprescindible que el empeño se acompañe de seis tareas fundamentales, a saber: 1. Lograr un auténtico Estado de derecho, sin contubernios de ninguna especie, por ningún poder o nivel de gobierno, donde todos respeten los derechos humanos de todos como cimera de todo. 2. Prevalencia de la justicia, imparcial, permanente y expedita, ante todo tipo de agravios a la población. 3. Un gobierno honesto, capaz y con fuerte compromiso social, que otorgue y garantice seguridad, libertad y paz para un desarrollo humano armónico dentro de la legalidad. 4. Una democracia participativa, plural, no mercantilizada, con cero partidocracias corruptas y con ciudadanía interactuante con el Estado. 5. La construcción de una economía social, solidaria e incluyente, entretejida desde abajo, generadora de empleos e inversión, que desemboque en un desarrollo integral y sustentable. 6. Una educación y cultura (principios y valores) para la paz con toma de consciencia ciudadana, responsable y creativa, libre de temores, extorciones y secuestros.

La diversidad de los frentes de atención, lleva a que las acciones se emprendan de forma integral, coordinada, unísona y permanente; sabedores que, hoy por hoy, el gobierno por sí solo quedó impotente, para construir un orden social justo con paz duradera.

PD. Con su refrendo público a la falsa “verdad histórica”, en el caso de los 43, Enrique Peña Nieto no es merecedor de perdón alguno del pueblo mexicano.

Frases quemantes.

Héctor Manuel Popoca Boone.

Así como el gobierno municipal requiere del apoyo del gobierno estatal para el bien gobernar, Guerrero necesita del gobierno federal para progresar. Cuando dos niveles de gobierno son discrepantes en la ideología política de sus respectivos partidos el que pierde electoralmente le conviene llevarse la fiesta en paz con el triunfador. El gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, obtuvo 558 mil 662 votos a su favor en el 2015. Este año, el presidente electo de la Republica, Andrés M. López Obrador, tuvo un millón 18 mil votos en este Estado. Es decir, 82 % más votos.

En la bolsa de valores de “Mochelandia”, el moche por adquisiciones se cotiza en 15 por ciento y el de construcción en 20 por ciento. Eso se acabará en el gobierno federal de AMLO. Los corruptos tendrán que hacer negocios ilícitos en otra parte. Pero será inútil tratar de erradicar la corrupción, si no se extingue también la impunidad. En Guerrero la política se hace con dinero o con convicciones. Prefiero las últimas, sin embargo, predomina el “billullo”.

El secretario de economía del falleciente gobierno federal, afirmó que no le alcanza su sueldo mensual de 140 mil pesos netos. Luego arguyen los priistas que no están desapegados a los sufrimientos del pueblo. El problema de Guerrero es que la mayoría de sus gobernantes, funcionarios y políticos les ha ganado también la voracidad sin límites; motivo por el cual no les preocupa la extensa pobreza y la carencia de bienestar social.

Es difícil, más no imposible, atravesar sin mancha alguna el pantano en que está convertida la cosa pública en Guerrero. Pletórica de aguas hediondas y estancadas, que le dan forma y contenido al basurero de la corrupción y de la impunidad, para solaz de los politicastros (as) que medran a su alrededor. Sólo con la movilización y participación ciudadana se pueden derrumbar los muros de soberbia e insensibilidad social, auto-construidos por la mayoría de los gobernantes y acompañantes.

Con estos nuevos aires de transformación del país, habrá credibilidad y saldremos del hoyo negro y sangriento en que estamos inmersos. El camino que conduce al reino de la ineptitud está empedrado de puras farsas, mentiras y pretextos. Con verdadera honestidad, transparencia, idoneidad, capacidad y genuino empeño de servir al pueblo podremos progresar, con o sin coordinadores de los programas sociales federales en cada Estado.

El éxito histórico que ha tenido la CRAC-PC en la región de Costa Chica y la Montaña ha sido porque los pueblos indígenas necesitaban tener fuerzas de seguridad pública, propias, confiables y eficientes, que procuraran y administraran la justicia, la paz y la serena convivencia comunitaria; cosa que los gobiernos estatales nunca les obsequiaron. Con fuerte arraigo local, con un actuar normado por las asambleas comunales y con códigos de re-educación basados en principios y valores éticos consuetudinarios, ahora cuentan con el total apoyo, confianza y respeto de sus propias comunidades.

Esa es la realidad de un derecho indígena conquistado desde antiguo que la mal afamada Ley Astudillo pretende disminuir, subordinar y remitirla a la incumbencia de un ministerio público por demás, tenebroso, anquilosado y corrupto. El concepto de ley abstracta no se concreta en los derechos ya adquiridos, obligados y jurídicos, desde la perspectiva del constitucionalismo moderno. El diputado local electo de Morena, Rubén Cayetano García, afirma que hay escaza consistencia jurídica cuando una sola ley secundaria reglamenta toda una serie de artículos constitucionales.

Esa es la ceguera de escritorio, del poder ejecutivo estatal y del legislativo saliente. Se abstrajeron de un fenómeno social circundante. Legislaron en forma ahistórica y ajenos a la circunstancia factual. Por eso su acrecentada impopularidad y su anticipado fracaso en el acatamiento de tal ley.

PD. Beneplácito causa la liberación de 9 de 25 policías comunitarios de la CRAC-PC, de la CECOP y ciudadanos. Detenidos el 7 de enero pasado en La Concepción, Cacahuatepec.

Mentiras.

Héctor Manuel Popoca Boone.

No es cierto que el gobierno del estado de Guerrero nunca haya manejado el dinero federal, como lo afirma el gobernador Astudillo y su “maestro incómodo”. El gobierno de la república radica al gobierno estatal recursos federales que son producto de la recaudación fiscal nacional o de empréstitos.

La transferencia la realiza por dos vías principales: La primera obligatoria, por precepto constitucional que por derecho reciben todos los estados y municipios, que se denominan “participaciones fiscales”, las cuales los estados y municipios las pueden ejercer como consideren conveniente y no son auditables por la federación, sino por la Auditoría Estatal a través de la revisión anual de las cuentas públicas que el gobierno del estado presenta para su aprobación a la cámara de diputados local.

Estas participaciones fiscales -consideradas en el ramo 28 del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF)-, son asignadas mediante diferentes fondos, en los términos establecidos por la Ley de Coordinación Fiscal, por medio de convenios de adhesión y de colaboración administrativa correspondientes. Son entregadas a los estados y municipios en retribución a sus aportes a la economía del país (mediante fórmulas de ponderación de diversas variables), más las compensaciones que se derivan del grado de desarrollo socio económico de los mismos. Para Guerrero, por ejemplo, ascendieron a la cantidad de 16 mil millones de pesos, (PEF-2018, Diario Oficial de la Federación del 20/12/217).

Un segundo tipo de transferencia de recursos federales a los gobiernos estatales son las denominadas “aportaciones federales”, cuya original aplicación pertenece al gobierno federal pero mediante convenios de colaboración y coordinación de libre subscripción por las partes son transferidos a los gobiernos estatales y municipales del país, para el mayor fortalecimiento del federalismo. Con la salvedad que estos dineros son etiquetados y deben de ser aplicados obligadamente para determinados programas de obra y/o acciones bajo reglas de operación específicas y mayor fiscalización por parte de la Auditoría Superior de la Federación.

Esta segunda forma de transferencias, están consideradas en el ramo 33 del PEF. El gobierno federal los distribuye con el objetivo de subsidiar los ingresos de aquellos estados y/o municipios que acusan mayores niveles de pobreza; evitando así ahondar los distanciamientos en el crecimiento económico y social entre las entidades federativas. Se asignan mediante diversos fondos bajo la consigna de dar trato desigual a desiguales, para no profundizar más las brechas regionales ya existentes. En números redondos en el 2018 para Guerrero sumaron un monto de 32 000 millones de pesos. Es decir, 50 por ciento más que las participaciones fiscales. En estos dineros el gobierno federal y la Auditoria Superior de la de la Federación son más estrictos en su aplicación por los estados.

El diferendo de ciertos gobernadores con el presidente electo de la república son las aportaciones federales y no las participaciones fiscales. AMLO ha dicho que va a suspender la entrega de recursos federales a los gobiernos estatales únicamente de los programas sociales del ramo 33 por el mal y corrupto uso que les han dado.

PD1. En la UAGRO, algunas unidades académicas les exigen a los estudiantes de nuevo ingreso, su respectivo moche. En la SEP, en el nivel de primaria y secundaria, los moches son por diversos conceptos. ¡Doble Uf!

PD2. Parece ser que el Tribunal Estatal Electoral no guardó el debido proceso al quitarle el triunfo electoral a Morena en el municipio de Tecoanapa.

PD3. El no traicionaras, no robarás y no mentirás, se convertirán en consigna permanente del gobierno de AMLO para lograr un cambio verdadero en México.

PD4. Hoy en la ciudad de Atoyac a las 10.00 am, en el auditorio de la preparatoria 22 de la UAGRO, se efectuara la reunión del Movimiento Campesino Plan de Ayala Siglo XXI-Guerrero, para establecer la coordinación regional de Costa Grande.

Corrupción e impunidad S.A. de C.V.

Héctor Manuel Popoca Boone

En Guerrero, la actividad gubernamental (federal, estatal y municipal) ha estado atravesada por la corrupción y la impunidad de mucho tiempo atrás hasta la fecha. El enriquecimiento de los gobernantes es proverbial y es traba importante para el progreso y bienestar del pueblo. Las formas como se practica la corrupción son multifacéticas y de multiniveles, siendo el presupuesto público la fuente primigenia de los latrocinios. Lo extraordinario de todo esto es que nunca se ha sancionado severamente por ladrón a ningún funcionario de mando medio o superior. Ni por la contraloría, la auditoría o la fiscalía estatal. A lo más, han inhabilitado para trabajar en la administración pública por determinado tiempo, a uno que otro despistado.

Transcribo, por no tener desperdicio alguno, el siguiente párrafo del reportaje de Rosalba Ramírez García, en El Sur. (28/07/18): “Las modificaciones aprobadas en materia de fiscalización son para que el titular de la Auditoría Superior del Estado pueda repetir en el cargo un período (cada uno es de 7 años), el titular podrá nombrar a los cuatro auditores especiales y determinar su temporalidad en el cargo; también los exonera de ser juzgados por responsabilidad política y en consecuencia el Poder Legislativo no podrá destituirlos y toda la responsabilidad recaerá en quien esté al frente del órgano fiscalizador.” ¡Chúpale pichón! Se aprueban mayores fueros estatales, cuando el próximo gobierno federal los va a quitar.

Antes de recoger sus bártulos y de cerrar la cortina de la ignominia, el pleno de la actual legislatura local aprueba este monumental desaguisado. Por su regresión histórica, en la larga lucha social por tener gobiernos honestos en Guerrero, es menester repudiarla. Esa es la flamante modificación constitucional a partir de una iniciativa del gobernador Astudillo.

 Conocido es en el mundo de la administración pública estatal que el verdadero personaje que designa de facto al auditor superior y a los auditores especiales es el gobernador a través de sus sumisos y presurosos diputados, para que le protejan las espaldas, contablemente hablando. En una democracia real y transparente, todo gobernante o funcionario público de alto nivel, está sometido al escrutinio de terceros, a la rendición de cuentas y puede ser sujeto a juicio político, civil o penal, si fuera el caso.

También es sabido en el ámbito de la política local que, si los gobernantes estatal y municipales, no desean tener obstáculos serios a la hora de revisarles sus cuentas públicas tienen que caerse con su moche con la mayoría de los auditores correspondientes. O puede que buena parte de los auditores les recomienden tal o cual despacho de contadores (de los que son socios o tienen prestanombres) con el objeto de que a sus cuentas chuecas, las limpien y enderecen; que les laven su contabilidad pública. Para después pasarla a la aprobación de los ilu$tres diputados locales.

El gobernador rema a contracorriente del programa federal anti-corrupción y anti-impunidad que pretende implementar el presidente electo de la república, Andrés Manuel López Obrador. Ojalá me equivoque, pero con esto enrarece y dificulta aún más la necesaria sincronía entre el gobierno federal y el estatal. El gobernador Astudillo emite malas señales de escaza voluntad, por más que diga lo contrario. Mientras que AMLO exigirá rendición pública de cuentas en forma veraz en su mandato federal, la sujeción a referéndum público de su gobierno a la mitad de su gobierno y de un redoblado esfuerzo real por lograr que la honestidad sea un verdadero estilo de gobernar, el gobernador Astudillo y su “maestro incómodo” obstruyen en los hechos tal propósito.

Parte de la desgracia histórica de Guerrero ha sido tener una clase de políticos y gobernantes que rayan en la indecencia permanente en lo que se refiere a su actuación pública. (No todos, pero los pocos que se salvan, han sido una ínfima minoría).

PD. El mantener en la cárcel, como presos políticos, a 25 policías comunitarios de la CRAC y de la CECOP, convierte en farsa las bondades esgrimidas sobre la Ley Astudillo en materia de seguridad y justicia indígena.

Pleito premeditado.

lHector Manuel Popoca Boone.

Qué necesidad tuvo el gobernador y su “maestro incómodo” (entre otros) de ganarse mayor repulsa; teniendo ya de por sí bajos niveles de aceptación popular por su forma de gobernar. La rebelión de los vencidos electoralmente, empieza con una gran provocación a los pueblos indígenas. Las fuerzas políticas derrotadas se agrupan en torno a la Ley Astudillo contra los pueblos originarios. Las modificaciones del articulado constitucional tienen sustento en las intencionalidades de trasfondo de quien las impone. Han abierto un interregno legal para la represión popular.

Es una “vil venganza”. Por un lado, están el PRI-PRD-PAN-MC-PT, liderados por el gobernador y su “maestro incómodo”, y, por otro lado, Morena y organizaciones sociales encabezadas por la CRAC-PC y el CECOP, contando con el respaldo de movimientos sociales y organizaciones defensoras de los derechos humanos que caminan por la senda de la reconstrucción de la paz en Guerrero.

La miopía política del gobierno estatal es mayúscula; ven el incendio, por ineptitud institucional, y le echan más gasolina al fuego. Astudillo tomó la peor de las rutas para sincronizar su gobierno con el del próximo ejecutivo federal. Imprudencia e insensatez a la vez. Pobre Guerrero. Comete craso error al elegir este sendero para arribar a acuerdos de cohabitación con el nuevo gobierno federal. No se percata que AMLO está mucho más cerca de los pueblos indígenas, que de su gobierno. No puede borrar de un plumazo o dejar en la indefensión, en lo abstracto y temporal un batallar histórico-social de justicia y paz que, hoy más que nunca, tiene razón su existencia por las crueles y sangrientas realidades incontrolables que padece nuestra entidad.

No quiso la actual legislatura local percatarse que “somos mucho más que dos” en esta discrepancia preconcebida. Los diputados locales terminales (con la gran excepción de la diputada por Morena, María de Jesús Cisneros Martínez) no actuaron como representantes populares, sino como personeros del gobernador. Se ganaron a pulso su buen “pago de marcha”. Lo in$ólito del asunto fue que una recién flamante diputada federal por Morena, regresó a su antigua curul estatal solo para argumentar en contra de la ley Astudillo, pero a la hora de votar lo hizo a favor. Es costumbre de muchos legisladores orientar su voto a lo más conveniente para su persona y no para concretar un anhelo social.

Pero el acabose fue que ahora tienden la alfombra jurídica para obsequiar represión legal a los que históricamente han impedido que el delito se enseñoree en sus territorios indígenas. Aprobaron “las leyes Astudillo” en el ocaso de su pésima y opaca legislatura. No buscaron consenso con el pueblo. Implementaron una farsa grotesca. Para su oprobio.

Legislaron con letra muerta. La CRAC-PC, la CECOP y Tlachinollan, que tienen representación de alrededor 300 pueblos de diversos municipios indígenas, ya les espetaron que no acataran dichas disposiciones legales. En términos reales no hay autoridad estatal que se los impida. Seguirán con su sistema de seguridad y justicia indígena, bajo el amparo que les da la Constitución de la República y los convenios internacionales que México ha firmado en la materia.

Los del gobierno se niegan a reconocer que la delincuencia en Guerrero los desbordó totalmente, por más que digan que no es así. Pero lejos de aceptar su fracaso y aliarse con el pueblo, tratan de impedir que los ciudadanos organizados de antaño sigan haciendo realidad en sus comunidades el buen orden y la buena paz. Los malos gobiernos habidos hasta ahora han sido cómplices del señorío de la inseguridad en Guerrero, ya sea por omisión o por colusión. Y ahora, a palo dado, exigen respeto. ¡Uf!

PD1. Los diputados locales en su ignominiosa salida dejaron congelada la iniciativa de sancionar con mayor severidad la extorsión o “derecho de piso”.

PD2. En Hidalgo como antes en Sonora, se dieron albazos legislativos para cubrir presuntos latrocinios del erario público y modificar facultades internas a las próximas legislaturas donde llegará con mayoría Morena.

Centralismo vs federalismo

Héctor Manuel Popoca Boone.

A pesar de que la Constitución Mexicana del 1917 configura a nuestro país como una república federalista constituida por estados soberanos con división de poderes para los contrapesos pertinentes, en los hechos y en el devenir de varias décadas nos desarrollamos como una república centralista con un poder ejecutivo dominante frente a los otros poderes, legislativo y judicial.

La explicación de esta contradicción entre un ordenamiento formal y una práctica gubernamental de facto se debió en mucho a la necesidad imperiosa, políticamente hablando, de tomar el control del país ante las fuerzas centrífugas post revolucionarias de caciques militares regionales que imponían en los estados de la república su propia ley y orden.

Con los años, el crecimiento económico y social del país volvió cada vez más compleja la acción gubernamental centralizada de la federación en materia de servicios e inversiones públicas a lo largo y ancho de la nación. Un ejemplo claro en Guerrero era la presencia de la Comisión del Rio Balsas que tenía mayor presupuesto de inversión para el desarrollo regional que el gobierno estatal; o el Fideicomiso Acapulco que disponía de más recursos federales para infraestructura urbana que el disponible por el ayuntamiento de Acapulco.

Las secretarias federales administraban directamente los programas para los sectores de educación, salud, caminos, industria y campo, entre otros. Pero ese centralismo federal volvía nugatorio el vigor constitucional de los estados y de los ayuntamientos para gobernar. Provocaba también que el gobierno federal fuera un ente demasiado obeso.

Fue en la época del presidente, José López Portillo, que el gobierno federal adopta como política pública el federalismo. Consistente en la descentralización paulatina a los gobiernos estatales de facultades, programas y recursos; y de desconcentración institucional que era la reubicación geográfica de oficinas administrativas federales en diferentes entidades federativas.

Lamentablemente este esfuerzo fue desvirtuado, porque buena parte de los gobiernos estatales no estaban preparados para recibir las nuevas responsabilidades, ni los recursos materiales, humanos y financieros transferidos. No hubo honestidad, capacidad y eficacia en el manejo de los programas federales descentralizados. Pruebas fehacientes son, por ejemplo, los desastrosos y endeudados sistemas de salud y de educación estatales y el surgimiento de políticos y gobernantes, estatales y municipales multimillonarios, resultantes de una impune corrupción sistemática y desbocada.

Paralelamente, los gobernadores empezaron a cabildear con los diversos secretarios federales para sugerirles que los delegados fueran gente afín a ellos, sin importar la capacidad técnica requerida. De esa manera podían orientar los recursos federales para reforzar al grupo en el poder estatal y enriquecer sus bolsillos. Ahí donde no había recomendados del gobernador, los delegados federales eran designados desde el centro ya sea por recomendaciones o compadrazgos.

El colmo fue usar descaradamente las delegaciones federales y los programas de inversión como instrumentos electorales para comprar votos a favor del PRI. Los delegados se convirtieron en mapaches políticos, como aconteció en las recién pasadas elecciones presidenciales, donde miles de millones de pesos, personal y centenares de vehículos federales se usaron para tal fin.

De allí que el virtual presidente electo, López Obrador; necesita retomar el control perdido de las delegaciones federales y enderezarlas para ponerlas al servicio del pueblo, por medio de una reingeniería centralizada de la administración pública, con un solo coordinador estatal federal, honesto y de alto perfil. Está por verse si es lo adecuado, pero por los hechos corruptos acaecidos otorguémosle el beneficio de la duda.

PD. El pueblo es el que sale perdiendo cuando riñen dos niveles de gobierno. Es el caso patético de Chilpancingo. No hay que confrontar, pero tampoco provocar.

De cara al pueblo.

Héctor Manuel Popoca Boone.

Lo que aconteció el 1 de julio pasado fue una auténtica rebelión pacífica de la mayoría del pueblo mexicano. Ante el hartazgo y enojo contenido durante más de treinta años, por las funestas consecuencias sociales y económicas de los malos gobiernos del PRI, PAN y PRD. El pueblo marco un nuevo hito histórico en México, por su manifiesta voluntad de realizar un cambio profundo, por la vía legal, democrática y pacífica.

El tiempo que transcurre de triunfo electoral a la toma de posesión del cargo de presidente de la república es de 6 meses. Ese tiempo es el que usa el presidente electo y su equipo cercano de colaboradores para rediseñar la estructura y los procesos de la administración pública federal; así como las posibles modificaciones a las leyes, reglamentos y políticas públicas para el mejor cumplimiento de sus compromisos de campaña. También lo dedica para la selección definitiva de su equipo de gobierno; a la revisión del nuevo mapa político nacional resultante de las elecciones; así como de las resistencias que suscitaran en otras fuerzas políticas los cambios destinados a poner las bases de una profunda transformación del país.

Anteriormente esa preparación de acciones inmediatas para los tres primeros meses de gobierno, el presidente electo la realizaba de la forma más discreta posible, en sigilo y a espaldas del pueblo. Para no suscitar oposiciones, descontentos o turbulencias indeseables, antes de asumir totalmente el poder presidencial. Un día antes, daba a conocer algunas de ellas, otras en su discurso de toma de posesión o en las semanas siguientes.

Estrategia emblemática de lo anterior fue la seguida por el presidente Enrique Peña Nieto y su cercano equipo de trabajo. Durante el interregno elaboraron todo lo necesario para dar inicio a sus maltrechas reformas estructurales: energética, fiscal, educativa y otras más. Las estaban “cocinando” tras bambalinas, con asesorías extranjeras, sobre todo la reforma energética, porque sabía de antemano que algunas iban a suscitar el rechazo popular.

Así, las iniciativas sobre modificación de leyes para darles legalidad que no legitimidad estuvieron preelaboradas antes de su envío al Congreso de la Unión, sin faltar alguna coma o punto; para que los legisladores se concretaran únicamente a cubrir la formalidad de aprobarlas, previo soborno de un millón de pesos para cada uno que votara a favor de ellas por la vía del fast track. Todo a espaldas del pueblo.

Ahora, de cara a la ciudadanía, el virtual presidente electo de México, Andrés M. López Obrador, construye su agenda gubernamental de acciones e iniciativas inmediatas. En forma diferente a la costumbre política priista. Las somete a la opinión pública para su mayor legitimación. Como es natural están suscitando aprobación, expectación o rechazo por parte de sectores o personajes de la población, según los intereses que representan.

Por ejemplo, los procesos de descentralización de las oficinas principales de diversas secretarias, la concentración de facultades y recursos federales otrora transferidos, la disminución de los altos sueldos de los funcionarios superiores, las disposiciones para el combate de la corrupción e impunidad, las modificaciones a la estructura de la administración pública y todo el numeroso bagaje de intencionalidades que ha puesto en la palestra pública, pueden gustar o no. Pueden apoyarse o no. Pueden ser rectificadas o no. Pero nadie duda que es un buen ejercicio de información y transparencia democrática oportuna, en los prolegómenos de un ejercicio del poder presidencial nunca antes visto.

PD1. Ayutla será gobernado por personas indígenas que garantizaran verdadera atención a sus comunidades, relegadas de antiguo por alcaldes que no miraban más allá de la cabecera municipal.

PD2. Al PRI y al PRD se les criticó acremente por usar los programas sociales del gobierno con fines clientelares. Lo menos deseable para Morena es que se convierta en un PRI o un PRD reciclado y con tribus políticas en ciernes. ¡Uf!

Coaliciones políticas.

Héctor Manuel Popoca Boone.

Tanto en el nivel nacional como en el estatal, el reciente proceso electoral mostró con crudeza lo frágil y eventual que pueden ser las coaliciones político-electorales, bajo la partidocracia imperante.

Algunas de las alianzas que participaron en la liza, nacieron con una contradicción insalvable: el afán de tener o retener el poder por el poder mismo; al margen de ideales y convicciones que fortalecieran las causas propias de los partidos, militantes y líderes para una mayor cohesión y fortaleza político electoral. Solo exhibieron un eclecticismo infértil, en la frustrada conquista del poder para beneficio de unos cuantos. Súmele las rémoras de los partidos satélites incondicionales que ya trae la constelación de la partidocracia.

La conquista del poder aparejada con el propósito de mantener lo de siempre sin cambio alguno; únicamente puede lograrse a través del pragmatismo puro. Con demagogia afirmaban ciertos coalicionistas: “Nos hemos despojado de nuestras propias ideologías, para adoptar la ideología de los ciudadanos”. Esas palabras querían decir mucho y a la vez no dijeron nada, o más bien dicho, exhibían que nunca esos partidos tuvieron en mente velar por los intereses de los ciudadanos.

Expresaban su intención de aliarse, al tenor de una quimera ciudadana que no tenía mayor praxis social. Voluntariamente fingían ignorar que estamos inmersos en una sociedad plural, profundamente desigual y con bajos niveles de educación. Además de que la mayoría de los partidos políticos coaligados ya mostraban de tiempo atrás gran distanciamiento con el sentir popular. Las coaliciones también exhibieron que la comunicación política unitaria al interior fue de dientes para fuera; por la incompatibilidad ideológica que los marcaba. Quedaron desdibujados.

Pero también en este aglutinamiento con mezcolanza ideológica disímbola, perdieron la identidad y la diferencia política, que les daba sentido de ser. Desorientaron a sus militantes, arrojándolos a una vaciedad desmotivacional; perseguían tan solo seguir medrando en la política para buscar canonjías, puestos gubernamentales y de representación popular.

Buena parte de los partidos coaligados, ante la imposibilidad de generar mayor fuerza electoral, hicieron suma dispareja, numérica e ideológica, que los llevó a la derrota por su auto anulación. Sumaron debilidades y no oportunidades. Los mensajes políticos de campaña fueron disímbolos, con un lenguaje similar a aquel que no expresa nada. Exhibieron con desnudez sus talantes facciosos. Ejemplo patético fue la irreal idea de llevar a la cárcel al presidente Enrique Peña Nieto.

Las coaliciones con ideologías contrapuestas son también de naturaleza efímera, por coyunturales. No pueden ser de mediano plazo, como lo supone luchar por ideales comunes. Son circunstanciales y de escaza trascendencia. Ser pragmáticos conlleva inmediatez y no perdurabilidad. No pueden sostenerse por no existir homogeneidad en principios que los amalgamen con solidez y por contener contradicciones antagónicas.

Por eso no se dio el alineamiento y armonización de acciones; difíciles de sostenerse y concretar porque cada cual en los hechos andaba por su lado. Al margen del pueblo y caminando para sí mismos. La mayoría de las coaliciones estaban prendidas de alfileres. Una coherencia unitaria solo existió en el aparentar ser y no en el ser; cobrando claridad la alianza en la imaginación, más no en la realidad.

La irrupción masiva de los marginados y olvidados derrumbó el castillo de naipes y la concepción feudal-patrimonialista-familiar con la que la partidocracia venía construyendo su andamiaje. Sus dirigentes quedaron desnudos en su aburguesamiento político y en su regodeo en el mundo de las concesiones y privilegios; nepotes en las diversas estructuras de poder en donde participaban, siempre a costa del erario.

PD. Convendría que el gobernador, Héctor Astudillo, emitiera buenas señales de querer armonizar su política de gobierno con la del presidente, López Obrador, liberando a los presos políticos que su gobierno tiene de la CRAC y la UGOCP, entre otros.

                          

Dejen en paz a la "La Coprera"

Héctor Manuel Popoca Boone.

Para el Dr. Pablo Sandoval Cruz, leyenda viviente de integridad en la lucha social.

El edificio popularmente conocido como “La Coprera”, ubicado en la Av. Ejido y calle 6 de la ciudad de Acapulco, Gro., propiedad de los productores regionales de coco, es emblemático por ser el sitio donde aconteció la impune masacre de los copreros en 1967, ejecutada por sicarios al servicio de caciques regionales, bajo protección de policías judiciales estatales que arrojó un saldo aproximado de 35 personas asesinadas y 130 heridas de bala.

En la actualidad el inmueble es ocupado por el Frente Progresista Guerrerense A.C. (FPG) que aglutina a varias organizaciones sociales, cuya finalidad es apoyar las causas justas de sus integrantes de varias regiones del Estado. Llama mucho la atención que en los últimos nueve meses hayan sufrido cuatro asaltos realizados por elementos de diferentes instituciones oficiales.

El primer asalto fue el 12 de octubre del año pasado, cuando a las 11 de la mañana alrededor de 60 soldados, (acompañados por un supuesto dueño de la propiedad que enarboló más no dejo ver las supuestas escrituras) rompieron las cadenas y derribaron la puerta principal, además de cercar el edificio. Dicho allanamiento fue sin orden de cateo o desalojo y sin presencia de ninguna autoridad civil, violando flagrantemente el artículo 14 de la Constitución Federal.

Ante la renuencia del ministerio público para levantar la demanda, los directivos del FPG: Eloy Cisneros Guillén, Uriel Leal Ramírez, Jorge Luís Salas Pérez, Magdalena Valtierra García y Patricia Batani Giles, acudieron a la CNDH, la que solicitó información del suceso al Ejercito, habiendo éste contestado que su intervención fue debida a que recibieron información de que en dicho edificio había armas de alto poder, reconociendo después que no encontraron ninguna.

El segundo asalto fue hecho por policías ministeriales estatales, el pasado 7 de noviembre a las 7 am (ya iniciado el actual proceso electoral). El forzamiento consistió en desalojar la mercancía de los pequeños comercios aledaños al edificio, procediendo a poner otras cadenas a las puertas y sellos de clausura; sin mediar actuario, tan solo con una demanda de un segundo disque dueño. El FPG de inmediato habló con el hoy exfiscal general estatal, Xavier Olea, que al apersonarse en el edificio reconoció que los sellos eran falsos, mandó quitarlos y dijo que fincaría responsabilidades a sus subordinados. Cosa que nunca sucedió.

El tercer asalto al inmueble ocurrió el 15 de junio pasado en la madrugada. Fecha donde el FPG ya estaba participando activamente en apoyo a la campaña política de AMLO, para la presidencia de la república; y de Adela Román Ocampo, para la presidencia municipal de Acapulco. Ahora la provocación fue por un grupo de 70 policías municipales, llevando una retroexcavadora para destruir el edificio. A las 9 am llegó un actuario con una orden de desalojo firmada por el juez cuarto de lo civil, a partir de una demanda de un supuesto ¡tercer dueño! Fue detenida la retroexcavadora que ya estaba destruyendo la entrada principal del edificio al ponérsele enfrente ciudadanos y ciudadanas del FPG y vecinos del lugar.

El 29 de junio, dos días antes de las elecciones, al filo de la medianoche, fue realizado el cuarto asalto a “La Coprera”. De nueva cuenta se apersonaron policías municipales, además del presunto último dueño, junto con dos hombres armados con los mismos fines ilegales y aviesos. Esta vez la retroexcavadora destruyó la puerta principal y una columna antes de que la gente llegara a impedirlo.

La destrucción de propiedad ajena, robo y agresión física configuran, aparte de delitos penales, una flagrante violación a las leyes electorales por parte de los gobiernos federal, estatal y municipal; por cuanto agravios que tenían como finalidad provocar terrorismo político, temor o intimidación a ciudadanos de Acapulco durante el proceso electoral.

PD. Qué dicen de todo esto, las autoridades federales y estatales electorales; además de la PGR. ¿Quedarán impunes los atropellos cometidos?

Acapulco en la mira.

Héctor Manuel Popoca Boone.

Una vez perdida la presidencia de la república, el PRI va por el mayor número de gubernaturas, senadurías, diputaciones, así como presidencias municipales. Aplicaran hasta el final la estrategia de fraude electoral utilizada en el Estado de México, el año pasado. El municipio de Acapulco, por el número de votos que genera, los fondos públicos que opera y la influencia geopolítica que tiene, quieren ganarlo a como dé lugar y al costo que sea.

Conocida es la intromisión del gobierno federal y estatal en las elecciones de Acapulco. Durante la campaña política utilizaron todos los programas del DIF, para propósitos electorales. También el otorgamiento masivo de pintura para fachadas de casas. Circularon camiones repletos de despensas oficiales; traspasadas en la madrugada a camionetas particulares o pequeñas bodegas, para ser repartidas en las colonias populares y comunidades rurales. La Sedesol y la Sedatu ampliaron los padrones de beneficiarias del programa Prospera, de leche subsidiada, de madres solteras y mejoramiento de la vivienda. En otras palabras, el PRI y sus gobiernos usaron todos los programas sociales para ganar votos.

En Acapulco, el PRI mantiene un ejército de brigadistas pagados, que repartieron y pegaron toda clase de propaganda de sus candidatos. Tuvieron también dinero para sostener una fuerte estructura electoral conformada por promotores y coordinadores de casilla, sección, ruta y distrito electoral. Cada uno de ellos con sueldos según su categoría. Dicha estructura electoral tendrá su culminación laboral el día de mañana. Llevaran a votar a sus promovidos de cada manzana o barrio, señalándoles la ubicación de la “casas amigas” que tendrán dinero y boletas cruzadas de antemano para intercambiarlas por la compra directa del voto. Si, por ejemplo, la meta municipal es comprar en Acapulco, 200 000 votos a razón de $ 1 500.00 cada uno, deberán tener 300 millones de pesos distribuibles para las transacciones en dichas “casas amigas”. O también engañan al electorado como lo hizo el PAN repartiendo tarjetas electrónicas con promesas de dinero. El PRI ha dotado de vehículos nuevos, sin logo alguno, a todos sus mapaches políticos supervisores que atenderán como presa fácil las aisladas casillas en el medio rural.

Por si fuera poca la inseguridad y la violencia social que ya padecemos, los del gobierno acentuaron el miedo y terror político para que la gente no salga a votar y solamente acuda su voto duro. Publicitaron reiteradamente sus mapas de riesgo de violencia. Hubo coronas mortuorias dejadas en oficinas partidarias. Aparecieron mantas anónimas tipo narco contra candidatos. No pararon los asesinatos a políticos. Hubo destrucción de propaganda y hostigamiento a los seguidores y activistas de la candidata de Morena, Adela Román Ocampo. Quizás mañana aparezcan los “hombres de negro del PRI”, cerca de algunas casillas o las cabezas de cerdos en los domicilios de funcionarios o de representantes de casilla Proliferaron las irritantes llamadas telefónicas domiciliarias de madrugada para provocar indisposición política.

En el Estado de México, la FEPADE abrió el mayor número de carpetas de investigación por las siguientes causas y ninguna de ellas prosperó: Solicitar votos por paga, promesa de dinero u otra contraprestación; o bien mediante violencia o amenaza. Presionar a otro a asistir a actos proselitistas. Realizar algún acto que provoque temor o intimidación en el electorado. Recoger credenciales para votar de los ciudadanos o alterar boletas de elección. Soborno y abstención de funcionarios electorales de cumplir con sus responsabilidades. Destinar personal, bienes o servicios públicos al apoyo o al perjuicio de un candidato, partido político o coalición. A pesar de todo lo anterior, en las elecciones de mañana “el arroz ya se cosió”, por el bien de México.

PD. Sayas Enríquez le expresó a Porfirio Díaz en 1906: “la experiencia acumulada en la historia nos enseña que, cuando nadie mira por el pueblo, el pueblo mira por sí mismo, y cuando mira por sí mismo no es río que corre por su cauce natural, sino torrente que se desborda”.