Los coordinadores estatales.

Héctor Manuel Popoca Boone.

            Cuando anunció el presidente de la República su intención de suprimir los delegados federales en los Estados para dejar un solo coordinador provocó irritación mayúscula de varios gobernantes estatales. Por cuanto a que esa medida, suponen la supresión de la interlocución de ellos con el presidente de la República o con los secretarios federales. A la par, temen la disminución en la asignación de recursos federales -adicionales a sus participaciones fiscales- cuyo control sería transferido a los eufemísticamente hablando, virreyes federales de nuevo cuño.

La extinción de la figura de delegado federal es motivada por razones de adelgazamiento de puestos de mandos medios y superiores al adoptarse una fisonomía de gobierno republicano y austero, en un contexto de erradicación de la corrupción, el clientelismo político y las intervenciones ilícitas de los delegados federales en las campañas electorales para apoyar a los candidatos de tal o cual partido político.

La iniciativa de ley para realizar las modificaciones a la estructura de la administración pública federal da más luz sobre el asunto que nos ocupa. Por principio de cuentas, habrá un “Delegado federal de Programas para el Desarrollo” y la unidad administrativa a su cargo se denominará “Delegación de Programas para el Desarrollo”. Dicha unidad tendrá como función principal las tareas de: a) coordinación entre las autoridades federales, estatales y municipales con la presidencia de la República, b) la supervisión en la prestación de servicios y de la tramitología a cargo de las hasta hoy delegaciones federales; además, c) coordinar las acciones para la concreción de las prioridades presidenciales; así como del establecimiento de los mecanismos para una mayor vinculación presidencial con la ciudadanía.

El coordinador estatal será designado por el presidente de la República y dependerá de un coordinador general de “Programas para el Desarrollo” a nivel nacional, mismo que dependerá de la Oficina de la Presidencia.

Las actuales delegaciones federales serán a partir de diciembre denominadas “Oficinas de Representación” de las diversas secretarias. Estarán jerárquica y funcionalmente adscritas a los respectivos secretarios designados, con el objeto de que los actos de autoridad que de ellas emanen sigan ejerciéndose de manera regular. O sea, seguirán ejerciendo las facultades y atribuciones que por materia hoy atienden.

Algunas dependencias federales desaparecerán, otras se mantendrán y algunas se fortalecerán; dependiendo del rol que jueguen en la instrumentación de los 25 programas estratégicos señalados por el presidente electo. Para eso se hará una revisión a fondo de sus respectivos funcionamientos; estimando el costo-beneficio de seguir operando y la manera en que entregan resultados.

PD1. Un productor rural de la región de Tierra Caliente hace la siguiente denuncia a través de las redes sociales: “Es imposible quedarse callado, están asaltando a los campesinos en el Distrito de Desarrollo Rural de la SAGARPA en Ciudad Altamirano; en estos momentos están entregando cheques de S 4 500.00 por productor, les hacen firmarlos y les quieren dar solamente tres mil pesos en productos agroquímicos y el que no quiera dichos líquidos, le van a dar solo mil trescientos pesos”. Otro productor de Atoyac también dice que “en el caso del café, el paquete tecnológico tiene un valor comercial de $ 1 118.00 y el proveedor le factura a la SAGARPA con monto alterado que asciende a $ 2 500.00” ¡Uf!

PD2. Que quede claro, los “amigos organizados” no se entronizarán en el ayuntamiento de Acapulco. Todos estamos con la presidenta municipal, Adela Román Ocampo.

PD3. Hay que poner las barbas a remojar: No habrá incremento al presupuesto de las universidades públicas en el 2019 sino se obligan a rendir cuentas públicas y de resultados, en forma honesta y transparente. Así lo indicó el presidente electo de la república.

           

Tiempos de cambios.

Héctor Manuel Popoca

La democracia no es un decreto múltiple de felicidad, como asienta Eduardo Robledo Rincón en su libro: Poder, ¿para qué?  Sobre todo, cuando su acceso va cargado de las exigencias de una ciudadanía esperanzada, que reclama acciones y resultados inmediatos. Por eso, hay que caminar hacia una nueva práctica gubernativa eficaz, donde el poder esté al servicio de la causa ciudadana y sea manejado con humildad y sencillez.

El gobernante que accede al poder para administrar la cosa pública puede ir más allá; puede trascender su circunstancia en función de su capacidad para innovar en su actuación, identificando la génesis de los verdaderos problemas que irritan colectivamente a los gobernados. Por ejemplo, ingobernabilidad, inseguridad, desigualdad e injusticia, entre otros, son obstáculos que cuestionan la capacidad para dirigir al colectivo por una ruta adecuada en la consecución del bienestar y paz a corto plazo.

Para hacer viable una agenda para el cambio se requiere sumar fuerzas. De ahí la importancia de hacer alianzas políticas hasta el límite que nos señalen nuestros principios y valores ideológicos. El ceder y negociar en lo secundario para avanzar en lo sustantivo se vuelve destreza clave en el proceso del ejercicio y administración del poder; para así convertir la energía social en instrumento transformador dentro de un escenario nacional que exige mayor visión, compromiso y transparencia. Estamos en una situación de retos y desafíos de un mundo globalizado más cambiante que en otros tiempos; tanto para bien como para mal.

“Ahora los gobernantes no pueden hacerlo todo y solos”; no hay cabida para gobiernos autoritarios, verticales y poco interactuantes con las organizaciones civiles. Cualquier decisión o propuesta en la democracia tiene que conciliarse y negociarse civilizadamente. Se requiere construir consensos con diferentes actores sociales, económicos y políticos antes de llevarlas a cabo. Quedaron atrás las hegemonías y las prepotencias. La transformación democrática de la sociedad solo se hace con la participación de la mayoría del pueblo.

El poder, en un contexto democrático, hace irremplazable la necesidad de que las agendas de los diferentes actores políticos se tomen en cuenta, según el peso político específico que tienen sus protagonistas. La responsabilidad de un gobernante es ser incluyente y proceder a la articulación, para así lograr la cooperación de todos en la consecución de los fines comunes.

El prometer en política, entusiasma; el no cumplir, desacredita. Una cosa es acceder al poder y otra es aplicarlo, su realización debe de ser de tal manera que los ciudadanos tengan la certeza que habrá progresos importantes en la solución de sus ingentes problemas.

En las últimas tres décadas los gobernantes y sus equipos de trabajo arribaron al poder con el propósito del gozo personal y del disfrute de los privilegios que de él se derivan y que van desde los económicos y políticos hasta los meramente egocéntricos que motivan la rapaz participación en la política.

En ese marco, el poder se entiende para muchos gobernantes y políticos como una unión de falso prestigio, de mando sobrevaluado y obtención de canonjías de toda naturaleza. Un gobierno con ese tipo de políticos será un gobierno mediocre, sin altura de miras o rumbo. A los más, podrá hacer obras y acciones buenas de pequeña envergadura, pero no serán de trascendencia.

Hay procesos gubernamentales donde es perentorio socializar su operación; en virtud de que la unilateralidad genera poca credibilidad y escaza participación popular. Hay que insistir en que la democracia en sí misma no da resultados positivos inmediatos y es un sistema de gobierno exigente, en lo mucho y en lo pronto.

PD. Reconozco la deferencia del presidente de la comisión de presupuesto y cuenta pública del congreso local, Alfredo Sánchez, para invitarme a participar como asesor en la misma; en el mismo tenor al Dr. Víctor Villalobos Arambula, futuro secretario de la SAGARPA, en su equipo de transición.

Los cambios para transformar.

Héctor Manuel Popoca Boone.

Bien para Guerrero tuvo el encuentro del presidente electo de la República, López Obrador, con el gobernador del estado, Astudillo Flores. Hubo un mayor conocimiento personal mutuo, en un marco de respeto y de reconocimiento a la jerarquía institucional que nuestra democracia federal les otorga a cada cual.

De buenos gobernantes fue anteponer los intereses superiores de Guerrero, a sus diferencias en el estilo de gobernar. La mayoría de los mexicanos demandamos nuevas formas de usar el poder; es decir, de cómo ponerlo al servicio y beneficio de todos; y no de unos pocos.

Es un imperativo popular, exigido democráticamente. Hay aceptación e intención del presidente de la república y del gobernador estatal para responder a las expectativas sociales por los cambios y transformaciones demandadas por los mexicanos en general y los guerrerenses en particular.

“Primero los pobres.” “Nadie por fuera o por encima de la ley.” “No robar. No mentir. No traicionar.” De consignas de campaña política se convertirán en normas para la acción gubernamental federal, que regirán en los próximos seis años. El gobierno estatal, así como el gobierno municipal de Acapulco, encabezado por Adela Román Ocampo, consintieron allanarse a los mismos para el cambio en el ejercicio de gobierno.

En otras palabras, la semana pasada en Acapulco, los tres gobernantes declararon públicamente sumar esfuerzos para elaborar la agenda del cambio y concretar las acciones conjuntas para realizarlo. De esa conjunción de intencionalidades políticas, el mayor beneficiario será Guerrero.

No será fácil, porque afloraran las resistencias de aquellos beneficiarios de lo que hasta ahora se trata de transformar de manera trascendental. No será sencillo, porque habrá vicios de poder enquistados antaño que representan serios obstáculos, como lo son; la deshonestidad, la impunidad, el desapego social, el usufrutuo del poder visto como un fin para el beneficio personal o de grupo y no como un medio para lograr el bienestar social. Se opondrán todas las viejas formas de ejercer el poder público que nos han llevado al empantanamiento y a la degradación de la convivencia pacífica en las últimas tres décadas.

Enrique Peña Nieto en el plano nacional, Javier Duarte en Veracruz y Evodio Velásquez en Acapulco, son prístinos ejemplos de lo aquí asentado. Por eso, no será del todo inmediato el desprenderse de erróneos y enraizados hábitos que permean el ejercicio de gobernar, como lo son: la simulación, la farsa, la mendacidad, la ineptitud, la omisión premeditada, el cinismo, la hipocresía o la frivolidad entre otro tipo de excesos.

La primera oposición política soterrada será la de los políticos conservadores. Aquellos que quieren que se preserve el statu quo gubernamental del cual se han inflado y enriquecido sin medida. Como buenos zorros fingirán cambiar para que todo permanezca igual, a pesar de los malos resultados institucionales a lo largo de las tres últimas décadas y que están a la vista de todos: inseguridad, pobreza, falta de empleos, ingobernabilidades regionales, despojo de territorios y recursos naturales, además del malestar generalizado de la ciudadanía por el estado actual de las cosas.

A lo anterior hay que agregar una mayor desigualdad e injusticia social, endeudamiento público y desgobierno regionalizado. Por eso son urgentes los cambios para las transformaciones estructurales que reviertan esos perniciosos y agravados resultados que han clausurado los senderos para logar bienestar social, paz y certidumbre colectiva en el futuro.

Por último, pero no menos importante es la actuación de los “amigos organizados” que representan también otro fuerte obstáculo para la gobernabilidad, para la paz, y la cohesión social, tanto a nivel estatal como nacional.

PD. No obstante que no hay mella en la inversión y el empleo, en los últimos tres años no se ha podido cumplir con la principal consigna gubernamental: orden y paz.

Las guerrilleras urbanas.

Héctor Manuel Popoca Boone.

Para Lourdes Quiñones Trevizo.

A partir del año de 1968 y como consecuencia de la brutal represión gubernamental a los jóvenes estudiantes, se intensificó la participación de la mujer en el seno de los grupos guerrilleros urbanos. Dicha actuación emancipadora en pos de un México mejor, no es recordada en todo su valor histórico, tal como lo es la participación masculina.

Si bien es cierto que la motivación principal que tuvieron para tomar las armas fue de índole político-ideológico, al buscar por la vía violenta un cambio estructural en el país orientado al socialismo, también en algunas de ellas hubo causas motivacionales de índole existencial, ya sea por convocatoria directa de sus amistades, por vínculos familiares o de repudio a la represión gubernamental contra el movimiento estudiantil del año 1968 y de la marcha de 1971.

Las guerrilleras urbanas tenían de 17 a 25 años de edad promedio, de clase media, en su mayoría con estudios de nivel medio y superior, en el marco de la efervescencia política-ideológica universitaria, donde el personaje paradigmático era el Che Guevara y la saga de la revolución cubana y de la guerra antimperialista en Vietnam. Sus terrenos de combate fueron de carácter regional; siendo los estados de Chihuahua, Sinaloa, Jalisco, Nuevo León, Sonora y la Ciudad de México.

Generalmente no rebasaban un 30 por ciento del total de participantes, en no menos de 20 grupos de guerrilla urbana; pero a diferencia de las que actuaron en el medio rural que fungieron más como bases de apoyo y salvaguarda, las guerrilleras urbanas tuvieron un papel más protagónico en los eventos armados, bien fueran éstos, asaltos a bancos, secuestros o de plano enfrentamientos directos con cuerpos militares, policíacos y paramilitares adiestrados en contrainsurgencia. Algunos de sus compañeros sobrevivientes resaltan de ellas la valentía, el arrojo, la templanza, la capacidad organizativa y la habilidad con las armas, cualidades siempre asociadas a lo masculino.

La toma de las armas les dio un insólito empoderamiento en la lucha por la emancipación de la mujer; representando un tipo de feminismo empírico más allá de lo teorizante que, desde la perspectiva de género, les valió el respeto, el compañerismo y la equidad en la distribución de las faenas, entre hombres y mujeres al interior de los grupos guerrilleros.

La represión desatada contra ellas, por la policía y milicia antiguerrilla, estuvo impregnada de mucha saña. El machismo exacerbado llevaba a los represores al más abyecto sadismo en los tratos crueles que culminaban en el asesinato y la desaparición forzada; habiendo sido previamente torturadas en forma atroz y denigrante para que delataran a compañeros e informaran la localización de casas de seguridad. Los datos disponibles (no certificados) de ese horror y terror dan cuenta de al menos 53 mujeres guerrilleras desaparecidas forzadamente o muertas en combate directo; 14 asesinadas, 70 encarceladas, 7 exiliadas y 19 detenidas y liberadas posteriormente.

La brutal represión contra la guerrilla urbana dio origen a su vez a la toma de conciencia de las madres en la búsqueda de sus hijos guerrilleros, desaparecidos por los cuerpos policíacos o militares. El activismo emblemático de esa modalidad persistente de protesta y lucha social fue el Comité Eureka, pionero de las organizaciones ciudadanas que actualmente exigen la presentación de los desaparecidos y el respeto de todos los derechos humanos.

Las guerrilleras urbanas y rurales mexicanas del siglo XX, al empeñar y ofrendar su libertad y vidas por la causa del socialismo, fueron factores importantes para el empoderamiento y la mayor participación de la mujer en las actividades políticas democráticas del México actual; logrando lo que, en aquel entonces, era impensable: la igualdad con el hombre en el número de candidaturas a puestos de elección popular.

PD. A partir de la lectura del ensayo: Mujeres, guerrilla y terror de Estado en la época de la revoltura en México. Adela Cedillo.

El campo calentano.

Héctor Manuel Popoca Boone.

Pudiendo ser un gran emporio agropecuario la región de Tierra Caliente de Guerrero es actualmente un preclaro ejemplo del abandono de campo mexicano. Producto de la nefasta política económica que los gobiernos federales emanados del PRI y el PAN implantaron en México desde hace más de treinta años

Fue reafirmada tal aseveración en el foro organizado por el Movimiento Campesino Plan de Ayala. Siglo XXI en Ciudad Altamirano donde se expusieron propuestas de desarrollo rural para la región. El evento estuvo bajo la coordinación del ingeniero agrónomo, Rosalío Damián Navarrete.

Los productores y profesionistas rurales del municipio de Cutzamala presentaron, a través del Ing. Sánchez Mireles, una ponencia que refuerza mi apreciación inicial; a saber, un agudo deterioro en que se encuentra la grande infraestructura hidroagrícola y pecuaria del que debiera de ser por antonomasia el principal granero alimenticio de la zona sur de México.

Manifestaron que más de quince mil hectáreas de riego y otras extensiones de tierras de temporal no tienen ningún uso productivo en la actualidad. A pesar de los miles de millones de pesos que el General Lázaro Cárdenas logró que el gobierno federal invirtiera para la construcción de varias presas hidroagrícolas y sistemas de riego, cuando era Vocal Ejecutivo de la Comisión del Rio Balsas. Hoy se encuentran convertidos en sistemas de “riesgo”, por la inseguridad pública imperante.

Si el nuevo gobierno federal del cambio verdadero pretende la autosuficiencia alimentaria nacional, (al producir a mediano plazo los granos básicos para más de 125 millones de mexicanos y dejar de importar alrededor de 10 millones de toneladas anuales de maíz de las que somos deficitarios) entonces, la región de Tierra Caliente debe de ser una zona de atención estratégica nacional para tal fin

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Dijeron que, a consecuencia de la pérdida de rentabilidad del campo calentano, existe fuerte migración de la fuerza productiva laboral de la región hacia las grandes ciudades o a los campos de EUA y Canadá, en el mejor de los casos. “Más del 50 por ciento de los agricultores y ganaderos han abandonado dichas actividades; provocando que la producción agrícola (maíz, sorgo, ajonjolí, etc.) y ganadera (bovinos, ovinos, porcinos, aves, etc.) haya disminuido en más del 40 por ciento durante este último sexenio.”

Hicieron énfasis que el declive del campo mexicano se debió a la apertura indiscriminada y libre importación de granos de otros países, así como al retiro abrupto de subsidios a la producción y comercialización agropecuaria que el gobierno federal adoptó como política pública transexenal; lo que distorsionó hacia la baja los precios de los granos en el mercado en virtud que los alimentos importados sí recibían fuertes subsidios en sus países de origen; originándose una competencia económica desleal y desventajosa para nuestra actividad económica primaria.

Aciertan mis amigos calentanos cuando dicen: “Los programas del campo del régimen gubernamental que está a punto de concluir, se caracterizan por ser excluyentes del sector campesino y productores a pequeña y mediana escala y los proyectos productivos, en un gran porcentaje, son simulación e incubadoras de actos de corrupción. Los profesionistas-asesores de los productores laboran bajo condiciones de salarios precarios, inseguridad en el empleo, sin las mínimas prestaciones que por ley les corresponden, lo que conlleva a cometer actos deshonestos en estas áreas de trabajo.”

Finalmente coincidí con los productores rurales de Tierra Caliente sobre la necesidad retomar proyectos de gran aliento para incrementar significativamente la producción de granos básicos y no solo seguir con los programas para la distribución de “chácharas productivas”, dentro de los cánones imperantes en mochelandia.

            PD1. Bonitos ejemplos dan los legisladores locales al ser los primeros en violar las normas establecidas. ¡ Uf !

            PD2. Una vez más ha quedado constatado que la corrupción es prohijada y practicada, ejemplarmente, desde los más altos niveles de gobierno.

Cruzados ante el hambre.

A la memoria de Don Alejandro Cervantes Delgado. Como él, ninguno mejor.

Héctor Manuel Popoca Boone.

A inicios del 2013, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, dio inicio a la estrategia denominada, “Cruzada Nacional contra el Hambre”, que, en su primer año, pretendía atender a 7.4 millones de mexicanos que padecían pobreza y desnutrición extrema en 400 municipios del país. El gobierno federal tomó en Guerrero, como casos prototipos de arranque nacional, un municipio rural (Mártir de Cuilapan-Apango) y una colonia sub-urbana del municipio de Acapulco (Simón Bolívar).

La estrategia implicaba un giro estructural en el combate a la pobreza. Intervendrían los gobiernos, federal, estatal y municipal, a la par que las comunidades; conjuntando y conjugando esfuerzos para garantizar salud, educación, vivienda, una mejor economía y servicios públicos básicos eficientes como caminos, calles, agua, luz, drenaje, entre otros. Inclusión y bienestar social, fue la consigna de la cruzada. Se pretendía elevar la calidad de vida de quienes nunca la han tenido aceptable y que son, hasta la fecha, decenas de millones de mexicanos.

La cruzada estuvo dirigida por la SEDESOL federal. Era una política pública de “corresponsabilidad y de coordinación interinstitucional”, la cual no sólo buscaba erradicar el hambre, sino las circunstancias que la rodean. Otros componentes de la misma eran fortalecer las capacidades productivas locales junto con la acción comunitaria; es decir, que los beneficiarios fueran no sólo sujetos pasivos, sino activos para lograr el progreso sustancial de sus familias y hábitats.

Los objetivos eran lograr la meta “hambre cero”; eliminar la desnutrición infantil aguda, con mejores alimentos, cocinas y comedores comunitarios; diversificar los mecanismos de abasto popular; incrementar empleos y microcréditos; aumentar las capacidades productivas de los productores y trabajadores, capacitar y apoyar a jóvenes emprendedores y amainar la grande desigualdad social.

La estrategia sexenal duró solo un año. Fue fallida, onerosa y tronchada. Careció de suficiente información y transparencia; se estima que en el año inicial se invirtieron alrededor de 110 millones de pesos en las dos comunidades piloto, con resultados intrascendentales.

 Analizando este fracaso gubernamental con el maestro en ciencias territoriales de la UAGRO, Iván Sánchez Ignacio, coincidíamos en las siguientes causas: Falta de coordinación interinstitucional; ausencia de un plan territorial que guiara las acciones y recursos, lo que ocasionó que cada dependencia anduviera por su lado, aplicando sus tradicionales programas, con reglas de operación engorrosas e inflexibles; ausencia de la participación social en el diseño, gestión, operación y evaluación de la estrategia; lo que condujo a una falta de continuidad multianual. Después del año inicial, los programas y proyectos entraron en la etapa del abandono acelerado y disminución de la participación comunitaria.

Fueron también causa de la ineptitud institucional, la falta de capacidad de los gobiernos, estatal y municipal, de hacer suya la estrategia; desconociendo la información básica de las comunidades seleccionadas y la carencia de acompañamiento técnico a los proyectos productivos que las instituciones impusieron unilateralmente,

Conclusión: la Cruzada contra el hambre, resultó una añagaza que solo hizo ricos a unos cuantos vivales, con una gran cantidad proyectos fracasados. Mientras tanto, los gobernantes y servidores públicos siguen cruzados de brazos ante el hambre de los pueblos de Guerrero.

PD1. Una faceta del ejercicio de la política es llegar a acuerdos entre las partes, siempre y cuando no se traicionen los principios y valores ideológicos que sustentan cada cual. Lo contrario es pura tranza tracalera, realizada en lo oscurito.

PD2. Mañana domingo, en el Centro Cultural, Antonio Villela, de Ciudad Altamirano, se efectuará la reunión del Movimiento Nacional Campesino Siglo XXI-Guerrero, en la región Tierra Caliente. A las diez de la mañana. Allá estaremos.

Bancarrotas municipales.

Héctor Manuel Popoca Boone.

Buena parte de los presidentes municipales salientes entregarán la administración de sus comunas peor de como las recibieron; ya de por sí algo o mucho deterioradas. Principalmente tocante a las finanzas públicas, entre otros activos. La mala administración es consecuencia de un desordenado estilo de gobernar, en mucho impregnado de corrupción e impunidad que culmina en rapiña descarada.

Los déficits financieros son de consideración y deberían de estar reflejados en las actas de entrega-recepción elaboradas en forma previa y oportuna antes de la entrega del poder municipal. Lamentablemente no es así, debido a que en dichas actas no queda plasmada toda la problemática, ni todos los pendientes, ya que son elaboradas apresuradamente, con datos poco transparentes y a la vez maquillados. Una previa auditoría realizada por un despacho contable profesional externo y aceptado por las partes, sería lo recomendable.

Lo primero que enfrentará un presidente municipal entrante son todas las deudas de corto plazo, en materia de sueldos y salarios devengados, así como los correspondientes aguinaldos del personal; los adeudos reales o ficticios de empresas proveedoras de bienes y servicios que el gobierno saliente no pago; los débitos a compañías constructoras por obra pública realizada y no pagada total o parcialmente; además de detectar las “obras fantasmas” o de mala calidad cobradas en su totalidad. Seguramente hará falta dinero para darle continuidad al suministro de agua, recolección de basura, pagos de electricidad, luminarias y gasolinas entre otros servicios públicos municipales.

Qué decir de la deuda pública de mediano plazo que no ha sido amortizada en los plazos correspondientes; donde la deuda se va heredando en forma acumulada de una administración a otra, rebasando la capacidad de pago que tiene el erario público municipal y que compromete seriamente la operación eficaz de los nuevos ayuntamientos.

No menores adeudos pueden encontrarse en laudos laborales ganados por trabajadores que no se han solventado; corriendo los riesgos de embargo de bienes muebles e inmuebles del ayuntamiento. También es de fijarse la abultada nómina de personal que no va a laborar; o si asiste, simula trabajar. Buena parte de las policías municipales continúan sin certificación. Es común que, en las postrimerías de las administraciones públicas, haya venta de nuevas plazas de base, al mejor postor o a la mejor conveniencia.

Los que se van, prácticamente se llevan todo y dejan tan solo lo inservible y con archivos desvalijados. Arrasan con todo aquello que sea transportable. Coches, computadoras, artículos eléctricos, aires acondicionados, refacciones e inventarios y, en el peor de los casos, armas de fuego asignadas a la seguridad pública municipal, cuyo destino final es la delincuencia. Físicamente no se llevan el palacio municipal, nada más porque no pueden hacerlo, pero la voracidad en el latrocinio no tiene límites.

Hasta ahora, han sido penosas e intrascendentes las actuaciones de las Auditorías, federal y estatal, en los procesos de entrega-recepción de ayuntamientos; por cuanto a sancionar toda la corrupción que emana de ellos; no existiendo voluntad verdadera de extinguir la impunidad que la enmarca. Veremos ahora sus comportamientos en el presente proceso porque, sin lugar a dudas, buena parte de los ayuntamientos de Guerrero están enladronados.

PD1. De escándalo la corrupción imperante en la UAGRO. Los jóvenes para ser admitidos en ciertas unidades académicas, tienen que “dar moche” o “pagar arancel” por derecho a entrar. Por ejemplo: En la de nutrición, se les pidió 5 mil pesos. En la de enfermería, 40 mil pesos y en la de medicina 130 mil pesos. Estamos integrando, a través del correo-e, h.popoca.b@gmail.com, un expediente documentado de estas corruptelas para entregárselo a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y también a AMLO en su próxima visita a Guerrero.

PD2. “¿Cual inseguridad en Acapulco? ¡por favor!” Exclamación del empresario, Juan Antonio Hernández, dueño del Fórum Imperial en Acapulco, ante pregunta de reporteros, hace nueve meses (El Sur. 29/12/ 2017).

Impunidad S. A.

Héctor Manuel Popoca Boone.

En este mes se cumplen cinco años de que el huracán Ingrid y la tormenta tropical Manuel impactaron el territorio nacional (15/sept/2013), con saldo de 150 muertos, 68 desaparecidos, un millón 200 mil damnificados, 36 mil 961 casas afectadas y daños estimados en 75 mil millones de pesos (la mayor parte en Guerrero); a la fecha, no hay responsables sancionados por el otorgamiento de permisos de construcción en zonas de alto riesgo en donde se presentan, de vez en vez, desbordamientos e inundaciones naturales como lo fue en el área de Acapulco-Diamante; provocando pérdidas humanas y materiales.

“Esto implicará conocer cuáles fueron las zonas en las que, de manera inapropiada y con permisos, seguramente también sin sustento legal, se otorgaron y donde se edificaron construcciones, lo que impidió que se drenara adecuadamente el agua que se acumula por los ríos en esta región y que, a partir de ello, se realice la investigación correspondiente”, expresó el Presidente de la república, Enrique Peña Nieto (EPN), durante una reunión de evaluación de daños ocasionados por Ingrid y Manuel, efectuada en Acapulco

La identificación de responsables de actuaciones presuntamente ilícitas fue ordenada por EPN a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), en ese entonces a cargo de Jorge C. Ramírez Marín, quien debió realizar un informe y presentarlo tres semanas después. Han pasado 5 años desde entonces y el informe sigue sin conocerse públicamente, si es que existe.

En el ámbito local, la Fiscalía del estado de Guerrero, por instrucciones del entonces gobernador, Ángel Aguirre Rivero, inició su propia investigación a través de la averiguación previa 1179 en el Ministerio Público de Costa Azul, donde fue solicitada la presentación de 27 ex funcionarios públicos, incluidos ex alcaldes municipales; pero hasta el momento no se sabe nada del curso que tuvo el expediente aludido. Lo mismo pasó con la información requerida a ocho grandes inmobiliarias involucradas, en diferentes tiempos, en la construcción de casas de carácter social en esa zona inundable.

Posteriormente, la Sedatu por insistencia de información de reporteros, respondió con inverecundia: “Las licencias y permisos fueron otorgados aproximadamente hace 10 años, por lo cual, aparentemente, las acciones para presentar denuncias penales o administrativas, podrían estar prescritas”.

En ese mismo lapso, EPN instruyó la formulación de un programa para la reconstrucción del estado, mismo que se instrumentaría con todas las dependencias federales coordinadas por la secretaria de la SEDESOL, Rosario Robles Berlanga. Así nació el Plan Nuevo Guerrero, que se dio a conocer al público el 7 de noviembre del 2013, contemplando 37 mil 715 millones de pesos, para el ejercicio fiscal 2014. Dicho plan en algunos programas puestos en operación no tuvo metas precisas, mucho menos plazos de finiquito. Los recursos se operaron y dieron a conocer con poca información detallada.

Se pretendió darle participación a la sociedad civil para monitorear el Plan a través de un “Consejo Estatal para la Reconstrucción de Guerrero”, que fue presidido por el político y empresario, Miguel Alemán Velazco. Estaba integrado por destacados personajes del sector privado, social, universitario y eclesiástico, tanto del nivel estatal como nacional. La actuación de dicho Consejo fue decorativa y no rindió informe alguno de evaluación de los resultados obtenidos, por no contar con la suficiente información. Fue tan solo una faramalla, ya que no fue autónomo ni tuvo recursos independientes para su cometido. No logró transparentar la operación de los recursos federales del Plan Nuevo Guerrero.

A finales de abril 2015, se realizó la última sesión protocolaria del fallido Consejo, donde como conclusión irónicamente se comentó tras bambalinas: “Todo lo que entró, salió; y no hay más información” Corrupción e impunidad S.A. de R.L.

PD1. Bajaran o subirán los homicidios, pero no hay región del estado donde no haya pobladores alzados en armas para defender sus vidas y patrimonios.

Construyendo la paz.

Héctor Manuel Popoca Boone.

Ante un gobierno desbordado por la violencia, la pacificación podrá lograrse reconociendo las limitaciones y posibilidades que tienen las partes involucradas, en el fenómeno de suyo polifacético, pluridimensional y de multiniveles; además de la aceptación inicial que solo se saldrá adelante de este criminal e indefinido impasse, con acciones efectivas e inmediatas de todos, convenidas en la mesa de los encuentros, diálogos y con la derivada agenda de trabajo.

Son tres los protagonistas principales en la actual tragedia mexicana: el Estado, el pueblo y la delincuencia organizada. Imprescindible es la toma de consciencia que sin la participación de alguna de ellas continuará la degradación social que padecemos en forma creciente. Máxime, al saber que nadie hasta ahora ha triunfado en este combate diario, donde fallecen miles de jóvenes en forma deshumanizada y pueblos enteros sufren desplazamiento interno forzado.

Para iniciar la pacificación entendida como proceso y responsabilidad de todos, menester es reconocerse, para posibilitar el encuentro y el diálogo; reafirmar la voluntad de conocer la verdad total por todos y por encima de todo; tener certeza de la magnitud y naturaleza de los delitos y del número de las víctimas y victimarios; establecer los juicios correspondientes para definir las culpabilidades de los transgresores de la ley; emitir las sentencias judiciales correspondientes, junto con los reparos necesarios y la garantía de no repetición. Después, aplicar la justicia transicional bajo la aprobación de las víctimas y la indispensable contrición de los victimarios de bajo perfil, que pudieran ser sujetos de una amnistía casuística y dar pie a un pacto social de avenimiento gradual hacia la paz

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Tomemos en cuenta, a guisa de ejemplo que, en lo más álgido de la guerra entre Vietnam y Estados Unidos, los contendientes sostuvieron diálogos secretos, para sopesar las posibilidades del cese de las hostilidades armadas. Mismas que dieron como resultado el retiro paulatino del cuerpo armado norteamericano.

La pérdida de la paz y la incrementada delincuencia se han agravado a lo largo de los años y la violencia se ha enseñoreado en todo México; padeciéndola principalmente la población pobre como si fuera su pan de cada día, ante un Estado mexicano infiltrado y abúlico. Existe una real crisis de seguridad pública a nivel nacional. La violación contumaz de todos los derechos humanos, en esta auténtica guerra de baja intensidad, corroe cualquier proceso de reconstrucción de la paz nacional y el alcance de la misma sería a mediano plazo.

Es imprescindible que el empeño se acompañe de seis tareas fundamentales, a saber: 1. Lograr un auténtico Estado de derecho, sin contubernios de ninguna especie, por ningún poder o nivel de gobierno, donde todos respeten los derechos humanos de todos como cimera de todo. 2. Prevalencia de la justicia, imparcial, permanente y expedita, ante todo tipo de agravios a la población. 3. Un gobierno honesto, capaz y con fuerte compromiso social, que otorgue y garantice seguridad, libertad y paz para un desarrollo humano armónico dentro de la legalidad. 4. Una democracia participativa, plural, no mercantilizada, con cero partidocracias corruptas y con ciudadanía interactuante con el Estado. 5. La construcción de una economía social, solidaria e incluyente, entretejida desde abajo, generadora de empleos e inversión, que desemboque en un desarrollo integral y sustentable. 6. Una educación y cultura (principios y valores) para la paz con toma de consciencia ciudadana, responsable y creativa, libre de temores, extorciones y secuestros.

La diversidad de los frentes de atención, lleva a que las acciones se emprendan de forma integral, coordinada, unísona y permanente; sabedores que, hoy por hoy, el gobierno por sí solo quedó impotente, para construir un orden social justo con paz duradera.

PD. Con su refrendo público a la falsa “verdad histórica”, en el caso de los 43, Enrique Peña Nieto no es merecedor de perdón alguno del pueblo mexicano.

Frases quemantes.

Héctor Manuel Popoca Boone.

Así como el gobierno municipal requiere del apoyo del gobierno estatal para el bien gobernar, Guerrero necesita del gobierno federal para progresar. Cuando dos niveles de gobierno son discrepantes en la ideología política de sus respectivos partidos el que pierde electoralmente le conviene llevarse la fiesta en paz con el triunfador. El gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, obtuvo 558 mil 662 votos a su favor en el 2015. Este año, el presidente electo de la Republica, Andrés M. López Obrador, tuvo un millón 18 mil votos en este Estado. Es decir, 82 % más votos.

En la bolsa de valores de “Mochelandia”, el moche por adquisiciones se cotiza en 15 por ciento y el de construcción en 20 por ciento. Eso se acabará en el gobierno federal de AMLO. Los corruptos tendrán que hacer negocios ilícitos en otra parte. Pero será inútil tratar de erradicar la corrupción, si no se extingue también la impunidad. En Guerrero la política se hace con dinero o con convicciones. Prefiero las últimas, sin embargo, predomina el “billullo”.

El secretario de economía del falleciente gobierno federal, afirmó que no le alcanza su sueldo mensual de 140 mil pesos netos. Luego arguyen los priistas que no están desapegados a los sufrimientos del pueblo. El problema de Guerrero es que la mayoría de sus gobernantes, funcionarios y políticos les ha ganado también la voracidad sin límites; motivo por el cual no les preocupa la extensa pobreza y la carencia de bienestar social.

Es difícil, más no imposible, atravesar sin mancha alguna el pantano en que está convertida la cosa pública en Guerrero. Pletórica de aguas hediondas y estancadas, que le dan forma y contenido al basurero de la corrupción y de la impunidad, para solaz de los politicastros (as) que medran a su alrededor. Sólo con la movilización y participación ciudadana se pueden derrumbar los muros de soberbia e insensibilidad social, auto-construidos por la mayoría de los gobernantes y acompañantes.

Con estos nuevos aires de transformación del país, habrá credibilidad y saldremos del hoyo negro y sangriento en que estamos inmersos. El camino que conduce al reino de la ineptitud está empedrado de puras farsas, mentiras y pretextos. Con verdadera honestidad, transparencia, idoneidad, capacidad y genuino empeño de servir al pueblo podremos progresar, con o sin coordinadores de los programas sociales federales en cada Estado.

El éxito histórico que ha tenido la CRAC-PC en la región de Costa Chica y la Montaña ha sido porque los pueblos indígenas necesitaban tener fuerzas de seguridad pública, propias, confiables y eficientes, que procuraran y administraran la justicia, la paz y la serena convivencia comunitaria; cosa que los gobiernos estatales nunca les obsequiaron. Con fuerte arraigo local, con un actuar normado por las asambleas comunales y con códigos de re-educación basados en principios y valores éticos consuetudinarios, ahora cuentan con el total apoyo, confianza y respeto de sus propias comunidades.

Esa es la realidad de un derecho indígena conquistado desde antiguo que la mal afamada Ley Astudillo pretende disminuir, subordinar y remitirla a la incumbencia de un ministerio público por demás, tenebroso, anquilosado y corrupto. El concepto de ley abstracta no se concreta en los derechos ya adquiridos, obligados y jurídicos, desde la perspectiva del constitucionalismo moderno. El diputado local electo de Morena, Rubén Cayetano García, afirma que hay escaza consistencia jurídica cuando una sola ley secundaria reglamenta toda una serie de artículos constitucionales.

Esa es la ceguera de escritorio, del poder ejecutivo estatal y del legislativo saliente. Se abstrajeron de un fenómeno social circundante. Legislaron en forma ahistórica y ajenos a la circunstancia factual. Por eso su acrecentada impopularidad y su anticipado fracaso en el acatamiento de tal ley.

PD. Beneplácito causa la liberación de 9 de 25 policías comunitarios de la CRAC-PC, de la CECOP y ciudadanos. Detenidos el 7 de enero pasado en La Concepción, Cacahuatepec.

Mentiras.

Héctor Manuel Popoca Boone.

No es cierto que el gobierno del estado de Guerrero nunca haya manejado el dinero federal, como lo afirma el gobernador Astudillo y su “maestro incómodo”. El gobierno de la república radica al gobierno estatal recursos federales que son producto de la recaudación fiscal nacional o de empréstitos.

La transferencia la realiza por dos vías principales: La primera obligatoria, por precepto constitucional que por derecho reciben todos los estados y municipios, que se denominan “participaciones fiscales”, las cuales los estados y municipios las pueden ejercer como consideren conveniente y no son auditables por la federación, sino por la Auditoría Estatal a través de la revisión anual de las cuentas públicas que el gobierno del estado presenta para su aprobación a la cámara de diputados local.

Estas participaciones fiscales -consideradas en el ramo 28 del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF)-, son asignadas mediante diferentes fondos, en los términos establecidos por la Ley de Coordinación Fiscal, por medio de convenios de adhesión y de colaboración administrativa correspondientes. Son entregadas a los estados y municipios en retribución a sus aportes a la economía del país (mediante fórmulas de ponderación de diversas variables), más las compensaciones que se derivan del grado de desarrollo socio económico de los mismos. Para Guerrero, por ejemplo, ascendieron a la cantidad de 16 mil millones de pesos, (PEF-2018, Diario Oficial de la Federación del 20/12/217).

Un segundo tipo de transferencia de recursos federales a los gobiernos estatales son las denominadas “aportaciones federales”, cuya original aplicación pertenece al gobierno federal pero mediante convenios de colaboración y coordinación de libre subscripción por las partes son transferidos a los gobiernos estatales y municipales del país, para el mayor fortalecimiento del federalismo. Con la salvedad que estos dineros son etiquetados y deben de ser aplicados obligadamente para determinados programas de obra y/o acciones bajo reglas de operación específicas y mayor fiscalización por parte de la Auditoría Superior de la Federación.

Esta segunda forma de transferencias, están consideradas en el ramo 33 del PEF. El gobierno federal los distribuye con el objetivo de subsidiar los ingresos de aquellos estados y/o municipios que acusan mayores niveles de pobreza; evitando así ahondar los distanciamientos en el crecimiento económico y social entre las entidades federativas. Se asignan mediante diversos fondos bajo la consigna de dar trato desigual a desiguales, para no profundizar más las brechas regionales ya existentes. En números redondos en el 2018 para Guerrero sumaron un monto de 32 000 millones de pesos. Es decir, 50 por ciento más que las participaciones fiscales. En estos dineros el gobierno federal y la Auditoria Superior de la de la Federación son más estrictos en su aplicación por los estados.

El diferendo de ciertos gobernadores con el presidente electo de la república son las aportaciones federales y no las participaciones fiscales. AMLO ha dicho que va a suspender la entrega de recursos federales a los gobiernos estatales únicamente de los programas sociales del ramo 33 por el mal y corrupto uso que les han dado.

PD1. En la UAGRO, algunas unidades académicas les exigen a los estudiantes de nuevo ingreso, su respectivo moche. En la SEP, en el nivel de primaria y secundaria, los moches son por diversos conceptos. ¡Doble Uf!

PD2. Parece ser que el Tribunal Estatal Electoral no guardó el debido proceso al quitarle el triunfo electoral a Morena en el municipio de Tecoanapa.

PD3. El no traicionaras, no robarás y no mentirás, se convertirán en consigna permanente del gobierno de AMLO para lograr un cambio verdadero en México.

PD4. Hoy en la ciudad de Atoyac a las 10.00 am, en el auditorio de la preparatoria 22 de la UAGRO, se efectuara la reunión del Movimiento Campesino Plan de Ayala Siglo XXI-Guerrero, para establecer la coordinación regional de Costa Grande.

Corrupción e impunidad S.A. de C.V.

Héctor Manuel Popoca Boone

En Guerrero, la actividad gubernamental (federal, estatal y municipal) ha estado atravesada por la corrupción y la impunidad de mucho tiempo atrás hasta la fecha. El enriquecimiento de los gobernantes es proverbial y es traba importante para el progreso y bienestar del pueblo. Las formas como se practica la corrupción son multifacéticas y de multiniveles, siendo el presupuesto público la fuente primigenia de los latrocinios. Lo extraordinario de todo esto es que nunca se ha sancionado severamente por ladrón a ningún funcionario de mando medio o superior. Ni por la contraloría, la auditoría o la fiscalía estatal. A lo más, han inhabilitado para trabajar en la administración pública por determinado tiempo, a uno que otro despistado.

Transcribo, por no tener desperdicio alguno, el siguiente párrafo del reportaje de Rosalba Ramírez García, en El Sur. (28/07/18): “Las modificaciones aprobadas en materia de fiscalización son para que el titular de la Auditoría Superior del Estado pueda repetir en el cargo un período (cada uno es de 7 años), el titular podrá nombrar a los cuatro auditores especiales y determinar su temporalidad en el cargo; también los exonera de ser juzgados por responsabilidad política y en consecuencia el Poder Legislativo no podrá destituirlos y toda la responsabilidad recaerá en quien esté al frente del órgano fiscalizador.” ¡Chúpale pichón! Se aprueban mayores fueros estatales, cuando el próximo gobierno federal los va a quitar.

Antes de recoger sus bártulos y de cerrar la cortina de la ignominia, el pleno de la actual legislatura local aprueba este monumental desaguisado. Por su regresión histórica, en la larga lucha social por tener gobiernos honestos en Guerrero, es menester repudiarla. Esa es la flamante modificación constitucional a partir de una iniciativa del gobernador Astudillo.

 Conocido es en el mundo de la administración pública estatal que el verdadero personaje que designa de facto al auditor superior y a los auditores especiales es el gobernador a través de sus sumisos y presurosos diputados, para que le protejan las espaldas, contablemente hablando. En una democracia real y transparente, todo gobernante o funcionario público de alto nivel, está sometido al escrutinio de terceros, a la rendición de cuentas y puede ser sujeto a juicio político, civil o penal, si fuera el caso.

También es sabido en el ámbito de la política local que, si los gobernantes estatal y municipales, no desean tener obstáculos serios a la hora de revisarles sus cuentas públicas tienen que caerse con su moche con la mayoría de los auditores correspondientes. O puede que buena parte de los auditores les recomienden tal o cual despacho de contadores (de los que son socios o tienen prestanombres) con el objeto de que a sus cuentas chuecas, las limpien y enderecen; que les laven su contabilidad pública. Para después pasarla a la aprobación de los ilu$tres diputados locales.

El gobernador rema a contracorriente del programa federal anti-corrupción y anti-impunidad que pretende implementar el presidente electo de la república, Andrés Manuel López Obrador. Ojalá me equivoque, pero con esto enrarece y dificulta aún más la necesaria sincronía entre el gobierno federal y el estatal. El gobernador Astudillo emite malas señales de escaza voluntad, por más que diga lo contrario. Mientras que AMLO exigirá rendición pública de cuentas en forma veraz en su mandato federal, la sujeción a referéndum público de su gobierno a la mitad de su gobierno y de un redoblado esfuerzo real por lograr que la honestidad sea un verdadero estilo de gobernar, el gobernador Astudillo y su “maestro incómodo” obstruyen en los hechos tal propósito.

Parte de la desgracia histórica de Guerrero ha sido tener una clase de políticos y gobernantes que rayan en la indecencia permanente en lo que se refiere a su actuación pública. (No todos, pero los pocos que se salvan, han sido una ínfima minoría).

PD. El mantener en la cárcel, como presos políticos, a 25 policías comunitarios de la CRAC y de la CECOP, convierte en farsa las bondades esgrimidas sobre la Ley Astudillo en materia de seguridad y justicia indígena.

Pleito premeditado.

lHector Manuel Popoca Boone.

Qué necesidad tuvo el gobernador y su “maestro incómodo” (entre otros) de ganarse mayor repulsa; teniendo ya de por sí bajos niveles de aceptación popular por su forma de gobernar. La rebelión de los vencidos electoralmente, empieza con una gran provocación a los pueblos indígenas. Las fuerzas políticas derrotadas se agrupan en torno a la Ley Astudillo contra los pueblos originarios. Las modificaciones del articulado constitucional tienen sustento en las intencionalidades de trasfondo de quien las impone. Han abierto un interregno legal para la represión popular.

Es una “vil venganza”. Por un lado, están el PRI-PRD-PAN-MC-PT, liderados por el gobernador y su “maestro incómodo”, y, por otro lado, Morena y organizaciones sociales encabezadas por la CRAC-PC y el CECOP, contando con el respaldo de movimientos sociales y organizaciones defensoras de los derechos humanos que caminan por la senda de la reconstrucción de la paz en Guerrero.

La miopía política del gobierno estatal es mayúscula; ven el incendio, por ineptitud institucional, y le echan más gasolina al fuego. Astudillo tomó la peor de las rutas para sincronizar su gobierno con el del próximo ejecutivo federal. Imprudencia e insensatez a la vez. Pobre Guerrero. Comete craso error al elegir este sendero para arribar a acuerdos de cohabitación con el nuevo gobierno federal. No se percata que AMLO está mucho más cerca de los pueblos indígenas, que de su gobierno. No puede borrar de un plumazo o dejar en la indefensión, en lo abstracto y temporal un batallar histórico-social de justicia y paz que, hoy más que nunca, tiene razón su existencia por las crueles y sangrientas realidades incontrolables que padece nuestra entidad.

No quiso la actual legislatura local percatarse que “somos mucho más que dos” en esta discrepancia preconcebida. Los diputados locales terminales (con la gran excepción de la diputada por Morena, María de Jesús Cisneros Martínez) no actuaron como representantes populares, sino como personeros del gobernador. Se ganaron a pulso su buen “pago de marcha”. Lo in$ólito del asunto fue que una recién flamante diputada federal por Morena, regresó a su antigua curul estatal solo para argumentar en contra de la ley Astudillo, pero a la hora de votar lo hizo a favor. Es costumbre de muchos legisladores orientar su voto a lo más conveniente para su persona y no para concretar un anhelo social.

Pero el acabose fue que ahora tienden la alfombra jurídica para obsequiar represión legal a los que históricamente han impedido que el delito se enseñoree en sus territorios indígenas. Aprobaron “las leyes Astudillo” en el ocaso de su pésima y opaca legislatura. No buscaron consenso con el pueblo. Implementaron una farsa grotesca. Para su oprobio.

Legislaron con letra muerta. La CRAC-PC, la CECOP y Tlachinollan, que tienen representación de alrededor 300 pueblos de diversos municipios indígenas, ya les espetaron que no acataran dichas disposiciones legales. En términos reales no hay autoridad estatal que se los impida. Seguirán con su sistema de seguridad y justicia indígena, bajo el amparo que les da la Constitución de la República y los convenios internacionales que México ha firmado en la materia.

Los del gobierno se niegan a reconocer que la delincuencia en Guerrero los desbordó totalmente, por más que digan que no es así. Pero lejos de aceptar su fracaso y aliarse con el pueblo, tratan de impedir que los ciudadanos organizados de antaño sigan haciendo realidad en sus comunidades el buen orden y la buena paz. Los malos gobiernos habidos hasta ahora han sido cómplices del señorío de la inseguridad en Guerrero, ya sea por omisión o por colusión. Y ahora, a palo dado, exigen respeto. ¡Uf!

PD1. Los diputados locales en su ignominiosa salida dejaron congelada la iniciativa de sancionar con mayor severidad la extorsión o “derecho de piso”.

PD2. En Hidalgo como antes en Sonora, se dieron albazos legislativos para cubrir presuntos latrocinios del erario público y modificar facultades internas a las próximas legislaturas donde llegará con mayoría Morena.