La democracia mercantilizada. (Segunda parte)

 Héctor manuel Popoca Boone.

 

El presidente de la República, Benito Juárez (BJ), deseaba reelegirse por cuarta ocasión consecutiva en las elecciones de 1871. Derrotado que fue el efímero y postizo emperador Maximiliano de Habsburgo, junto con el ejército conservador mexicano (Miramón y Mejía) y la salida del ejército francés del territorio nacional, BJ no tenía mayor oposición política para su pretensión más la que pudiera surgir de militantes de su propio partido político: El Liberal.

Pero el sagaz presidente BJ; sabiendo que su cuarta pretensión de mantenerse en el Poder Ejecutivo iba a generar resistencia y desapego de una parte de sus simpatizantes civiles y militares, trabajaba de tiempo atrás, para tener el control político de los otros dos poderes de la República (el Legislativo y el Judicial) al corromper el mayor número posible de sus integrantes, en el contexto de un ejercicio premeditado de compra de simpatías, conciencias, apoyos políticos y votos, tanto populares como de legisladores y nombramientos de diputados, gobernadores y magistrados ad hoc. Disponía del presupuesto público y de las facultades presidenciales para otorgar favores políticos y concesiones económicas. “Fue la más turbia de sus victorias, había maniobrado junto con la Cámara para reformar el sistema electoral en provecho de su candidatura y había favorecido una serie de prácticas electorales que viciarían el sufragio efectivo y secreto” (Enrique Kraus, dixit).

De tal suerte que como aspiracionistas presidenciales, pronto manifestaron su querencia otros ilustres políticos y batalladores liberales; destacando las pretensiones de Porfirio Díaz y de Sebastián Lerdo de Tejada. En los comicios del año de 1871, ninguno de los tres obtuvo el mínimo de votos que la Constitución de 1857 exigía -que era la mitad más uno de la totalidad de los sufragios emitidos-, para poder declararlo triunfador. Por lo que tocaba a la Cámara de Diputados designar a uno de los dos finalistas que obtuvieron el mayor número de votos y como, previamente, BJ ya había “maiceado” a buena parte de los diputados liberales y no tan liberales resultó designado, una vez más, como Titular del Poder Ejecutivo para el período 1871-1874.

La inconformidad política y social por las formas desaseadas que usó para obtener el triunfo electoral creció y se encarnó en Porfirio Díaz, (Lerdo de Tejada decidió regresar mejor a su puesto de presidente de la Suprema Corte de Justicia) y se levantó en armas el 8 de noviembre 1871, desde su hacienda de la Noria, en Oaxaca. Ahí lanzó el Plan de la Noria. “En éste, desconocía a Juárez y hacía un llamado a levantarse en su contra bajo el lema “menos gobierno y más libertades”. Ponía en entredicho “la reelección indefinida, forzosa y violenta del Ejecutivo Federal”, pues ponía en peligro las instituciones nacionales. Se acusaba a los diputados y a los miembros de la Suprema Corte de Justicia de estar sometidos a la voluntad presidencial. Similar crítica, recibían los gobiernos estatales, advirtiendo que la soberanía, la ley y la voluntad popular habían sido sacrificadas al poder personal de Juárez. (Armando Fuentes Aguirre, dixit). No prosperó la rebelión armada y Porfirio Díaz tuvo que salir prácticamente exiliado del país.

La muerte inesperada, provocada por angina de pecho, atrapó sin escape, el 17 de julio de 1872 a Benito Juárez; siendo nombrado mandatario sustituto, Sebastián Lerdo de Tejada (SLT) que en ese entonces era el Titular de la Suprema Corte de Justicia, tal y como lo preveía el articulado constitucional de 1857. Una vez en su nueva y alta responsabilidad, SLT, conocedor de las malas y corruptas artes de la democracia mercantilizada, que practicaba su antecesor, en el marco de la república restaurada, pero que seguía estando convulsionada por bandolerías en muchas regiones del país, SLT preparó el terreno propicio para que su candidatura electoral figurara para el mandato presidencial constitucional para el período 1872 -1876. Que por supuesto, ganó.

Siguiendo la escuela política de BJ, Lerdo de Tejada quiso reelegirse al terminar su mandato presidencial; provocando una fuerte oleada de oposición en varios estados de la república. Entonces, “el 1 de enero de 1876, Don Porfirio Díaz, emitió otro plan: el de Tuxtepec, donde rechazaba la reelección y postulaba que el voto del pueblo y no la voluntad de una camarilla en el poder, debería decidir el destino de la nación. Ironías de la historia: don Porfirio se lanzaba de nuevo a la rebelión armada con la misma bandera que luego levantaría contra él, don Francisco I. Madero, 30 años después con el lema: “Sufragio Efectivo y la No Reelección”. 

Corolario: La historia nacional nos enseña que todo aquel gobernante que pretende prolongar más del período legal permitido su mandato por motu propio o por interpósita persona, causa a la larga, suma inestabilidad política y violencia generalizada, a nuestro ya de por si lacerado país.

*Artículo elaborado de la lectura de los libros: “Siglo de Caudillos” Editorial: TusQuets. (Enrique Krause) y “La Otra Historia de México” Editorial: Diana. (Armando Fuentes Aguirre).

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La clase política sureña...

A la memoria del Ing. David Luna Hernández; excelente amigo y destacado profesional agropecuario.   a). Como Gobernador Moral de Guerrero felicito a la presidenta municipal de Acapulco, Abelina López Rodríguez (ALR), por expresarle públicamente a la Gobernadora Constitucional, Evelyn Salgado Pineda, estar en la mejor disposición de participar, junto con la Iglesia Católica y empresarios de ese municipio, en el combate a la delincuencia, a la extorsión y a la criminalidad que padece el pueblo porteño en forma inacabable y expansiva. La decisión de poner en operación cerca de 3 mil comités preventivos vecinales, es un paso adelante para la conformación de la nueva estrategia de seguridad pública que comience desde abajo y que con urgencia requiere Guerrero, ante el evidente fracaso de la que está en operación desde el inicio del mandato de la gobernadora y su “papá incómodo”. Es de gobernantes sabios y nada soberbios, escuchar y rectificar cuando la cruda realidad así lo indica. Los habitantes de las zonas indígenas de la Montaña, donde actúa la CRAC-PC, han demostrado con creces que la ciudadanía organizada a nivel comunitario, es necesaria para abatir a una creciente delincuencia que muchas veces está coludida con la policía. El tiempo y los resultados obtenidos dan cuenta de eso en forma fehaciente.   b). También felicito al Presidente de la República, por su propósito de convertir los terrenos nacionales con vocación turística -que son propiedad de FONATUR- en áreas naturales protegidas; para que posteriores gobernantes corruptos no puedan saquearlos, robarlos o enajenarlos para beneficio propio y de sus allegados, tal y como aconteció aquí en Guerrero, en Ixtapa-Zihuatanejo y posteriormente en la Zona Diamante de Acapulco, a través de la fraccionadora inmobiliaria gubernamental, Promotora Turística de Guerrero (PROTUR), convertida en la caja chica de todos los gobernadores, desde que la creó José Francisco Ruiz Massieu, al expropiar terrenos ejidales con vocación turística “para fines de interés público”. Fue un gran fraude con engaño vil a los ejidatarios usufructuarios originales de esos terrenos.   c). Sorpresivas fueron las declaraciones vertidas por el otrora coordinador de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, diputado Alfredo Sánchez Esquivel, concernientes a la bárbara demolición del edificio de la biblioteca del Congreso local en el año del 2021. Afirmó que fue el ex gobernador del estado, Héctor Astudillo Flores, quien tomo esa desdichada decisión. Tomando como base la supervisión técnica de la Auditoría Superior de la Federación, agregó el diputado mencionado que, de haber irregularidades y responsabilidades, irían a prisión el ex gobernador junto con sus exsecretarios de Obras Públicas y Finanzas; quienes eran, respectivamente, los responsables técnicos de la obra y del uso del erario autorizado (20 millones de pesos); mismos que debieron aplicarlo solo para rehabilitación y fortalecimiento de la cimentación, más no para la demolición y construcción de un nuevo edificio con finalidades distintas a las que tenía originalmente. En Guerrero se constata, una vez más, que en los poderes estatales de gobierno prevalece la “Corrupción e Impunidad. S.A. de C.V.”   d). Insólita la afirmación del delegado federal de los programas sociales de AMLO, Iván Hernández Díaz: “Se distribuyeron 100 mil vacunas para infantes con fecha de caducidad vencida, pero se pueden aplicar. No tengan temor.” Seguramente después se fincarán responsabilidades a los causantes de tamaño desfasamiento. Informó también que se desecharán para finales de este mes, 80 mil vacunas Pfizer para infantes, que no serán aplicadas y de cuyo costo de adquisición nadie quiere informar. Afortunadamente una vacuna caduca va mermando su eficacia con el tiempo; siempre y cuando se resguarde a la temperatura adecuada.   e). “En Acapulco, quien manda es la presidenta municipal; ella es la que gobierna ese municipio con autonomía”, afirmó el senador Félix Salgado Macedonio durante la puesta en marcha del programa de protección a la mujer denominado “Territorio Violeta”. La alcaldesa ALR replicó irónicamente: “El maquillaje nunca nos ha ayudado en Acapulco” El gobierno del estado negó categóricamente que personal de seguridad de la gobernadora haya agredido a la presidenta municipal porteña en dicho evento, aun cuando existen videos y fotos que así lo evidencian; después el comunicado oficial añadió: “pero se va a investigar”. O sea, los acusados se van a auto investigar. ¡Uf!   f). Hasta cuando entenderán los gobernantes que el pueblo se resiste a levantar demanda alguna ante el ministerio público, federal o estatal, contra delincuentes que les hayan cometido algún agravio o ilícito. El pueblo sabe que cuando lo hace, los malhechores inmediatamente reciben esa información por parte de autoridades cómplices y toman represalias mayores contra la ciudadanía que se atrevió a fincar la denuncia formal. Y si las víctimas ratifican la demanda, como exige el código penal, ¡sufren de nuevo represalias aún más graves! Por eso, se estima que de cien delitos que se cometen solo nueve llegan a registrarse ante el ministerio público. Esa es una fuerte razón de la inacción policiaca y de la impunidad con la que cuenta la delincuencia. ¡Uf! ¡Uf!   porelrescate@hotmail.com

La economía de Guerrero.

 Héctor Manuel Popoca Boone.

 

Históricamente Guerrero, junto con Oaxaca y Chiapas, han ocupado los últimos lugares del país, en cuanto a rezago socio económico se refiere. Lejos están la mayoría de sus habitantes de ser los más felices de México. Las cifras y los indicadores estadísticos en la materia señalan la pobreza que prevalece, la inseguridad pública que los embarga, la inicua depredación de sus recursos naturales y ambientales, la débil legalidad imperante, la atroz desigualdad e injusticia social que los distingue, los bajos niveles de educación, salud, vivienda, el insuficiente crecimiento económico (inversión y empleo) predominante, así como los malos gobiernos que han padecido a lo largo de su historia como entidades federativas.

 

En el año 2021, de acuerdo con el Índice de Desarrollo Humano (IDH) de la Organización de las Naciones Unidas, que es una ponderación de los factores salud, educación e ingresos económicos per cápita, los estados con menor progreso en la formación de su activo humano eran 1.- Chiapas, que ocupaba el 32° lugar nacional. 2.- Oaxaca, ubicado en el 31° lugar y 3.- Guerrero, en el 30° sitio.

 

Para ese mismo año, los datos del INEGI arrojaban que la aportación porcentual que realizaron al Producto Interno Bruto Nacional (generación de riqueza anual de un país) fue: Guerrero con el 1.4 por ciento; Oaxaca y Chiapas, con 1.6 respectivamente. Conclusión: los dos estados últimos mencionados, contribuyeron más que estas tierras del sur en la configuración de la riqueza nacional. También el INEGI, señalaba que en Guerrero sus actividades primarias (agropecuaria, forestal y pesca en general) registraron una caída de -3.4 por ciento. Las dedicadas a las manufacturas, servicios, minería y otros, el desplome fue de -1.9; mientras que las actividades terciarias (comercio de bienes, servicios en general, técnico-profesionales, recreativos y gubernamentales) se incrementaron en 7.3 por ciento.

 

La endeble fortaleza de las economías estatales indicadas, fue reflejada en la caída del Producto Interno Bruto correspondiente dentro de la contingencia pandémica; siendo Guerrero el de mayor decremento (-9.9 por ciento), seguido de Oaxaca (-5.8) y Chiapas (-3.8). Ergo, las pérdidas económicas en Guerrero fueron mayores que en los otros dos estados. El crecimiento económico para Guerrero fue de 4 por ciento; para Oaxaca, 5.1 y para Chiapas, 5.4. De tal suerte que, la entidad con mayor dinámica económica fue Chiapas seguida de Oaxaca y abajo de las dos, Guerrero. De seguir como vamos, estas tierras sureñas están orientadas a ser el último cabús (#32) de la economía nacional.

 

La primera valoración que se puede tener es que a pesar de la disminución del crecimiento que tuvimos en nuestra economía, la actividad turística sigue siendo su soporte principal; además de las crecientes remesas que envían nuestros migrantes por su trabajo en el país vecino del norte. La segunda es que andamos mal en el dinamismo que debería tener nuestra economía estatal si la comparamos con los otros dos estados mencionados.

 

Por otro lado, y como adenda, en el tema de la microeconomía, uno de los flagelos que actualmente padecen las familias mexicanas es la inflación (incremento de precios); sobre todo en los alimentos, como da cuenta el siguiente cuadro sobre precios promedio de productos básicos alimenticios a nivel nacional; cuya resultante es un aumento de casi el doble de lo que costaban hace cuatro años:

 

Concepto.                          Año: 2018              Año 2022                        Incremento porcentual

 

Aceite. (L.)                          23 pesos                  38 pesos                       165 %  

Huevo. (Kg.)                      21 pesos                  43 pesos                       205 %

Tortilla. (Kg.)                     8 pesos                    22 pesos                       275 %

Carne. (Kg.)                        87 pesos                 160 pesos                     184 %

Leche. (Kg.)                        11 pesos                  25 pesos                        227 %

 

TOTAL.                             150 pesos                 288 pesos                    192 %

 

Fuente:  Atypical te ve. YouTube 

 

PD1. En Guerrero, históricamente hasta nuestros días, los gobernantes prefieren más incondicionalidad, que capacidad y eficacia. Por eso estamos, como estamos,

 

PD2. Lo repito una vez más. Somos un pueblo bíblico. Somos hijos de Job. Estamos ¡jobdidos!

Semana compleja y complicada

Como Gobernador Moral de Guerrero, lamento que en lo que va de enero, hayamos atravesado por varias situaciones difíciles. Dignas de que el gobierno estatal las valorice con la mayor seriedad y celeridad posible, a riesgo de que pronto se encuentre desbordado por las consecuencias nefastas de las mismas, ya que están concatenadas.

 

Destaca la violencia y la inseguridad pública creciente e imparable en todas las regiones del estado, especialmente en las regiones de Acapulco, Centro, Norte y Tierra Caliente. Algunos ciudadanos alistan armas en el medio rural. Probables masacres regionales están a flor de piel. El Estado ocupa, a nivel nacional, el vergonzoso octavo lugar y el municipio de Acapulco el cuarto, en materia de homicidios dolosos.

 

Censurable es que el secretario general de Gobierno, ante el cúmulo de homicidios que suceden, diga que no es gran problema “puesto que se están matando entre ellos mismos” (sicarios de distintos grupos que se disputan el dominio de territorios). Se le olvida que su deber es proteger la vida de todos los habitantes de Guerrero y que los asesinados eran seres humanos, la mayoría, hombres y mujeres jóvenes, surgidos de la pobreza social y de la desesperación económica, al no encontrar trabajo honesto y digno. Entran a la salida falsa que les ofrece la delincuencia simple y la organizada. Esa juventud semi perdida importa y mucho. Forma parte del relevo generacional que asumirá los destinos de estas tierras del sur. También fue omiso, ante el hecho de que también hayan sido víctimas colaterales, un buen número de ciudadanos y elementos de las fuerzas institucionales ya retirados que ni la debían ni la temían. Tratando de minimizar la gravedad del problema, él se minimiza en su deber.

 

Por otro lado, sigue dando tumbos y tropezones la mala administración pública estatal denominada: “El gabinete de la tómbola”. Es un equipo de trabajo que no guarda cohesión; ni la coordinación deseada; exhibe escaso profesionalismo y nula vocación de servicio público. Es murmullo estentóreo que las oficinas de gobierno se han convertido en “corrales de chivos en cristalería” que buscan afanosamente pastura corrupta que comer; o tan solo permanencia holgazana remunerada quincenalmente.

 

Las finanzas públicas estatales siguen en un estado de permanente déficit, por más que la Gobernadora Constitucional, Evelyn Salgado Pineda (ESP) y su “papá incómodo” proclamen austeridad republicana. Como nunca antes había sucedido, emergieron un sin número de manifestaciones, plantones, toma de oficinas, calles y avenidas, en las principales ciudades, por distintas agrupaciones de trabajadores del estado, ante la falta del pago íntegro de sus emolumentos devengados; no obstante que ESP y su “papá incómodo” aprobaron la contratación de empréstitos bancarios privados de corto plazo, por un monto de 2 mil 500 millones de pesos (67 por ciento más que el préstamo adquirido el año pasado), para solventar los faltantes de fin de año en las nóminas del sector gubernamental. Tal parece que el gobierno estatal se orienta hacia el desastre financiero, tal y como aconteció con su antecesor.

 

Por otra parte, la cámara de diputados local acusa poca transparencia y fraudulento desempeño. Brillan sus incumplimientos de sentencias emitidas por la Corte Suprema de la Nación en su contra. Es de conocimiento público, la alteración en textos de decretos y leyes que aprobó el pleno de los legisladores, pero que fueron modificados unilateralmente en forma ilícita por ciertos diputados. No hay nombramientos de titulares de varios órganos de control interno de instituciones paraestatales. No digamos de la bárbara destrucción de la biblioteca del Congreso local. A pesar de varias “reuniones secretas” que ha sostenido la Junta de Coordinación Política, no ha querido identificar y hacer del conocimiento público a los responsables de esas graves fechorías y yerros. O sea, en el poder legislativo de Guerrero, también prevalece el “Sistema Estatal de Corrupción e Impunidad. S.A. de C.V.”

 

El sistema estatal de salud y educación pública semi colapsado, caracterizado por su corrupción, venta de plazas, desabasto y robo de equipo e insumos; asi como la falta de personal, el no pago a tiempo de nóminas y la falta de mantenimiento de la estructura física establecida; reflejan lo blandengue que han sido los del gobierno estatal para remontar esa desastrosa situación. Las consecuencias directas las sufre el pueblo que ha visto reducir su esperanza de vida y su nivel educativo. Guerrero se convierte, paulatinamente, en un pueblo sin futuro social promisorio.

 

Para colmo de la frivolidad y la bufonería pública, ante una parte del pueblo lacerado, el “papá incómodo” y sus hijas emprendieron una gira artística para festejar el onomástico del primero, en la cual cantaron y bailaron juntos. Exhibieron jolgorio, frivolidad y valemadrismo. Tiempos vendrán cuando tengan que recoger las varas de uso fatuo.

 

La única nota buena de la semana fue el exitoso resultado obtenido en la temporada turística de fin de año, en los principales centros turísticos de Guerrero. Principalmente en Acapulco, aun cuando el puerto ya no genere denarios de oro sino monedas de bronce. Algo es algo. El puerto todavía resiste, a pesar de nuestro empecinamiento por destruirlo, ambiental, económica y socialmente.

 

PD. No se ha logrado vender la Casa Acapulco en beneficio de los indígenas de la Montaña. Por lo que la familia gobernante disfrutó la residencia veraniega de lujo a plenitud, en esta temporada. Sin olvidar que: ¡Primero los pobres!

Legalidad burlada

 

La ley no es un mandato divino, ni tampoco un precepto perfecto y lleno de sabiduría. Son normas establecidas por el ser humano, desde antiguo, para hacer guardar cierto orden en el comportamiento individual y colectivo, buscando una adecuada cohabitación pacífica entre todos, en un territorio específico y en una época dada.

 

En los orígenes del homo-sapiens estas normas de conducta, consensadas o impuestas por los más fuertes o más sabios; eran tradiciones heredadas y trasmitidas en forma oral, para conocimiento de todos y su respectivo acatamiento. Eran prescripciones no escritas para la sobrevivencia tribal.

 

Las leyes más antiguas ya plasmadas en piedras, papiros, fibras de bambú o en papel, datan de la época de bronce de la humanidad. Aparece la gran recopilación hecha en el Código de Hammurabi (1750 AC), para los habitantes de Mesopotamia. Los diez mandamientos de Moisés (1250 AC), para el pueblo hebreo. Los preceptos de Lao-Tse (Siglo IV AC), para el pueblo chino. La Torá, para el judaísmo. El Corán de los musulmanes y los Evangelios, de los cristianos.

 

Para el mundo occidental fueron fundamentales para su estructura legal el Derecho Romano, culminando en el Código Napoleónico (1804 DC), por mencionar algunos pilares históricos de la jurisprudencia universal.

 

Como todo producto humano, las leyes no han sido del todo justas y universales; ni mucho menos han guardado los principios de libertad, igualdad y equidad social. Es más, muchas de ellas, han protegido prácticas discriminatorias, salvaguardando privilegios y fueros de distinta naturaleza. De ahí que no exista siempre su pleno acatamiento, lo que puede dar inicio a la subversión comunitaria y/o una dictadura.

 

Ese conjunto de preceptos conforma el sustrato de lo que en la actualidad se llama el Estado de Derecho, cuyos textos quedan plasmados en las constituciones nacionales y de las leyes que de ellas emanan rigiendo con sus especificidades correspondientes en los países del mundo, tanto a personas físicas como a las morales.

 

Expreso lo anterior porque acapararon el comento-dromo de la semana, los últimos sucesos acontecidos en el seno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a resultas del descubrimiento de que la tesis con la que se graduó de la Licenciatura en Derecho, en la Universidad Autónoma de México (UNAM), la todavía hoy ministra Yasmín Esquivel, resultó ser un plagio de la susodicha y que, (por si fuera poco) se proyectaba como futura Magistrada presidente de la SCJN, apadrinada por “el que ya se imaginan”

 

Afortunadamente fue detenida tal pretensión aberrante, que es todo un monumento a la amoralidad. Esos aconteceres, han provocado, como nunca antes, gran pérdida de autoridad moral a la SCJN al ser la máxima institución de impartición de justicia nacional.

 

Dictaminado y certificado que fue el plagio de tesis por las autoridades de la UNAM, inexplicablemente ni esa institución académica, ni la SCJN, ni la Secretaría de Educación Pública federal, han tenido el suficiente valor para darle cauce a la demanda administrativa de nulidad, al título universitario conferido a la “magistrada” falsaria que ahora laboralmente lo ejerce, flagrantemente, bajo el cobijo de una impunidad otorgada por las máximas instituciones gubernamentales y académicas de México. Hasta a la Fiscalía General de la CDMX quedó metida y mal parada en este desaguisado.

 

Atentos al tema de la inexistencia y la nulidad de los actos jurídicos, el artículo 2,226 del Código Civil Federal de nuestro país establece lo siguiente: “La nulidad absoluta por regla general no impide que el acto produzca provisionalmente sus efectos, los cuales serán destruidos retroactivamente cuando se pronuncie por el juez la nulidad. De ella puede prevalerse todo interesado y no desaparece por la confirmación o la prescripción.”

 

Este es uno de los ejemplos relevantes de cómo la ley la tuercen y la evaden los que deben de salvaguardarla. Con eso dan respaldo al dicho popular que “la ley está al servicio del mejor postor” y que, los malos pobres están en la cárcel, pero los malos ricos están gozando de cabal salud, libertad y prosperidad.

 

PD. Le pregunté a un amigo que labora en las oficinas de la Rectoría de la UAGRO: Aproximadamente ¿cuántas personas con título apócrifo o “patito” se desempeñan profesionalmente en Guerrero? Me contestó lacónico: “Un chingo y dos montones” ¡Vaya usted a saber!

 

porelrescate@hotmail.com

 

 

 

El impuesto predial en cinco actos

 Héctor Manuel Popoca Boone.

Acto I. A principios de su mandato presidencial, Andrés Manuel López Obrador, exhorto a todos los ayuntamientos del país a redoblar sus esfuerzos en la captación del impuesto predial, puesto que el Gobierno federal disminuiría las aportaciones federales anuales destinadas a complementar el erario de las comunas.

La razón esgrimida fue que su programa de gobierno sexenal requería cuantiosos recursos para realizar cuatro megaproyectos para los cuales no acudiría a la deuda externa para financiarlos. En otras palabras, recogería las “canicas” presupuestales federales que se distribuían a los municipios y estados, para de esa manera darle suficiencia presupuestal a sus proyectos estratégicos y a sus amplios programas de protección social. (Apoyos directos económicos a la población).

Acto II. Con mueca de contrariedad, los presidentes municipales no han aceptado de buen agrado tal exhorto recaudatorio, en virtud de que la captación fiscal, por su propia naturaleza, no les es redituable políticamente hablando, para sus próximos propósitos personales electorales. De tal suerte que, el gobernante municipal trata de evitar incrementar el impuesto predial sabedor de la impopularidad que eso le acarrea. Y como en su futuro vislumbra una diputación local o federal, o cuando menos la relección de su mandato municipal, considera contraproducente implementar una acción gubernamental de fuerte desagrado para la comunidad.

Es un hecho que, en estos últimos cuatro años, la recaudación del impuesto predial no se ha incrementado sustancialmente; lo que imposibilita otorgar servicios públicos municipales en mayor cuantía, cobertura y con mejor calidad a las ciudades y/o comunidades que experimentan fuerte crecimiento urbano y poblacional. No se diga de los déficits de obra pública, sobre todo la que no se ve y que sí se siente, aunque no es políticamente llamativa, como son los rellenos sanitarios, las obras de agua entubada, drenaje y alcantarillado, las plantas tratadoras de aguas residuales, entre otras. Por no hablar de la seguridad pública, recolección de basura, suministro de agua y alumbrado público.

Acto III. La ciudadanía muestra irritación por el alza de los impuestos. No tanto por no querer cumplir con su obligación fiscal cuando ésta guarda justeza, equidad y progresividad y cuando se lo pide un gobierno honesto y transparente. También es renuente por dos factores más, a saber: Son tiempos de estragos a nivel familiar, a consecuencia del prolongado padecer que ha representado la pandemia del Covid-19 y sus secuelas en la salud; así como sus efectos reduccionistas en la actividad económica que merma el poder de compra, acentuado por el incremento de los precios de los productos a causa de una inflación que no cesa de subir.

El enojo ciudadano es mayor cuando saben que buena parte de esos impuestos sobre los inmuebles particulares, van a parar a los bolsillos directos de los gobernantes y funcionarios públicos corruptos; o cuando son dilapidados en cosas superfluas.

Acto IV. Es complejo incrementar la recaudación del impuesto predial porque en la mayoría de los municipios, las cabeceras municipales o parte de ellas, están asentadas en tierras ejidales y/o comunales, cuyo uso legal del suelo no es urbano y, por tanto, pueden sustraerse del pago de dicho gravamen sin óbice de contar con los servicios públicos urbanos que el ayuntamiento otorga. En la reconversión del uso del suelo puede ayudar mucho el gobierno federal, pero no lo hace.

Acto V. En términos generales, los padrones catastrales están desactualizados e incompletos. Ni están todos los que son; ni son todos los que están. Los valores establecidos no corresponden a los estándares económicos aplicados en otros de entidades vecinas, con similitud socioeconómica; existiendo también sobornos de particulares y empresas para mantenerlos abatidos, sobre todo aquellos de gran valía comercial.

Colofón: Los ingresos municipales son pocos y los egresos son muchos. Agréguele la insensibilidad de los diputados locales para este tema. Por eso tenemos alcaldías de “tercer mundo” con servicios municipales de “quinto mundo”. (Juan Angulo, dixit).

PD1. Como Gobernador moral de Guerrero no me pidan defender lo indefendible; en cuanto a errores que comete el presidente de la República. Flaco favor le hacemos a nuestro país.

PD2. Intuyo que los cuantiosos gastos incurridos por la gobernadora constitucional y su “papá incómodo,” en el contingente de Morena-Guerrero que acudió a la marcha de apoyo a AMLO a la CDMX (en cómodos autobuses. sombreros de Tlapehuala, dos camisetas por persona, sabrosas y suficientes tortas y jugos), fueron con cargo a la partida presupuestal genérica “apoyos institucionales” del DIF estatal. Estado pobre, acarreo de lujo.

Porelrescate@hotmail.com

 

La democracia liberal y mercantilizada. *

 Héctor Manuel Popoca Boone.

¿Alguien ha visto a Vicente Suastegui Muñoz?

Aun cuando sus méritos históricos fueron, sin lugar a dudas, mucho más grandes que sus yerros, Benito Juárez (BJ), férreo defensor de nuestra patria, deseaba reelegirse como Presidente de la República, por cuarta ocasión en 1871. Los periodos presidenciales eran de cuatro años y él llevaba ya ostentando el máximo cargo gubernamental 14 años -con severas interrupciones y exilios forzados de facto-. Sabedor de su personalidad triunfante en las guerras de Reforma y contra el imperio galo y su fallida invasión a México, BJ solicitaba recurrentemente a la Cámara de diputados, facultades extraordinarias y prorrogas a su mandato presidencial. La Constitución de 1857 que estaba en vigor, no permitía la reelección presidencial.

En las primeras ocasiones, los legisladores se las aprobaban a BJ dada la pronunciada anarquía social, la gran inestabilidad política y la endeble seguridad nacional prevalecientes. No así sucedía en el año de 1871, cuando había asentado sus reales en todo el país, la “República Restaurada”. Sea dicho que, en su último período de vida, BJ, se aferró al poder presidencial con excesiva y manifiesta ambición, Nadie pudo despojarlo de esa investidura, más que la muerte que le sobrevino por infarto agudo de miocardio.

Para las elecciones presidenciales de 1857, se presentaron tres fuertes aspirantes: Ellos eran: el propio Benito Juárez, Porfirio Díaz y Sebastián Lerdo de Tejada; los tres fueron destacados liberales. Juárez con zorruna antelación a su intención de reelegirse, inició el “conven$imiento” de diputados a su favor, manteniendo fuerte control político sobre la mayoría de ellos para tener un ambiente que fuera amigable a su propósito en el poder legislativo. Sabía bien que para esa renovada permanencia en el poder presidencial no contaría con todas las simpatías populares, ni del ejército, ni de algunos dirigentes y militantes del Partido Liberal.

En una carta sobre los diputados, que le dirigió el 16 de agosto de 1867, Felipe Buenrostro -cronista del poder legislativo de aquella época- a Benito Juárez, ya le expresaba: “Está compuesta en su mayoría por hombres que no hacen sino lo que se les manda”  Y como a BJ le contrariaba que existieran disidencias públicas a sus pensamientos y ordenanzas, siempre procuró tener domesticados a los legisladores -al menos a los del Partido Liberal-, quienes no tenían permitido contradecirlo o externar opinión contraria; más que solamente brindar y exhibir públicamente su respaldo incondicional. Así fue el inicio de una seudo democracia sobornada y semi autoritaria que llega a nuestros días.

La ventaja electoral en 1871 la poseía, de ante mano, BJ. Ya que tenía a su disposición el erario público y podía destinarlo a doblegar conciencias y comprar votos de legisladores; además, contaba con un importante apoyo popular y de una porción del ejército liberal, puesto que otras partes de los militares y del pueblo optaron por inclinar sus simpatías a los otros dos competidores: Porfirio Díaz y Lerdo de Tejada. “No había piso parejo” en la competencia electoral.

En ese marco de creciente polarización entre los mismos liberales, el editor del periódico “El Siglo XIX”, el historiador liberal, Julio Zárate, manifestaba públicamente: “¿A cuenta de qué quiere Benito Juárez prolongar su mandato?”, dentro de cuatro años, con los mismos argumentos (consolidar la república restaurada) querrá volver reelegirse y la democracia será entonces una eterna mentira y las instituciones republicanas una cruel parodia.”

Fue reñida la contienda electoral de 1871. El mandato constitucional indicaba que ganaba las elecciones presidenciales quien lograra obtener la mitad de votos emitidos más uno; esto es, no con simple mayoría. Ninguna de las tres “corcholatas” los obtuvo. De los 12 266 votos totales emitidos, Benito Juárez tuvo 5 837; Porfirio Díaz, 3 555 y Lerdo de Tejada, 2 874. Por tanto, fue la Cámara de diputados quien nombró al presidente de la República entre los dos candidatos que lograron el mayor número de votos y estos fueron: Benito Juárez y Porfirio Díaz. (Continuará)

PD1. Como Gobernador Moral de Guerrero sostengo que, con la masacre ocurrida en la comunidad de El Durazno, Municipio de Coyuca de Catalán; en la formalizada y conflictiva octava región de Guerrero, se abrió la caja de pandora en la disputa por la creación de los nuevos municipios que, inopinadamente, habrán de formarse a costa de territorios de otros municipios ya establecidos, a excepción de Tlacotepec (Heliodoro Castillo). Cuántas masacres y homicidios más concitaran en esa zona, la Gobernadora Constitucional, los diputados locales, algunos líderes regionales y ciertos universitarios, interesados. La cruda realidad prevalecerá de nuevo. Al tiempo.

PD2. Durante este mes, a la fecha, el número de casos activos de Covid-19 en Guerrero, se incrementó en casi dos veces más, pasando de 188 a 335 personas. Las autoridades estatales permiten al 100 por ciento los aforos en cualquier lugar y para cualquier evento. Los principales municipios con casos activos, son los turísticos. Se estima que para fiestas de fin de año habrá un millón de turistas. ¡Uf!

^{*Artículo elaborado a partir de la lectura del libro “La otra historia de México. Díaz y Madero”. Editorial Diana. Autor: Armando Fuentes Aguirre}

 

 

 

 

 

 

 

El INE sobrevive la tormenta tropical.

 Héctor Manuel Popoca Boone.

¿Alguien ha visto a Vicente Suastegui Muñoz?

 

La iniciativa presidencial de modificación constitucional para sustituir el actual Instituto Nacional Electoral (INE), no alcanzó a obtener la mayoría calificada de votos en el Congreso de la Unión. Como paliativo a dicha derrota política, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) pretende por mayoría simple a través de su partido Morena, modificar las leyes reglamentarias del precepto constitucional, que quedó inalterable. En las nuevas iniciativas hay temas dignos de ser aprobados para reducir el aforo de legisladores plurinominales; asi como el dispendio de recursos económicos en el aparato burocrático del Congreso de la Unión; para bien del país que acusa generalizada pobreza social.

AMLO no alcanzó a comprender que, el imperfecto sistema federal electoral que nos rige, cuya pieza angular es el INE, es producto histórico de una serie de luchas políticas democráticas de varias generaciones de mexicanos; gracias a las cuales hemos logrado que la lid política-democrática por la conquista del poder se logre sin el costo masivo de derramamiento de sangre; por el contrario, que suceda en la convivencia pacífica, aún cuando a veces sea encrespada y en un marco de competitividad con pluralidad y con una mínima pero indispensable estabilidad política.

Eso nos ha permitido la trasmisión pacífica de los poderes, la inclusión de todos los ciudadanos para votar y ser votados, con la concomitante ampliación de las libertades y el respeto de todos los derechos humanos, en términos generales.

Como nación, todavía tenemos una democracia mercantilizada (puesto que se desenvuelve en una sociedad capitalista cuya fuerza motriz radica en la poderosa capacidad del dinero para doblegar). Los actores principales: los ciudadanos y sus organizaciones civiles, los partidos políticos legalizados, federales y estatales, los tres niveles de gobierno y las instituciones electorales autónomas locales, no están exentas de pretender imprimir diversos grados de sesgos políticos, a partir de sus intervenciones interesadas y soterradas, alimentadas por los barones de la economía y del poder (tanto en el ámbito legal como quienes actúan en la ilegalidad).

Pero también, como dijo José Woldenberg (JW) en su memorable discurso público del 13 de noviembre pasado: “hemos… dejado atrás el país de un solo partido político, de un presidencialismo opresivo, de elecciones sin competencia ni opciones auténticas, de poderes constitucionales que operaban como apéndices del Ejecutivo, de medios de comunicación mayoritariamente oficialistas; para abrirle paso a la expresión y recreación de la diversidad política, a elecciones libres, disputadas y creíbles, a Congresos plurales, gobiernos de diferente orientación, pesos y contrapesos en el entramado estatal y sin duda, una espiral virtuosa que amplió el ejercicio de las libertades. Para eso se requirió… conformar normas e instituciones electorales capaces de ofrecer garantías de imparcialidad y equidad a la diversidad de fuerzas políticas que modelan al país.”

Lo expresado en el párrafo anterior, me hizo recordar una plática-desayuno que un grupo de colegas economistas de la UNAM, generación 67-71, sostuvimos con JW hace once años, en la Ciudad de México. Conveníamos que ya desde 1988, México era un país plural cuyo proceso de reformas político electorales había pasado “con jalones y estirones” por tres etapas: 1). - De incorporación de nuevos actores y partidos políticos a los procesos electorales y a la institucionalidad democrática. 2).- De implantación de la pluralidad en el juego democrático-electoral institucional, con la correlativa creación de instancias ciudadanizadas en el arbitraje y en el dictamen judicial electoral. 3).- Del establecimiento de condiciones de equidad en la competencia a través del otorgamiento de prerrogativas económicas públicas a los partidos y la apertura a la difusión de su oferta política en los medios de comunicación masiva.

No menos importante fue también la lucha de distinguidos mexicanos, en años posteriores, para darle cauce legal a las candidaturas de ciudadanos independientes para ejercer su derecho constitucional de ser elegidos. Otra de las conclusiones que obtuvimos de aquella sabrosa y nutritiva plática fue el señalamiento que, para ensanchar y fortalecer más nuestra democracia, necesariamente debíamos tener siempre presente importantes factores de obstrucción de la misma; como lo son la generalizada pobreza, la amplia desigualdad social, la opacidad institucional y un escaso acceso ciudadano a mejores oportunidades y circunstancias para el buen desarrollo humano integral. JW finalizó su participación en aquel desayuno afirmando que México por ser un mosaico rico en pluralidad, la vía idónea para su desarrollo político era la democracia y su perfeccionamiento.

PD1. El principal antídoto para contrarrestar la partidocracia es la organización ciudadana activa, con una mayor consciencia civil, que participe entusiastamente en la cosa pública y en la democracia como sistema de vida permanente.

PD2. Algunos de los integrantes de las organizaciones campesinas, OCCS y Cecop, vuelven a sufrir las embestidas que con vil sevicia les aplican integrantes de las instituciones estatales encargadas de administrar y procurar justicia. ¡Uf! ¡Uf!

porelrescate@hotmail.com

Balance del mes de noviembre de 2022

             Héctor Manuel Popoca Boone.

¿Alguien ha visto a Vicente Suastegui Muñoz?

 

Ingratitud. - Como Gobernador Moral de Guerrero deploro que la actual mandataria estatal permita que se le retire la ayuda médica-asistencial al muy respetable político y luchador social de izquierda, Guillermo Sánchez Nava, que, en décadas pasadas, fue objeto de una brutal golpiza a manos de activistas del PRI; dejándolo tirado inconsciente en la calle e incapacitado de por vida. Es de los pocos batalladores de la izquierda sureña al que le reconozco distinguida congruencia, lealtad y sencillez perseverante, en la consecución de sus principios, ideales y valores. Ojalá y pronto se corrija semejante torpeza burocrática.

 

Seguridad. - Bien por la Gobernadora Constitucional de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda (ESP), por instruir una inspección general en la cárcel de Chilpancingo, donde se encontraron buen número de armas punzo cortantes, teléfonos celulares y drogas. Otros reclusorios regionales están en la misma o peor situación. Cosas de la herencia maldita. También es de reconocerse su iniciativa de liberar, previo análisis de caso, al sesenta por ciento de mujeres sentenciadas por delitos no graves. La cruda realidad indica que la mayoría de esas féminas están sumergidas en la pobreza junto con sus hijos. Muchas de ellas fueron embaucadas o mal defendidas.

 

Durante su comparecencia ante una comisión del Congreso local, el secretario estatal de Seguridad Pública Estatal recalcó que Guerrero necesita, en números redondos, ocho mil policías; de los cuales solo cuenta con poco más de la mitad de esos elementos. Nos falta mucho para tener un gobierno transparente, en todos los aspectos. Prevalece la oscuridad sobre la claridad en la cosa pública.

 

Corrupción. – Después del robo descarado de un aparato médico valuado en poco más de medio millón de pesos que fue sustraído del Hospital General de Acapulco; y ante la inminente visita del presidente de la República; de súbito, apareció de nuevo en el lugar donde estaba colocado. El saqueo y robo hormiga de hospitales públicos sigue. Por algo, en lo álgido de la pandemia, el presidente de la República ordenó que el Hospital de Chilapa fuera operado temporalmente por las fuerzas armadas. La recién inaugurada clínica hospitalaria en Acapulco será operada por el Programa IMSS-Bienestar y no por la Secretaría de Salud Estatal. ¡Sopas!

 

Por lo que ha salido a la luz pública, en la bárbara destrucción del edificio de la biblioteca del Congreso del Estado, presuntamente están inmiscuidos Héctor Astudillo Flores (HAF) y el diputado local, Alfredo Sánchez Esquivel. Eso da cuenta del inframundo de corrupción e impunidad en que se desenvuelve buena parte de la clase política y gobernante de Guerrero. ¡Uf!

 

Me apena decirle a la Gobernadora ESP que no puede enarbolar la bandera de la anticorrupción mientras mantenga como integrante de su gabinete, al que fue Contralor General del Estado durante la administración de HAF. Lo mismo digo, al no especificar los conceptos en que serán aplicados recursos del DIF por un monto de 51 millones de pesos (El Sur. 3/noviembre/2022), contemplados en la iniciativa de decreto que envió al Congreso local para el 2023; toda vez que se pueden convertir en su “caja chica” o la de su progenitor, para futuras “marchas”.

 

También habrá que poner bajo lupa los posibles menjurjes que, a través de PROTUR, su “Papá incómodo” haya pactado con empresarios y políticos priistas inescrupulosos que ya compraron, a precio de baratija, terrenos ejidales con vocación turística en el corredor de la zona Diamante-San Marcos, muy a la manera especulativa inmobiliaria del finado exgobernador Francisco Ruiz Massieu.

 

Salud. - Hay indicios estadísticos de un nuevo rebrote en Guerrero de otra variante del COVID. A finales de octubre se reportaron 40 casos activos; al día de ayer sumaban 188 casos. Es decir: 4.7 veces más. Nuestra tasa de crecimiento del virus está por arriba de la media nacional. Las autoridades sanitarias mantienen la apertura total de los aforos en todos los lugares de concentración y movilidad social, no obstante que ya empezó la temporada de frío y de la expansión de la influenza. ¡Uf! ¡Uf!

 

Finanzas públicas. - El gobierno estatal ya consiguió para sus trabajadores un primer crédito de mil quinientos millones de pesos para el pago de aguinaldos y salarios de fin de año. Es consecuencia del desastre financiero heredado.

 

porelrescate@hotmail.com

 

 

 

Por un INE: autónomo, imparcial, eficaz y austero.

 Héctor Manuel Popoca Boone.

¿Alguien ha visto a Vicente Suastegui Muñoz?

 

La principal disputa en el campo electoral que tenemos en puerta, gira en torno a ¿qué tipo de institución controlará y dictaminará las próximas elecciones federales y estatales? En mucho contará la configuración de su estructura orgánica, las leyes, reglamentos y requisitos que la regirán; los recursos humanos, materiales y financieros de los que dispondrá; así como su real sometimiento a la rendición de cuentas y entrega de resultados, en forma honesta y transparente, para el buen acatamiento civil de sus resolutivos.

 

Ese es el quid de la pretendida reforma electoral enviada al Congreso de la Unión por iniciativa presidencial. Lamentablemente, buena parte de la clase política dirigente del país, los gobernantes; los mandones de territorios regionales y los del poder económico-financiero, siguen considerando el voto electoral ciudadano como manipulable, comprable y, por tanto, controlable …hasta cierto punto.

 

Recordemos que en la actualidad tenemos una democracia dominada por una partidocracia mercantilizada, que cuenta con vastos recursos económicos públicos y se desenvuelve a sus anchas, en un universo electoral de bajo nivel educativo y de pobreza social generalizada.

 

También es desmesurado el monto del erario fiscal que para su funcionamiento se le asignará el próximo año electoral; frente a un semi estancamiento con inflación económica nacional que impone una férrea austeridad; si es que no queremos arribar a la nefasta devaluación de la moneda. Todo eso, en el marco de un país con una amplísima desigualdad social, que alberga a más del 60 por ciento de su población total en condiciones de pobreza y con serias carencias en los sistemas cuasi colapsados de seguridad pública, educación, salud, vivienda, alimentación y nutrición. Por no decir de la insuficiente creación de empleos y de inversión productiva.

 

México se distingue por tener uno de los procesos electorales más oneroso a nivel mundial; arriba de los países más ricos del planeta. Hoy, los directivos y altos funcionarios del INE reciben los sueldos y salarios más altos del país, además de otros privilegios económicos, que no gozan el resto de los funcionarios de la administración pública federal.

 

De consideración no menor, están las muy codiciadas “prerrogativas electorales”, recibidas anualmente por los partidos políticos, también provenientes del erario público, destinadas a sufragar sus operaciones cotidianas; incrementándose, sustancialmente, en los años de campañas electorales porque también están destinadas a financiar ¡las campañas electorales de sus candidatos! en virtud de que las cuotas de los militantes son ínfimas y famélicas sus finanzas propias, no obstante que algunos partidos practican la extorsión mensual en la nómina salarial, por puesto laboral otorgado. Huelga decir que los financiamientos externos vergonzosos provenientes de los barones del dinero y de la droga, están en el orden del día.

 

El excesivo financiamiento a los partidos políticos ha dado lugar a la creación de una partidocracia cuasi mafiosa que se mueve más por conveniencias e intereses de grupo que por convicciones o ideales. Hoy la postulación a ser candidat@ puede estar también a disposición del mejor postor. El resultado es que tenemos procesos electorales corruptibles, con enraíce en la compra, al cash o en especie, de conciencias, dignidades y de votos.

 

Conclusión: El INE siempre ha estado bajo el asedio, en mayor o menor grado, de las presiones políticas y económicas ilegitimas de los gobernantes en turno, a efecto de imprimirles determinado sesgo político; y del no acatamiento íntegro a la voluntad real de los ciudadanos; haciendo a un lado el espíritu de las normatividades, hipócritamente por todos aceptadas, más nunca del todo acatadas; los recovecos para eludirlas legalmente es lo imperante.

 

Dejo para una próxima entrega, el tema del costo-rendimiento para el pueblo, de sufragar el descomunal ejército de la parasitología política nacional, conformado por las legiones de políticos profesionales y legisladores, federales y estatales, así como de los numerosos batallones de regidores.

 

PD. La Auditoría Superior de la Federación informó que, dentro de los seis estados de la república que peor usaron los recursos públicos federales, entregados para su aplicación en el año 2020, se identificó a Guerrero con más de 3 mil millones de pesos observables, en la cuenta pública nacional. Las principales irregularidades detectadas se localizaron en el sector salud, educación y seguridad púbica. (El Universal, 21/noviembre/2022). Por su parte, el Auditor General Estatal, en reunión cerrada, entregó a diputados locales comisionados, solo recomendaciones sin especificar montos y conceptos de su Cuenta Pública. (El Sur, 29/octubre/2022). ¡Uf!

 

 

 

Mañas de la guerra mediática.

 Héctor Manuel Popoca Boone.

¿Alguien ha visto a Vicente Suastegui Muñoz?

Todo gobierno que se precie de ser buen gobierno debe de cuidar a su pueblo, procurándole seguridad, certidumbre, justicia, libertad, equidad social, prosperidad, sin menoscabo del respeto de todos los derechos humanos para todos; en un ambiente de libertad colectiva licita y de sana convivencia pacífica. Gobierno que no pueda o no quiera cumplir con tales cometidos, propicia la corrosión de la estabilidad social, requisito indispensable para el sano desenvolvimiento civilizatorio.

Al que gobierna, se le impone la obligatoriedad ética de convencer a su pueblo de que está gobernando realmente bien, apegado a la legalidad establecida, y dando ejemplo público prístino, de un comportamiento moral regido por principios y valores adoptados y consagrados en las principales leyes del país.

También el gobernante, tiene el deber de informar honestamente al pueblo de la cosa pública. Para eso echa mano de las artes y tecnologías modernas de los medios de comunicación masiva y de los artificios de la propaganda y publicidad. Todo eso englobado en lo que ahora se denomina mercadotécnica política, o en palabras llanas, un lavado de cerebro colectivo ya sea para bien o para mal de los habitantes. Es el arte de convencer para vencer políticamente, en forma pacífica y persuasiva a un determinado grupo de la población.

El convencimiento duradero no necesariamente se hace con verdades (Goebbels, dixit), se usan frecuente y reiteradamente medias verdades, mentiras y farsas; usadas en y durante el tiempo que sean útiles y oportunas para que la difusión del mensaje conlleve; magnificación, minimización, tergiversación o de plano invención de supuestas realidades.

            Es un hecho que ahora, la libertad de expresión ciudadana y el derecho a la información sobre el qué hacer gubernamental, están en la agenda cotidiana de la ciudadanía y del propio gobierno Federal. Son ya parte del ejercicio de gobierno cotidiano impuesto por AMLO, a partir de su particular estilo de gobernar y comunicarse con la población, cuya condensación se da en” La Mañanera”; programa matutino televisivo presidencial de alcance nacional.

Ahora nos damos cuenta de que el derecho a la información y a la expresión vuelve a ser asediado desde los poderes formales e informales, mediante dinámicas censoras y autocensuradas que varían, pero que no se han erradicado, ni mucho menos disminuido; dañando la salud mental pública al distorsionar la realidad factual.

Por más que se intente negar desde el discurso, la realidad está ahí, lacerante y confrontadora, para un derecho a la información que aún maltrecho es piedra angular de la democracia. Lo dije la semana pasada y lo repito: Las palabras, las gesticulaciones, la voz, hieren. A veces profundamente y en forma duradera el tejido social. Debemos desterrar usar un lenguaje peyorativo, calumniador, discriminatorio y/o sexista porque conllevan, a la larga, confrontación y ruptura social. La violencia en México posee particularidades destructivas evidentes e insoslayables y el lenguaje violento que se usa también las posee. (Una mentada de madre con enojo, no es cualquier cosa). El discurso o la narrativa mediática contribuyen a crear un ambiente de ira, rencor, resentimiento, de temor o zozobra; con pérdida de libertad individual para razonar y actuar bien.

            De tal surte que, el derecho a la libertad de expresión está constreñido por múltiples factores, como la violencia verbal contra el adversario político, la desinformación pública, el control de las narrativas, la opacidad premeditada gubernamental, la mentira contumaz, las falsas noticias, los datos falseados o alterados, difamaciones, invectivas y amenazas a las personas trasmisoras de noticias y hacedores de opinión. Hoy se da como nunca el espionaje político invadiendo ilegalmente la vida privada de las personas. Así como el uso de herramientas cibernéticas por parte de todos contra todos, para el robo o sustracción de información reservada y confidencial, privada o de carácter familiar e íntima, con fines aviesos y perversos. Todos exigimos nuestro derecho a saber de la circunstancia que nos rodea y determina, así como de participar en la arena pública. Se ha consolidado la preocupante tendencia a negar e invisibilizar problemáticas relacionadas con todos los derechos humanos, desde el discurso público. Prevalece la consigna de afirmar que sí se respetan; pero los hechos desmienten tal afirmación.

            La realidad termina por imponerse. La violencia, la delincuencia, la corrupción e impunidad, males que laceran actualmente a la población, están ahí, gritando a la cara a los del poder que es incompetente porque no los enfrenta del todo en los hechos cotidianos. Al contrario, y lo que es peor, los fomenta o los encubre.

            A la contraposición de los datos proporcionados por el jefe del Ejecutivo, la respuesta es la estigmatización y deslegitimación de quien lo contradice. Como parte de la estrategia de comunicación presidencial, está la inyección de desconfianza hacia terceros y la descalificación peyorativa, calumniadora, así como el sentimiento de un supuesto agravio social por los “enemigos de las causas populares”, tales son las actuales formas de atacar voces y escritos de naturaleza crítica. De esta manera, la oratoria oficial de la estigmatización, encabezada por el propio presidente de la República, se ha ampliado para señalar a voces disidentes, aun si éstas han sido siempre críticas a los excesos e ilícitos de gobiernos pasados. ¡Uf!

PD. Artículo elaborado a partir de la lectura del ensayo “Artículo 19” (de autores varios). Continuará.

 

No al militarismo como ideología.

No a la militarización del gobierno civil.

¿Alguien ha visto a Vicente Suastegui Muñoz?

 

De entrada, como Gobernador Moral de Guerrero, afirmo que no fue la mejor solución el haberle otorgado marco legal constitucional a la participación permanente de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública nacional. Tema que la Constitución consagraba de exclusiva responsabilidad del ámbito civil de los gobiernos. Aun cuando será ahora, dicha intervención legal “por tan solo seis años”.

Si los gobiernos civiles no pudieron darle al pueblo mexicano lo mínimo suficiente para llevar una existencia digna, decorosa y pacífica; es a ellos a quienes debemos de enjuiciar por lo mal que han gobernado a México durante muchas décadas; aupando y prohijando a una delincuencia organizada que hoy, cual Frankenstein, se muestra detentadora del poder sobre las vidas y haciendas en importantes territorios de la nación. Gozando de una impunidad que nos patentiza la impotencia e incompetencia de las sucesivas administraciones federales para detenerla. Aunado a la complicidad corrupta como medio para penetrar a los gobiernos civiles y a las Fuerzas Armadas en los últimos 25 años.

El ejército mexicano de tiempo atrás y bajo la égida de buenos comandantes militares, diseñaron una estrategia militar de carácter constitucional de apoyo al pueblo en casos coyunturales de desastres naturales. En territorios delimitados y por tiempos definidos: el muy apreciado “Plan DN-III”. No veo por qué ahora no se pueda implementar otra estrategia coyuntural, exprofeso, para abatir el narcotráfico y sus otros pingues negocios ilícitos, que ensangrientan y asesinan a lo mejor de nuestra reserva social.

En ese tenor y contexto, bien pudieron, el presidente AMLO, legisladores federales y algunos estatales, delinear y aprobar una estrategia de combate al delito organizado en territorios focalizados que acusan circunstancialmente gran vulnerabilidad. Pero no; se fueron por el camino fácil de tirar el agua pútrida y corrompida -que ellos mismos cultivaron como clase gobernante y luego no pudieron desaguar- “con todo y tina; y con el niño adentro”. Se va a dejar en la orfandad presupuesta la posibilidad de que los estados de la república cuenten con una estructura local eficaz de seguridad pública.

Si hay algún Estado de la República que ha sufrido y sabe de los horrores y terrores que causa entre la población civil un Ejército mal comandado en épocas no beligerantes, es Guerrero.

Hemos sufrido tiempos indignos, miserables, de atropellos y exterminio humanos que, bajo el amparo de sus uniformes el Ejército configuró. A título de ejemplo, en el informe de la Comisión de la Verdad (Comverdad) sobre “La Guerra Sucia” en Guerrero (elaborado por Hilda Navarrete Gorjón, et al), se da cuenta documentada de testimonios de múltiples violaciones castrenses a los derechos humanos, cometidos en el decenio de 1969-1979 en la región de la Costa Grande, principalmente.   

Desapariciones forzadas de individuos, lo mismo que desplazamientos sociales involuntarios, ejecuciones extrajudiciales, fosas y sepultamientos clandestinos, aprehensiones arbitrarias, torturas, tratos crueles, violaciones degradantes, indignas e inhumanas a mujeres y niñas, cercos permanentes de control de movilidad de personas y de abastecimientos alimentarios de pueblos rurales; exterminio de comunidades enteras; realización de vuelos militares criminales hacia mar adentro, para arrojar cuerpos de personas; son de las principales atrocidades cometidas en el plan militar, “La Telaraña”, ordenado por el Presidente de la República y ejecutado por el Secretario de la Defensa Nacional, de aquél entonces.

No vengan ahora a decirnos de las bondades de la participación legal de las Fuerzas Armadas en tareas de índole civil en Guerrero; que no sean las contempladas por el Plan DN-III. La traición constitucional, recién aprobada, a iniciativa del presidente AMLO y aprobada, con ciertos matices, por la mayoría de los legisladores federales, principalmente de Morena, del PRI, PRD y de ciertas legislaturas locales, es el reconocimiento oficial de la negligencia, incapacidad, ineficiencia y complicidad mostrada por los diversos gobiernos y la clase política mediocre que nos rigen desde décadas atrás. Insisto: es a los malos gobernantes, políticos y comandantes militares que hemos padecido en los últimos 50 años, a quienes debemos someter a juicio popular.  

Tengamos siempre presente lo que nos enseña la historia, nacional y universal: meter lo militar permanentemente en lo que es de competencia civil, deviene cercenar la vida, conculcar la libertad, abolir la democracia y anular la paz y el progreso humano. Que cada cual se coloque en el lugar que le corresponde en la escritura de nuestra historia patria.

PD. Sobre la farsa institucional, para el desarrollo social y económico de la recién decretada “Octava Región de Guerrero”, como Gobernador Moral de Guerrero, suscribo las reflexiones del dirigente social mezcalero de la Sierra, Adán Coria Farfán, publicadas en El Sur (31/octubre/2022). Es toda una quimera demagógica, por falta real de erario público, en estos tiempos económicos, tratar de iniciar el esfuerzo con obras y acciones de verdadero impacto social transformador. Al tiempo.