Violencia para desestabilizar.

 

Héctor Manuel Popoca Boone.

Parece ser que en este período de fin de año varios grupos sociales se han propuesto provocar violencia social, para que el país entre en una fuerte inestabilidad que permita romper con el orden institucional y así aprovechar la oportunidad para consolidar sus privilegios particulares por encima de los superiores de la nación.

De que actualmente hay en México, descontento y malestar social, por la inseguridad, corrupción e impunidad, no puede negarse. Fueron fenómenos antisociales engendrados, cultivados y acrecentados por la negligencia institucional de una casta de políticos inescrupulosos, de empresarios y otros segmentos de la sociedad del mismo tenor, al usufructuar el poder gubernamental durante muchas décadas atrás.

Actualmente no hay circunstancia difícil de gran mella que señale que estamos en una situación de absoluta ingobernabilidad y de crisis social; sin querer decir con eso que arriemos las banderas por la erradicación de vicios, incompetencias institucionales y privilegios indebidos que, en lo económico, se prohijaron para unas minorías. Nuestro sistema de libertades y de derechos constitucionales que nos rigen afortunadamente nos permiten la enmienda y la corrección de aquello que consideremos procedente y urgente.

Tan es así que después de 70 años y como producto colectivo de los mexicanos y de nadie más, en forma pacífica y sin derramamiento de sangre masivo, hemos podido establecer en nuestra realidad social: la alternancia en el poder y la renovación en el mandato presidencial; ensanchando nuestra democracia que aún es imperfecta. Tenemos un sistema electoral menos manipulado y más confiable. No sin altibajos, artimañas, fraudes, represiones políticas o atropellos sociales de por medio.

Derivado de lo anterior es por lo que hoy gozamos de libertad para expresar nuestras ideas, de movilizarnos y hacer marchas y manifestaciones públicas en pro de la vigencia y respeto de todos nuestros derechos humanos; así como de criticar y repudiar todo tipo de políticas públicas que consideremos sean lesivas para nuestro bienestar social.

Con la manifestación heterogénea y amorfa, del pasado 17 de noviembre -por demás fracasada- que culminó con: a) ataques directos vandálicos a edificios históricos del zócalo de la República, perpetrados por grupos de enmascarados que surgieron en último momento de la marcha, b) dichos grupos estaban equipados exprofeso con herramientas para tumbar las vallas metálicas de protección ya instaladas previamente. c) ausencia de un templete en el zócalo y de los organizadores del acto y d) inexistencia de un pronunciamiento público donde los promotores dieran a conocer las razones de ésta. Todo lo anterior, genera indicios de un posible plan orquestado con antelación, por responsables de alto nivel, que no dieron la cara, para provocar una represión violenta a la ciudadanía joven y adulta participante.

Refuerzan esos indicios los intentos de otra inesperada marcha convocada por una organización, X, sin cuerpo e identidad propia, realizada el día de ayer, 20 de noviembre, en contra respuesta al desfile oficial. Por fortuna gozó de poca asistencia y no hubo encontronazo ni confrontaciones violentas que lamentar.

Por último, está el anuncio hecho por algunas organizaciones del transporte de carga del norte de la República y de productores rurales de esa región de que, para forzar un “paro económico nacional” intentaran bloquear carreteras del país. Similar estrategia fue usada en las semanas antecedentes al “golpe de estado” mediante el cual se instauró la dictadura militar en Chile durante los años de 1973-1990. ¡Aguas!

PD. Estimado director, Juan Angulo: Informo a usted y a los apreciables lectores de “El Sur” una pausa que haré en la entrega semanal de mis artículos de opinión por lo que resta de este fin de año; agradeciéndoles de antemano su comprensión.

porelrescate@outlook.com

 

 

 

 

 

Precaución con la marcha de hoy

 Héctor Manuel Popoca Boone.

I .Me viene a la memoria la marcha de protesta estudiantil del Jueves de Corpus Christi convocada por líderes del Politécnico Nacional y de la UNAM, efectuada el 10 de junio de1971; cuando en plena manifestación de universitarios y politécnicos que marchaban en forma pacífica hacia el Monumento a la Revolución, en solidaridad por nuestros compañeros y compañeras de Monterrey, fueron sorpresiva y abruptamente golpeados y algunos de ellos asesinados por jóvenes porros paramilitares, armados de palos de combate y algunos portando fusil M-1, los denominados “Los Halcones”, respaldados y financiados por la Policía del entonces Distrito Federal (DF).

Poco después se supo que ese millar de vándalos y golpeadores, fueron reclutados, organizados y equipados por las autoridades capitalinas. Lograron su objetivo de desbaratar la manifestación y apresar a varios dirigentes estudiantiles para enviarlos a las cárceles localizadas en el centro de la capital.

A partir de entonces me cuidé mucho de asistir a otras manifestaciones de tipo social si no conocía, bien a bien, a los organizadores de las mismas y las circunstancias y causas que rodeaban a ese tipo de eventos de protesta, por el temor de ser manipulado vilmente como un borrego más.

Con el correr de los años constaté que, en algunas de las manifestaciones realizadas en la CDMX, hacían acto de presencia grupos de porros, con sus rostros cubiertos, armados de tubos y palos, para reprimir a las personas que se manifestaban y causar destrozos y robos a casas, comercios y edificios públicos localizados en las calles que transitaban; con el fin de desprestigiar y concitar el repudio ciudadano hacia los auténticos manifestantes y sus demandas; haciéndose pasar como integrantes radicalizados y actuando con total impunidad.

II .Precaución! Para el día de hoy, ha sido convocada una marcha de protesta contra la política presidencial de Claudia Sheinbaum Pardo (CSP). Los promotores son disímbolos y nebulosos convocantes, acuerpados por una organización amorfa y apartidista denominada, “Generación Z”, de corte internacional y sin voceros ni líderes visibles nacionales que den la cara como responsables de la convocatoria; aun cuando ya vemos algunos proponentes del PRI y del PAN y profesores de algunas secciones de la CNT) que de suyo, siempre han tenido demandas encontradas, algunas de ellas ya fueron atendidas, y propósitos diferentes, algunos de ellos inconfesables. Con su cobardía personal habitual es difícil discernir a cada uno de ellos, sobre todo a los plutócratas financieros. Extraña mezcla.

Repito, los verdaderos objetivos para esta marcha no son explícitos, ni claros; algunos de los convocantes no están del todo identificados y se mueven clandestinamente. Los principales financistas de la marcha navegan en la oscuridad y, lo peor de todo, se incita al vandalismo, la violencia, a la confrontación criminal bajo la consigna subrepticia de desestabilizar al gobierno de, CSP, que ha estado abierta al diálogo, a la propuesta, al respeto y a la solución posible de algunos problemas. Además para el 2028 está el ejercicio democrático del referéndum constitucional de la revocación de mandato.

III .Por su parte, Claudia Sheinbaum Pardo, debe fortalecer su mandato presidencial al hacer a un lado a políticos impresentables por corruptos o con vínculos con el narcotráfico, incrustados en su partido Morena; así como aquellos colaboradores que han exhibido mendacidad, deslealtad, ineptitud, negligencia o enriquecimiento inexplicable. Ella sabe perfectamente quienes son pero los cubre con manto de impunidad. Eso le resta simpatía, que la mayoría de población que gobierna le muestra. Es imperativo que haga valer en la práctica el no robar, no mentir, no traicionar y preferentemente dar atención preferencial a los pobres. Lo mismo que la práctica, en su equipo de trabajo, de la austeridad, la laboriosidad y la sencillez.

PD. Mientras tanto en Guerrero seguiremos aguantando dos años más el infausto legado de AMLO de habernos designado a la actual gobernadora y a su “papá incómodo”. Resiliencia y paciencia es lo que nos queda.

porelrescate@outlook.com

 

 

 

Invertir para transformar.

 Héctor Manuel Popoca Boone.

 

Una economía que consume más allá de todo lo que produce en forma lícita; sin ahorrar ni invertir una parte de su riqueza social, indefectiblemente pierde inercia y entra en estancamiento. Si su población se ve incrementada anualmente, disminuirán las disponibilidades financieras y los satisfactores materiales y de servicios. Quedará obligada a recurrir a préstamos externos de largo plazo para cubrir la brecha entre lo que consume y lo que genera como ingreso social. En el mediano plazo será una economía insolvente; sin inversión productiva ni tecnológica de innovación; sin recursos para sostener su crecimiento económico y desarrollo social.

 

Con el tiempo, una economía nacional con un déficit grande en su funcionamiento entrará en recesión y crisis económica donde la temible inflación galopante y después la devaluación abrupta se encargarán de disminuir el bienestar social del país. Incluso, posibilita la estanflación, que es la aparición simultánea de inflación elevada, desempleo crónico y un estancamiento económico.

 

En la propuesta de gastos que prevé tener el gobierno federal de México para 2026, contempla un gasto total de aproximadamente 10.19 billones de pesos, lo que representa un incremento real de 5.9 % respecto a 2025. En tanto los ingresos serán casi del mismo monto 10.2 billones de pesos, con permisibilidad (no recomendable) para incrementar la deuda interna con fines de financiamiento al gasto público hasta por 1.7 billones como límite máximo y un endeudamiento neto externo de hasta 15,500 millones de dólares.

 

Del total del presupuesto de egresos, alrededor del 82.4 % ya está comprometido en obligaciones ineludibles como son el pago de deuda, pensiones, participaciones federales a los estados, programas de protección social; sostenimiento de los sectores prioritarios: salud; educación; seguridad pública; defensa nacional; administración gubernamental e inversión para terminar de construir infraestructura en proceso.

 

La alta proporción de gasto comprometido (cuatro quintas partes) limitará la flexibilidad presupuestaria para hacer transferencias y/o reasignaciones, lo que significa que nuevos programas de inversión productiva generadores de empleos, permanentes y formales, deberán financiarse con recursos extras que impactarán en más deuda pública, mayor inflación e incremento de la tributación fiscal regresiva al consumo.

 

Es probable caer en déficits financieros puesto que los gastos serán mayores que los ingresos y eso restará fondos para disminuir las brechas educativas, tecnológicas y científicas; la reposición de maquinarias y plantas productivas ya obsoletas; así como cubrir imprevistos y contingencias.

 

La inversión fija nacional realizada entre agosto del 2024 al 2025 disminuyó en 8.9 por ciento, por lo que la expectativa de crecimiento de la inversión productiva para 2026 será reducida; por consecuencia la oferta de mercancías y servicios básicos será inaccesible para una mayoría de la población que tiene ya de por sí un poder adquisitivo bajo.

 

Los principios de macroeconomía anteriormente señalados no son del todo respetados por los gobernantes y políticos de la denominada, “Cuarta Transformación”. Atenderán preferentemente lo que reditúa más en política en el corto plazo: “los programas sociales” es decir, apoyos directos de recursos monetarios a la población más vulnerable del país. Los subsidios directos a la población pobre para fortalecer su consumo son correctos, siempre y cuando sean respaldados por la suficiencia de ingresos derivados de la inversión para la producción y el trabajo. Sobre todo, en un país como el nuestro, caracterizado por una gran desigualdad social.

 

Conclusión: A México le urge que el sector público y el privado promuevan y realicen una mayor inversión, no especulativa sino productiva, para generar mayor número de empleos formales y permanentes.

 

PD. El presidente estatal de Morena considera que a la población de Chilpancingo la cuidan bien las fuerzas institucionales avocadas a eso; en tanto 9 ciudadanos capitalinos de cada 10, declaran vivir en un ambiente de inseguridad pública (INEGI). Dos formas diametralmente opuestas de percibir una realidad, según lo empoderado que este uno. ¡Uf¡

 

porelrescate@outlook.com

 

 

 

Educar para transformar

 

Héctor Manuel Popoca Boone.

 

Sin transformación mental, no hay bienestar social duradero. Una de las enseñanzas que podemos tomar de la gesta de la humanidad a lo largo de su historia universal es que los grandes cambios y avances sociales se dan -teniendo como prerrequisito indispensable- amplias transformaciones mentales en sus pueblos, para garantizar la permanencia acrecentada del bienestar social a lo largo del tiempo.

 

Las transformaciones mentales comienzan con dotar y moldear en la mayoría de los integrantes de la sociedad una nueva mentalidad, que los encauce en una hazaña de progreso y superación continua; para conducirlos a mejores estadios de libertad, bienestar familiar y social; tanto en lo material como en lo cultural, en un contexto de buena calidad de vida y de armonía sana y sustentable con la naturaleza.

 

En otras palabras, para su transformación real, no demagógica, México necesita de nuevas maneras de pensar, de aprehender, reflexionar y valorar; al contemplar cosas, situaciones y problemas; ideando y poniendo en práctica nuevas formas de realizar las faenas cotidianas en los diferentes ámbitos del qué hacer social. Tener siempre en mente el procurar un nivel de bienestar social superior al existente con una menor desigualdad social.

 

La tarea embarga a toda la ciudadanía y a los tres niveles de gobierno. Es un esfuerzo educativo colectivo, escolarizado y no escolarizado, constante y permanente, que se realiza tomando como base lo mejor del acervo universal del conocimiento científico, tecnológico y cultural, acumulado por la humanidad.

 

Para realizar lo anterior necesitamos de nuevas e innovadoras concepciones, habilidades y adiestramientos mentales que proporciona una educación escolar de buena calidad. No en balde las grandes potencias mundiales se distinguieron en un principio por el fuerte desarrollo educativo de las generaciones emergentes que, con el recorrer de los años, han tomado las riendas de la conducción de sus países.

 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) elabora indicadores para evaluar, los diferentes factores que posibilitan la mejora del bienestar económico, social y ambiental en cada uno de sus países miembros. Para el sistema de educación prevaleciente en México, señala como retos importantes: a) -superar la desigualdad de género, b) -incrementar el gasto educativo. d) -la mejora en el acceso a la educación y a la capacitación técnica y laboral y d) -a una mayor calidad del desempeño de los educadores, así como el respectivo rendimiento de los estudiantes; en el marco de una mejor correlación del sistema educativo con las oportunidades reales y equitativas que existan de tipo laboral.

 

Eduardo Backhoff, presidente del Consejo Directivo de Métrica Educativas, A.C., analiza con preocupación en el informe de la OCDE (Panorama Educativo 2024) que en México el gasto relativo anual promedio en todos los niveles educativos -incluyendo la investigación científica- va a la baja, mientras que el promedio erogado en los países de la OCDE va al alza. México destina el 4.2 por ciento de su Producto Bruto Interno (PIB) al sector educativo; mientras que el promedio de los restantes países es de 4.9 por ciento. La inversión por estudiante en nuestro país se encuentra en el último lugar de la OCDE y lo que es peor, ¡disminuye anualmente (-18 por ciento) mientras que en los otros países aumenta (+9 por ciento)! En cuanto a docentes, los de México acusan deficiencias en su capacidad de enseñanza por falta de actualización. Los sueldos de nuestros profesores son 23 por ciento inferiores que el promedio de los prevalecientes en los demás países.

 

En síntesis, el panorama educativo de México (según la OCDE) no es bueno: a) Cuatro de seis jóvenes adultos solo cuentan con el nivel de educación básica, b) Uno de tres jóvenes está fuera del sistema educativo, c) seis de diez egresados de educación superior proviene del sector educativo privado, d) la inversión en educación ha disminuido, e) se invierte menos en educación infantil, f) en primaria, la educación privada invierte más por estudiante que el sector público y g) el número de alumnos que tiene que atender un docente mexicano es del doble que sus pares internacionales, aunque su salario es una cuarta parte menor. Estas cifras evidencian que, para los gobiernos mexicanos de la última década no ha sido una prioridad mejorar la educación del país. Por demás está mencionar que nuestro país esta ubicado dentro de los últimos lugares de la evaluación educativa, dentro de los países que integran la OCDE.

 

Los países con mejor desempeño educativo comparten como factores estructurales: Inversión sostenida en educación pública. Formación y evaluación continua de docentes. Equidad en el acceso a la enseñanza y en la colocación laboral. Fomento de habilidades científicas. Pensamiento crítico y de reflexión propositiva.

 

porelrescate@outlook.com

 

Guerrero y los jinetes apocalípticos.

 

Héctor Manuel Popoca Boone

A cuatro años del presente gobierno estatal en Guerrero, sigue prevaleciendo una gobernabilidad inestable como rasgo distintivo propio en el concierto de las entidades de la república. No lo digo yo solamente, sino que es opinión de muchos ciudadanos mexicanos. Además continua el andar, a galope tendido, de varios jinetes apocalípticos que la tienen postrada como una entidad federal fallida; si no es que irremediablemente perdida.

Nuestra histórica pobreza social y económica prevalece en forma acentuada. Los indicadores que señalan su magnitud nos colocan en los niveles nacionales más bajos de salud, educación, seguridad pública y crecimiento económico; es decir, en el sótano de la nación, para nuestra ignominia. Si a esos jinetes les agregamos sus imprescindibles escuderos, como lo son: la corrupción, la ilegalidad, la impunidad, la irresponsabilidad y la mala administración pública; encubiertos en el engaño, la hipocresía, la deshonestidad, la falta de vocación de servicio, de inversión pública y privada, así como por la sempiterna dejadez de los funcionarios públicos estatales y municipales, concluiremos que somos un pueblo signado por la desgracia perenne y por un sometimiento, sufrimiento y conformismo social de triste sino.

Si agregamos los infortunios generalizados con los que la madre naturaleza nos ha castigado en las últimas décadas, como son los fenómenos hídrico-meteorológicos entre otros, que nos provocan graves pérdidas humanas y materiales, podemos también concluir que, el sureño, es un pueblo estoico y pletórico de resiliencia permanente, aun cuando algunos digan que somos masoquistas y desafortunados por naturaleza.

No es de extrañar los revientos sociales regionales que se presentan, de vez en vez, ya que somos los olvidados de la República. El gobierno federal y los partidos políticos nos voltean a ver solo en época de procesos electorales o de grandes desastres naturales; menos, ni se acuerdan de nuestra pobre existencia. Ingratos han sido algunos gobiernos federales por el insuficiente apoyo que nos han brindado como territorio federado, debilitado y deteriorado.

No nos debemos de extrañar por el cúmulo de marchas, bloqueos y plantones de protesta de ciudadanos, ya sea en edificios públicos, avenidas o carreteras, a lo largo y ancho de todo el territorio guerrerense. Nos causan irritación al hacernos perder tiempo, dinero, esfuerzo y salud al llegar con demora a nuestras citas y trabajos, por culpa de los que impiden la circulación y el libre tránsito o trámite, pero nos resistimos a comprender las causas que los motivan a realizar esos actos ilícitos, a veces vandálicos; causados por el enojo acumulado y la poca atención gubernamental a demandas sociales muy sentidas; como la carencia de justicia imparcial y vigencia de la legalidad; adeudos de salarios y pensiones; de obras públicas inconclusas; de acciones de gobierno no realizadas pero reiteradamente prometidas para el beneficio de barrios, colonias populares, comunidades rurales, etc.

No hay justificación alguna para dichos actos de arbitrariedad y de desesperación popular, pero si es necesario entender el porqué de las génesis de ese tipo de manifestaciones de exigencia justa y de protesta social menospreciada.

En el transcurrir del tiempo, afortunadamente en Guerrero se ha desarrollado un poder civil creciente representado por movimientos y organizaciones sociales municipales y regionales, de carácter cívico-solidario de auxilio mutuo, que no buscan el poder institucional sino ser vigilantes del buen uso del mismo y de la exigencia del respeto a todos los derechos humanos de todos.

No menos importante es tener presente el ente apocalíptico representado por los grupos de la delincuencia y del crimen organizado que su poder, en la actualidad no solo se origina en el tráfico de estupefacientes a nivel nacional e internacional, sino que ya está enraizado en la extorsión, el derecho de piso, en el secuestro, en los procesos de elección popular; infiltrado está también en los tres niveles de gobierno que actúan en estas regiones del sur; en los contubernios económicos con empresarios inescrupulosos; así como en el control del transporte público y de carga; en el abasto y mercadeo regional y local de bienes y mercancías. ¡Uf!

PD. Lo más recomendable para nuestra sufrida y muy dependiente entidad federativa es que el próximo gobernador o gobernadora no posea mácula alguna de deshonestidad, tenga buen oficio de gobierno y sea persona cercana a la Presidencia de la Republica. No hay que dar tanto brinco; estando el piso tan parejo. Llegó la hora de alinearse. ¿O no?

porelrescate@outlook.com

 

De poder a poder.

 Héctor Manuel Popoca Boone.

Si definimos al poder como el ejercicio de control y dominio de seres, cosas, actividades, recursos, modos de vida y comportamientos sociales dentro de un territorio determinado; podemos considerar que, en un país, región, ciudad, o comunidad dada, coexisten diferentes poderes que son detentados por uno o diferentes grupos sociales de los cuales el preponderante será aquel que tiene la supremacía y predominio de la fuerza violenta, legal o ilegal, para imponer su voluntad a los demás y marcar el orden que debe acatarse ineludiblemente por el conglomerado.

En el municipio, concretamente hablando de la ciudad de Chilpancingo existen: I.- El poder político. Formalmente lo detenta la presidencia municipal democráticamente surgida de la clase política, conformada por partidos políticos que, bajo las leyes establecidas y bajo pacto social constitucional tiene a facultad junto con sus instituciones, leyes y bandos, a dirigir la gobernanza y otorgar gobernabilidad adecuada, circunscrita al territorio municipal; teniendo facultades de recabar recursos fiscales para su sostenimiento. Para tal efecto, cuenta también con la coadyuvancia de los gobiernos superiores: estatal y federal; imponiéndose y ejerciendo la fuerza institucionalizada, representada por la policía municipal.

II. - El poder económico. Representado por los grupos empresariales que poseen capital económico y que influyen y actúan para hacer valer sus intereses propios de clase social, a través de las ganancias económicas emanadas de sus empresas y negocios particulares. Es un poder que se genera mediante dinero lícito acumulado gracias a sus capacidades y habilidades empresariales y profesionales; arriesgando su capital privado que colocan ya sea en el comercio, la producción de mercancías y de servicios; generando empleo a la clase trabajadora que vende su fuerza de trabajo. También los empresarios escrupulosos tienen capacidad de vincular el medio urbano con el medio rural que es el generador de alimentos básicos.

III. – El poder ideológico de las creencias sociales en general, pregonadas por las iglesias, centros de estudios y grupos pensantes de investigación social organizada que actúan en el conglomerado civil; tratando de escudriñar, convencer y expandir su propia fe, convicciones, e ideales; difundiendo los principales aspectos de su fe, principios, moral, ética y civilidad, motivados por las circunstancias de convivencia que prevalecen en la sociedad.

IV. – El poder militar nacional. Constituido por las fuerzas armadas (ejército, marina y guardia nacional), constituidas y financiadas por el gobierno federal establecido; mismas que están destinadas a proteger al pueblo y a preservar nuestra soberanía nacional; cuyos centros de operación son los cuarteles que fungen como sedes de acción regional y cuyo comandante general es localizado en el Poder Ejecutivo de la Nación.

V. - El poder de la delincuencia organizada. Contemporáneamente surgido en grupos dedicados al delito que usan la para lograr sus finalidades con fuerza eminentemente violenta e ilícita; otorgándoles a su vez fuerte poderío económico y preeminencia social. Originalmente deriva de la muy lucrativa producción y tráfico de estupefacientes, que les permite actuar con suficiente impunidad mediante el soborno, la extorsión, el homicidio y la tortura para infundir temor y terror para expandir sus acciones ilícitas e incursionar en otras actividades generadoras de ingresos económicos ya sean estas legales o francamente ilegales.

VI. – El poder ciudadano. – Generado por movimientos civiles contestatarios y/o reclamantes al poder gubernamental establecido. Provocado por las múltiples ineficiencias, contradicciones, latrocinios y falsedades en los actos de gobernar. Motivados por causas, reivindicaciones y luchas de carácter social, específicas o generales, que nacen del hartazgo en malestares, injusticias, imposiciones, sumisiones y afectaciones paralizantes en el ámbito civil, que dada su agudeza con la que actualmente se presentan lesionan sus derechos humanos y su convivencia y quehacer cotidiano pacífico dentro de la sociedad.

En su devenir para expandir sus intereses, el comportamiento de estos poderes, entran en contradicciones, pugnas y disputas entre sí; o también en alianzas, complicidades y contubernios mutuos por establecer algunos objetivos comunes. Con los resultantes ya conocidos por todos. Por ejemplo, en la ciudad capital de Guerrero el poder dominante de facto es la delincuencia organizada, que ha infiltrado al poder político y al económico lo mantiene extorsionado y a la ciudadanía sometida mediante el temor y la violencia; las víctimas son a cuenta de ciudadanos, sacerdotes, políticos y funcionarios o políticos que no se someten o pactan en lo oscuro. Las estadísticas de la criminalidad asi lo señalan. El poder militar se mantiene impertérrito y contemplando, con algunos de sus malos elementos ya convertidos en cómplices de la delincuencia organizada. Las creencias de la paz social cada día se ven más remotas de alcanzar. ¿O no?

porelrescate@outlook.com

Chicaneadas del Estado Mexicano (2)

 Héctor Manuel Popoca Boone.

 

Segunda chicaneada. Ésta se refiere al cumplimiento de una reparación colectiva, que forma parte de la sentencia emitida el 30 de agosto del 2010 por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), en contra del Estado Mexicano (EM) y a favor de la mujer indígena me-phaa, Inés Fernández Ortega; al ser víctima el 16 de diciembre de 1996 de una agresión sexual hecha por malos elementos del ejército mexicano. Después de 14 años de litigio, en los resolutivos: 22 y 23 de su sentencia la CIDH dispuso que el EM otorgara los recursos necesarios para establecer en la comunidad indígena de Barranca Tecoani, municipio de Ayutla, un centro comunitario a favor de la mujer indígena; de defensa de sus derechos humanos y contra la violencia de género; que las niñas que cursaran estudios secundarios en la cabecera municipal contaran con facilidades de alojamiento y alimentación adecuadas, de tal manera que no truncaran la totalidad de su educación básica.

 

El “Centro Comunitario contra la violencia a las mujeres indígenas del Municipio de Ayutla de los Libres, Guerrero”, fue construido y equipado por parte del Estado Mexicano, durante el segundo gobierno estatal de Ángel Aguirre Rivero (PRD). Las instalaciones edificadas fueron pensadas para ocho áreas funcionales. 1) dormitorio para niñas, baños y cocina. 2) áreas de cubículos para atención médica; 3) aulas de capacitación sobre los derechos humanos; 4) área para orientación y terapia psíquica; 5) área de orientación jurídica, 6) área de recreación social y ejercicios físicos; 7) área administrativa.

 

Terminada la construcción y equipamiento para el inicio de operaciones del Centro, le correspondió hacerlo al gobernante entrante, Héctor Astudillo Flores (PRI), en el año 2015; quien derivó la encomienda a su secretario general de gobierno, Florencio Salazar Adame. En esas fechas lo que faltaba para entrar en funcionamiento era formalizar la personalidad jurídica del Centro Comunitario, así como nombrar e integrar el Consejo Directivo que debía de ser presidido por la victimada, Inés Fernández Ortega; teniendo como suplente a la presidenta de la Organización de Pueblos Indígenas de la Montaña (OPIM), Obtilia Eugenio Manuel y, en general, con la participación de las representantes de las mujeres organizadas de los pueblos Me-Phaa y Na-savi del municipio de Ayutla Guerrero.

 

En el aspecto financiero faltaba formalizar un fideicomiso a través del cual el Estado Mexicano suministraría los recursos suficientes para soportar económicamente la operación del Centro en forma permanente; participando activamente la Comisión Nacional para prevenir y erradicar la Violencia contra las mujeres (CONAVIM).

 

Lamentablemente el gobernador y su secretario de gobierno quisieron imponer unilateralmente y sin previa consulta a una directora operativa del Centro que no fue aceptada por Inés Fernández Ortega y por las mujeres indígenas de la OPIM. Por lo que el gobernador y su “maestro incómodo” dispusieron mantener cerrado y en el abandono institucional las instalaciones durante los seis años de su mandato ¡amurallándolas! para que nadie lo fuera a usar; contraviniendo flagrantemente el cumplimiento de la sentencia de la CIDH.

 

El 1 de octubre del 2020 la CIDH celebró una audiencia de seguimiento por el abandono en que se encontraba el Centro Comunitario llamándole la atención al Estado Mexicano (léase: gobierno estatal). No fue sino hasta las postrimerías de su gobierno cuando el gobernador y su “maestro incómodo”, en forma mañosa y para eludir sus irresponsabilidades, instruyeron transferir el inmueble -sin recursos económicos para su operación- a la Organización de los Derechos Humanos de la Montaña, “Tlachinollan”.

 

La inauguración formal del Centro, ahora con el nuevo nombre de “Centro Comunitario, Gúwa Kúma (La Casa de los Saberes), fue hecha por el subsecretario de gobernación federal, Alejandro Encinas, junto con la víctima, Inés Fernández Ortega, en septiembre del 2021 ¡veintiún años después de haberse emitido la sentencia por parte de la CIDH! Y después de haber atravesado la víctima y su organización indígena por un mundo de engaños, vicisitudes y carencias de todo tipo. Afortunadamente no lo han dejado caer; habiendo dado a la fecha protección contra la violencia a más de 500 mujeres indígenas.

 

Conclusión: El exgobernador, Héctor Astudillo Flores y su equipo de trabajo, fue el responsable de que no operara “El Centro” durante la friolera de sus seis años de gobierno y que, junto con el escaso cumplimiento -también a regañadientes- de dos sendas Alertas de Género contra las mujeres, emitidas en 2017 y en 2023 por la CONAVIM (aún vigentes), los pintan con su aura de racismo y misoginia.

 

**Para los efectos de litigios ante la CIDH de alguna parte del pueblo contra alguno o varios de los tres niveles de gobierno de México (federal, estatal y/o municipal) a estos últimos se les denomina “El Estado Mexicano”

 

porelrescate@gmail.com

Chicaneadas del Estado Mexicano.

Héctor Manuel Popoca Boone.

Chicaneada # 1. Me refiero a la demanda de justicia que todavía reclaman familiares de

varias de las víctimas que eran integrantes de la “Organización Campesina de la Sierra del

Sur (OCSS)”, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Por la negativa

del Estado Mexicano de investigar a fondo y aplicar responsabilidades a los culpables

materiales e intelectuales del asesinato de 17 campesinos y de catorce heridos, perpetrado

por las fuerzas policiacas estatales cerca del poblado de Aguas Blancas, municipio de

Coyuca de Benítez, Guerrero.

El 28 de junio de 1995, la CIDH admitió el caso y después de un juicio que duró tres años,

emitió el 18 de febrero de 1998, el informe 49/97 que contiene la recomendación al Estado

Mexicano de hacer una investigación exhaustiva e imparcial que garantizara la justicia para

las víctimas directas e indirectas del magnicidio. (Entrevista de Zacarías Cervantes a

Norma Mesino, dirigente de la OCSS. El Sur. 20/sept/2025). El Estado Mexicano inició el

cumplimiento de las recomendaciones y reparaciones en forma parcial, lenta y tortuosa a lo

largo de varios años, pero no de manera completa.

De ahí se desprende que La Suprema Corte de Justicia de la Nación haya emitido sentencia

condenatoria contra el Gobernador del Estado, Rubén Figueroa Alcocer y parte de su

gabinete gubernamental; pero asignó la debida aplicación de la sentencia al Tribunal

Superior de Justicia de Estado de Guerrero quién “a contrario sensu” emitió una sentencia

absolutoria para los autores intelectuales.

En pocas palabras, el Estado Mexicano eludió el cabal acatamiento del informe 49/97 de la

CIDH y ésta cerró el caso en el año 2012, a partir de un falso informe de cumplimiento

entregado por el Estado Mexicano. Del informe se supo de su existencia hasta 4 años

después, en el año 2017; cuando el entonces Gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo

Flores declaró a los medios de comunicación que él lo había firmado sin que la mayoría de

los familiares de las víctimas y sobrevivientes hayan tenido conocimiento de su contenido y

respectivo consentimiento explícito. Tal informe lo tienen: el gobierno del estado, el

gobierno federal y la CIDH; pero Norma Mesino expresaba: “nos hemos topado con una

negativa de informarnos en cada una de las tres instancias,”

No fue sino hasta el recién 1° de agosto de este año que Norma Mesino se enteró a través

del actual Gobierno Federal de la existencia del documento que motivó el cierre del caso;

por lo que su organización exigirá que se exhiba públicamente y con el presunto contenido

falso fundamentar la solicitud a la CIDH que reabra el caso porque el informe conclusivo

no es objetivo y contiene falsedades sustantivas. Además, no han liberado de la cárcel y

puesto en libertad a un sobreviviente de la masacre en comento.

Por último, en “El Sur” del martes pasado, dan cuenta de que la CIDH admitió el caso del

campesino preso político, Antonio Barragán Carrasco; otorgándole al Estado Mexicano un

plazo de tres a cuatro meses para que le proporcione información y observaciones sobre la

situación actual de esa persona integrante de la OCSS y sobreviviente de la masacre de

Aguas Blancas, detenido en el año 2001. De lo dicho por la organización campesina su

aprehensión fue de manera arbitraria y sometido a tortura vil para auto culparse del delito

por el cual sufre cárcel. La Red Solidaria Década contra la Impunidad es el organismo de

defensa social que litiga el caso ante la CIDH a petición de la OCSS.

Por razones de espacio, pospongo para mi próximo artículo de opinión, la narración de la

Chicaneada # 2.

*Para los efectos de litigios ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por alguna

parte del pueblo contra alguno o varios de los tres niveles de gobierno de México (federal, estatal

y/o municipal) a estos últimos se les denomina “El Estado Mexicano”

porelrescate@outlook.com

La independencia nacional y sus pendientes.

 Héctor Manuel Popoca Boone.

Desde el punto de vista de la formalidad legal, somos un país independiente y soberano. Así lo marca con toda claridad nuestro principal documento constituyente. Pero esta independencia en general, en los hechos, se ve vulnerada por las múltiples dependencias parciales que nos coartan libertad de acción, expresión y de decisión para moldear nuestro porvenir. El no tomar consciencia de este fenómeno puede agravarse con el tiempo y vulnerará más nuestra soberanía nacional. Advierto que no solo le compete al Estado sino a todo pueblo mexicano reflexionar y actuar. De lo contrario seguiremos estando estancados y corrompidos.

Revisemos las trabas de índole política: Acusamos gran dependencia de los designios que nos ha prefijado, desde antiguo, el gobierno de EU, guiados por la absurda estrategia geopolítica de: América para EU. Objetivo muy difícil de erradicar a corto plazo; mismo que enrarece nuestras relaciones de buena vecindad que debemos tener por nuestra cercana ubicación geográfica con una extensa frontera terrestre con suma movilidad comercial, social y cultural.

También por cuestiones propias de seguridad nacional de EU, últimamente hemos estado bajo vigilancia permanente por asuntos del tránsito de estupefacientes hacia sus mercados de consumo y por las amenazas terroristas que enfrentan de pueblos, religiones y líderes hostiles, de países considerados como adversarios permanentes. También por la fuerte migración incontrolada que ha recepcionado de multitud de seres humanos que salen de sus respectivas patrias huyendo de la guerra, la pobreza y el hambre; muchas veces provocadas indirectamente por los propios EU. Eso ha hecho surgir en EU un racismo blanco con gran tufo de superioridad y discriminación frente a otras etnias y razas que consideran despreciables, nocivas e insumisas. Infame ha sido la expresión del “Orate del norte” difundida a nivel internacional de que “México hace y hará lo que ellos digan”.

En términos de política internacional, somos parte integrante del bloque dirigido por EU como principal pivote de la economía capitalista mundial. En términos planos y llanos, frente al mundo somos un país satélite de EU, tanto en lo geopolítico como en lo económico; querámoslo o no.

Las exigencias trompéanas debido a la existencia real de migración ilegal, narcotráfico operado por organizaciones criminales administradas desde México, así como la corrupción imperante en nuestro país que lo permite y lo abona, es una cuestión que nos compete del todo a los mexicanos resolver perentoriamente y que, lamentablemente, no hemos podido o querido enfrentar con decisión la disminución de esas anormalidades antisociales endémicas. Digámoslo claro: han sido el interés egoísta o la incompetencia de la clase política gobernante: PRI, PAN y lo que lleva Morena en el poder presidencial, lo que nos tiene en esta mediocridad.

¿Qué tanta independencia nacional podemos celebrar en lo económico? Si nuestro comercio exterior depende de EU en todas las ramas: manufactureras, agrícolas, tecnológicas, energéticas, electrónicas, científicas… Orbitan en torno a ese vecino norteño las tres cuartas partes de lo que compramos y vendemos con el exterior. Mención aparte están las economías del narcotráfico y las salvadoras remesas.

Somos uno de los países maquiladores por excelencia de su industria electrónica, automotriz y manufacturera. Los términos de intercambio nos son desfavorables en cuanto a valor agregado se refiere. Con la excesiva importación de granos básicos y otros alimentos que hacemos de ellos, nuestra soberanía alimentaria se ve muy mermada y no hay peor subordinación que la provocada por el hambre. Insisto: no son problemas de los últimos años, sino que fueron gestados a lo largo de décadas de mediocres gobiernos que hemos tenido y de ser un pueblo semi conformista con la circunstancia que nos rodea.

Ahora nos dedicamos a repartir más, que producir bienes y servicios; por consecuencia nuestro déficit financiero va in crescendo a la par que nuestra deuda externa, con riesgos de fuga de capitales por ser estos más especulativos que productivos. Volvemos otra vez al interregno de las crisis económicas con las consabidas inflaciones y devaluaciones del peso mexicano.

¿Qué grado de independencia puede tener una sociedad caracterizada por su gran desigualdad social? Donde muy pocos acaparan la mayor parte de la riqueza socialmente generada; mientras que muchos no tienen para adquirir una canasta familiar básica de alimentos. ¿Qué tanta independencia puede gozar un mexicano? que no tiene un empleo estable, con salario justo y prestaciones sociales aseguradas, por lo que está permanentemente acosado por la falta de salud, la poca educación, la mucha inseguridad pública, una economía que no crece y sin un proyecto de país próspero bajo la dirección de Morena. La delincuencia de todo tipo se presenta como la única salida posible que tienen la mayoría de los jóvenes para sobrevivir en una sociedad donde no se vislumbra mayor esperanza, libertad y porvenir.

Conclusión: saquemos todos, pueblo y gobierno a México de su actual postración y violencia, con recursos propios aplicándolos con austeridad, honestidad, trabajo, legalidad, con verdadera inclusión y justicia social. ¡Viva México!

PD. ¡Y yo que creía que el caciquismo universitario en la Universidad Autónoma de Guerrero ya había desaparecido! Ingenuo de mí.

porelrescate@outlook.com

 

 

La reforma electoral que viene.

 

Héctor Manuel Popoca Boone

¿Quiénes son los autores intelectuales y materiales del artero asesinato de Marco Antonio Suastegui Muñoz? El pueblo está esperando una pronta respuesta de las autoridades.

Interesante de suyo son las elecciones democráticas de gobernantes en México. Los actuales sistemas electorales: federal y sub-nacionales serán actualizados. No obstante que el actual Instituto Nacional Electoral posibilitó “por las duras o las maduras” la alternancia política en los poderes establecidos; así como las diversas composiciones de las mayorías parlamentarias. Todo, sin mayor derramamiento de sangre. Eso, en América Latina, representa un gran avance en materia de estabilidad política-gubernamental en los países que, por medios pacíficos electivos, la buscan y procuran. Esta importante cuestión no debe perderse de vista en esta nueva adecuación, estructural y funcional, de todo lo electoral.

El partido en el poder, Morena, ya adelantó varias de sus intenciones que serán sometidas a análisis y discusión; como son la erradicación de la reelección continua, rechazada por muchos debido a los sangrientos antecedentes históricos tenidos. Visto está que quien usufructúa del poder establecido suele ser proclive a la continuidad de su estilo de gobernar; cuidándose las espaldas e interviniendo, subrepticiamente, en el resultado final de votaciones sesgadas. Máxime si los sistemas electorales son vulnerables a artimañas, estratagemas modificatorias, fraudes y malas artes.

También en su pliego de reformas electorales figura eliminar el nepotismo; mismo que ha sido aupado por la partidocracia institucionalizada, cuyo control está en pocos dirigentes que se sirven con “cuchara familiar pozolera”. En Guerrero ya casi llegamos al ideal de la familia nepote: Padre, senador; madre, diputada federal; hija, diputada local y el benjamín de la familia, en sus pininos políticos como presidente municipal. El nepotismo forja dinastías en el poder que viven con diletante filisteísmo en un país con mucha pobreza y con una ciudadanía y juventud emergente que exige participar electoralmente ante el rudo embate del empleo informal y del desempleo pronunciado en el contexto de la precariedad económica en que estamos inmersos.

También estarán sujetos a discusión el monto anual de los presupuestos públicos destinados a los institutos y tribunales electorales y a las “prerrogativas” de los partidos políticos para el sostenimiento de su operación. Estas últimas llegan a ser de tal cuantía que son un pingue negocio económico personal para los dirigentes políticos; además los millones de pesos del erario que reciben para financiar las campañas electorales y la miríada de billetes adicionales que reciben en forma ilícita y oscura por capos del narcotráfico, grandes empresarios, políticos poderosos, así como por la venta de candidaturas al mejor postor. Los jefes políticos institucionalizados se han vuelto figuras emblemáticas de altos dispendios y generadores de riquezas individuales en el corto plazo.

México tiene uno de los sistemas democrático-electorales más costosos del mundo. No guarda congruencia con una generalizada pobreza de la mayoría de su población y de una economía nacional endrogada. La actual democracia que gozamos, por la circunstancia corrupta e impune en la que se desenvuelve, no es austera tanto en sus instituciones como en sus procesos; saliendo muy cara para los ciudadanos sostenerla con sus impuestos.

Tema importante por reflexionar será la mayor centralización del órgano rector de las elecciones: el Instituto Nacional Electoral y la supresión de los 32 Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE´S), cada cual con una estructura, recursos financieros, humanos, materiales y procesos de carácter estatal. El quid del asunto es de naturaleza política y económica. Lo político versa sobre la propuesta de un solo organismo rector a nivel nacional con posibles sesgos de intervención subrepticia del presidente de la República; o bien, permanecen las actuales OPLE´S que pueden padecer el sesgo de los gobernadores y alcaldes en turno. El centralismo o federalismo electoral estará en la palestra del análisis sobre la mejor manera de fortalecer nuestra maltrecha democracia.

Por último, la reforma electoral también tocará el tema de la integración del Congreso de la Unión y las respectivas legislaturas locales en cuanto al número de legisladores plurinominales (surgidos de los partidos políticos, por ende, son representantes de partidos) y los uninominales (emanados del voto ciudadano, por tanto, son representantes del pueblo).  Ex diputados federales de diferentes legislaturas me comentaban que es excesivo el número actual de 500 curules; los que realmente trabajan en aspectos legislativos son alrededor de ¡cincuenta!; los demás están dedicados a la politiquería nacional. De ahí que en los hechos, nuestra democracia sea realmente una seudo democracia costosa y maltrecha. ¿O no?

porelrescate@outlook.com

 

No desbarre, presidente Trump

 

Héctor Manuel Popoca Boone

¿Quiénes son los autores intelectuales y materiales del artero asesinato de Marco Antonio Suastegui Muñoz? El pueblo está esperando una pronta respuesta de las autoridades.

En éste, su segundo mandato presidencial en Estados Unidos (EU), Donald Trump ha firmado una serie de iniciativas presidenciales que han roto con el orden económico establecido en la mayoría de los países capitalistas en desarrollo del orbe, que venían operando bajo las políticas económicas establecidas en el “Consenso de Washington” (1980-1990) y que dieron pauta internacional al modelo de neoliberalismo o era de la globalización económica mundial.

Entre otras políticas económicas estaban la apertura de las fronteras al libre comercio internacional, la reducción de todas las barreras comerciales y eliminación de toda taxativa para el libre flujo de mercancías, servicios y capitales; so pena de no hacerlo, al país en rebeldía se le cancelaban las posibilidades de acceder a préstamos internacionales del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional destinados sacar a flote sus economías, muchas de ellas agobiadas por deudas externas.

Ahora, bajo su poder presidencial, el “Orate del Norte” trata de imponer un “nacional neo imperialismo”; consistente en establecer barreras proteccionistas arancelarias a todas las importaciones dirigidas a EU de bienes y servicios de las naciones del mundo; de acuerdo a los intereses propios, necesidades y requerimientos de EU; imponiendo unilateralmente códigos tarifarios; pasando de ser una economía poderosa abierta en su comercio exterior a una economía cerrada y selectiva; además, auto designándose responsable mundial único en el arbitraje de conflictos en el globo terráqueo.

Tal ha sido la desmesura de Trump para el caso de nuestro país que ha llegado a decir públicamente en conferencia de prensa: México hace lo que nosotros decimos; sabedor que nuestro comercio exterior padece una gran dependencia con su país en alrededor del 83.3 % de lo que exportamos y 39.9 de lo que importamos. (https://www.economia.gob.mx/Estados Unidos: Comercio exterior, inversion, remesas y migración/Data México.)

Ante tamaña insolencia proferida a México, la única que ha salido a la palestra pública y respondido bien y en forma diplomática a la perorata del “Orate el norte” ha sido la Presidente de la República, Claudia Sheinbaum Pardo; declarando que, en ese tema, México solo hace lo que su pueblo indica; exigiendo a la vez respeto a su soberanía, su autodeterminación nacional; señalando repudio al intervencionismo extranjero.

Pero he aquí que, hasta ahora, que yo sepa, ni el poder legislativo del país (senadores y diputados) o gobernantes estatales y congresos locales, hayan expresado respaldo público y secundado explícitamente esos pronunciamientos; como tampoco lo han hecho ninguno de los partidos políticos y otras instituciones y organizaciones civiles de carácter empresarial, obrero, campesino o popular de corte nacional, estatal o municipal. Nadie a la fecha ha convocado a alguna manifestación popular, pública y masiva al respecto, en ninguna parte de la república; no siendo que la desdichada frase trumpiana es demasiada ominosa e insultante para cualquier mexicano o mexicana bien nacidos.

Como Gobernador moral de Guerrero manifiesto mi rechazo profundo a ese tipo de expresiones groseras, poco amigables y nada constructivas del presidente de EU. Sobre esa expresión manifiesto mi total apoyo y solidaridad activa a la posición patriota, diplomática y claridosa de la presidente de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

Trump no solo desbarra contra México. Al interior de su país sienta las bases para que una minoría radical por él encabezada tome el control absoluto del gobierno ante el creciente repudio de su comportamiento por buena parte de la ciudadanía de EU. Como se manifiesta por el retiro de fondos a la investigación científica, a los estudios universitarios, a la atención médica, a la protección del medio ambiente, a la seguridad alimentaria y a la gestión de emergencias no militares.

Agregue a lo anterior, sus constantes bravuconadas contra gobernadores estatales demócratas de su país, el despido masivo de personal (señaladamente mujeres, minorías raciales y de género), producto del desmantelamiento de la administración pública federal y desaparición de programas sociales; así como sus redadas indiscriminadas contra inmigrantes indocumentados o incluso contra residentes legales de origen latino. Todo eso a causado mayor divisionismo y confrontación social en el seno de la sociedad estadounidense. (Boletín informativo de Heather Cox Richardson 17/8/2025).

porelrescate@outlook.com

 

Deterioro del sector educativo.

 

Héctor Manuel Popoca Boone.

Recordando a Othón Salazar Ramírez, por la dilecta amistad que me brindó; junto con su estimada familia.

Antes que nada, como Gobernador Moral de Guerrero, manifiesto mi más enérgico repudio a los robos frecuentes de equipos educativos que se cometen en los centros escolares públicos en todo el territorio estatal. Así como el cobro ilícito de cuotas (“cooperación”) para acceder a educarse en la Universidad Autónoma de Guerrero. Lo anterior se da con total impunidad sin que ninguna autoridad intervenga y, por tanto, la ladronería escolar se expande sin más. En el sistema de educación pública de Guerrero (SEPG) el saqueo, no solo se da al interior de las aulas, sino también en equipos y materiales ubicados dentro de los espacios administrativos.

Agregue a lo anterior que, desde décadas atrás, ha prevalecido, en términos generales, la corrupción, la irresponsabilidad, la lenidad y el ausentismo en el magisterio público además de comportamientos laborales deshonestos cuasi mafiosos. Hay despilfarro de recursos en lo superfluo y el ensanchamiento de carencias en lo necesario. Tan es así que, la corrupción y la irracionalidad dan como resultado que las plazas de veladores o asistentes de servicios en los planteles escolares primarios prácticamente no existen, cuando actualmente son las más necesarias. Este tipo de plazas no son atractivas en el mercado de puestos en el nivel de educación básica; por eso estas escuelas están a merced de la delincuencia.  Se han cancelado un gran número de plazas docentes frente a grupo de nivel preescolar, y primaria para crear plazas atractivas para el mercadeo de puestos de trabajo en otros niveles, pero no satisfacen las necesidades reales de la demanda educativa. De ahí las manifestaciones de padres de familia por falta de maestros o recategorizaciones y pago de adeudos a los trabajadores.

El mercadeo monetario y sexual para la consecución de plazas magisteriales y administrativas sigue vigente. El encubrimiento y complicidad en los vicios en la enseñanza y las grandes omisiones de virtudes educativas en todos los aspectos son fenómenos transgeneracionales para mantener el “estatus quo” en beneficio de algunos gobernantes, secretarios, directivos y líderes sindicales y en gran perjuicio de muchos educandos y sus padres de familia.

El SEPG no cuenta con oficinas propias administrativas centrales ni regionales. Eso sí, son enormes las cantidades de dinero que se erogan por concepto de renta de inmuebles para darles albergue; contrastando con la precariedad de aulas rurales, semiurbanas y urbanas marginadas. Existe un negocio subrepticio de renta de edificios y casas para las oficinas educativas en las principales ciudades. Aun así, es mayúsculo el hacinamiento administrativo porque hay más personal fuera de aula sin hacer nada, que dentro de ellas impartiendo clases. En promedio en un escritorio para un docente en funciones administrativas lo ocupan cuatro vegetando en su horario laboral.

La contrarreforma del expresidente Andrés Manuel López Obrador, suprimiendo el concurso de oposición en la adjudicación de plazas docentes, ha favorecido en mucho la mediocridad de nuestro nivel educativo. Los recursos humanos del sector acusan baja calidad y rendimiento, Existe trafique en los trámites de certificados educativos y en las compensaciones económicas por méritos magisteriales. Hay desigualdad en los salarios frente a igualdad en las responsabilidades. Los valores, principios o ideales supremos de la enseñanza, en términos generales han quedado arrumbados en el baúl del olvido y desgastados están los procesos de capacitación y actualización magisterial.

Las plazas laborales se consideran de propiedad familiar y hereditarias por quien la posee y existen muchas plazas sin sustento presupuestal. Quienes las ostentan hacen de ellas los que les plazca puesto que todo se vende… hasta las “permutas” que dejan a la niñez sin sus maestros por tiempo indefinido. Los puestos de mando intermedio o supervisión están al mejor postor o compadrazgo. Los méritos en el desempeño docente poco cuentan en el ascenso escalafonario. De las corrientes sindicales magisteriales, mayoritarias y minoritarias, mejor ni hablo; sabido es por todos que privilegian sus fortalezas políticas y económicas propias en vez de mejorar el esfuerzo educativo encomendado. La burocracia del sector educativo peca de ser poco eficiente, ineficaz e hipócrita; la farsa estriba en que todos en público están pletóricos de virtudes y, en realidad, revientan de estragamientos. Mientras persista la compraventa de plazas, el mercadeo sexual y el sistema de botín-saqueo “hormiga” dentro del SEPG, impedirán que las y los mejores profesores esten al frente de los grupos escolares. No podrá haber posibilidad alguna de mejora en la calidad educativa, así …ad infinitum.

Justo es mencionar que algunos fenómenos externos han contribuido al mayor deterioro educativo, como lo son: la pandemia, la pobreza, la violencia, la delincuencia y el control territorial por parte de la criminalidad organizada; así como los sempiternos gobernantes, malos e ineptos.

Varios indicadores educativos oficiales respaldan lo anteriormente dicho; exhibiendo el estancamiento y la involución en el sistema de educación pública de Guerrero, sobre todo de los niveles de la educación secundaria para adelante en donde la deserción escolar es pronunciada. (htts://siged.sep.gob.mx)

PD. Texto elaborado con la participación del Lic. Jorge Valdez Méndez.

porelrescate@outlook.com

 

Autismo y negligencia hospitalaria.

 Héctor Manuel Popoca Boone.

 

Los fenómenos que titulan el presente escrito no son recientes. Su conformación ha sido acumulativa en las últimas administraciones públicas sexenales en Guerrero; desde que el PRI y luego el PRD detentaban el poder gubernamental. Los decesos evitables en hospitales no son casuales sino producto de muchas causalidades. Hace casi tres años visité un hospital público y el estilo de su funcionamiento era común en todos los del estado. Similares sus carencias y vicios, salvo en aquellos de nueva creación.

 

La visita la reseñe en El Sur (24/agosto/2022) en forma sucinta, con el fin de llamar la atención a las autoridades correspondientes para que tomaran las decisiones de reforma y mejora pertinentes y así brindar un mejor servicio hospitalario a la mayoría del pueblo pobre de Guerrero. La triste verdad es que los gobernantes y directivos del sector, hasta la fecha, han hecho mutis; confirmándome que la verdadera transformación se dará a partir de la real voluntad política mostrada en los hechos y no solo en los discursos públicos.

 

 En aquel entonces, la mayoría del personal tenía en el olvido su verdadera encomienda laboral: ofertar un servicio de salud pública que redundara en un efectivo acceso y tratamiento gratuito para la pronta recuperación y preservación de la salud de la mayoría de la población. Relataré, de nueva cuenta, cómo estaba y operaba el sistema de salud pública estatal para que el lector pondere el avance o retroceso en la calidad y la cantidad de los servicios que tenemos hoy en día.

 

En términos generales, el inmueble y su equipamiento adolecían de obsolescencias, descomposturas, desgastes y carencias importantes. Era notoria la falta de mantenimiento, la renovación del instrumental médico, dotación de medicinas, de equipos sanitarios auxiliares, insumos y consumibles básicos; así como de higiene en general. Eso acontecía en todas las áreas del hospital; ¡No había camas suficientes! no se diga de ambulancias para traslados de urgencia. Por ser una institución de atención social masiva, existía el “cuasi vale-madrismo” para los “expedientes-clínicos-vivientes” por parte de un segmento de los trabajadores de la salud.

 

No obstante, de tener una proveeduría central que los abastecía de todo; la misma no contaba con una buena logística de inventarios y almacenamientos; constriñendo los surtimientos, ¡No hay medicamentos! ¡No hay jeringas! ¡No hay sondas! que redundaba en una mala calidad del servicio y generaba corrupción en parte del personal médico, técnico y administrativo, coludidos con farmacias y consultorios particulares que florecían alrededor del nosocomio.

 

La contratación del personal no se cernía con rigurosidad a previos exámenes de competencia y habilidades. O sea, las plazas sanitarias y administrativas estaban sujetas a venta y/o se heredaban. El sindicato proveía el personal en las vacantes. Los puestos medios los designaban los mandos superiores por decisiones personales discrecionales, políticas, de amistad o por nepotismo; por eso no existían los mínimos de transparencia, honestidad, laboriosidad, responsabilidad y eficiencia en el personal. El sindicalismo laboral estaba teñido de prácticas semi mafiosas.

 

Los espacios de atención sanitaria y administrativa presentaban hacinamiento que entorpecía el trabajo; volviéndose lugares incómodos e insalubres. Había exceso de personal administrativo en relación con el personal médico, técnico y de enfermería existente. Los especialistas ganaban como médicos practicantes y éstos como pasantes; los químicos, cómo auxiliares de laboratorio y la mayoría de las enfermeras, cómo auxiliares de enfermería. Algunos integrantes del personal médico y sanitario “basificado”, rehuían trabajar en áreas y funciones de alto riesgo. Aun así, hubo casos de gran heroísmo de médicos, técnicos y enfermeras en tiempos de la pandemia.

 

Buena parte de los líderes sindicales realizaban su encomienda por interés político y económico individual. ¡En plena pandemia impedían contratar médicos en puestos que quedaban vacantes; si no era con su demorada venia! Agregue a lo anterior la queja sempiterna de muchos pacientes y sus familiares por el mal trato, autoritario y despótico, por parte del personal administrativo y/o sanitario, para quienes los enfermos eran tan solo expedientes rotulados con número y no seres humanos; sobre todo si eran indígenas o personas humildes en general. No existía un mínimo de calidez humana en la atención.

 

En casos de extrema gravedad o de atención urgente especializada del paciente no regía el criterio profesional ni el sentido común de obviar los protocolos establecidos si en eso iba la salvación de una vida. La posible negligencia médica se escudaba en la observancia “a raja-tabla” de los protocolos y procedimientos establecidos.

 

Al interior del hospital visitado existía corrupción y latrocinio, en diversos grados, con impunidad total. ¡Ya se habían robado los ¡equipos electrocardiográficos y de ultrasonido! sin haber levantado denuncia ministerial de los hechos. Prevalecía el “saqueo hormiga” de medicinas caras y material e instrumentos para curación. No había auditorias verídicas. Con la pandemia del Covid-19 muchos de los vicios, falsedades e ilícitos que se daban al interior del hospital quedaron al descubierto.

 

Los familiares de un paciente adquirían de antemano los medicamentos y artículos de curación requeridos, ya que en el hospital no había en existencia. La simulación, las mentiras, el engaño, la complicidad, la omisión y la deshonestidad estaban al orden del día. Nadie decía o hacía algo para evitarlo.

 

Las finanzas públicas para la buena operación del hospital eran totalmente insuficientes. Agravada la situación con el desastre financiero heredado de administraciones pasadas. Eso desmoralizaba en mucho al personal laborante que hacía lo que podía, con lo que tenía.

 

Muchos enfermos no entraban a los hospitales públicos por desconfianza y temor a no salir con vida. Su intuición la condesaban en una frase: “De morir, mejor que sea en la calidez de mi hogar y familia; y no en solitario, en una cama fría de un área colectiva del hospital”. ¿Estamos igual, mejor o peor que antes?

 

porelrescate@outlook.com