viernes, 31 de agosto de 2018

Construyendo la paz.


Héctor Manuel Popoca Boone.

Ante un gobierno desbordado por la violencia, la pacificación podrá lograrse reconociendo las limitaciones y posibilidades que tienen las partes involucradas, en el fenómeno de suyo polifacético, pluridimensional y de multiniveles; además de la aceptación inicial que solo se saldrá adelante de este criminal e indefinido impasse, con acciones efectivas e inmediatas de todos, convenidas en la mesa de los encuentros, diálogos y con la derivada agenda de trabajo.

Son tres los protagonistas principales en la actual tragedia mexicana: el Estado, el pueblo y la delincuencia organizada. Imprescindible es la toma de consciencia que sin la participación de alguna de ellas continuará la degradación social que padecemos en forma creciente. Máxime, al saber que nadie hasta ahora ha triunfado en este combate diario, donde fallecen miles de jóvenes en forma deshumanizada y pueblos enteros sufren desplazamiento interno forzado.

Para iniciar la pacificación entendida como proceso y responsabilidad de todos, menester es reconocerse, para posibilitar el encuentro y el diálogo; reafirmar la voluntad de conocer la verdad total por todos y por encima de todo; tener certeza de la magnitud y naturaleza de los delitos y del número de las víctimas y victimarios; establecer los juicios correspondientes para definir las culpabilidades de los transgresores de la ley; emitir las sentencias judiciales correspondientes, junto con los reparos necesarios y la garantía de no repetición. Después, aplicar la justicia transicional bajo la aprobación de las víctimas y la indispensable contrición de los victimarios de bajo perfil, que pudieran ser sujetos de una amnistía casuística y dar pie a un pacto social de avenimiento gradual hacia la paz
.
Tomemos en cuenta, a guisa de ejemplo que, en lo más álgido de la guerra entre Vietnam y Estados Unidos, los contendientes sostuvieron diálogos secretos, para sopesar las posibilidades del cese de las hostilidades armadas. Mismas que dieron como resultado el retiro paulatino del cuerpo armado norteamericano.

La pérdida de la paz y la incrementada delincuencia se han agravado a lo largo de los años y la violencia se ha enseñoreado en todo México; padeciéndola principalmente la población pobre como si fuera su pan de cada día, ante un Estado mexicano infiltrado y abúlico. Existe una real crisis de seguridad pública a nivel nacional. La violación contumaz de todos los derechos humanos, en esta auténtica guerra de baja intensidad, corroe cualquier proceso de reconstrucción de la paz nacional y el alcance de la misma sería a mediano plazo.

Es imprescindible que el empeño se acompañe de seis tareas fundamentales, a saber: 1. Lograr un auténtico Estado de derecho, sin contubernios de ninguna especie, por ningún poder o nivel de gobierno, donde todos respeten los derechos humanos de todos como cimera de todo. 2. Prevalencia de la justicia, imparcial, permanente y expedita, ante todo tipo de agravios a la población. 3. Un gobierno honesto, capaz y con fuerte compromiso social, que otorgue y garantice seguridad, libertad y paz para un desarrollo humano armónico dentro de la legalidad. 4. Una democracia participativa, plural, no mercantilizada, con cero partidocracias corruptas y con ciudadanía interactuante con el Estado. 5. La construcción de una economía social, solidaria e incluyente, entretejida desde abajo, generadora de empleos e inversión, que desemboque en un desarrollo integral y sustentable. 6. Una educación y cultura (principios y valores) para la paz con toma de consciencia ciudadana, responsable y creativa, libre de temores, extorciones y secuestros.

La diversidad de los frentes de atención, lleva a que las acciones se emprendan de forma integral, coordinada, unísona y permanente; sabedores que, hoy por hoy, el gobierno por sí solo quedó impotente, para construir un orden social justo con paz duradera.

PD. Con su refrendo público a la falsa “verdad histórica”, en el caso de los 43, Enrique Peña Nieto no es merecedor de perdón alguno del pueblo mexicano.



viernes, 24 de agosto de 2018

Frases quemantes.


Héctor Manuel Popoca Boone.

Así como el gobierno municipal requiere del apoyo del gobierno estatal para el bien gobernar, Guerrero necesita del gobierno federal para progresar. Cuando dos niveles de gobierno son discrepantes en la ideología política de sus respectivos partidos el que pierde electoralmente le conviene llevarse la fiesta en paz con el triunfador. El gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, obtuvo 558 mil 662 votos a su favor en el 2015. Este año, el presidente electo de la Republica, Andrés M. López Obrador, tuvo un millón 18 mil votos en este Estado. Es decir, 82 % más votos.

En la bolsa de valores de “Mochelandia”, el moche por adquisiciones se cotiza en 15 por ciento y el de construcción en 20 por ciento. Eso se acabará en el gobierno federal de AMLO. Los corruptos tendrán que hacer negocios ilícitos en otra parte. Pero será inútil tratar de erradicar la corrupción, si no se extingue también la impunidad. En Guerrero la política se hace con dinero o con convicciones. Prefiero las últimas, sin embargo, predomina el “billullo”.

El secretario de economía del falleciente gobierno federal, afirmó que no le alcanza su sueldo mensual de 140 mil pesos netos. Luego arguyen los priistas que no están desapegados a los sufrimientos del pueblo. El problema de Guerrero es que la mayoría de sus gobernantes, funcionarios y políticos les ha ganado también la voracidad sin límites; motivo por el cual no les preocupa la extensa pobreza y la carencia de bienestar social.


Con estos nuevos aires de transformación del país, habrá credibilidad y saldremos del hoyo negro y sangriento en que estamos inmersos. El camino que conduce al reino de la ineptitud está empedrado de puras farsas, mentiras y pretextos. Con verdadera honestidad, transparencia, idoneidad, capacidad y genuino empeño de servir al pueblo podremos progresar, con o sin coordinadores de los programas sociales federales en cada Estado.

El éxito histórico que ha tenido la CRAC-PC en la región de Costa Chica y la Montaña ha sido porque los pueblos indígenas necesitaban tener fuerzas de seguridad pública, propias, confiables y eficientes, que procuraran y administraran la justicia, la paz y la serena convivencia comunitaria; cosa que los gobiernos estatales nunca les obsequiaron. Con fuerte arraigo local, con un actuar normado por las asambleas comunales y con códigos de re-educación basados en principios y valores éticos consuetudinarios, ahora cuentan con el total apoyo, confianza y respeto de sus propias comunidades.

Esa es la realidad de un derecho indígena conquistado desde antiguo que la mal afamada Ley Astudillo pretende disminuir, subordinar y remitirla a la incumbencia de un ministerio público por demás, tenebroso, anquilosado y corrupto. El concepto de ley abstracta no se concreta en los derechos ya adquiridos, obligados y jurídicos, desde la perspectiva del constitucionalismo moderno. El diputado local electo de Morena, Rubén Cayetano García, afirma que hay escaza consistencia jurídica cuando una sola ley secundaria reglamenta toda una serie de artículos constitucionales.

Esa es la ceguera de escritorio, del poder ejecutivo estatal y del legislativo saliente. Se abstrajeron de un fenómeno social circundante. Legislaron en forma ahistórica y ajenos a la circunstancia factual. Por eso su acrecentada impopularidad y su anticipado fracaso en el acatamiento de tal ley.

PD. Beneplácito causa la liberación de 9 de 25 policías comunitarios de la CRAC-PC, de la CECOP y ciudadanos. Detenidos el 7 de enero pasado en La Concepción, Cacahuatepec.



viernes, 17 de agosto de 2018

Mentiras.


Héctor Manuel Popoca Boone.

No es cierto que el gobierno del estado de Guerrero nunca haya manejado el dinero federal, como lo afirma el gobernador Astudillo y su “maestro incómodo”. El gobierno de la república radica al gobierno estatal recursos federales que son producto de la recaudación fiscal nacional o de empréstitos.

La transferencia la realiza por dos vías principales: La primera obligatoria, por precepto constitucional que por derecho reciben todos los estados y municipios, que se denominan “participaciones fiscales”, las cuales los estados y municipios las pueden ejercer como consideren conveniente y no son auditables por la federación, sino por la Auditoría Estatal a través de la revisión anual de las cuentas públicas que el gobierno del estado presenta para su aprobación a la cámara de diputados local.

Estas participaciones fiscales -consideradas en el ramo 28 del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF)-, son asignadas mediante diferentes fondos, en los términos establecidos por la Ley de Coordinación Fiscal, por medio de convenios de adhesión y de colaboración administrativa correspondientes. Son entregadas a los estados y municipios en retribución a sus aportes a la economía del país (mediante fórmulas de ponderación de diversas variables), más las compensaciones que se derivan del grado de desarrollo socio económico de los mismos. Para Guerrero, por ejemplo, ascendieron a la cantidad de 16 mil millones de pesos, (PEF-2018, Diario Oficial de la Federación del 20/12/217).

Un segundo tipo de transferencia de recursos federales a los gobiernos estatales son las denominadas “aportaciones federales”, cuya original aplicación pertenece al gobierno federal pero mediante convenios de colaboración y coordinación de libre subscripción por las partes son transferidos a los gobiernos estatales y municipales del país, para el mayor fortalecimiento del federalismo. Con la salvedad que estos dineros son etiquetados y deben de ser aplicados obligadamente para determinados programas de obra y/o acciones bajo reglas de operación específicas y mayor fiscalización por parte de la Auditoría Superior de la Federación.

Esta segunda forma de transferencias, están consideradas en el ramo 33 del PEF. El gobierno federal los distribuye con el objetivo de subsidiar los ingresos de aquellos estados y/o municipios que acusan mayores niveles de pobreza; evitando así ahondar los distanciamientos en el crecimiento económico y social entre las entidades federativas. Se asignan mediante diversos fondos bajo la consigna de dar trato desigual a desiguales, para no profundizar más las brechas regionales ya existentes. En números redondos en el 2018 para Guerrero sumaron un monto de 32 000 millones de pesos. Es decir, 50 por ciento más que las participaciones fiscales. En estos dineros el gobierno federal y la Auditoria Superior de la de la Federación son más estrictos en su aplicación por los estados.

El diferendo de ciertos gobernadores con el presidente electo de la república son las aportaciones federales y no las participaciones fiscales. AMLO ha dicho que va a suspender la entrega de recursos federales a los gobiernos estatales únicamente de los programas sociales del ramo 33 por el mal y corrupto uso que les han dado.

PD1. En la UAGRO, algunas unidades académicas les exigen a los estudiantes de nuevo ingreso, su respectivo moche. En la SEP, en el nivel de primaria y secundaria, los moches son por diversos conceptos. ¡Doble Uf!

PD2. Parece ser que el Tribunal Estatal Electoral no guardó el debido proceso al quitarle el triunfo electoral a Morena en el municipio de Tecoanapa.

PD3. El no traicionaras, no robarás y no mentirás, se convertirán en consigna permanente del gobierno de AMLO para lograr un cambio verdadero en México.

PD4. Hoy en la ciudad de Atoyac a las 10.00 am, en el auditorio de la preparatoria 22 de la UAGRO, se efectuara la reunión del Movimiento Campesino Plan de Ayala Siglo XXI-Guerrero, para establecer la coordinación regional de Costa Grande.


viernes, 10 de agosto de 2018

Corrupción e impunidad S.A. de C.V.

Héctor Manuel Popoca Boone

En Guerrero, la actividad gubernamental (federal, estatal y municipal) ha estado atravesada por la corrupción y la impunidad de mucho tiempo atrás hasta la fecha. El enriquecimiento de los gobernantes es proverbial y es traba importante para el progreso y bienestar del pueblo. Las formas como se practica la corrupción son multifacéticas y de multiniveles, siendo el presupuesto público la fuente primigenia de los latrocinios. Lo extraordinario de todo esto es que nunca se ha sancionado severamente por ladrón a ningún funcionario de mando medio o superior. Ni por la contraloría, la auditoría o la fiscalía estatal. A lo más, han inhabilitado para trabajar en la administración pública por determinado tiempo, a uno que otro despistado.

Transcribo, por no tener desperdicio alguno, el siguiente párrafo del reportaje de Rosalba Ramírez García, en El Sur. (28/07/18): “Las modificaciones aprobadas en materia de fiscalización son para que el titular de la Auditoría Superior del Estado pueda repetir en el cargo un período (cada uno es de 7 años), el titular podrá nombrar a los cuatro auditores especiales y determinar su temporalidad en el cargo; también los exonera de ser juzgados por responsabilidad política y en consecuencia el Poder Legislativo no podrá destituirlos y toda la responsabilidad recaerá en quien esté al frente del órgano fiscalizador.” ¡Chúpale pichón! Se aprueban mayores fueros estatales, cuando el próximo gobierno federal los va a quitar.

Antes de recoger sus bártulos y de cerrar la cortina de la ignominia, el pleno de la actual legislatura local aprueba este monumental desaguisado. Por su regresión histórica, en la larga lucha social por tener gobiernos honestos en Guerrero, es menester repudiarla. Esa es la flamante modificación constitucional a partir de una iniciativa del gobernador Astudillo.

 Conocido es en el mundo de la administración pública estatal que el verdadero personaje que designa de facto al auditor superior y a los auditores especiales es el gobernador a través de sus sumisos y presurosos diputados, para que le protejan las espaldas, contablemente hablando. En una democracia real y transparente, todo gobernante o funcionario público de alto nivel, está sometido al escrutinio de terceros, a la rendición de cuentas y puede ser sujeto a juicio político, civil o penal, si fuera el caso.

También es sabido en el ámbito de la política local que, si los gobernantes estatal y municipales, no desean tener obstáculos serios a la hora de revisarles sus cuentas públicas tienen que caerse con su moche con la mayoría de los auditores correspondientes. O puede que buena parte de los auditores les recomienden tal o cual despacho de contadores (de los que son socios o tienen prestanombres) con el objeto de que a sus cuentas chuecas, las limpien y enderecen; que les laven su contabilidad pública. Para después pasarla a la aprobación de los ilu$tres diputados locales.

El gobernador rema a contracorriente del programa federal anti-corrupción y anti-impunidad que pretende implementar el presidente electo de la república, Andrés Manuel López Obrador. Ojalá me equivoque, pero con esto enrarece y dificulta aún más la necesaria sincronía entre el gobierno federal y el estatal. El gobernador Astudillo emite malas señales de escaza voluntad, por más que diga lo contrario. Mientras que AMLO exigirá rendición pública de cuentas en forma veraz en su mandato federal, la sujeción a referéndum público de su gobierno a la mitad de su gobierno y de un redoblado esfuerzo real por lograr que la honestidad sea un verdadero estilo de gobernar, el gobernador Astudillo y su “maestro incómodo” obstruyen en los hechos tal propósito.

Parte de la desgracia histórica de Guerrero ha sido tener una clase de políticos y gobernantes que rayan en la indecencia permanente en lo que se refiere a su actuación pública. (No todos, pero los pocos que se salvan, han sido una ínfima minoría).

PD. El mantener en la cárcel, como presos políticos, a 25 policías comunitarios de la CRAC y de la CECOP, convierte en farsa las bondades esgrimidas sobre la Ley Astudillo en materia de seguridad y justicia indígena.


viernes, 3 de agosto de 2018

Pleito premeditado.



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Hector Manuel Popoca Boone.

Qué necesidad tuvo el gobernador y su “maestro incómodo” (entre otros) de ganarse mayor repulsa; teniendo ya de por sí bajos niveles de aceptación popular por su forma de gobernar. La rebelión de los vencidos electoralmente, empieza con una gran provocación a los pueblos indígenas. Las fuerzas políticas derrotadas se agrupan en torno a la Ley Astudillo contra los pueblos originarios. Las modificaciones del articulado constitucional tienen sustento en las intencionalidades de trasfondo de quien las impone. Han abierto un interregno legal para la represión popular.

Es una “vil venganza”. Por un lado, están el PRI-PRD-PAN-MC-PT, liderados por el gobernador y su “maestro incómodo”, y, por otro lado, Morena y organizaciones sociales encabezadas por la CRAC-PC y el CECOP, contando con el respaldo de movimientos sociales y organizaciones defensoras de los derechos humanos que caminan por la senda de la reconstrucción de la paz en Guerrero.

La miopía política del gobierno estatal es mayúscula; ven el incendio, por ineptitud institucional, y le echan más gasolina al fuego. Astudillo tomó la peor de las rutas para sincronizar su gobierno con el del próximo ejecutivo federal. Imprudencia e insensatez a la vez. Pobre Guerrero. Comete craso error al elegir este sendero para arribar a acuerdos de cohabitación con el nuevo gobierno federal. No se percata que AMLO está mucho más cerca de los pueblos indígenas, que de su gobierno. No puede borrar de un plumazo o dejar en la indefensión, en lo abstracto y temporal un batallar histórico-social de justicia y paz que, hoy más que nunca, tiene razón su existencia por las crueles y sangrientas realidades incontrolables que padece nuestra entidad.

No quiso la actual legislatura local percatarse que “somos mucho más que dos” en esta discrepancia preconcebida. Los diputados locales terminales (con la gran excepción de la diputada por Morena, María de Jesús Cisneros Martínez) no actuaron como representantes populares, sino como personeros del gobernador. Se ganaron a pulso su buen “pago de marcha”. Lo in$ólito del asunto fue que una recién flamante diputada federal por Morena, regresó a su antigua curul estatal solo para argumentar en contra de la ley Astudillo, pero a la hora de votar lo hizo a favor. Es costumbre de muchos legisladores orientar su voto a lo más conveniente para su persona y no para concretar un anhelo social.

Pero el acabose fue que ahora tienden la alfombra jurídica para obsequiar represión legal a los que históricamente han impedido que el delito se enseñoree en sus territorios indígenas. Aprobaron “las leyes Astudillo” en el ocaso de su pésima y opaca legislatura. No buscaron consenso con el pueblo. Implementaron una farsa grotesca. Para su oprobio.

Legislaron con letra muerta. La CRAC-PC, la CECOP y Tlachinollan, que tienen representación de alrededor 300 pueblos de diversos municipios indígenas, ya les espetaron que no acataran dichas disposiciones legales. En términos reales no hay autoridad estatal que se los impida. Seguirán con su sistema de seguridad y justicia indígena, bajo el amparo que les da la Constitución de la República y los convenios internacionales que México ha firmado en la materia.

Los del gobierno se niegan a reconocer que la delincuencia en Guerrero los desbordó totalmente, por más que digan que no es así. Pero lejos de aceptar su fracaso y aliarse con el pueblo, tratan de impedir que los ciudadanos organizados de antaño sigan haciendo realidad en sus comunidades el buen orden y la buena paz. Los malos gobiernos habidos hasta ahora han sido cómplices del señorío de la inseguridad en Guerrero, ya sea por omisión o por colusión. Y ahora, a palo dado, exigen respeto. ¡Uf!

PD1. Los diputados locales en su ignominiosa salida dejaron congelada la iniciativa de sancionar con mayor severidad la extorsión o “derecho de piso”.

PD2. En Hidalgo como antes en Sonora, se dieron albazos legislativos para cubrir presuntos latrocinios del erario público y modificar facultades internas a las próximas legislaturas donde llegará con mayoría Morena.




viernes, 27 de julio de 2018

Centralismo vs federalismo


Héctor Manuel Popoca Boone.

A pesar de que la Constitución Mexicana del 1917 configura a nuestro país como una república federalista constituida por estados soberanos con división de poderes para los contrapesos pertinentes, en los hechos y en el devenir de varias décadas nos desarrollamos como una república centralista con un poder ejecutivo dominante frente a los otros poderes, legislativo y judicial.

La explicación de esta contradicción entre un ordenamiento formal y una práctica gubernamental de facto se debió en mucho a la necesidad imperiosa, políticamente hablando, de tomar el control del país ante las fuerzas centrífugas post revolucionarias de caciques militares regionales que imponían en los estados de la república su propia ley y orden.

Con los años, el crecimiento económico y social del país volvió cada vez más compleja la acción gubernamental centralizada de la federación en materia de servicios e inversiones públicas a lo largo y ancho de la nación. Un ejemplo claro en Guerrero era la presencia de la Comisión del Rio Balsas que tenía mayor presupuesto de inversión para el desarrollo regional que el gobierno estatal; o el Fideicomiso Acapulco que disponía de más recursos federales para infraestructura urbana que el disponible por el ayuntamiento de Acapulco.

Las secretarias federales administraban directamente los programas para los sectores de educación, salud, caminos, industria y campo, entre otros. Pero ese centralismo federal volvía nugatorio el vigor constitucional de los estados y de los ayuntamientos para gobernar. Provocaba también que el gobierno federal fuera un ente demasiado obeso.

Fue en la época del presidente, José López Portillo, que el gobierno federal adopta como política pública el federalismo. Consistente en la descentralización paulatina a los gobiernos estatales de facultades, programas y recursos; y de desconcentración institucional que era la reubicación geográfica de oficinas administrativas federales en diferentes entidades federativas.

Lamentablemente este esfuerzo fue desvirtuado, porque buena parte de los gobiernos estatales no estaban preparados para recibir las nuevas responsabilidades, ni los recursos materiales, humanos y financieros transferidos. No hubo honestidad, capacidad y eficacia en el manejo de los programas federales descentralizados. Pruebas fehacientes son, por ejemplo, los desastrosos y endeudados sistemas de salud y de educación estatales y el surgimiento de políticos y gobernantes, estatales y municipales multimillonarios, resultantes de una impune corrupción sistemática y desbocada.

Paralelamente, los gobernadores empezaron a cabildear con los diversos secretarios federales para sugerirles que los delegados fueran gente afín a ellos, sin importar la capacidad técnica requerida. De esa manera podían orientar los recursos federales para reforzar al grupo en el poder estatal y enriquecer sus bolsillos. Ahí donde no había recomendados del gobernador, los delegados federales eran designados desde el centro ya sea por recomendaciones o compadrazgos.

El colmo fue usar descaradamente las delegaciones federales y los programas de inversión como instrumentos electorales para comprar votos a favor del PRI. Los delegados se convirtieron en mapaches políticos, como aconteció en las recién pasadas elecciones presidenciales, donde miles de millones de pesos, personal y centenares de vehículos federales se usaron para tal fin.

De allí que el virtual presidente electo, López Obrador; necesita retomar el control perdido de las delegaciones federales y enderezarlas para ponerlas al servicio del pueblo, por medio de una reingeniería centralizada de la administración pública, con un solo coordinador estatal federal, honesto y de alto perfil. Está por verse si es lo adecuado, pero por los hechos corruptos acaecidos otorguémosle el beneficio de la duda.

PD. El pueblo es el que sale perdiendo cuando riñen dos niveles de gobierno. Es el caso patético de Chilpancingo. No hay que confrontar, pero tampoco provocar.

viernes, 20 de julio de 2018

De cara al pueblo.


Héctor Manuel Popoca Boone.

Lo que aconteció el 1 de julio pasado fue una auténtica rebelión pacífica de la mayoría del pueblo mexicano. Ante el hartazgo y enojo contenido durante más de treinta años, por las funestas consecuencias sociales y económicas de los malos gobiernos del PRI, PAN y PRD. El pueblo marco un nuevo hito histórico en México, por su manifiesta voluntad de realizar un cambio profundo, por la vía legal, democrática y pacífica.

El tiempo que transcurre de triunfo electoral a la toma de posesión del cargo de presidente de la república es de 6 meses. Ese tiempo es el que usa el presidente electo y su equipo cercano de colaboradores para rediseñar la estructura y los procesos de la administración pública federal; así como las posibles modificaciones a las leyes, reglamentos y políticas públicas para el mejor cumplimiento de sus compromisos de campaña. También lo dedica para la selección definitiva de su equipo de gobierno; a la revisión del nuevo mapa político nacional resultante de las elecciones; así como de las resistencias que suscitaran en otras fuerzas políticas los cambios destinados a poner las bases de una profunda transformación del país.

Anteriormente esa preparación de acciones inmediatas para los tres primeros meses de gobierno, el presidente electo la realizaba de la forma más discreta posible, en sigilo y a espaldas del pueblo. Para no suscitar oposiciones, descontentos o turbulencias indeseables, antes de asumir totalmente el poder presidencial. Un día antes, daba a conocer algunas de ellas, otras en su discurso de toma de posesión o en las semanas siguientes.

Estrategia emblemática de lo anterior fue la seguida por el presidente Enrique Peña Nieto y su cercano equipo de trabajo. Durante el interregno elaboraron todo lo necesario para dar inicio a sus maltrechas reformas estructurales: energética, fiscal, educativa y otras más. Las estaban “cocinando” tras bambalinas, con asesorías extranjeras, sobre todo la reforma energética, porque sabía de antemano que algunas iban a suscitar el rechazo popular.

Así, las iniciativas sobre modificación de leyes para darles legalidad que no legitimidad estuvieron preelaboradas antes de su envío al Congreso de la Unión, sin faltar alguna coma o punto; para que los legisladores se concretaran únicamente a cubrir la formalidad de aprobarlas, previo soborno de un millón de pesos para cada uno que votara a favor de ellas por la vía del fast track. Todo a espaldas del pueblo.

Ahora, de cara a la ciudadanía, el virtual presidente electo de México, Andrés M. López Obrador, construye su agenda gubernamental de acciones e iniciativas inmediatas. En forma diferente a la costumbre política priista. Las somete a la opinión pública para su mayor legitimación. Como es natural están suscitando aprobación, expectación o rechazo por parte de sectores o personajes de la población, según los intereses que representan.

Por ejemplo, los procesos de descentralización de las oficinas principales de diversas secretarias, la concentración de facultades y recursos federales otrora transferidos, la disminución de los altos sueldos de los funcionarios superiores, las disposiciones para el combate de la corrupción e impunidad, las modificaciones a la estructura de la administración pública y todo el numeroso bagaje de intencionalidades que ha puesto en la palestra pública, pueden gustar o no. Pueden apoyarse o no. Pueden ser rectificadas o no. Pero nadie duda que es un buen ejercicio de información y transparencia democrática oportuna, en los prolegómenos de un ejercicio del poder presidencial nunca antes visto.

PD1. Ayutla será gobernado por personas indígenas que garantizaran verdadera atención a sus comunidades, relegadas de antiguo por alcaldes que no miraban más allá de la cabecera municipal.

PD2. Al PRI y al PRD se les criticó acremente por usar los programas sociales del gobierno con fines clientelares. Lo menos deseable para Morena es que se convierta en un PRI o un PRD reciclado y con tribus políticas en ciernes. ¡Uf!

viernes, 13 de julio de 2018

Coaliciones políticas.


Héctor Manuel Popoca Boone.

Tanto en el nivel nacional como en el estatal, el reciente proceso electoral mostró con crudeza lo frágil y eventual que pueden ser las coaliciones político-electorales, bajo la partidocracia imperante.

Algunas de las alianzas que participaron en la liza, nacieron con una contradicción insalvable: el afán de tener o retener el poder por el poder mismo; al margen de ideales y convicciones que fortalecieran las causas propias de los partidos, militantes y líderes para una mayor cohesión y fortaleza político electoral. Solo exhibieron un eclecticismo infértil, en la frustrada conquista del poder para beneficio de unos cuantos. Súmele las rémoras de los partidos satélites incondicionales que ya trae la constelación de la partidocracia.

La conquista del poder aparejada con el propósito de mantener lo de siempre sin cambio alguno; únicamente puede lograrse a través del pragmatismo puro. Con demagogia afirmaban ciertos coalicionistas: “Nos hemos despojado de nuestras propias ideologías, para adoptar la ideología de los ciudadanos”. Esas palabras querían decir mucho y a la vez no dijeron nada, o más bien dicho, exhibían que nunca esos partidos tuvieron en mente velar por los intereses de los ciudadanos.

Expresaban su intención de aliarse, al tenor de una quimera ciudadana que no tenía mayor praxis social. Voluntariamente fingían ignorar que estamos inmersos en una sociedad plural, profundamente desigual y con bajos niveles de educación. Además de que la mayoría de los partidos políticos coaligados ya mostraban de tiempo atrás gran distanciamiento con el sentir popular. Las coaliciones también exhibieron que la comunicación política unitaria al interior fue de dientes para fuera; por la incompatibilidad ideológica que los marcaba. Quedaron desdibujados.

Pero también en este aglutinamiento con mezcolanza ideológica disímbola, perdieron la identidad y la diferencia política, que les daba sentido de ser. Desorientaron a sus militantes, arrojándolos a una vaciedad desmotivacional; perseguían tan solo seguir medrando en la política para buscar canonjías, puestos gubernamentales y de representación popular.

Buena parte de los partidos coaligados, ante la imposibilidad de generar mayor fuerza electoral, hicieron suma dispareja, numérica e ideológica, que los llevó a la derrota por su auto anulación. Sumaron debilidades y no oportunidades. Los mensajes políticos de campaña fueron disímbolos, con un lenguaje similar a aquel que no expresa nada. Exhibieron con desnudez sus talantes facciosos. Ejemplo patético fue la irreal idea de llevar a la cárcel al presidente Enrique Peña Nieto.

Las coaliciones con ideologías contrapuestas son también de naturaleza efímera, por coyunturales. No pueden ser de mediano plazo, como lo supone luchar por ideales comunes. Son circunstanciales y de escaza trascendencia. Ser pragmáticos conlleva inmediatez y no perdurabilidad. No pueden sostenerse por no existir homogeneidad en principios que los amalgamen con solidez y por contener contradicciones antagónicas.

Por eso no se dio el alineamiento y armonización de acciones; difíciles de sostenerse y concretar porque cada cual en los hechos andaba por su lado. Al margen del pueblo y caminando para sí mismos. La mayoría de las coaliciones estaban prendidas de alfileres. Una coherencia unitaria solo existió en el aparentar ser y no en el ser; cobrando claridad la alianza en la imaginación, más no en la realidad.

La irrupción masiva de los marginados y olvidados derrumbó el castillo de naipes y la concepción feudal-patrimonialista-familiar con la que la partidocracia venía construyendo su andamiaje. Sus dirigentes quedaron desnudos en su aburguesamiento político y en su regodeo en el mundo de las concesiones y privilegios; nepotes en las diversas estructuras de poder en donde participaban, siempre a costa del erario.

PD. Convendría que el gobernador, Héctor Astudillo, emitiera buenas señales de querer armonizar su política de gobierno con la del presidente, López Obrador, liberando a los presos políticos que su gobierno tiene de la CRAC y la UGOCP, entre otros.

                          

viernes, 6 de julio de 2018

Dejen en paz a la "La Coprera"


Héctor Manuel Popoca Boone.

Para el Dr. Pablo Sandoval Cruz, leyenda viviente de integridad en la lucha social.

El edificio popularmente conocido como “La Coprera”, ubicado en la Av. Ejido y calle 6 de la ciudad de Acapulco, Gro., propiedad de los productores regionales de coco, es emblemático por ser el sitio donde aconteció la impune masacre de los copreros en 1967, ejecutada por sicarios al servicio de caciques regionales, bajo protección de policías judiciales estatales que arrojó un saldo aproximado de 35 personas asesinadas y 130 heridas de bala.

En la actualidad el inmueble es ocupado por el Frente Progresista Guerrerense A.C. (FPG) que aglutina a varias organizaciones sociales, cuya finalidad es apoyar las causas justas de sus integrantes de varias regiones del Estado. Llama mucho la atención que en los últimos nueve meses hayan sufrido cuatro asaltos realizados por elementos de diferentes instituciones oficiales.

El primer asalto fue el 12 de octubre del año pasado, cuando a las 11 de la mañana alrededor de 60 soldados, (acompañados por un supuesto dueño de la propiedad que enarboló más no dejo ver las supuestas escrituras) rompieron las cadenas y derribaron la puerta principal, además de cercar el edificio. Dicho allanamiento fue sin orden de cateo o desalojo y sin presencia de ninguna autoridad civil, violando flagrantemente el artículo 14 de la Constitución Federal.

Ante la renuencia del ministerio público para levantar la demanda, los directivos del FPG: Eloy Cisneros Guillén, Uriel Leal Ramírez, Jorge Luís Salas Pérez, Magdalena Valtierra García y Patricia Batani Giles, acudieron a la CNDH, la que solicitó información del suceso al Ejercito, habiendo éste contestado que su intervención fue debida a que recibieron información de que en dicho edificio había armas de alto poder, reconociendo después que no encontraron ninguna.

El segundo asalto fue hecho por policías ministeriales estatales, el pasado 7 de noviembre a las 7 am (ya iniciado el actual proceso electoral). El forzamiento consistió en desalojar la mercancía de los pequeños comercios aledaños al edificio, procediendo a poner otras cadenas a las puertas y sellos de clausura; sin mediar actuario, tan solo con una demanda de un segundo disque dueño. El FPG de inmediato habló con el hoy exfiscal general estatal, Xavier Olea, que al apersonarse en el edificio reconoció que los sellos eran falsos, mandó quitarlos y dijo que fincaría responsabilidades a sus subordinados. Cosa que nunca sucedió.

El tercer asalto al inmueble ocurrió el 15 de junio pasado en la madrugada. Fecha donde el FPG ya estaba participando activamente en apoyo a la campaña política de AMLO, para la presidencia de la república; y de Adela Román Ocampo, para la presidencia municipal de Acapulco. Ahora la provocación fue por un grupo de 70 policías municipales, llevando una retroexcavadora para destruir el edificio. A las 9 am llegó un actuario con una orden de desalojo firmada por el juez cuarto de lo civil, a partir de una demanda de un supuesto ¡tercer dueño! Fue detenida la retroexcavadora que ya estaba destruyendo la entrada principal del edificio al ponérsele enfrente ciudadanos y ciudadanas del FPG y vecinos del lugar.

El 29 de junio, dos días antes de las elecciones, al filo de la medianoche, fue realizado el cuarto asalto a “La Coprera”. De nueva cuenta se apersonaron policías municipales, además del presunto último dueño, junto con dos hombres armados con los mismos fines ilegales y aviesos. Esta vez la retroexcavadora destruyó la puerta principal y una columna antes de que la gente llegara a impedirlo.

La destrucción de propiedad ajena, robo y agresión física configuran, aparte de delitos penales, una flagrante violación a las leyes electorales por parte de los gobiernos federal, estatal y municipal; por cuanto agravios que tenían como finalidad provocar terrorismo político, temor o intimidación a ciudadanos de Acapulco durante el proceso electoral.

PD. Qué dicen de todo esto, las autoridades federales y estatales electorales; además de la PGR. ¿Quedarán impunes los atropellos cometidos?


Acapulco en la mira.


Héctor Manuel Popoca Boone.

Una vez perdida la presidencia de la república, el PRI va por el mayor número de gubernaturas, senadurías, diputaciones, así como presidencias municipales. Aplicaran hasta el final la estrategia de fraude electoral utilizada en el Estado de México, el año pasado. El municipio de Acapulco, por el número de votos que genera, los fondos públicos que opera y la influencia geopolítica que tiene, quieren ganarlo a como dé lugar y al costo que sea.

Conocida es la intromisión del gobierno federal y estatal en las elecciones de Acapulco. Durante la campaña política utilizaron todos los programas del DIF, para propósitos electorales. También el otorgamiento masivo de pintura para fachadas de casas. Circularon camiones repletos de despensas oficiales; traspasadas en la madrugada a camionetas particulares o pequeñas bodegas, para ser repartidas en las colonias populares y comunidades rurales. La Sedesol y la Sedatu ampliaron los padrones de beneficiarias del programa Prospera, de leche subsidiada, de madres solteras y mejoramiento de la vivienda. En otras palabras, el PRI y sus gobiernos usaron todos los programas sociales para ganar votos.

En Acapulco, el PRI mantiene un ejército de brigadistas pagados, que repartieron y pegaron toda clase de propaganda de sus candidatos. Tuvieron también dinero para sostener una fuerte estructura electoral conformada por promotores y coordinadores de casilla, sección, ruta y distrito electoral. Cada uno de ellos con sueldos según su categoría. Dicha estructura electoral tendrá su culminación laboral el día de mañana. Llevaran a votar a sus promovidos de cada manzana o barrio, señalándoles la ubicación de la “casas amigas” que tendrán dinero y boletas cruzadas de antemano para intercambiarlas por la compra directa del voto. Si, por ejemplo, la meta municipal es comprar en Acapulco, 200 000 votos a razón de $ 1 500.00 cada uno, deberán tener 300 millones de pesos distribuibles para las transacciones en dichas “casas amigas”. O también engañan al electorado como lo hizo el PAN repartiendo tarjetas electrónicas con promesas de dinero. El PRI ha dotado de vehículos nuevos, sin logo alguno, a todos sus mapaches políticos supervisores que atenderán como presa fácil las aisladas casillas en el medio rural.

Por si fuera poca la inseguridad y la violencia social que ya padecemos, los del gobierno acentuaron el miedo y terror político para que la gente no salga a votar y solamente acuda su voto duro. Publicitaron reiteradamente sus mapas de riesgo de violencia. Hubo coronas mortuorias dejadas en oficinas partidarias. Aparecieron mantas anónimas tipo narco contra candidatos. No pararon los asesinatos a políticos. Hubo destrucción de propaganda y hostigamiento a los seguidores y activistas de la candidata de Morena, Adela Román Ocampo. Quizás mañana aparezcan los “hombres de negro del PRI”, cerca de algunas casillas o las cabezas de cerdos en los domicilios de funcionarios o de representantes de casilla Proliferaron las irritantes llamadas telefónicas domiciliarias de madrugada para provocar indisposición política.

En el Estado de México, la FEPADE abrió el mayor número de carpetas de investigación por las siguientes causas y ninguna de ellas prosperó: Solicitar votos por paga, promesa de dinero u otra contraprestación; o bien mediante violencia o amenaza. Presionar a otro a asistir a actos proselitistas. Realizar algún acto que provoque temor o intimidación en el electorado. Recoger credenciales para votar de los ciudadanos o alterar boletas de elección. Soborno y abstención de funcionarios electorales de cumplir con sus responsabilidades. Destinar personal, bienes o servicios públicos al apoyo o al perjuicio de un candidato, partido político o coalición. A pesar de todo lo anterior, en las elecciones de mañana “el arroz ya se cosió”, por el bien de México.

PD. Sayas Enríquez le expresó a Porfirio Díaz en 1906: “la experiencia acumulada en la historia nos enseña que, cuando nadie mira por el pueblo, el pueblo mira por sí mismo, y cuando mira por sí mismo no es río que corre por su cauce natural, sino torrente que se desborda”.

sábado, 23 de junio de 2018

Mapachería política.


Héctor Manuel Popoca Boone.

Llámese así a las estratagemas ilícitas, por marrulleras, utilizadas para alterar o robar el número de votos con los cuales los ciudadanos señalan su voluntad democrática de elegir tal o cual gobernante o representante popular. Los grandes maestros de estas triquiñuelas fueron y son, políticos y gobernantes del PRI. Emularon la práctica del régimen dictatorial de Porfirio Díaz de rellenar urnas con votos falsos, a favor de él mismo para poder reelegirse una y otra vez. En esa época surgieron los denominados, peyorativamente, “mapaches políticos”.

Después de la revolución mexicana, la alteración de los votos revive con el “dedo flamígero” del partido único controlado por Plutarco Elías Calles. Los presidentes de la república empezaron a elegir personalmente a sus sucesores, instruyendo rellenar las urnas a modo. Hasta que los movimientos sociales, partidos y líderes de oposición pusieron un alto a esta forma del PRI de permanecer en el poder como partido hegemónico.

El repudio social fue producto del hartazgo de la ciudadanía a un sistema político que dejo de representar los intereses populares. Dicho rechazo se concretizo en las elecciones de hace 30 años con el triunfo arrollador de Cuauhtémoc Cárdenas, que le fue escamoteado a través de un gran fraude electoral a favor de Carlos Salinas de Gortari.

En dos sexenios posteriores, el PAN le arrebató el poder ejecutivo federal al PRI con la “ola política” levantada por Vicente Fox, quién logró superar todas las marrullerías empleadas por los mapaches priistas; para que años después, obstaculizara el triunfo de Andrés Manuel López Obrador. “Haiga sido como haiga sido”, la banda presidencial se la dieron a Felipe Calderón del PAN.

Dicen que la verdadera encuesta se dará el 1 de julio; con los votos que se depositaran en las urnas. Por eso será el día culminante del fraude electoral del PRI que lo ha ido construyendo a todo lo largo de la campaña política, con el mismo molde usado en el Estado de México el año pasado. Donde ilícitamente el aparato gubernamental intervino descaradamente para coaccionar o comprar el voto a favor del PRI a través de dinero, dádivas o miedo, entre otras artimañas.

En dichas elecciones, cobró extraordinario protagonismo la “mapachería política” ejecutada por todo el sistema político-partidario-gubernamental priista federal, estatal y municipal. Participaron los mapaches políticos mayores, ubicados en los mandos superiores de gobierno y del partido, que son los que planean las principales estrategias a seguir como son: conseguir sumas millonarias de dinero, la división de la oposición en varias vertientes, las conspicuas deserciones políticas opositoras, la creación de candidatos independientes para dispersar el voto, así como la coordinación de los “mapaches” que están en contacto directo con los ciudadanos. A los mapaches menores “de tierra”, les corresponde la faena dura ya que conocen el terreno donde viven los electores adversos al PRI que serán la materia de su trabajo de compra, coacción o amedrentamiento, junto con el mapeo de las sesiones y casillas opositoras.

Para ese extenso trabajo de persuasión “sui generis” a escala nacional, requieren contar con cuantiosos recursos económicos, la aplicación de todos los programas sociales gubernamentales con réditos de clientelismo político; la compra, en efectivo o con tarjeta electrónica del voto, o con el chantaje de supresión de dádivas; incidiendo particularmente en colonias y comunidades, rurales y urbanas, caracterizados por su pobreza y precariedad.

Están en la fase de intentar desprestigiar al candidato presidencial triunfante AMLO, publicitando reiteradamente sus supuestos calcetines sucios (como dijera Pablo Neruda). Los actos de amedrentamiento o del retiro de los programas sociales están a la orden del día. Descaradamente también distribuyen despensas del Fondo Nacional de Desastres Naturales que estaban retenidas inescrupulosamente y el día “D” o un día antes, harán la compra masiva del voto y de funcionarios y representantes de casilla.

PD. ¿Cuánto costó la deserción del PT local de la alianza que tenían con Morena? ¿Quién pago?

jueves, 21 de junio de 2018

Tendencias en Acapulco


Héctor Manuel Popoca Boone.
Al conformarse a nivel nacional diversas coaliciones para los comicios del 2018, cada una de ellas ha sido liderada por el partido que tuvo mayor número de votos y/o presencia territorial en el país en elecciones pasadas: El PRI, tratándose de la coalición: “Todos por México”; El PAN, en la coalición: “Por México al Frente”; y Morena, en la coalición: “Juntos Haremos Historia” Los principales candidatos a la presidencia de la república fueron designados por los partidos que encabezan cada coalición: AMLO por Morena; Ricardo Anaya por el PAN; Antonio Meade (simpatizante) por el PRI. Estas tres coaliciones se replicaron parcialmente en el estado de Guerrero.

En el municipio de Acapulco, primordial fuente de votos en Guerrero, existe como antecedente el triunfo del PRD en las elecciones del 2015. El PRI quedo en segundo lugar, más distante el PAN en tercer lugar, para seguirle el MC en cuarto lugar y Morena en el quinto. Los candidatos a la presidencia municipal en el 2018 son: Adela Román (Morena); Ricardo Taja (PRI) y Joaquín Vadillo (simpatizante del PRD). Hay más candidatos, pero aquí analizo solo las tendencias de los tres que tienen mayores probabilidades de triunfar.

El grado de organización interna con la que participa el PRI es fuerte; por su antigüedad, experiencia y recursos económicos para operar; sin perder de vista que en el nivel estatal y presidencial cuenta con poder de gobierno. Después le sigue la estructura electoral del PRD, que hoy desgobierna el municipio, encontrándose desfondado debido a la migración de muchos de sus adeptos y militantes al partido Morena. Añada a lo anterior que está integrado a una coalición de partidos donde cada cual anda por su lado. La fuerza emergente es Morena, que no cuenta todavía con una sólida estructura para lides electorales y con una dirigencia estatal que mostró poco oficio político ante la ambición desmedida de la dirigencia estatal del PT, dando como resultado su separación local.

Sin embargo, en Acapulco (y en todo el país), Morena está teniendo inusitado ímpetu electoral por las masivas adhesiones ciudadanas que han convertido a dicho partido en un “Tsunami político nacional” gracias a la grande, buena y permanente conexión de Andrés Manuel López Obrador con el pueblo.

Por cuanto a los candidatos a la presidencia municipal se refiere -valorización subjetiva personal- Ricardo Taja (PRI) inicio con el respaldo que da el poder económico; pero tiene como puntos negativos ser acusado de no poseer una verdadera certificación académica y haber votado a favor del gasolinazo, entre otras cosas. Súmele el apoyo político que tiene de los gobiernos priistas, estatal y federal.

Por lo que respecta a Joaquín Vadillo (PAN-PRD), ha tratado de desbancar al candidato del PRI sin mucho éxito, por la debilidad orgánica de la coalición que lo postula, que a nivel nacional ya quedó derrotada por AMLO, en lo que se refiere a la presidencia de la república.

Es Adela Román Ocampo (Morena) la que tiene un constante crecimiento, excepcionalmente acelerado, en las preferencias de los electores acapulqueños. No le han endilgado ningún negativo importante que la empañe; y de los tres ella tiene el mejor perfil profesional de capacidades. Además hay que agregarle el apoyo de muchos migrantes del PRD, del PT y por tener el total respaldo político de AMLO, que es prácticamente el triunfador de la contienda presidencial por la república. El cierre de campaña regional de AMLO en Acapulco, el próximo 25 de junio, será definitivo para sospesar si el cambio verdadero nacional lo hará junto con los candidatos locales que trabajaron bien sus respectivas campañas políticas, o lo hará llevando a cuestas una que otra rémora.

PD1. Con el inminente triunfo electoral de MORENA a nivel nacional, el mapa de riegos políticos para el PRI se ha extendido a todo el territorio de Guerrero.

PD2. Hoy, en la Quinta Princesa. Carretera Nal. México-Acapulco. Entre el Panteón y Restaurante Tía Lala, se efectuara un foro a las 10 am sobre desarrollo rural para diseñar el programa de gobierno de Adela Román, candidata a la presidencia municipal de Acapulco.

viernes, 8 de junio de 2018

Contexto y Propuestas


Héctor Manuel Popoca Boone.

México avanzará enormemente si todos respetamos la ley. Dejar a un lado la escasa voluntad política para cumplirla. Abandonar su uso simulado, faccioso, discrecional, arbitrario y corrupto. La omisión institucional deriva ilegalidad inacabable. Por eso nada ni nadie por encima de la ley o por fuera de ella.

Requerimos gobiernos honestos a partir de una regeneración ética, con principios y valores virtuosos. La correspondencia en el decir y hacer es esencial; hay que desterrar la manía de fingir; sustituyéndola por la verdad, y el actuar con honradez y eficacia. Con mucha sensibilidad y compromiso popular. Hay falta de integralidad en el quehacer público. Por eso la perentoriedad de una transformación real.

Recuperar la paz y tranquilidad parte de la rehabilitación institucional; erradicando la connivencia con la delincuencia y reestructurando todo el corroído sistema de seguridad nacional. La claridad, rendición de cuentas y entrega de resultados veraces por parte de las instituciones, reducirán la propensión a delinquir. Agréguese a lo anterior el combate a la pobreza, las opciones educativas, de salud, de sano esparcimiento, de trabajo y de vivienda para aquellos que lo necesitan, sobre todo para los jóvenes,

El presupuesto público que es objeto de desvíos y deshonestidades, orientado al despilfarro para obras y acciones superfluas, deberá canalizarse para hacer valer todos los derechos humanos. El gobierno debe ser garante efectivo de sus vigencias. Sin cortapisas, omisiones o fingimientos; atendiendo las fuertes carencias en su observancia, tanto en cantidad como en calidad; cuidando que todos sean permeados por la equidad de género, la transparencia y sustentabilidad; sin menoscabar la prioridad de los pueblos indígenas en todos sus derechos específicos.

Para repartir, primero hay que tener. El costo de los programas sociales, subsidios y pensiones a personas vulnerables, no se pueden sostener con más déficit presupuestal, aumento de impuestos o mayor deuda pública. De ahí la necesidad de generar suficiente riqueza nacional, incrementando al doble su tasa anual de crecimiento.

Para eso se requiere que haya respeto y certidumbre jurídica a la inversión, a la propiedad y al funcionamiento de la empresa privada impregnada de solidaridad y desarrollando dinámicos mercados regionales. Hay que aumentar nuestras capacidades gerenciales y de innovación empresarial. Acceso a la capacitación y al financiamiento blando a las pequeñas y medianas empresas, para no ser avasalladas por las grandes corporaciones. Toda persona tiene derecho a prosperar económicamente a través de negocios lícitos y no estar sometidas a la corrupción, extorsión, acoso fiscal u otros actos de coacción ilegales o ilegítimos.

 Es necesario bajar los sueldos de los altos funcionarios públicos, legisladores, partidos y gobernantes, para subir los salarios de los empleados institucionales más modestos, contando con mayores y mejores espacios y equipamientos para el bien laborar. Gente que usufructúa una plaza institucional y no trabaja debiendo hacerlo, será excluida de todas las nóminas oficiales. Aplicando con austeridad y adecuadamente el gasto público, respetando el sindicalismo democrático y elevando el salario mínimo se contribuirá a mejorar la distribución del ingreso nacional; y a la disminución de la desigualdad social gobernando preferentemente para los pobres. Además, con parte de los recursos ahorrados, poder construir mayor y mejor infraestructura productiva regional que tenga alto impacto para toda la población.

·         Síntesis de una parte del programa de gobierno 2018-2024 de AMLO.

PD1. Rosario Robles Berlanga, secretaria de la Sedatu, el Gobernador del Estado y el alcalde de Acapulco, dieron inicio a la pinta de fachadas en los condominios populosos de El Coloso. ¿Qué dirá el INE y la FEPADE de este público reparto masivo de dádivas, a tres semanas del cierre de la contienda electoral?

PD2. Por fin se abrieron vías de comunicación entre los grandes empresarios y el próximo presidente de México. Todo por el bien de la nación.

viernes, 1 de junio de 2018

Hastiados e irritados.


Héctor Manuel Popoca Boone.

Son claros y evidentes, el hartazgo ciudadano producido por la corrupción e impunidad imperante; así como la generalizada irritación de los mexicanos por la alta inseguridad y violencia pública que denota falta de gobernabilidad. No menos por la ensanchada desigualdad social y la carencia de empleos para el mejor porvenir de los individuos y sus familias. Querámoslo o no, estos factores forman parte de la motivación y razonamiento que orientara el voto de la mayoría de los electores el próximo 1 de julio.

Hemos llegado a una situación límite. Son los anteriores vicios y delitos sociales los que han gangrenado nuestro sistema nacional de vida justa, democrática, nuestra cotidianeidad y nuestras estructuras gubernamentales. Lacras corrosivas que gobiernos anteriores adoptaron como partes esenciales de su propio funcionamiento, perdiendo así la capacidad de garantizar justicia, tranquilidad, paz y prosperidad colectiva, que es un reclamo popular permanente.

Andrés Manuel López Obrador no es el Moisés que nos conducirá a la nueva tierra anhelada, a corto plazo. En lo inmediato, si representa su nombre y persona la esperanza social de un cambio verdadero. Anhelo incubado como resultante del estancamiento y deterioro que ha estado padeciendo nuestro país, a lo largo de poco más de tres décadas; cayendo en una crisis que abarca y embarga todos los ámbitos de la vida nacional. Está en nosotros, ser nuestros propios salvadores.

AMLO postula que es erróneo combatir la violencia, pluri-facetica y multi-causal, con tan solo la fuerza institucional. Estaríamos eternizando la guerra civil de baja intensidad que nos flagela, matadora de miles de jóvenes. Horror social que nos configura como uno de los países más violentos a nivel mundial. Más aún cuando lo delincuencial anida y guarda protectorado en diversas partes de la estructura gubernamental. Eso nos deja a los ciudadanos en la indefensión total; por la total falta de confianza y credibilidad en las autoridades, que se muestran ineptas e incapaces. Por eso la certificación profesional debe abarcar a todo el personal del gobierno, empezando por los funcionarios y mandos medios y superiores.

Enojo grande causa que la canasta básica de alimentos resulte hoy más cara que hace seis años. No hay peor supeditación que aquella que provoca el hambre. A los gobernantes, empresarios y políticos de altos ingresos económicos eso los tiene sin cuidado. Fue un error abandonar al campo mexicano proveedor de los granos básicos para la alimentación popular. Con el argumento de que salía económicamente más barato importarlos, ahora resulta más caro hacerlo por la devaluación paulatina que ha sufrido nuestra moneda; ergo, nos es más costoso hoy en día mantener nuestra soberanía alimentaria. Sobre todo frente a la prepotencia del gobierno del patán de Donald Trump.

La autosuficiencia alimentaria es un imperativo para poseer una patria fortalecida y no reducida a su mínima expresión con ingobernabilidad regional y con una soberanía vulnerada por constantes humillaciones sajonas del norte. Herencia que dejan los gobiernos del PRI y del PAN. Ciertamente muchos estamos indignados con los gobernantes y políticos apátridas, voraces y depredadores de aquello que nunca fue de ellos, sino de la nación.

Los gobiernos han concesionado a los barones del dinero nuestros principales recursos energéticos y territoriales, que son puntales estratégicos para cimentar a mediano plazo cualquier proyecto de desarrollo económico nacional incluyente. Nos despojaron del petróleo, la electricidad, la fuerza hidráulica, eólica y solar entre otras.

En términos absolutos y sin clasificaciones sofisticadas, cada día hay mayor pobreza en nuestro país. Los malos gobiernos de este período neoliberal, no han sido capaces de otorgarles a la mayoría de los millones de mexicanos las oportunidades de tener una vida digna y decorosa.

PD. Exasperación por impotencia es lo suscita el violento asalto perpetrado al reportero del El Sur, Luis Daniel Nava, en Chilapa; y el artero asesinato del joven político de San Marcos, Rodrigo Salgado Agatón.